Comunicado del PCE en apoyo a la huelga feminista del 8 de marzo

Desde el PCE saludamos la organización de la II Asamblea feminista celebrada los días 13 y 14 de enero en Zaragoza, en la que han participado más de 400 mujeres, con el objetivo de organizar una huelga feminista para el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con la que se quiere denunciar la situación de precariedad de vida y de violencias que sufrimos las mujeres, por nuestra doble condición de clase y de género, así como la falta de compromisos y políticas por parte del Gobierno para erradicar la desigualdad existente entre hombres y mujeres. Una desigualdad inherente en el modelo de sociedad neoliberal y patriarcal que nos impone el gran capital.

Con esta huelga se pretende visibilizar que sin las mujeres ni se produce ni se reproduce, que sin las mujeres se para el mundo, pues nosotras participamos en todos los espacios de la vida y realizamos los trabajos esenciales para que la sociedad funcione.

Somos conscientes de que esta huelga no puede ni debe cuantificarse como una huelga laboral al uso. La huelga feminista ha de servir para visibilizar a esta mayoría de mujeres que aun queriendo no podrían hacer huelga. En el trabajo asalariado las mujeres cubrimos las mayores tasas de temporalidad y jornadas a tiempo parcial, una brecha salarial de un 25% respecto a los hombres, y las situaciones laborales más precarias, con los salarios más bajos y al ser las más vulnerables también somos las más fáciles de despedir.

El trabajo de cuidados y de hogar lo desempeñan mayoritariamente las mujeres y en concreto las mujeres inmigrantes cuando es trabajo asalariado. Los derechos laborales prácticamente no existen para ellas y en la mayoría de los casos son numerosos los impedimentos legales para otorgarles permisos de residencia. En el caso del trabajo de cuidados no remunerado, la mayoría de mujeres soportamos dobles jornadas por la falta de corresponsabilidad del Estado y los hombres.

Con la huelga feminista se pretende reivindicar que la política y la economía se han de poner al servicio de las personas y no de los mercados y el capital poniendo en valor la vida así como exigir la corresponsabilidad como un derecho, el derecho a cuidar de nuestras personas de manera equitativa, y en condiciones dignas, y que debe reivindicar la sociedad en su conjunto para que todas las personas podamos tener una vida digna, sin desigualdades, ya sean por razón de sexo, clase, orientación sexual o etnia. En definitiva, visibilizar todas las injusticias que el sistema ejerce sobre las mujeres. Para ello las acciones se enmarcaran en los sectores de cuidados y doméstico, laboral, consumo y estudiantil, sumando también a las mujeres más jóvenes y combativas, que no aceptan ni este presente, ni el futuro que se les pretende imponer.

Desde el PCE vamos a apoyar las acciones que se convoquen desde el movimiento feminista y a contribuir con su impulso y difusión para que este 8M sea un punto de inflexión, un avance imprescindible en un camino que no tiene marcha atrás. La huelga feminista no será una acción simbólica, sino una acción de resistencia y de cambio real.

¡Por nuestros derechos vamos a la huelga feminista 8M!

La gestión pública de las autopistas llega al Congreso a través de Unidos Podemos

El Grupo registró en diciembre una proposición no de ley para no renovar concesiones ni privatizar las autopistas quebradas que el gobierno recuperará a partir de enero.

Medianero: “Esperamos que autopistas como la AP-36 puedan servirnos como vía de comunicación pública, segura y rápida. No podemos pagar por lo que es nuestro mientras la N-301 sigue deteriorándose.”

El Coordinador Provincial de IU en Cuenca, Jacobo Medianero, ha trasladado esta mañana la información sobre la propuesta no de ley que el Grupo Parlamentario Unidos Podemos ha presentado en el Congreso de las y los diputados sobre las autopistas. De esta manera, recuerda que continúa el trabajo para conseguir que la sinrazón de “pagar por lo que será nuestro” siga su curso.

Medianero ha destacado que “la petición es más amplia y busca que el Estado se haga cargo de las autopistas de peaje y no se privaticen las vías que se van a recatar, entre ellas la AP-36, y no se renueven concesiones de otras nueve que terminan próximamente contrato.”

