El Congreso liquida el impuesto al sol

Gracias. Por tu apoyo en estos 3 años y nueve días interminables durante los que hemos mantenido la atención pública sobre el sinsentido del Impuesto al Sol y todas las barreras al autoconsumo. Hoy ha tenido efecto y podemos decir adiós oficialmente a las trabas al autoabastecimiento individual o colectivo con energías renovables en España.

El Congreso ha validado, hace unas horas, el real-decreto ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores que propone eliminar el famoso ‘impuesto al sol’ del PP y todas las barreras al autoconsumo.

Es una gran victoria de la ciudadanía frente al poder de las grandes eléctricas.Porque desde 2015 las familias españolas, además de tener que hacer frente a la normativa de autoconsumo más restrictiva del mundo, cargamos con uno de los costes de electricidad más altos de toda Europa, mientras las grandes eléctricas han duplicado sus beneficios.

Así culminan casi tres años de campaña en los que, contigo a nuestro lado, hemos hecho casi de todo: nuestros activistas se han colgado de la fachada del edificio del Ministerio de Energía, les hemos instalado paneles solares, entregado vuestras más de 100.000 firmas contra el impuesto al sol y hasta le hemosdedicado una canción a Mariano Rajoy que han escuchado más de un millón de personas. Además de demostrar con informes técnicos las ventajas para toda la sociedad del autoconsumo y de presionar a los políticos para que eliminasen las barreras al autoconsumo, tanto en España como en toda Europa.

Ahora le toca al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez cumplir y poner en marcha todas las medidas necesarias. La eliminación del impuesto al sol y el reconocimiento del derecho al autoconsumo sin peajes ni cargos son un gran primer paso. Pero no nos podemos quedar ahí. Desde Greenpeace, junto con miles de personas como tú, seguiremos presionando sin descanso para realizar una reforma fiscal ambiental y para acabar con las subvenciones a las grandes 
empresas contaminantes y con los abusos del mercado. En definitiva, para que nuestro país, el más afectado de toda Europa por el cambio climático, se ponga a la cabeza en la lucha por un futuro más verde.

GREENPEACE

Siria: Cascos Blancos y guerra química

EL EJERCITO SIRIO HA RECUPERADO EL 90% DEL TERRITORIO, LA ÚLTIMA BATALLA ESTÁ EN IDLID

El ministro de exteriores ruso y el embajador sirio en la ONU han denunciado que EEUU, con la ayuda de los “Cascos Blancos”, preparan un incidente de “falsa bandera” para justificar el ataque.

Los ataques con armas químicas se encuentran entre la propaganda bélica más utilizada en la guerra contra Siria. Desde fines de 2012 hasta abril de 2018, se han mencionado el uso de gases tóxicos en Khan al-Assal (marzo 2012), Alepo (agosto de 2013), en las regiones orientales de Ghouta, Khan Sheikhoun, Idlib (abril de 2017) y en Douma (abril de 2018). Una y otra vez se han demostrado que no son sino mentiras sin originalidad. Por el contrario, han sido numerosos los incidentes en los que los “rebeldes” han mostrado públicamente poseer esas substancias químicas y ser capaces de usarlas.

EEUU y sus aliados más próximos, Reino Unido y Francia, preparan de nuevo una intervención contra Siria. Occidente pretende torpedear los esfuerzos internacionales para cerrar el conflicto. Con un 90% del territorio reconquistado, Al-Assad es el ganador en esta guerra que Occidente declaró al pueblo sirio. ¿Qué interés tendría Damasco en perpetrar alguno de estos supuestos ataques? ¿Es lógico que el presidente sirio ordene un ataque químico que provoque la ira de Trump y sus aliados? ¿A quién benefician estas acusaciones? Obviamente, y como en anteriores ocasiones, todo se organiza para consumo televisivo.

