LOMLOE: necesita mejorar más

Tras el primer debate parlamentario de las casi mil doscientas enmiendas parciales al proyecto de LOMLOE, el texto resultante nos sigue pareciendo claramente insuficiente y, de no enmendarse más a fondo en el resto de su tramitación, mucho nos tememos que la nueva ley de educación puede quedarse vieja antes de nacer, por más que se intente maquillar con pequeños cambios de cara a la galería.

El proyecto de LOMLOE, que fue presentado en solitario por el PSOE en la anterior legislatura, se ha sometido a debate tal cual, por el gobierno de coalición, con el compromiso de introducir las enmiendas necesarias para mejorar ampliamente un texto que inicialmente sólo pretendía suprimir los aspectos más lesivos de la LOMCE del PP.

Sin embargo, hasta la fecha, el PSOE ha rechazado múltiples enmiendas procedentes de los grupos parlamentarios progresistas, incluidas casi todas las presentadas en solitario por Unidas Podemos, su socio de gobierno. Hay que subrayar además que buena parte de las enmiendas rechazadas se basan en las principales propuestas de la comunidad educativa progresista que, tras largos años de debate, las ha plasmado por consenso en el Documento de Bases para una nueva Ley de Educación, y se le han hecho llegar a la Ministra de Educación, Isabel Celaá y al propio PSOE, que fue uno de los firmantes del citado documento.

Avances frente a la LOMCE

Es cierto que el proyecto inicial de LOMLOE tenía (y tiene) algunos aspectos positivos, que permitían albergar la esperanza de que, una vez enmendado, pudiese mejorar sustancialmente. Empezando por la derogación de la nefasta y controvertida LOMCE del PP, lo cual supone la eliminación de itinerarios segregadores desde los 13 años; o la supresión de las perversas reválidas, cuyo amplísimo rechazo social obligó al propio PP a posponerlas sine die; o la recuperación de la Educación Infantil como etapa educativa, desde los 0 años; o la devolución de competencias sustraídas a los Claustros y Consejos escolares de los centros; o la relativa pérdida de peso de la asignatura de Religión. Acabar con éstos y otros tantos aspectos regresivos de la LOMCE era y es sin duda una necesidad imperiosa.

Insuficiencias en la reversión de la privatización

Sin embargo, en su conjunto, el proyecto de Ley adolece de importantes insuficiencias, especialmente por lo que respecta a su escasa apuesta por la educación pública, como eje vertebrador del sistema educativo y como única garante del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad. De hecho, apenas se avanza nada en la reversión de la privatización de la enseñanza mediante una doble red financiada con fondos públicos, lo que conlleva la permanencia tal cual de la enseñanza privada concertada, un negocio mayoritariamente en manos de la jerarquía católica, que es además una constatada vía de segregación escolar, cuando no de prácticas corruptas, como demuestra el caso Púnica. Por no hablar del nulo avance en la laicidad del sistema educativo en general y de la escuela pública en particular, a pesar de los compromisos adquiridos al respecto por el propio PSOE, en sede parlamentaria, a raíz de algunas iniciativas planteadas por UP, como la PNL de 21 febrero 2018, aprobada por mayoría, que instaba al gobierno a derogar los Acuerdos con el Vaticano y otras confesiones para sacar el adoctrinamiento religioso del ámbito escolar.

Resulta al respecto bastante decepcionante la falta de compromiso del PSOE con sus propias promesas electorales en materia educativa que, según se recoge en su programa a las elecciones generales (2019), decían: “Cualquier propuesta que busque avanzar en la mejora del sistema educativo debe partir de garantizar el derecho a la educación de calidad para el alumnado, que exige un compromiso con la educación pública”. Y también: “Reforzaremos el servicio público de la educación, constituido por centros y escuelas públicas inclusivas, protegiéndolo frente a la tendencia privatizadora”. O incluso: “Los centros escolares públicos se ajustarán a los principios constitucionales propios del Estado laico”.

A eso cabe añadir lo que el PSOE firmó en su pacto de gobierno con Unidas Podemos, donde ambas fuerzas se comprometían explícitamente a “aprobar una Ley Básica de Educación, que derogue la LOMCE y sus consecuencias negativas, que blinde la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo e incorpore los acuerdos alcanzados por la comunidad educativa en estos años, eliminando la segregación escolar”.

Pues bien, el proyecto de LOMLOE ni blinda de forma clara y contundente la educación pública frente a la privatización educativa creciente, ni incorpora las propuestas esenciales de la comunidad educativa, ni mucho menos avanza en la eliminación de la religión del currículo escolar, como correspondería a un Estado pretendidamente laico.

ENMIENDAS NECESARIAS EN LA TRAMITACIÓN DE LA LEY

Desde IU seguimos reclamando que, en la tramitación parlamentaria aún pendiente, el PSOE se una a los grupos progresistas del Congreso y apoye las enmiendas que recogen el sentir mayoritario de amplios sectores de la comunidad educativa, y que son imprescindibles para una nueva Ley de Educación que apueste sin complejos por la educación pública, laica, democrática e inclusiva que necesitamos. Y eso pasa, a nuestro entender, por:

1. Asegurar la suficiencia de la red pública de centros, mediante su extensión progresiva, para que pueda atender las necesidades de escolarización en todos los niveles educativos y cumplir así el mandato constitucional que, en su artículo 27.5, encomienda a los poderes públicos la obligación de garantizar el derecho de todos y todas a la educación mediante una programación general de la enseñanza y la creación de centros.

2. Educación Infantil. Hay que garantizar la dotación presupuestaria necesaria para la creación inmediata de muchas más plazas públicas de 0-3 años, dadas las acuciantes necesidades existentes. Y recuperar el carácter estrictamente educativo de TODA la etapa, sin dar un tratamiento diferente al primer ciclo (0-3 años), como se deriva de una enmienda al proyecto de ley inicial, que ha sido aprobada y que debe ser rectificada.