“Sería algo increíble  con la actual situación de siniestralidad de la N-301, que se entregara una vía rescatada por falta de negocio a otra empresa privada y que las y los vecinos de La Mancha tengan que pagar por una infraestructura nacionalizada y que es prácticamente imprescindible – ha defendido.”

Medianero ha recordado que la “justa lucha” porque la AP-36 sea gestionada públicamente viene de muy lejos y ahora llega también al Congreso. “Gracias a las mociones que preparamos se posicionaron a favor de esta petición varios ayuntamientos, como el de Mota del Cuervo o la Puebla de Almoradiel, y Diputaciones como la de Albacete.” Además, según ha concluido, “esperamos que esta PNL sirva para que vuelva a retomarse la reivindicación a nivel local, provincial y regional, para conseguir, cuanto antes, que se haga justicia con las y los vecinos de nuestros pueblos.”

La traición del PP en la Diputación cuesta mucho dinero a las y los conquenses

La formación reúne a concejales de Mota, Motilla, Las Pedroñeras, Belmonte, Las Mesas y Tarancón para recordar que los nuevos presupuestos de la Diputación siguen sin reducir el tipo por la gestión de los impuestos municipales.

Medianero: “Nunca he visto nada igual, salir en prensa anunciando una rebaja para acallar las críticas y no realizarla. Dos años de incumplimiento son entre 12.000 y 60.000 euros según municipio.”     

 Izquierda Unida en la provincia de Cuenca ha denunciado, una vez más, que este año las cuentas provinciales tampoco traen la reducción del tipo que los ayuntamientos pagan por la gestión de sus tributos a Diputación. Un compromiso que el PP en la Diputación realizó, con Benjamín Prieto a la cabeza, en público y en privado. Otro año más al 3,5% supone un acumulado de entre 12.000 euros, en pueblos como Belmonte, y 60.000 en otros mayores como Mota del Cuervo o Motilla del Palancar.

La formación, que ha reunido a concejales y su diputada provincial para analizar esta situación, denuncia que “a la hora de liquidar este 2017, las cuentas municipales de los consistorios pueden resentirse por este incumplimiento, ya que una vez dada la palabra en público de que habría reducción, muchos municipios pudieron tenerla en cuenta en sus presupuestos.”

Concejales como Jesús Martínez o Jacobo Medianero, de Motilla y Mota, lamentan, además, que “esta reducción no se produzca cuando hay superávit en el organismo y existen fórmulas de todo tipo que abaratarían este coste para los consistorios y a las que no podemos acceder por el chantaje de la Diputación de dejar de financiar cuestiones como el POS.”

De la misma manera lo ven en otros municipios como Belmonte o Las Mesas, donde Mercedes Ruiz y Mario González creen que “podrían realizarse mejoras que nuestros vecinos están demandando y, lo que es más grave, están pagando en sobrecostes por la gestión de sus tributos.” Un problema que se une, según Arturo Zarzuela (alcalde de Castillejo del Romeral), “a los que vivimos las EATIM con la dependencia de nuestras cabeceras para la financiación.”

Para Lorena Gallego, de Ganemos Las Pedroñeras, “mantener el tipo al 3,5% es cobrar de más a nuestros vecinos y vecinas.  En municipios como Las Pedroñeras, nuestra gente está pagando más impuestos por el incumplimiento  de la promesa de Benjamín Prieto.”

Por último, Carolina Rey ha llamado, junto con la Diputada Provincial Ana Sánchez, “ha articular las medidas alternativas que sean necesarias. Los ayuntamientos tienen que exigir a su presidente que cumpla su palabra, que no cobre por un servicio prácticamente el doble de lo que podría suponer y que sea justo y equitativo.” Sánchez ha dejado claro que “lo que está pasando en Cuenca es que Prieto cobra de más en cuestiones como el organismo autónomo para poder tener más margen de maniobra en un reparto posterior poco transparente.”

IU impulsa una comisión de investigación en el Congreso que aclare las responsabilidades por las “irregularidades y claroscuros” en la cárcel de Archidona y en la política migratoria del Gobierno del PP

Es sospechoso que testigos no puedan comparecer y que algunos hayan sido ya incluso deportados”.