Como ocurrió en el bombardeo de la base aérea de Al-Cahaayrate el 7 de abril del 2017 o los ataques con misiles la noche del 14 de abril del 2018, EEUU vuelve a invocar la justicia internacional. De nuevo el “Llanero solitario” utiliza argumentos tan gastados como cínicos: John Bolton, asesor de Seguridad Nacional del presidente Trump, dijo el 22 de agosto que “… si el régimen sirio usa armas químicas, nosotros reaccionaremos con toda la firmeza requerida y realmente deberían pensárselo dos veces…”. Un día antes, Francia y Reino Unido (RU) y EEUU amenazaban también con intervenir:”Como hemos demostrado, responderemos adecuadamente a cualquier uso posterior de armas químicas por parte del régimen sirio...”

El guión parece estar escrito desde hace meses. Hace más dos semanas que la marina de EEUU tiene desplegados varios destructores de la clase AEGIS, armados con más de 50 misiles de crucero cada uno en el Golfo Pérsico. Hoy se confirma la entrada de destructores norteamericanos en aguas del Mediterráneo. Por otra parte, bombarderos estratégicos B-1B, armados también de misiles de aire-tierra, se apostan en la base aérea de Al Udeid en Qatar. Navíos franceses y de la Royal Navy, así como las fuerzas inglesas en Chipre, se hallan en estado de alerta.

La amenaza es tan real que 13 navíos de guerra rusos de superficie están ahora mismo en las costas sirias. Rusia acumulará en los próximos días la mayor parte de su flota del Mar Negro en esa zona. Como en abril, la marina rusa extenderá una pantalla protectora para los sirios ante los ataques desde el Mediterráneo y el Golfo Pérsico. Mientras, la defensa antiaérea y la fuerza aérea siria y rusa están en estado de máxima alerta. Diarios libaneses especulan con la llegada de material antiaéreo ruso por vía aérea al aeropuerto de Damasco. La reacción rusa parece atemperar el ardor guerrero de Trump. La ¡¡OTAN!! pedía contención a todas las partes en una declaración oficial.

Tanto el ministro de exteriores ruso, como el embajador sirio en la ONU lo han denunciado: EEUU, con la ayuda de los “Cascos Blancos”, preparan un incidente de “falsa bandera” para justificar el ataque. El escenario se está completando. Se ha denunciado (la cadena libanesa Al Mayadin se hizo eco) que, hace escasos 8 días, contenedores con cloro han sido recogidos por los Cascos Blancos en la localidad de Helouz en Idlib (noroeste de Siria) El 26 de agosto, se reportaba, con la información recogida por el Centro de Reconciliación desde varias fuentes independientes, que los Cascos Blancos habían entregado a dos comandantes de la milicia terrorista de Ahrar al Sham (la antigua Al-Qaida cambiada de nombre) depósitos de cloro sin etiquetar y que habían sido trasladados al sur de la provincia a almacenes controlados por esa milicia terrorista.

Por otra parte los servicios de inteligencia siros y rusos han afirmado que decenas de personas, entre ellas 44 niños, han sido secuestrados en las zonas circundantes para ser gaseados o bien para, como en el caso anterior (abril 2018 en Ghouta Oriental), representar las escenas frente a las cámaras. El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konachenkov ha ido incluso más lejos al denunciar la participación de los Servicios de Inteligencia británicos en la preparación del supuesto atentado.

Los líderes occidentales tienen un “leiv motiv” común para embarcarse en esta locura: sus problemas domésticos. Macron cae en las encuestas de opinión de forma notable; hace pocos días dimitía Nicolas Hulot, ministro para la transición energética y tercer hombre en importancia en el gobierno, (y… ¿cuántos ministros van ya?) Theresa May está siendo contestada por su propio partido y por la UE; las dimisiones de sus hombres fuertes en su ejecutivo se multiplican y, incapaz de plantear una estrategia coherente frente al Brexit, ve cuestionado su futuro político. Donald Trump, acosado por sus “deslices sexuales”, necesita, como sus dos aliados, una acción de fuerza que le reporte algún alivio en las encuestas.