3. Suelo público sólo para centros públicos. De momento, se ha aprobado la enmienda de Izquierda Unida, presentada a través del grupo parlamentario Unidas Podemos, que recoge esta justa reivindicación. Esperemos que no se dé marcha atrás en el resto del trámite parlamentario. Y que, a partir de ahora, quede prohibida la cesión de suelo público para la creación de centros privados concertados de antemano (como se ha venido haciendo en la Comunidad de Madrid, por ejemplo), en lugar de destinarlo a la construcción de centros públicos, como exige el mandato constitucional.

4. Establecer explícitamente el carácter subsidiario de los conciertos educativos, de modo que las enseñanzas concertadas solo se puedan mantener temporalmente cuando las necesidades de escolarización de una zona escolar de referencia no puedan ser atendidas por la red pública. Y limitar los conciertos, en su caso, a las enseñanzas obligatorias.

5. Y como criterio para la escolarización y planificación de la red de centros. No cabe aceptar, ni está constitucionalmente justificada, la equiparación del derecho universal a la educación con la manifestación de una preferencia particular, que puede atentar contra los criterios prioritarios que deben presidir la planificación educativa y una escolarización en condiciones de igualdad.

6. Eliminar la religión en el sistema educativo. Y hasta que queden derogados los acuerdos con la Iglesia católica y otras confesiones, sacar la religión del horario lectivo. Solo así se podrá respetar el derecho a la libertad de conciencia del alumnado e impedir toda forma de adoctrinamiento en el ámbito escolar. Es además una anomalía seguir manteniendo una legión de catequistas en el sistema educativo, pagados con fondos públicos, que acceden a sus puestos por la mera voluntad del obispado de turno.

7. Elección democrática de la dirección de centros por el Consejo Escolar y composición más equilibrada y democrática del mismo. Fue la LOE del PSOE la que sustituyó dicha elección por una forma de ‘selección’, que en última instancia queda en manos de la administración.

8. Reducción de ratios. Máximo 20 escolares en enseñanzas obligatorias y 25 en postobligatorias. En educación infantil aplicación de las ratios recomendadas por la red de atención a la infancia de la Comisión Europea, bastante menores que las existentes actualmente. No se trata solo de reducir la ratio en tiempos de pandemia, sino de avanzar realmente en una educación más personalizada e inclusiva que permita responder a la diversidad del alumnado.

9. Comisiones de escolarización permanentes y democráticas en todos los distritos escolares y no solo para escolarizar en segundo término a quienes se quedan fuera de lo solicitado, sino para evitar una escolarización ‘a la carta’ por parte de los centros (especialmente los concertados) y también como medio para garantizar y planificar una escolarización inclusiva y equitativa.

10. Garantizar el cumplimiento estricto de la coeducación como principio educativo y de escolarización en todos los centros, etapas y aulas, de modo que quede taxativamente prohibido concertar o mantener el concierto con cualquier centro que separe al alumnado por razón de sexo, o discrimine por razón de creencias, origen cultural, económico, social...

11. Avanzar en la creación del cuerpo unificado de profesorado y reducir drásticamente la interinidad, incorporando el compromiso de acordar con los sindicatos el Estatuto de la función docente tantas veces prometido.
12. Eliminar la selectividad como prueba generalizada de acceso a la Universidad. El título de bachiller es el que acredita la formación necesaria para acceder a estudios superiores. Por tanto, sólo sería necesario algún tipo de prueba específica cuando no haya plazas públicas suficientes para atender todas las solicitudes que se presenten en determinadas carreras.

13. Eliminar la repetición de curso en Primaria y reforzar su carácter excepcional en Secundaria, dotando de refuerzos y apoyos. Todos los estudios al respecto ponen de manifiesto que la repetición de curso (hacer otra vez lo mismo) no es una respuesta pedagógicamente adecuada, y mucho menos en la educación primaria.

14. Eliminar las evaluaciones ‘censales’ (a todo el alumnado) y sustituirlas por evaluaciones periódicas muestrales (a una muestra significativa). Para hacer un diagnóstico del funcionamiento del sistema educativo que permita mejorarlo no son precisas ni convenientes evaluaciones a todo el alumnado de determinado nivel, que ya se realizan por su profesorado, sino a muestras significativas. Ello evita distorsiones en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el uso de perversos rankings de centros.

15. Finalmente, para poder aplicar de forma realista las medidas anteriores, garantizar una financiación suficiente en educación, empezando por su equiparación, desde la entrada en vigor de la ley, con la media del PIB que destinan los países de la UE.

 

ENRIQUE JAVIER DÍEZ GUTIÉRREZ 
LOLES DOLZ 
FELIX RUBIO FERRERA. Área Federal de Educación de Izquierda Unida

 RELATOR ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO HUMANO DEL ACCESO AL AGUA Y EL SANEAMIENTO

 Pedro Arrojo: 'El agua es demasiado importante para dejarla en manos del libre mercado'

 “Normalmente no se privatiza directamente el agua pero sí su gestión, que casi viene a ser el equivalente”

Pedro Arrojo, doctor en ciencias físicas y profesor emérito de Análisis Económico en la Universidad de Zaragoza, lleva 40 años trabajando sobre el agua. Tiene una larga trayectoria en los movimientos sociales y fue diputado de Unidas Podemos. En 2003 le concedieron el Premio Goldman de Medio Ambiente, considerado como “El Nobel de la Ecología”, por su lucha por un cambio en la política de gestión de aguas desde los movimientos sociales y la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA), de la que fue presidente. Con 69 años se ha convertido en el único español que ocupa actualmente una responsabilidad como relator especial de la ONU.

Su primera actuación tras tomar posesión del cargo el pasado 1 de noviembre ha sido hacer un llamamiento a Gobiernos y Ayuntamientos para que se prohíba el corte del agua a personas en situación de vulnerabilidad y pobreza. Y no solamente durante la pandemia, sino siempre. “Según la legislación internacional vigente estos cortes suponen una transgresión de los derechos humanos y por ello deberían prohibirse de forma definitiva”.

Su predecesor, el brasileño Léo Heller, deja el cargo con una campaña brutal contra él tras la publicación de su último informe explicando los peligros de la privatización del agua. Hay mucho dinero en juego y unas cuantas multinacionales por medio. Pero cien grandes organizaciones a nivel mundial y otros relatores de la ONU salieron inmediatamente a respaldarle, entre ellas los sindicatos, porque cuando hablamos de agua hablamos de derechos humanos y los derechos no están en venta.