La diputada de Izquierda Unida por Málaga, Eva García Sempere, presenta esta iniciativa ya registrada en una rueda de prensa junto al abogado Juan Moreno, que anuncia que IU recurrirá en las próximas horas la decisión del titular del Juzgado de Instrucción Único de la misma localidad malagueña de archivar provisionalmente las diligencias abiertas por la muerte del ciudadano argelino Mohamed Bouderbala en este Centro Penitenciario Málaga II reconvertido en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).

La diputada de Izquierda Unida por Málaga, Eva García Sempere, ha presentado hoy lunes la petición de creación de una comisión parlamentaria de investigación en el Congreso, en concreto, “sobre las irregularidades cometidas en el Centro Penitenciario de Archidona (Málaga) y el respeto a los derechos humanos en la política migratoria española”. Esta iniciativa ha sido impulsada por IU dentro del Grupo Confederal de Unidos Podemos.

García Sempere compareció esta mañana en rueda de prensa junto al abogado Juan Moreno, letrado que coordina el equipo jurídico de IU encargado de las cuestiones técnicas relativas a este grave asunto. Moreno, por su parte, anunció que esta formación presentará en las próximas horas un recurso contra la decisión que adoptó el pasado día 4 el titular del Juzgado de Instrucción Único de Archidona de archivar provisionalmente las diligencias abiertas por la muerte del ciudadano argelino Mohamed Bouderbala, el 29 de diciembre, supuestamente debido a un suicidio. El fallecimiento se produjo mientras permanecía aislado en una celda de este mismo Centro Penitenciario Málaga II reconvertido en la práctica en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Bouderbala llevaba semanas retenido en esta cárcel e IU entiende que esta muerte está rodeada de “circunstancias extrañas y múltiples claroscuros”, de ahí su “sorpresa” por el rápido archivo judicial. Estos motivos fueron también los que llevaron a la formación que coordina Alberto Garzón a solicitar la semana pasada personarse como acusación popular en las diligencias archivadas pocas horas después.

Eva García Sempere ha destacado en su explicación a los medios el interés de Izquierda Unida de “ser implacables en la defensa de los derechos humanos”, mucho más en este caso “ante la evidente falta de respeto a los mismos en la cárcel malagueña de Archidona, agravada por las ‘deportaciones express’ de personas migrantes retenidas allí”.

La parlamentaria malagueña de IU señaló que desde esta formación “seguiremos apoyando el buen trabajo de las organizaciones y colectivos de defensa de los derechos humanos” que actúan en este caso, “pero creemos que también es necesaria la vía parlamentaria” para aclarar las múltiples irregularidades en la actuación del Gobierno del PP que se suceden desde hace semanas en el centro de Archidona.

De ahí que Izquierda Unida haya impulsado crear la comisión parlamentaria de investigación sobre este caso y sobre el conjunto de la política migratoria del Ejecutivo del PP. Esta petición cuenta con la firma de más de 70 diputados/as, como marca el Reglamento, y plantea que una próxima Diputación Permanente apruebe la celebración de un Pleno extraordinario del Congreso que acuerde ir adelante con la comisión.

“Lo ocurrido en Archidona -apostilla García Sempere- no es más que el último ejemplo de los graves fallos de la política migratoria del Gobierno del PP. Queremos conocer las responsabilidades políticas por los graves incumplimientos ocurridos en este caso, así como cuáles son las medidas oportunas para mejorar”.

La diputada andaluza destacó que si se logra que se apruebe la comisión de investigación “estaremos ante la primera vez que se estudia el ‘agujero negro’ que supone el funcionamiento de los CIEs en todo el Estado. Rechazamos que se recojan a las personas migrantes que llegan a España y no se les ofrezca otra política que no sea encerrarles”.

Por su parte, el letrado Juan Moreno explicó que después de que el Juzgado de Instrucción Único de Archidona “decidiera archivar de forma sorpresiva” las diligencias previas que había abierto sobre este asunto “desde Izquierda Unida vamos a recurrir este archivo. Se hará “siendo muy respetuosos con las actuaciones que sigan tanto la representación de la familia del fallecido en este caso como las asociaciones” que se han interesado por el mismo.