Hace semanas que el ejército sirio está concentrando grandes recursos militares en la última zona controlada por los grupos terroristas en el noroeste del país. La zona de Idlib es la última baza que les queda a los grupos terroristas, a sus socios occidentales y a las monarquías del golfo que les financian y apoyan. La intervención militar tendría en este sentido varios objetivos y escenarios paralelos que se superponen proporcionando mayor tensión, si cabe, al conflicto. Entre los objetivos podemos situar el doméstico antes mencionado. El segundo, evitar la victoria final del gobierno sirio. El comandante de los grupos terroristas Abu Mohammed al-Golani, antiguo emir del grupo Frente al-Nusra, ha tenido que amenazar con la muerte a aquellos que pretendan desertar. Las disensiones internas entre los grupos terroristas se hacen cada vez mayores. El tercero, boicotear la reconstrucción del país. [1] [2]. El cuarto, amedrentar a Irán iniciando el ataque desde el Golfo Pérsico. El quinto, justificar, con el argumento del uso de gases tóxicos o su posesión, la permanencia de la veintena de bases militares norteamericanas instaladas de forma ilegal en Siria. Según el rotativo turco Yeni Safrak el Pentágono ha instalado, además, tres sistemas de radares avanzados en la parte norte de Siria. El objetivo sería mantener el control sobre el país e indirectamente sobre su antiguo aliado turco y la frontera rusa.

Al margen de los objetivos reales o simbólicos que se dirimen en esta crisis los escenarios paralelos conforman un arco de tensión que agrava la situación. Entre ellos cabe señalar, las maniobras militares (denominadas en clave Vostok-2018) que realizará Rusia a principios de septiembre. Serán las maniobras más importantes en los últimos 40 años (cerca de 300 000 hombres, más de 1000 aeronaves unas 36000 piezas de equipo militar y miles de vehículos blindados…). Aproximadamente en las mismas fechas, pero en el otro extremo del globo, las marinas rusa y china realizarán maniobras conjuntas con el ejército venezolano en el Mar Caribe. Por último, la armada china anuncia importantes maniobras navales en el Mar de la China Oriental. Mientras, el antes mencionado John Bolton anuncia la congelación de los contactos con Corea del Norte y abre la opción de reiniciar nuevas maniobras contra ese país.

Haciendo un poco de memoria vemos cómo en el ataque perpetrado en abril del 2018 el presidente Trump no esperó el informe de los técnicos de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPCW)El ataque fue llevado a cabo antes de que esos técnicos alcanzaran la supuesta zona contaminada.

Las declaraciones de Bolton han sido amplificadas por los medios habituales y los falsos grupos de derechos humanos al servicio de los intereses de los de siempre. En una carta fechada el 20 de agosto Ken Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW) desde 1993, (el que pretendió engañarnos mostrando en un video una supuesta ciudad siria arrasada por la aviación del régimen, cuando en realidad era la ciudad de Shuja'iyya en la Franja de Gaza bombardeada por Israel) denuncia a Rusia y al presidente Al-Assad como responsables de la destrucción de Siria. Ni media palabra referida a los grupos terroristas. Ni media palabra de la financiación de esos grupos por parte de Arabia Saudita, EEUU o Reino Unido. Como preparación, ya funciona desde hace tiempo el nuevo hashtag sobre Idlib que se utilizará para el consumo en las redes sociales. Hace pocos días ha aparecido en las redes sociales la imagen de una niñita (Hala se hace llamar) que “llama al mundo a prestar atención a Idlib y a dejar de matar a niños y de lanzar ataques aéreos. Curiosamente de sus casi 400 seguidores hay bastantes que son periodistas de la BBC, Buzzfeed, Radio Free Europe/Radio Liberty y The Huffigton Post. El método recuerda a la activación de otra cuenta, la de la niña Bana que apareció poco antes de la liberación de Alepo y como no, el niño herido en Alepo. Cuando finalmente dejó de ser un centro mediático y la familia pudo liberarse, el padre narró como su hijo había sido manipulado por Al-Nusra bajo la amenaza de matar a toda la familia.

Es un guión repetido y cínico. El escenario se repite, los actores se aprestan a representar su papel. Si se produce el ataque veremos a Occidente llorar con lágrimas de cocodrilo. Unas cuentas declaraciones milimétricamente estudiadas para no importunar a los amos y a continuar fabricando fragatas de guerra es astilleros españoles y haciendo negocios con la muerte.