Pedro Arrojo, que tiene larga trayectoria en los movimientos sociales y ha sido diputado de Unidas Podemos, sabe a qué se enfrenta y llega con la intención de profundizar en esa línea de democratización hídrica: “transparencia, participación ciudadana, lucha implacable contra la corrupción y en definitiva hacer que el derecho humano al agua y al saneamiento esté garantizado por encima de cualquier tentación de negocio”. Adelanta que hablará con todos los sectores: “No estoy en contra del libre mercado pero sí de aplicar el libre mercado por encima de los derechos humanos y democráticos que van más allá de la lógica de mercado”.

MUNDO OBRERO: ¿Cuáles son los principales retos y prioridades que se marca desde esta plataforma mundial?
PEDRO ARROJO: Es un reto tan ilusionante como desbordante. Son miles de personas y defensores de los derechos humanos los que están empujando y trabajando en la defensa del derecho al agua y una de mis obsesiones va a ser trabajar con ellas y ellos. Es una responsabilidad compartida.

La ONU tiene una tremenda fuerza moral e influencia política pero no tiene capacidad de decisión. Así que no estará en mi mano resolver las cosas, pero lo que sí haré es dar visibilidad a los problemas y denuncias como forma de empoderar a los movimientos sociales y a los más vulnerables, que son quienes más sufren los atropellos en cuestión de Derechos Humanos. Como Relator tendré la capacidad y la obligación de requerir la atención de los gobiernos para que se cumplan los derechos humanos y de colaborar con ellos y con los movimientos sociales proponiendo soluciones.

M.O.: En esta pandemia, la primera vacuna para luchar contra el Covid es el agua con jabón, junto al distanciamiento social. Pero 3 de cada 10 habitantes del planeta no tienen acceso a agua potable. ¿Cuál debe de ser el papel del Estado en tiempos de pandemia para garantizar el suministro?
P.A.: Del orden de 2.200 millones de personas no tienen acceso garantizado al agua potable. No significa que no tengan agua, sino que esa agua está contaminada y no pueden comprar agua embotellada. Unos 3.000 millones no tienen siquiera un lavabo y unos 4.500 millones ni siquiera una letrina, lo que impone condiciones de higiene y de vivienda que no satisfacen los derechos humanos establecidos por la ONU. Se estima que entre 7.000 y 8.000 personas mueren cada día por no disponer de agua potable, es decir unos 2,5 millones al año. Unas 250.000 mueren de diarrea, en su mayoría niñas y niños menores de 5 años. El resto muere por otras infecciones o por la ingesta sistemática de agua con tóxicos, como metales pesados, que no te mandan al hospital al día siguiente pero degradan la salud progresivamente.

No sólo es una cuestión de países lejanos y empobrecidos. Aquí vimos que los primeros brotes masivos de contagio fueron entre los temporeros que no podían disponer de agua y jabón para lavarse y asearse.

En España el gobierno tuvo la sensibilidad de prohibir los cortes de agua y de servicios básicos durante el confinamiento. Ahora por presiones de las grandes empresas se ha levantado esa protección. Eso es rigurosamente un incumplimiento del derecho humano.

M.O.: La ONU reconoció el acceso a agua potable como un derecho humano fundamental en 2010. ¿Cómo puede garantizarse ese derecho cuando se privatiza el agua?
P.A.: El mercado sirve para lo que sirve, pero la propia lógica de libre mercado no parece la más consistente para gestionar derechos humanos universales como el acceso al agua para todo el mundo, incluidos los que no pueden pagar. El agua es demasiado importante para dejarlo en manos del libre mercado.

Normalmente no se privatiza directamente el agua pero sí su gestión, lo que viene a ser prácticamente equivalente. La responsabilidad de la gestión es pública, depende de los Ayuntamientos. ¿Y un ayuntamiento puede privatizar la gestión? Sí, pero es un tema tan importante que debería exigirse un proceso muy democrático y absolutamente transparente. En la gestión, ya sea pública o privada, tiene que haber una dinámica de participación ciudadana que no la garantiza el mercado, además de formas adecuadas de funcionamiento, criterios de gestión garantizados por ley, etc. Porque no se trata sólo de calidad sino de accesibilidad y de un sistema de tarifas justas y asequibles.

M.O.: Hay organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial que han impulsado esa privatización.
P.A.: Ha habido presiones para privatizar el agua. Por ejemplo, con Pinochet, en Chile se legisló para privatizar materialmente los ríos. Endesa tiene la mayoría de los ríos de la Patagonia chilena. Y Pinochet vinculó la ley de privatización de aguas con la Constitución.

El modelo británico, que impulsó Margaret Thatcher, no privatizó materialmente el agua, que siguió siendo pública, pero sí las infraestructuras de agua y saneamiento y la gestión. Este modelo apenas se ha extendido.

El modelo basado en el llamado partenariado público-privado, que ha respaldado sistemáticamente el Banco Mundial, es el que domina en el mundo, ya sea por concesión directa o compartida.

Es el modelo francés o europeo, que a través de España llega a América Latina. El agua es pública. También, en general, las grandes infraestructuras, que requieren inversiones a muy largo plazo y generan beneficios muy limitados. Lo que interesa y se privatiza es la concesión de la gestión. Concesiones por largos periodos, de hasta 40 años, que se van cobrando a través de las tarifas. Y como políticamente puede estar mal vista esa privatización, los grandes operadores suelen ofrecer la creación de una empresa mixta público-privada donde se le ofrece al Ayuntamiento el 51% de las acciones. Es el modelo del Canal de Isabel II. ¿Cuál es la clave del contrato? Pues hay un punto que viene a decir que quien técnicamente sabe de ese tema, que es la parte minoritaria privada, tendrá las competencias de gestión y de dirección. Otra clausula suele establecer que las compras y contrataciones corresponden a la dirección, con lo que la empresa privada las asigna a empresas de su propio grupo directamente, sin concurso público, y por tanto sin competencia. De hecho, de ahí se suele derivar más del 50% de los beneficios del grupo empresarial. La empresa privada compra, ya sea ordenadores o un software de robotización de fugas, a un coste mucho más caro del que se conseguiría bajo competencia pública. Y ese coste se carga, por acuerdo de contrato, en la tarifa que pagan los ciudadanos.