Moreno expuso algunos de los “claroscuros en la actuación de la administración pública” que Izquierda Unida aprecia hasta que se llegara a la muerte del joven argelino Bouderbala y que, según su opinión, “obligan a seguir con la investigación”. Entre estos está la existencia de “testigos que vieron lo que pasaba dentro del centro y que no han sido citados por la justicia para declarar. Es sospechoso que estos testigos no puedan comparecer y que algunos hayan sido ya incluso deportados”.

El abogado de IU entiende que “se debe esclarecer también qué pasó en cuanto a la asistencia previa” que recibió la persona fallecida. “La Policía habla de personas que se autolesionaron”, mientras desde otros lados “se han constatado situaciones de estrés y ansiedad entre los retenidos, por lo que debemos saber por qué se sometió a aislamiento a algunas de esas personas en ese estado”.

El letrado indicó también que los máximos responsables de lo ocurrido en la cárcel de Archidona deben aclarar también al instructor, en concreto, “los motivos que llevaron a internar a la persona luego fallecida en una celda de aislamiento sin darle cuenta previamente a un juez. Estuvo allí al menos desde las 15,00h. del día 28 hasta las 09,00h. del 29. Hay que determinar si hubo actuación negligente o imprudente por parte de la administración”.

Juan Moreno enumeró también que debe aclararse “cuál ha sido la actuación de la Policía dentro el centro, a través de sus Unidades de Intervención Policial (UIP), y qué repercusión tuvo en la respuesta de los internos”. A su vez, consideró necesario que “el juez llame a los agentes que entraron en la celda y encontraron el cadáver de una persona a la que se había movido antes de ser encontrada” o que “se investiguen las condiciones de la celda y si influyeron en la situación de estrés” que pudieron derivar en la muerte.

Paraísos y Guaridas Fiscales, la larga prolongación del cinismo

La OCDE promueve el programa BEPS para reducir la elusión fiscal, que avanza a trompicones por los palos que ponen los mismos gobiernos que dicen que rechazan su existencia.

El pasado mes de octubre, la Comisión de Investigación sobre la evasión fiscal y el blanqueo de capitales en el Parlamento Europeo votó un documento que, gracias a los votos negativos de los populares europeos y liberales y la abstención del grupo socialista, y a pesar del voto favorable de la Izquierda Europea ha dejado fuera puntos tan importantes como los nuevos criterios para considerar a Luxemburgo, Andorra o Gibraltar como paraísos fiscales.

Los paraísos o guaridas fiscales han existido desde siempre. Como los piratas, la corrupción o el crimen.

Los detentadores de ingresos y riqueza confabulan para reducir su aportación a las arcas públicas tanto por vía legal, muchas veces con ayuda de los medios de comunicación y aparatos partidarios que dominan; o ya soslayando las normas, llevándose sus ingresos y riqueza a sitios donde no haya control e imposición a los mismos, ayudados por toda una gama de intermediarios financieros y “profesionales” cómplices.

Los paraísos o guaridas fiscales son las soberanías fiscales (y políticas) que no son transparentes, ni facilitan información, tienen baja o nula fiscalidad y no tienen normas (nada casual) para evitar la elusión fiscal. Los piratas, corruptos y criminales de toda laya han creado estas soberanías. Y siempre ha habido personas físicas que los utilizaron. La gran transformación llegó con la globalización, la libertad de movimientos de capital, la avaricia de las multinacionales y la colusión de todo ello con los gobernantes.

Los gerentes y accionistas de las multinacionales han jugado a establecer precios a los productos intermedios que van de una factoría a otra de la misma marca o estableciendo royalties y otros costes desde esas soberanías o haciendo que sus filiales sean comisionistas, meros mostradores de la mercancía, por lo que no facturan su venta y en cualquier caso derivando el beneficio global allí donde no se tributa. ¿Cuántos millones vende Apple en España? ¿Cuánto tributa por sus beneficios, sabiendo que el coste de su producción física es apenas el 8% del precio? ¿Por qué un restaurante de comida rápida puede pagar menos por más beneficios que una casa de comidas y que la administración, teóricamente, no puede hacer nada, aún sabiendo que es injusto, y que la patronal controlada por la CEOE, obvia que hay una competencia desleal?