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NOTAS:

[1] Los procesos de reconciliación abiertos desde hace años están dando muy buen resultado en Damasco, la Ghouta Oriental o la zona de Alepo por poner un ejemplo.

[2] En el próximo foro económico de Empresarios a celebrar entre el 6 y el 15 de septiembre hay inscritas 1700 empresas de 48 países diferentes. Se espera una asistencia superior a la del 2016 cuando participaron 2 millones de personas.

La colusión de las corporaciones y los gobiernos

ES URGENTE RECLAMAR MÁS ESPACIO A LA CIUDADANÍA Y A LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES

Las leyes, presupuestos y políticas públicos gravitan en función del interés específico de lobbies y empresas.

Esta globalización que estamos viviendo está desbordando las instituciones. Sabemos que las fuerzas y dinámicas que hemos dejado que se desarrollen, aun conociendo poco a poco sus efectos, han creado inestabilidad, ineficiencia y desigualdad. Los movimientos de capital navegan, vía informática, con valores superiores a la economía real. Los paraísos fiscales drenan recursos públicos y aminoran las políticas distributivas. Los detentadores multimillonarios de riqueza son pocos, cada vez más ricos, y con gran poder.

Y esto es así, porque las reglas –incluyendo las omisiones- favorecen la apropiación y acumulación de beneficios y que éstos se incrementen, a costa de pymes, trabajadores y ciudadanía. Se ha favorecido el poder corporativo que puede chantajear a Estados, trabajadores y ciudadanía.

Las grandes corporaciones, los fondos de inversión, lo sabemos, tienen más tamaño (y poder) que muchos Estados. Pero es que, además, los estados, grandes y pequeños tienen gobiernos y administraciones influenciados por los poderes corporativos, en sus medidas y legislaciones. De hecho, las leyes y presupuestos públicos o políticas gravitan en función de intereses económicos y el interés general se retuerce en función de específicos lobbies e intereses empresariales que los gobiernos de turno intentan convencernos que coinciden con los intereses de toda la ciudadanía.

¿Por qué en un país hay sectores oligopólicos que obtienen grandes beneficios a costa de otros? Si se favorece al sector eléctrico, por ejemplo, o al sector bancario, es a costa del resto de los sectores. Si se permite financiarse a costa de los proveedores, se favorece a la gran distribución frente a productores y sector agrario. Si se baja el tipo de IVA a las bebidas azucaradas desde el tipo normal a un tipo reducido, se favorece a unos fabricantes. Si se premia el comercio internacional y no se acota la elusión fiscal se perjudica a las empresas locales cumplidoras. O si la concepción de necesidades de inversión son infraestructuras, todo serán carreteras, aeropuertos y trenes, puentes y viaductos, favoreciendo a constructoras y sector financiero, retrayendo recursos públicos de los impuestos del resto de los sectores y ciudadanos que podrían ir a otros gastos o inversiones. Si se bajan impuestos o gastos, o se suben unos y otros, ¿qué impuestos y gastos son los privilegiados, a quiénes se favorece o perjudica?

Estas directrices ‘nacionales’ cada vez más están restringidas por los acuerdos que se hacen en la esfera internacional. La globalización ha hecho que las normas se hagan en muchos casos en Bruselas, en Nueva York o cualquiera de las sedes donde se hagan acuerdos internacionales. Todos esos acuerdos comerciales, fiscales, climáticos,… se hacen en ámbitos intergubernamentales. Por eso, es tan importante en cómo se constituyen y formalizan los organismos internacionales y qué cauces de participación tienen para que se expresen e incidan la ciudadanía y los agentes sociales.

Sólo hay un organismo internacional, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reúne en igualdad de condiciones a gobiernos, empresarios y sindicatos o a sindicatos, empresarios y gobiernos que tiene como finalidad ordenar el trabajo, lo que mueve el mundo y construye la riqueza. Su objetivo formal es universalizar el trabajo decente. Esta singularidad viene marcada por su origen. La OIT nació en el año 1919 al final de la primera guerra mundial –con muchos territorios colonizados-, en un ambiente social de desolación, con estallidos sociales ante explotaciones sociales y organización obrera, donde capas capitalistas y eclesiásticas tenían el temor de que se propagase la revolución rusa.