El coste de una posible reversión de la concesión es tan exagerado que se hace inviable: habría que pagar el lucro esperado a lo largo de esas décadas de concesión. Con este tipo de mecanismos el Ayuntamiento acaba perdiendo el control público de un servicio tan esencial.

En Holanda está prohibido este tipo de esquema e incluso la derecha tiene claro que el agua tiene que ser de gestión pública. Pero en el Este de Europa la privatización de la gestión está generalizada, no sólo del agua sino de basuras, de electricidad, de todo.

M.O.: Es difícil concebir el derecho humano al agua aislado de otros derechos humanos fundamentales, como el de la salud del planeta y de sus habitantes.
P.A.: La salud de la naturaleza acaba siendo garantía de la universalidad del derecho al acceso al agua potable para los más vulnerables, los que tienen que tomar el agua desde el río. Pero no sólo depende del medio ambiente, también de la vivienda digna, la salud pública, la emigración, la extrema pobreza, las comunidades indígenas, la vulnerabilidad de las mujeres y la contaminación tóxica. Intentaré, como mi predecesor, que todas las iniciativas que tome sean coordinadas con estas relatorías.

M.O.: La calidad del agua cada vez está más degradada, como el planeta. ¿Se puede llamar potable a todo el agua que sale del grifo?
P.A.: A veces se le llama agua potable al agua mejorada, es decir a la que ha sido clorada y entubada, pero que realmente no es potable. Es lo que pasa, por ejemplo, con el agua de Lima, una de las grandes capitales del mundo. El río Rimac está contaminado con metales pesados y otros tóxicos que dejaron las empresas mineras que ya se fueron y a las que no se les puede exigir ni responsabilidades. Y lo mismo sucede en muchas otras capitales de América Latina, de Asia, de Africa y de parte de Europa. Los problemas de contaminación tóxica derivados de la minería a cielo abierto, de los agrotóxicos o del fracking no se pueden resolver desde las plantas urbanas de depuración y cloración. Por eso otra de mis prioridades es trabajar sobre la contaminación química que envenena cada vez más ríos y acuiferos con metales pesados y otros tóxicos, y sobre la creciente contaminación por nitratos y fosfatos de la ganadería intensiva y las prácticas agrarias.

 GEMA DELGADO. Subdirectora Mundo Obrero  

 

 Sin respuesta frente la emergencia climática cinco años después del Acuerdo de París·         

Ecologistas en Acción hace público un dosier que señala como, en el quinto aniversario de la aprobación del Acuerdo de París, la comunidad internacional sigue muy lejos de cumplir con el objetivo de limitar el calentamiento global en 1,5ºC.

·         El retraso de la agenda internacional no puede seguir siendo una excusa para que los países presenten compromisos más ambiciosos antes de que finalice el año 2020.

·         La recuperación de los efectos de la COVID–19 amenaza con apuntalar un sistema fósil y caduco que ha conducido a la situación actual, por lo que es  necesario entender que la única salida posible tiene que pasar por una plena integración de los principios de justicia ecológica y social.

 El próximo 12 de diciembre se cumplirán cinco años de la adopción del Acuerdo de París, un acuerdo internacional que pretendía darle un sucesor al Protocolo de Kioto en la lucha internacional para el descenso de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Las diferencias entre protocolo y acuerdo son notables, pero, sobre todo, este último instaura una nueva óptica de las negociaciones internacionales, al definir un proceso basado en la voluntariedad de los países y no en la aceptación de las medidas indicadas por los paneles científicos. Un proceso que está fallando en limitar las emisiones globales de GEI en 2030 y que conducirían a un calentamiento global muy superior a los 3,7ºC.

Tras 25 convocatorias de cumbres climáticas, el descenso de las emisiones no llega. 2019 marcó un máximo histórico en las emisiones globales, y a pesar de los efectos del parón de la COVID–19 la tendencia de 2020 sigue el mismo patrón. Mientras tanto, el planeta da cada vez más señales de graves alteraciones climáticas: las lluvias torrenciales, los episodios de sequía y los grandes incendios forestales siguen alcanzando enormes dimensiones y terribles consecuencias. De hecho, este año será el tercero más cálido jamás registrado.

Con el objetivo de evaluar estas últimas informaciones, así como el estado de la lucha climática tras la cancelación de los eventos previstos y, en especial, de la COP26, Ecologistas en Acción hace público el dossier ‘El Acuerdo de París cinco años después: más cerca de superar los 2 °C’. Una publicación que se da dentro del proyecto ‘De Kunming a Glasgow, un año fundamental para el planeta’, que cuenta con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la Fundación Biodiversidad. 

El informe analiza cuál es el estado climático actual, los cambios en la agenda producidos a raíz de la COVID–19 y cuáles son los retos pendientes en la lucha climática. Entre ellos, a finales de año los países deberán presentar sus compromisos ante el Acuerdo de París. Estos deberán contener una estrategia en el corto plazo y otra que culmine en muchos países antes de 2050 con una completa descarbonización de su economía. Unos compromisos que en la actualidad se sitúan muy lejos de lo requerido, ya que conllevarían en 2030 una reducción de las emisiones en cuatro o seis gigatoneladas de carbono equivalente (GTCO2e) frente a la reducción de 32 GTCO2e que la comunidad internacional establece para mantener el incremento de la temperatura global en 1,5 ºC.

Tras la cumbre de Madrid-Chile, se esperaba que al menos la comunidad internacional presentara nuevos compromisos antes de la COP26 que se iba a celebrar en Glasgow, de forma que, se pudiera revisar e impulsar un incremento de ambición en la cumbre previo a la entrada en funcionamiento del Acuerdo de París. Sin embargo, esto no ha sido así y se hace imprevisible saber cómo afectará al calendario de revisión de los objetivos este año de retraso. Además, la cumbre en Glasgow acumulaba retrasos importantes, entre ellos solventar las discusiones pendientes como el desarrollo del artículo 6, que define los mecanismos y mercados de carbono, y cuya aprobación podría suponer una minoración de los objetivos ya endebles, además de acumular un largo historial de vulneraciones sociales y ambientales.