Esta injusticia fiscal tan visible, se ha hecho insoportable y por fin ha entrado formalmente en la agenda política. La crisis económica, fruto en gran parte de burbujas especulativas, la disminución de ingresos públicos y el aumento del déficit, provocó una reducción de servicios públicos, una disminución de los estados de bienestar, al mismo tiempo que la desigualdad y el malestar popular han crecido. De pronto, la OCDE, el grupo del G20, los boss y todos los jefes llaman a arrebato.

El Corte Inglés se queja de competencia desleal de Amazon; la Comisaria de la Competencia Europea denuncia que Irlanda ha hecho un acuerdo específico con Apple para que los beneficios de todas sus ventas europeas paguen menos que cualquier empresa irlandesa, que ya de por sí pagan menos que la media europea y eso ya es lo que provoca la alarma, pero todavía no ha devuelto nada; Gordon Brown, antiguo primer Ministro inglés, lanza una iniciativa por Change para que los Ministros del G20 pongan coto a las guaridas fiscales, cosa que no hizo siquiera con las jurisdicciones que dependen de la Reina Isabel. La OCDE promueve el programa BEPS para reducir la elusión fiscal, que avanza a trompicones por los palos que ponen los mismos gobiernos que dicen que rechazan su existencia. Salen escándalos varios, la lista Falciani, los papeles de Panamá, las prácticas dolosas de nuestros Bárcenas, González, Pujoles y las empresas del IBEX 35.

Por último, tras dos años, la Unión Europea determina que hay 17 países malos y 47, que siéndolos, han prometido que van a ser buenos. Pero dominan los paños calientes. No hay ninguno de la propia UE, Irlanda, Holanda, Malta…

Panamá, sí, demostrándose el oportunismo español cuando se la eliminó de la lista hispana cuando se estaba eligiendo a las empresas constructoras del nuevo canal. Y el oportunismo de la UE, porque la legislación panameña es idéntica a la existente en el Estado de Delawere, Estados Unidos, que no aparece.

El presidente estadounidense Trump ha logrado que se apruebe una reforma fiscal que beneficia a los grandes detentadores de ingresos y riqueza. Pero también una amnistía fiscal para que los beneficios de las multinacionales estadounidenses, que no han sido gravados allí donde se han obtenido (se habla de 250.000 millones de dólares), sean repatriados, alentando que mantengan sus prácticas de elusión fiscal.

Nuestros ricos ocultan el 12% del PIB, unos 140.000 millones de euros, en esas guaridas fiscales.

Todo parece indicar que se quiere salir del paso, pero no dar pasos definitivos. De ahí, la necesidad de continuar la presión popular, hasta lograr cláusulas en la contratación pública y privada, requisitos en las licencias para fijar fiscalmente las ventas, potenciar las Agencias Tributarias cambiando sus prioridades investigadoras para sancionar a los grandes delincuentes, mejores acuerdos internacionales en fiscalidad y en los tratados comerciales, con repudio a las jurisdicciones cómplices. En fin, fortalecer campañas contra las guaridas fiscales levantando la fecha del 3 de abril como Jornada Mundial contra las guaridas fiscales.

 SANTIAGO GONZÁLEZ VALLEJO. Economista 

IU Cuenca: “El Equipo de Gobierno de la Diputación Provincial recibe otro revésjudicial”

Una vez más, vuelve a demostrarse la nefasta gestión que en materia de Personal sigue realizando la Diputación Provincial de Cuenca, circunstancia ésta que desde Izquierda Unida venimos denunciando continuamente.

Ahora ha sido la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha la que ha rechazado su gestión. En concreto, la sentencia de dicha sala anula la aprobación de los presupuestos de 2016 del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cuenca, dado que se confirma que la participación y consulta previa a la representación sindical resulta imprescindible en este punto.