Pues bien, todos esos ámbitos de negociación económica que eran intergubernamentales, excepto la OIT, están adquiriendo un sesgo cada vez más empresarial. Y en todas partes, las alianzas gobiernos y empresarios están a la orden del día. Si los gobiernos responden a intereses concretos y el interés general se modula por el interés de las grandes empresas de sus países y hacen una alianza, si el discurso de la pyme está abducido por la gran patronal, es más urgente reclamar más espacio a la ciudadanía y a la defensa de los trabajadores.

Un ejemplo del sesgo hacia la gran empresa se puede ver en la Asamblea General de la ONU que concedió el estatus de observador a la Cámara de Comercio Internacional (ICC) en diciembre de 2016. Por primera vez una organización comercial es admitida como observadora en la Asamblea General. Ni siquiera se buscó un equilibrio admitiendo a la representación sindical internacional.

Las grandes empresas ocupan la discusión de los tratados comerciales y de inversión. Los gobiernos subsidiariamente sólo se preocupan de contactar, ser influidos y defender los intereses de las empresas que residen o puedan invertir en su territorio y ni siquiera buscan el equilibrio y mejoras de estándares laborales, sociales y medioambientales o de persecución de la elusión fiscal de esos grandes beneficiarios del comercio. El sesgo empresarial se está reproduciendo en otros organismos. Desde la Secretaría de Estados Iberoamericanos que tiene entre sus eventos sólo una Conferencia Empresarial (antes tenía otra sindical y al final de ambas conferencias había una reunión conjunta empresarial y sindical que incidía o podía incidir en una mejora de las relaciones sociales), hasta otros muchos organismos.

Estamos viviendo en una guerra empresarial donde los gobiernos, trabajadores y la ciudadanía somos escudos y rehenes, productores y consumidores, en una inestable dinámica donde la discusión sobre la apropiación de la riqueza, la esperanza y calidad de vida se nos quiere hurtar evitando nuestra intervención y su sustitución por opacas transacciones de intereses de una élite. Y frente a eso, hay que reivindicar y conseguir más espacio decisorio para la ciudadanía y sus trabajadores.

SANTIAGO GONZÁLEZ VALLEJO

Una victoria para las orcas

Seguro que en las últimas semanas has oído hablar del caso de Tahlequah, la orca que cargó con su cría muerta durante 17 días.

Era la primera en nacer en tres años de una población de 75 orcas residentes en peligro en el Mar de Salish, en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Cuando se conoció la historia, el futuro de la manada no era nada bueno.

Ahora un tribunal canadiense acaba de anular la aprobación del oleoducto Trans Mountain, un proyecto que iba a aumentar 7 veces el tráfico de buques cisterna —que trasladan enormes tanques de petróleo— en la costa del océano Pacífico. 

Como consecuencia, las orcas quedarían expuestas a un mayor riesgo de colisión mortal con un buque cisterna y el ruido afectaría a su capacidad de encontrar la poca comida que les queda para comer. El salmón real, del que dependen para alimentarse, está en rápido declive debido al cambio climático. Esta decisión puede retrasar meses o años el proyecto, e incluso puede que sea cancelado por completo.

Una gran victoria no solo para las orcas y el medio ambiente, sino también para los 17 millones de personas que dependen directamente del mismo agua potable que habría estado expuesto a derrames tóxicos. Según la sentencia unánime del tribunal, el gobierno de Canadá autorizó el proyecto sin una consulta previa y adecuada a las tribus indígenas afectadas por el oleoducto.

Miles de personas como tú nos habéis ayudado a presionar a los 12 bancos internacionales —entre ellos el BBVA— vinculados, directa o indirectamente, con la financiación de este proyecto y las empresas que lo construyen. Gracias a tu apoyo podemos seguir defendiendo el planeta frente a quienes financian su destrucción con más dinero para oleoductos peligrosos.