Así, este año 2020 que se preveía como fundamental para el planeta en términos de la lucha contra la pérdida de biodiversidad y el calentamiento global ha quedado en pausa mientras se afronta la crisis provocada por la COVID–19. Una emergencia sanitaria que ha mostrado la urgencia de actuar a tiempo y siguiendo las indicaciones científicas. Por ello, ante los paquetes de estímulos creados para superar el bache que ha supuesto esta situación, no hay que olvidar que apenas queda tiempo para afrontar la emergencia climática y que se deben dirigir todos los esfuerzos a adoptar modos de vida que quepan dentro de los límites planetarios. Resulta paradójico comprobar como en la pasada cumbre del G20 se comprometieron 233.000 millones de dólares para sustentar a la industria fósil, mientras que solo se comprometieron 146.000 millones de dólares para las energías renovables. 

A pesar de que en los últimos meses se han ido iniciando importantes reformas legislativas en materia climática que acumulaban años de retraso, la ambición española sigue siendo insuficiente. La reducción del 20 % queda lejos del 55 % que sería necesario alcanzar en 2030 respecto a los niveles de 1990. Mientras, se adolece de una falta de planificación realista tanto en el despliegue de las energías renovables como en el impulso de otras estrategias sectoriales como el hidrógeno verde, que podrían llevar a nuevas burbujas especulativas con un elevado impacto ambiental y social. Una crítica de la que no están exentas las medidas de ayuda para la recuperación de la COVID–19, que deberían servir para afianzar proyectos auténticamente sostenibles, y no a empresas con un elevado impacto climático.

En este quinto Aniversario de la Cumbre de París, para Ecologistas en Acción no hay nada que celebrar hasta que existan políticas y medidas a la altura de las indicaciones científicas. Una falta de ambición que hace afianzar a la organización ecologista su compromiso con la respuesta que viene de la mano de la ciudadanía. Una ciudadanía que sigue movilizándose frente a la emergencia climática y que sigue creando proyectos capaces de sostener la vida desde lo local, lo cercano y lo humano.

 MANIFIESTO DEL PCE EN EL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN

 ¡ES TIEMPO DE REPÚBLICA!

 Para que seamos iguales en derechos. ¡Es tiempo de república!

En el 42 aniversario de la aprobación de la Constitución de 1978, el Partido Comunista de España rinde, en primer lugar, homenaje a las mujeres y hombres que con su lucha, compromiso y sacrificio trajeron la democracia y la libertad a España.

A todas las personas que lucharon en defensa de la legalidad constitucional, la republicana, contra el golpe de Estado y contra la intervención extranjera del fascismo internacional.

Es de justicia recordarlo, cuando el fascismo vuelve a emerger a nuestro alrededor a consecuencia de unas políticas económicas neoliberales que no permiten un futuro digno a ningún pueblo.

La democracia no la trajeron los que sustentaron la dictadura hasta el último día y aún hoy se niegan a reprobarla, ni el heredero Borbón impuesto por el dictador fascista en la Jefatura del Estado, ni los llamados “padres de la Constitución”.

La democracia la trajo la clase trabajadora, los hombres y mujeres del pueblo que con sus luchas y movilizaciones, con años de cárcel sobre sus espaldas y las de sus familias, con el sufrimiento soportado por el hambre, los asesinatos, las torturas y el exilio, conquistaron las libertades democráticas.

El PCE trabajó y luchó por la construcción de un acuerdo que permitiera una Constitución democrática y el fin de la dictadura fascista, por una norma que, en ese momento histórico y a la vista de la correlación de fuerzas existente, permitiera un Estado social y democrático de derecho.

También cedimos, aplazando reivindicaciones que forman parte de nuestra identidad política como el Estado federal y la República como expresión de la soberanía popular, aceptando la monarquía. Con el tiempo la falsa imagen que habían montado se desmoronó y apareció un rey que ha sido todo menos ejemplar, amparado por la medieval inviolabilidad que permite todo tipo de delitos y que ha utilizado los servicios del Estado para sus fines de lucro privados.

El acuerdo constitucional del 78 fue incumplido de forma sustancial y reiterada por la burguesía y sus partidos políticos, especialmente en todos lo relativo a los derechos básicos. Se vulneraron todos los títulos y artículos de derechos sociales, económicos y ambientales, se recortaron las libertades políticas y la calidad de nuestra democracia bajó a mínimos. Las políticas neoliberales de los distintos gobiernos impidieron la soberanía y las condiciones de vida dignas para nuestro pueblo. Ante esta situación el Partido Comunista de España dio por roto el pacto constitucional (y se desvinculó de la Constitución de 1978) y exige un nuevo texto constitucional que garantice la totalidad de derechos fundamentales contemplados en la Declaración Universal de DDHH.

Cuarenta y dos años después varias generaciones, la mayoría de las españolas y españoles, no han sido nunca consultados ni han intervenido para decidir cuál es el pacto de convivencia entre personas y pueblos, cuál es el modelo social y económico y el modelo de libertades que necesita España.

El carácter monárquico de la Constitución es hoy impugnado por cada vez más amplios sectores de la población.

Es necesaria un nuevo pacto constitucional que garantice todos los derechos sociales y políticos y todas las libertades. Una Constitución que garantice un gran acuerdo de convivencia solidaria de los pueblos y naciones que forman España, en un Estado federal y republicano unido en torno a la construcción de un proyecto de progreso colectivo. Reivindicamos un estado federal y republicano como patria de convivencia de los pueblos libres, que quieren y pueden elegir a todos sus representantes e instituciones.

Es tiempo de una Constitución que garantice los derechos básicos: trabajo, vivienda, ingresos mínimos vitales y servicios públicos esenciales (sanidad, educación, pensiones y servicios sociales). Que establezca de forma real y efectiva la igualdad entre hombres y mujeres.