Este nuevo varapalo se une a la nefasta gestión seguida desde el equipo de Gobierno en los temas relativos al personal de la Diputación, y fundamentalmente al del Servicio de Bomberos, anteriormente llamado Consorcio Cuenca 112. Recordemos lo sucedido con el incidente en el parque de Bomberos de Motilla. Pero también recordemos que anteriormente fue despedido improcedentemente un operador, J.L., lo que le costó a las arcas provinciales más de 30.000 euros al negarse a readmitirlo. O más recientemente, y así se denunció en el pasado Pleno por la diputada de esta formación, Ana María Sánchez, el despido declarado también improcedente de una trabajadora proveniente del mismo servicio: la Diputación tendrá que abonar cerca de 35.000 euros de indemnización, dado que no la va a readmitir. Curiosamente, este puesto ha sido ocupado por otra persona ligada al PP. Casualidades!

Ahora, tras lo que hemos conocido hoy, volvemos a tener otra carga económica, además de las consecuencias que se deriven de la anulación de dichos presupuestos, que forman parte del Presupuesto General de la Diputación del año 2016.

Un capítulo más, en palabras de la representante de IU, del calamitoso “buen hacer”de el Sr. Prieto, el Sr. Huete, el Sr. Cuesta y el resto de responsables provinciales.

Desde esta formación solicitamos una vez más que rectifiquen en esta política laboral absolutamente censurable, porque no se puede jugar con el empleo y los derechos de los trabajadores. Pero además queremos denunciar el descalabro económico que su política prepotente y caciquil está generando a las arcas de la Diputación.

Acuerdo internacional histórico para proteger el Ártico de la pesca industrial

• Estados Unidos, Canadá, Noruega, Rusia, Dinamarca, Islandia, Japón, Corea del Sur, China y la Unión Europea acuerdan proteger una superficie 2,8 millones de kilómetros cuadrados

• Hoy también se confirma la protección en la Antártida de 1,5 millones de kilómetros cuadrados en el mar de Ross

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Un acuerdo internacional para proteger las aguas internacionales del océano Ártico de la pesca industrial se ha alcanzado en Washington esta madrugada. Estados Unidos, Canadá, Noruega, Rusia, Dinamarca, Islandia, Japón, Corea del Sur, China y la Unión Europea han firmado una moratoria de pesca comercial para los próximos 16 años en las aguas internacionales del Alto Ártico que cubre una superficie de 2,8 millones de kilómetros cuadrados, igual al tamaño del mar Mediterráneo. 

Para Greenpeace, se trata de una victoria histórica para la protección del Ártico. Gracias a los más de 8,5 millones de personas que en todo el mundo han apoyado la campaña Salva el Ártico. “Esta área única en la cima del mundo estará a salvo de las pesquerías más destructivas, por lo que aplaudimos a los países que están detrás de este acuerdo y esperamos que durante los próximos 16 años trabajen para reafirmar su protección permanente, no solo de la pesca comercial sino también del resto de industrias extractivas”, ha declarado Pilar Marcos, responsable de la Campaña Salva el Ártico de Greenpeace España. 

Este acuerdo legalmente vinculante se extenderá automáticamente cada cinco años, siempre que ningún país tenga objeciones o existan nuevos datos científicos. Es vital que ahora todos los países involucrados ratifiquen el acuerdo y se comprometan a la protección a largo plazo de este océano. 

El océano Ártico central ha experimentado el incremento de la presión por parte de la industria pesquera, ya que su escudo protector de hielo marino se está derritiendo debido al cambio climático. El 40% de esta área históricamente cubierta de hielo ha experimentado veranos sin hielo en los últimos años. 

Si bien se acaba de dar un paso de gigantes para proteger el Ártico, algunos países incluidos en este acuerdo, como Estados Unidos, Rusia y Noruega, están bloqueando importantes avances dentro de las Naciones Unidas, ya que el proceso en la ONU tiene potencial para proteger todas las aguas internacionales, y los países deben actuar para que se alcance este acuerdo global y ambicioso en alta mar.

Por otra parte, este anuncio se produce el mismo día en que la protección también entra en vigor en la Antártida para el mar de Ross, donde hoy se confirma un área marina protegida que abarca 1,5 millones de kilómetros cuadrados.

GREENPEACE