GREENPEACE

Una Ley de Memoria para la ruptura democrática

CONTRA LA IMPUNIDAD Y EL OLVIDO

La Proposición de Ley Integral de reconocimiento y reparación a las víctimas del franquismo y la Transición que impulsa Unidos Podemos...transforma las bases legales y actuaciones memorialistas públicas rompiendo el pacto de silencio de la Transición

La Ley de Memoria de 2007 plantea responder a los derechos de las víctimas del franquismo evitando al mismo tiempo tocar los fundamentos del pacto de silencio de la Transición que precisamente está en el origen del desistimiento y la renuncia del régimen del 78 a ejercer el deber público de Memoria, sin el que ninguna sociedad que haya sufrido violaciones masivas de los derechos humanos puede llamarse democrática. Atrapada en esta irresoluble contradicción la Ley establece un modelo de memoria basado en el mantenimiento del soporte legal de la impunidad –Ley de Amnistía y tribunales militares- y en la inhibición de los poderes del Estado para ejercer directamente las actuaciones de reparación, por lo que se renuncia a la elaboración de un censo oficial de víctimas, se delega en las asociaciones memorialistas mediante un sistema de subvenciones la posibilidad de exhumar sin tutela judicial ni intervención de la fiscalía y no se contempla el derecho a la verdad. Se construye así una memoria despolitizada, privatizada, que alude solo al dolor y a los sentimientos de familiares y víctimas, olvidando las ideas y los actos por las que fueron asesinadas así como la identidad y responsabilidad de los verdugos.

Una década después de la promulgación de la ley de memoria, miles de víctimas y descendientes han muerto sin obtener justicia y reparación, España sigue siendo el segundo país del mundo con mayor número de desaparecidos, símbolos y asociaciones franquistas se exhiben y exaltan impunemente los valores fascistas, los jueces y fiscales no están ni se les espera y la verdad sobre la República y el franquismo no ha entrado en el sistema educativo ni en los medios de comunicación públicos. Este es el desolador balance en términos de Memoria de un Estado que se autoproclama democrático.

La Proposición de Ley Integral de reconocimiento y reparación a las víctimas del franquismo y la Transición que impulsa Unidos Podemos supone en síntesis la superación del paradigma que ha marcado hasta hoy el conjunto de políticas públicas de Memoria o más bien su ausencia a nivel de estado. No se trata en absoluto de un desarrollo o profundización de la Ley de 2007, sino, al contrario, de transformar radicalmente las bases legales y las actuaciones memorialistas públicas rompiendo el nudo gordiano del pacto de silencio de la Transición. Para ello, en primer lugar el texto establece la plena nulidad de los juicios sumarísimos del franquismo así como del artículo 2 de la Ley de Amnistía que equipara de modo insoportable a víctimas y victimarios. Asimismo, se incorporan en el artículo 20 los principios y acuerdos irrenunciables del derecho humanitario internacional, fundamentalmente en lo que atañe a la imprescriptibilidad de los delitos de crímenes de guerra y contra la humanidad, ambos perpetrados sin ningún género de duda por la dictadura franquista. Estas disposiciones iniciales, largamente reivindicadas por el movimiento memorialista, dinamitan toda la arquitectura de la impunidad y reconocen públicamente la nunca perdida dignidad de los luchadores republicanos y antifascistas.

A partir de aquí la proposición de Ley va definiendo los principios y las prácticas de las políticas públicas de Memoria en el sentido establecido por décadas de lucha de las Asociaciones Memorialistas por el cumplimiento de los derechos de Verdad, Justicia y Reparación. Así, a lo largo de cuatro bloques normativos se plantea la elaboración de un censo oficial y público de víctimas con el consiguiente reconocimiento y condena del Estado del delito de genocidio franquista, la obligatoriedad para jueces y fiscales de impulsar y personarse en los procesos de exhumación e identificación de desaparecidos así como la capacidad del Estado para intervenir de oficio en estos procesos, la eliminación inmediata de la simbología franquista incluyendo los espacios privados o religiosos de uso público, la modificación del artículo 510 del código penal para prohibir cualquier tipo de exaltación del franquismo, retirar subvenciones y en su caso ilegalizar a las asociaciones que hagan apología de la dictadura o atenten contra la dignidad de las víctimas, la obligación de investigar los casos de desaparición de menores hasta 1999, la exigencia de apertura de los Archivos Públicos y Eclesiásticos con relación a Personas Desaparecidas, la creación de una red de Lugares e itinerarios de Memoria y la incorporación al currículo educativo de contenidos científicos y de valores propios de la Memoria Democrática. El correspondiente régimen sancionador –inexistente en la anterior ley de 2007-se ocupa de los posibles incumplimientos de la normativa establecida en la Ley. Por último, el marco cronológico se amplía incluyendo la Segunda República y el periodo de Transición, lo que permite introducir el derecho a conocer la verdad histórica de lo que supusieron estos dos periodos, acabando con los dos mitos construidos por el franquismo y sus epígonos de una República fratricida que alumbró la guerra civil y de una Transición pacífica y modélica, en la que las élites dirigidas por el rey entregaron al pueblo la libertad y la democracia.