Una norma suprema del ordenamiento jurídico que garantice el autogobierno de los pueblos en un Estado federal solidario y plurinacional y que instaure una democracia plena, transparente, participativa, laica y republicana.

Una Constitución marco jurídico de la planificación económica democrática y de la propiedad común de los sectores estratégicos, para que la economía esté al servicio de la mayoría social y no de la minoría oligárquica. Un nuevo modelo económico con objetivos de desarrollo social, innovación y sostenibilidad.

Para ello se tiene que abrir un Proceso Constituyente, entendido como un proceso de movilización popular y democracia participativa, con el objetivo de abolir la monarquía, devolver la plena soberanía política, social y económica a la ciudadanía y a los pueblos, y construir la nueva Constitución.

Un Proceso Constituyente que abra las puertas a un futuro digno para la juventud, para las personas mayores y para el conjunto de la población.

Llamamos a todas las fuerzas políticas, sociales, sindicales y culturales democráticas y republicanas a ponerse en marcha, movilizarse, organizarse, para conseguir abrir un Proceso Constituyente que construya colectivamente otro modelo de sociedad, donde los derechos no se “promuevan” sino que se garanticen, máxime cuando de ello dependen la vida y el futuro de la clase trabajadora y el pueblo.

 

 Los comunistas contra el Proceso de Burgos

EL PCE FUE CLAVE EN LA MAYOR MOVILIZACIÓN CONTRA LA DICTADURA

 Hace cincuenta años comenzaba el Consejo de Guerra

Nacida en 1958 a partir de algunos jóvenes nacionalistas insatisfechos con la pasividad e inacción del PNV, ETA sería en sus primeros años de vida un grupo dedicado al activismo cultural, las acciones propagandísticas pacíficas y el estudio y el debate.

Los militantes de ETA no cometerían un asesinato planificado hasta el 2 de agosto de 1968, día, mes y año del atentado mortal contra el comisario de policía, torturador y ex colaborador de la Gestapo Melitón Manzanas. Tras este atentado la dictadura decide dar un castigo ejemplar al incipiente movimiento armado que se está formando en el País Vasco, decreta el estado de excepción y detiene y encarcela a cualquier sospechoso.

En diciembre de 1970, Burgos, capital de la España franquista durante la Guerra Civil, acoge un consejo de guerra para juzgar a 16 militantes de ETA. Después de un juicio con escasas garantías, llega un duro veredicto: nueve condenas de muerte, cientos de años de prisión y millones de pesetas en multas. El juicio y las condenas desatan una ola de indignación entre antifranquistas de toda España y de todo el mundo. El PCE sería clave en organizar y extender las protestas, tanto en el País Vasco, donde era la fuerza más organizada, como en el resto de España y en Europa.

El acercamiento de los comunistas al nuevo nacionalismo vasco

A lo largo de 1970, el PC de Euskadi había buscado activamente un acercamiento a ETA, hasta el punto de realizar las gestiones necesarias para conseguir que el País Vasco francés fuera el espacio para albergar las reuniones de la turbulenta VI Asamblea de ETA. En junio de 1970, Euskadi Obrera elogiaba la evolución ideológica de ETA hacia posiciones de izquierdas cada vez más alejadas del nacionalismo tradicional. Las movilizaciones contra el Proceso de Burgos marcarían el momento de mayor entendimiento y confluencia entre los comunistas, el movimiento obrero vasco y ETA y el nacionalismo.

En vísperas del proceso, el ala filocomunista de ETA y el PC de Euskadi firmarían un manifiesto contra la represión, esta vez apoyando además una convocatoria de ámbito español -la jornada por la amnistía promovida por la Coordinadora de CCOO el 3 de noviembre de 1970- y llamando a una huelga general ceñida a las provincias vascas. Los conflictos internos y la debilidad de ETA, rota por la represión franquista, impedirían que la organización jugase un papel fundamental en las protestas contra el juicio, en las que los comunistas vascos, a través de su liderazgo en CCOO, se convertirían en la principal fuerza dinamizadora. Fuera del País Vasco,los comunistas también ocuparían un papel central en la extensión de las protestas que permitirían la mayor movilización antifranquista registrada hasta aquel momento y el ensayo de la huelga general con la que el PCE aspiraba a derribar a la dictadura. Santiago Carrillo afirmaría en enero de 1971 que la lucha por salvar la vida a los activistas de ETA juzgados en Burgos era «la causa de todos los españoles dignos de ese nombre».(1)

Entre diciembre de 1970 y junio de 1971, la dictadura decretaría el estado de excepción en toda España, deteniendo a 1221 personas. Lógicamente, las provincias vascas serían las que tendrían en proporción a su tamaño mayor número de personas detenidas (147 en Bizkaia y 59 en Gipuzkoa) pero también se producirían numerosas detenciones en Madrid (247), Barcelona (219) y Sevilla (73), la mayoría de ellas, como señala Pere Ysàs, de militantes vinculados al PCE, al PSUC y a CCOO. (2). El grito del acusado Mario Onaindia en el último día del juicio, ¡Gora espainiako langileak!
 (¡Viva la clase trabajadora española!), muy difundido en los medios comunistas, simbolizaría para estos la confluencia entre las reivindicaciones nacionales vascas, obreras y antifranquistas en general: «Al grito de GORA EUSKADI ASKATUTA de las ramblas de Barcelona, de la calle de Madrid, ha respondido el grito de Onaindia: ¡Viva la clase obrera de España!» (3)

Las repercusiones de una victoria del antifranquismo

La magnitud de la respuesta, sobre todo a nivel internacional, con peticiones incluso de clemencia del Papa, obligarían al franquismo a conmutar las penas de los condenados a muerte. El Proceso de Burgos daría además una enorme popularidad a las siglas ETA, relativamente desconocidas hasta entonces, tanto en España como a nivel internacional, y glorificaría a sus procesados que pronto dejarían de ser un colectivo homogéneo.