La proposición de Ley viene cargada de futuro y constituye un factor clave para fortalecer las luchas del presente por la ruptura democrática y la República. La reivindicación de la Segunda República como el régimen político más profundamente transformador y democrático de la historia de España y el desvelamiento del papel que realmente jugó la monarquía como un elemento de continuidad del poder franquista deben traer consecuencias políticas en el sentido de ampliar las bases sociales prorrepublicanas y debilitar la imagen de la monarquía. En el mismo sentido, la recuperación de la memoria de la lucha y la resistencia popular organizada es otra seña de identidad de esta necesaria proposición de ley, que entrega a la ciudadanía del siglo XXI como un patrimonio intangible el ejemplo de generaciones de trabajadoras y trabajadores que nunca se rindieron en la desigual lucha por una existencia libre y digna.

LUIS NARANJO 

Sin noticias de Derechos Humanos tras el Consejo Europeo de Migraciones

LA UE HA ELEGIDO LA CONNIVENCIA CON EL RACISMO Y LA REPRESIÓN MILITAR

Se limitan a un vil consenso sobre cómo y dónde expulsar a los boat-people, en qué campo de concentración encerrarlos y acelerar expulsiones sin garantía procesal.

El 28 de junio se reunió el Consejo Europeo para tratar específicamente las migraciones. Nuevamente se yerra, pues lo consideran un problema, y no un fenómeno social y político cuyo origen está en la devastación de los recursos naturales y la imposición de mandatarios por Occidente, así como de la complicidad, cuando no el apoyo directo económico en armamento, alimentando guerras que son las causas principales por las que miles de personas deciden como salida lanzarse al mar en medios no seguros, y que están acabando desgraciadamente con sus vidas. En lo que va de 2018, ya llevamos la escalofriante cifra de mil personas muertas y desaparecidas en el mar en su ruta hacia Europa, por quinto año consecutivo, o sea, que miles y miles de cadáveres se hallan en el Mediterráneo para nuestra vergüenza como humanidad. Éramos muchos los que esperábamos otras medidas y muchas las ONG expectantes ante sus conclusiones, para acabar con tanta muerte injusta, pero otra vez nos quedamos sin vislumbrar los valores que propugna la Unión Europea, como son la dignidad y los derechos humanos, pues el tratamiento de las migraciones no ha sido con base a estos valores, sino sobre los de la seguridad, la defensa, el control de fronteras y el mantenimiento de las políticas represivas tanto con Turquía como con Italia, ninguna sospechosa de actuar conforme a DDHH.

Javier Couso, europarlamentario de IU, lo tachó como un nuevo capítulo de la degradación moral de la UE, donde mercadean con seres humanos y donde la creación de plataformas de recepción, el aumento de las deportaciones o los centros en terceros países son campos de concentración como nuestros CIE, donde impunemente se violan los DDHH. También la eurodiputada de IU Marina Albiol expuso que de este acuerdo sale más dinero para Turquía y las milicias libias contra los inmigrantes, o que se destinarán 500 millones de euros al fondo fiduciario de África que en lugar de destinarse a cooperación reforzarán las fronteras internas y armarán a policía y ejército así como aumentar la criminalización de las ONG,s que son las que hoy están salvando vidas en el mar, exigiéndoles que realicen devoluciones calientes. Y algo muy grave: fin a los cupos obligatorios por lo que la acogida se deja a la buena voluntad de los Estados Miembros ¿cómo esperar esa buena voluntad de gobiernos que no han cumplido con un tercio de la acogida obligatoria? Más allá del gesto de Pedro Sánchez en la gestión del Aquarius o del Lifeline, son muchos los que todos los días llegan a Europa. Impedir que mueran en el mar es prioritario cuando otros países niegan la recepción, pero también, y ahí el núcleo desde donde trabajar en políticas migratorias seguras y respetuosas con los DDHH, tomar medidas comunitarias que acaben con el racismo y el fascismo demostrado del ministro del interior italiano Matteo Salvini. Por ello la satisfacción de Pedro Sánchez con las conclusiones del Consejo no son esperanzadoras pues apoyó la creación de centros cerrados en países no comunitarios a los que deportar masivamente a las personas que llegan a Europa. Ahora el gobierno de España tras la condena por el Tribunal Supremo por incumplir parcialmente sus obligaciones de solicitudes de asilo de refugiados procedentes de Grecia e Italia, (incumplimiento del PP), por las que teníamos un cupo de 19.449 personas durante 2 años y solo ofreció un 12,85% de las plazas, tiene otra tarea que cumplir. La UE ha elegido la connivencia con el racismo y la represión militar, demostrando, una vez más, nulo respeto por la vida. Se limitan a un vil consenso sobre cómo y dónde expulsar, en qué campo de concentración encerrarlos y acelerar expulsiones sin garantía procesal.

MAITE MOLINA  

El PCE exige la gestión pública de la residencia de mayores de Priego y respalda a las y los pricenses que así lo piden

Reclaman también la apertura de las residencias de Cañete y Beteta, incluidas en el mismo convenio que la de Priego, entre Junta y Diputación

El Partido Comunista de España (PCE) en Cuenca “exige” a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la inmediata apertura de la residencia de mayores de Priego, y su “gestión pública y directa por la propia administración, sin concesiones a empresas”. En esa línea, respaldan la recogida de firmas que vecinos y vecinas de la localidad están llevando a cabo con éxito en internet.

El PCE ha criticado duramente al gobierno regional, y en especial a la Consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez Navarro, y a la Directora Provincial Amelia López, que durante este verano han defendido incluso en la localidad la gestión privada de este recurso público. Para las y los comunistas “no es nada nuevo en el PSOE esa defensa cerrada de lo privado frente a lo público y de los intereses empresariales frente a los intereses colectivos”.

Desde el PCE consideran que la gestión privada “resta calidad al servicio”, puesto que “se prima el beneficio económico”. Y este se obtiene fundamentalmente “precarizando el empleo, rebajando las condiciones laborales o incluso no contratando el personal suficiente”. Con la gestión privada, -recuerdan-, “no se controla la formación y capacidad de las y los trabajadores y la calidad del servicio, que recae en las directrices del propietario de la empresa”. Además, -añaden-, “con la gestión privada hay que pagar Beneficio Industrial e IVA, por lo que a la administración le sale más caro”. “No podemos dejar un servicio tan importante como el cuidado de nuestras personas mayores en manos de una empresa que sólo busca el lucro y el negocio”, concluyen.

Por otra parte, las y los comunistas no se olvidan de las residencias de Beteta y Cañete, incluidas en el mismo convenio entre Junta de Comunidades y Diputación Provincial que la de Priego, reclamando así “su pronta apertura”. En el caso de Cañete, señalan, “el momento administrativo es diferente, puesto que ya se ha adjudicado a una empresa la explotación”. Y en el de Beteta “la situación es mucho más complicada, puesto que la construcción del edificio se encuentra en el juzgado, tras el pago de obras aparentemente no realizadas por parte tanto de PP como PSOE en Junta y Diputación. Las obras de Beteta han generado un sobrecoste que ha duplicado el importe inicial del convenio”, señalan las comunistas. “Una muestra más de cómo PP y PSOE gestionan mal el dinero de todas y todos”.