Las movilizaciones del Proceso de Burgos y la represión franquista alentarían un proceso de politización de amplios sectores de la juventud vasca. El marcado obrerismo del izquierdismo post-68, el auge de la conflictividad social en las fábricas y la respuesta solidaria en el resto de España contra las condenas a muerte, llevarían al sector más filocomunista de ETA a una revalorización del marco estatal español como espacio de lucha y a tratar de buscar alianzas más allá del nacionalismo. En 1972 cristalizaría la división de ETA, que ya se había puesto de manifiesto al comienzo de su VI Asamblea, entre una mayoría comunista, conocida como ETA-VI Asamblea, favorable a buscar alianzas con el conjunto de la clase trabajadora española, y una minoría, ETA-V Asamblea, partidaria de priorizar la lucha por la independencia a través de un Frente de Liberación Nacional de Euskadi. Los primeros confluirían con otros grupos de antifranquistas españoles alumbrando la organización trotskista Liga Comunista Revolucionaria-ETA VI Asamblea.Los segundos, a pesar de ser la minoría, serían los que muy pronto se quedarían con el prestigio adquirido por las siglas de ETA en el Proceso de Burgos.

La ruptura de ETA y el PCE

El proyecto del PC de Euskadi y del PCE de buscar un acercamiento a los jóvenes nacionalistas se quedaría muy a medias. En Euskadi, a pesar de los reiterados intentos del PC de Euskadi, no llegarían a cuajar los proyectos de hacer del partido algo similar al PSUC, capaz de aglutinar bajo unas mismas siglas obrerismo y catalanismo, clase trabajadora autóctona y nuevos catalanes procedentes de la inmigración. Tan solo algunos militantes de ETA a titulo individual y una minoría de ETA VI Asamblea, contraria al giro trotskista, ingresarían en el Partido Comunista, que en las elecciones de junio de 1977 cosecharía un sonoro fracaso en las urnas.

La evolución de ETA V Asamblea hacia una organización armada de carácter independentista, reacia a la colaboración con el antifranquismo español, la distanciaría definitivamente de un PCE descalificado con trazo grueso como socialimperialista. A pesar de ello, aún el PCE y CCOO jugarían un papel decisivo en las movilizaciones contra las últimas penas de muerte de la dictadura en septiembre de 1975. Ya en la transición democrática los comunistas impulsarían las primeras movilizaciones contra los atentados de ETA, dividida de nuevo, esta vez entre milis y polimilis. En los 90, cuando políticos, periodistas e intelectuales se conviertan en el blanco de ETA, dentro de la llamada estrategia de “socialización del sufrimiento”, algunos de aquellos mismos comunistas que habían luchado contra la represión durante la dictadura terminarían viviendo con escolta y medidas de protección. Sería el caso, entre otros, de José Luis López de Lacalle, ex militante comunista, fundador de CCOO de Euskadi y encarcelado por la dictadura, asesinado hace 20 años por ETA. Se cerraba así de alguna forma el círculo.

NOTAS:

1. Mundo Obrero, 8 de enero de 1971.

2. Pere Ysàs: Disidencia y subversión. Barcelona. Crítica, 2004, pp. 102-135.

3. Euskadi Obrera, 26 de enero de 1971.

DIEGO DÍAZ ALONSO. Historiador

Autor de Disputar las banderas / Los comunistas, España y las cuestiones nacionales (1921/1928). Trea. Xixón. 2019.

 

 

 PCE: ni expulsiones en caliente ni ley de seguridad ciudadana

 

El Partido Comunista de España rechaza la sentencia del Tribunal Constitucional que acaba de avalar la constitucionalidad de la Ley Orgánica Seguridad Ciudadana (LOPSC), una norma que supuso un grave retroceso en el régimen de derechos y libertades en España y que debe ser derogada, tal y como está contemplado en el acuerdo de legislatura entre Unidas Podemos y el PSOE.

Lo más grave del pronunciamiento que hemos conocido hoy es la posibilidad de las devoluciones o expulsiones en caliente, algo que entendemos contrario al Derecho internacional y las más elementales normas de Justicia. La posibilidad de que una persona perseguida pida asilo y que en su pretensión de cruzar una frontera le sean garantizados todos sus derechos, con total transparencia, es puesta en cuestión con este tipo de prácticas. La situación actual de emergencia humanitaria de las personas refugiadas en el mundo, cuyo número no deja de crecer, requiere solidaridad y dejar de mirar a otro lado.

Con independencia de la sentencia conocida hoy, desde el PCE queremos recordar que aunque una medida sea declarada constitucional esto no significa que sea justa o que deba aplicarse necesariamente, máxime cuando está en juego la vida y la seguridad de las personas. En este sentido, reclamamos la erradicación inmediata de este tipo de prácticas, lo que requiere un pronunciamiento claro del Gobierno, acorde con los principios que inspiran su actuación. Lo anterior se refuerza con los propios argumentos del Tribunal Constitucional, que no avala cualquier tipo de actuación y que establece unas condiciones que, precisamente, no se cumplen en los casos que se han conocido. El Tribunal Constitucional insiste que sólo se podría aplicar en entradas individualizadas, no de manera colectiva, y que debe existir un pleno control judicial, algo que es imposible de garantizar cuando se producen actuaciones de hecho y se impide a los interesados tener una asistencia letrada durante la expulsión.

Por todo ello, el PCE reclama el abandono inmediato de este tipo de prácticas y un giro en la política migratoria, que profundice en la extensión las medidas sociales que ha venido adoptando el Gobierno, lo que supondría una oportunidad para construir avanzar en derechos y libertades frente a la ofensiva ultraconservadora. No adoptar una posición coherente conlleva el grave riesgo de dar alas al fascismo y de reforzar la campaña xenófoba de las derechas, que tenemos que afrontar desde la movilización social y políticas públicas coherentes.

El PCE quiere reconocer públicamente la labor desempeñada por las organizaciones sociales contra lo que suponen las expulsiones o devoluciones en caliente y la Ley de Seguridad Ciudadana, que han dado un ejemplo de perseverancia y valentía. Estamos convencidos que su lucha no ha sido en vano y que la denuncia a este tipo de prácticas acabará dando resultado.

 Reclaman a la nueva Ley de Residuos medidas concretas y efectivas de prevención

 

·         Reducción en cantidad y toxicidad de los productos de consumo: los de plástico de usar y tirar deben ser eliminados y los envases no deben contener aditivos químicos que sigan poniendo en peligro a la salud humana.

·         Cumplimiento al 100 % de su responsabilidad por parte de los productores: no puede ser que la ciudadanía esté pagando la mala praxis de los fabricantes.

·         Implantación transversal de la reutilización para botellas de vidrio y plástico, textil o productos menstruales: en nuestra sociedad actual es imposible optar por la reutilización.

·         Puesta en marcha inmediata de un Sistema de Depósito con cuotas para envases reutilizables: las personas deben poder retornar latas, botellas y bricks a la tienda para evitar que 30 millones de envases de bebidas cada día sigan contaminando nuestro entorno y mermando nuestra salud.

 

Estas fueron las ideas fuerza que más de una veintena de expertxs, científicxs, representantes públicos y agentes económicos nacionales e internacionales le piden a la nueva Ley de Residuos que a inicios de 2021 se discutirá en el Parlamento.

En el marco de la jornada virtual ‘Reflexiones sobre la nueva Ley de Residuos en España. Una oportunidad única frente a la Emergencia Climática’, organizada el pasado jueves 26 de noviembre por la Alianza Residuo Cero ¹ en colaboración European Environmental Bureau (EEB), el alud de evidencias que reclaman un texto mucho más ambicioso que el anteproyecto de ley actual fue abrumador.

El evento se dividió en dos mesas de debate. La primera se centró en la prevención y la reutilización, el que debe ser el eje central de la nueva ley si se quieren atacar en el origen todas las consecuencias de la ineficiente gestión de residuos en el Estado español y a la vez contribuir a la lucha contra la emergencia climática, como destacó la directora de Rezero, Rosa García. «Existe un vínculo directo entre prevención y ahorro de emisiones. Por ejemplo, en Barcelona en 2019 se generaron 360.000 toneladas de CO2, lo que equivale al 10 % de sus emisiones. Si se gestionasen bien los residuos, estas emisiones se podrían reducir en un 36 %», afirmó García.

La apuesta por la prevención y la reutilización no sólo ha de traer avances ambientales, sino que sus beneficios  van mucho más allá. «La basura y el cáncer están muy relacionados. Hoy morirán en España 320 personas por cáncer y se diagnosticarán 800 casos más. Pues bien, el 95 % de estos casos estarán ligados con nuestros hábitos y exposiciones, especialmente a los plásticos, y no con nuestro ADN”, evidenció el doctor de la Universidad de Granada Nicolás Olea, que también reclamó que la voz de la comunidad científica sea más escuchada.

«La industria no puede pretender que un problema sistémico sea solo culpa de la ciudadanía», señaló Xavier Curto, responsable de lobby de Surfrider España. Esta reflexión fue refrendada por representantes municipales y autonómicos que exigieron al ejecutivo que deje de permitir que la gestión de los residuos la siga costeando mayoritariamente la ciudadanía, en vez de los fabricantes que ponen en el mercado sus productos de forma irresponsable.

“La Ley de Residuos tiene que incluir el Sistema de Depósito. Punto”. Así de contundente se mostró Juan  López de Uralde, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados y uno de los miembros de la segunda mesa del evento que se centró en el Sistema de Depósito para envases de bebidas. “La ciudadanía nos ha elegido para poner en marcha medidas que supongan un cambio real, como es el hecho de devolver latas, botellas y bricks a la tienda. Es un drama que en España las cosas sean tan difíciles por culpa de nuestra tradición caciquil», ahondó López de Uralde.

«El Estado español tiene un grave problema: Cada día, 30 millones de latas, botellas y bricks se pierden y acaban contaminando nuestro entorno. ¿La solución? Volver a vender las bebidas con depósito, como ya hacen en más de 40 lugares del mundo”, detalló Miquel Roset, director de Retorna y moderador de la mesa.

Pero la presión de la industria del ‘usar y tirar’ para evitar este tipo de cambios es asfixiante, como relató Julià Àlvaro, ex secretario de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana y que quiso recuperar esta práctica en la anterior legislatura. «Las resistencias vienen de las empresas que consiguen sus beneficios a costa de la depredación del medio ambiente y la salud de las personas. En nuestro caso, en la Comunitat Valenciana fueron principalmente Mercadona, Consum y Más y Más», confesó Àlvaro.

Estos grandes supermercados, junto a las grandes marcas de bebida y alimentación se aúnan alrededor de Ecoembes y Ecovidrio, organizaciones que mientras públicamente venden una realidad positiva, mueven hilos para que nada cambie, según describió Ximena Banegas de la Fundación Changing Markets. «Reciclos es el reconocimiento de que estamos ganando la batalla porque Ecoembes y sus empresas se han visto obligadas a hacer algo. El problema es que lo han hecho tan mal y de manera tan complicada que su único objetivo es impedir que el Sistema de Depósito se ponga en marcha. Han movido ficha, pero con una solución fake», ejemplificó el propio López de Uralde.

Para Europa, el fin al abandono masivo de latas, botellas y bricks no tiene nada que ver con este tipo de falsas soluciones, como ilustró el director de Zero Waste Europe Joan Marc Simón. «En Bruselas, no se discute si habrá o no Sistemas de Depósito, sino cuándo y cómo se pondrán en marcha y qué cuotas para envases reutilizables y criterios de ecodiseño incluirán. Diez estados miembros ya lo tienen y diez están discutiendo cuándo implantarlo”, clarificó Simón.

El evento de la Alianza Residuo Cero y el EEB tendrá continuidad en una segunda jornada el próximo 3 de diciembre que contará con una mesa específica sobre el compostaje y cómo puede ayudar a la reducción de residuos y recuperación de los suelos y finalizará con un espacio en el que representantes del Gobierno y las Comunidades Autónomas, la sociedad civil y empresas debatirán acerca del actual proceso de reforma de la Ley de Residuos. El encuentro será clausurado por Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente.

Ecologistas en acción