CONVERSACIÓN CELEBRADA EN 2012 CON LA ACTIVISTA
INDÍGENA ASESINADA LA PASADA SEMANA
HONDURAS.– La presente
entrevista con Berta Cáceres fue
realizada el 24 de julio de 2012, mediante una conversación vía Skype que ella
me concedió atendiendo mi solicitud, como parte del trabajo de
investigación de una tesis doctoral sobre los derechos humanos en Honduras. En
esta entrevista inédita deja constancia de su pensamiento, sus convicciones y
su lucha por la defensa de los derechos humanos, de los recursos naturales, de
su pueblo Lenca, del pueblo hondureño y de toda la humanidad. ¨Nosotros –manifestó- consideramos que somos defensores de
los derechos humanos, pues eso es lo que hacemos, y queremos vincular un
proceso emancipatorio, por eso es que estamos en riesgo, pues hemos tocado
intereses fuertes¨.
Las violaciones a los derechos
humanos en Honduras, nos dice Berta, en el presente están ligadas a la
profundización de los procesos de transnacionalización de la economía que
amenazan con la destrucción de los recursos naturales, en particular de los
territorios de los pueblos indígenas. En estas condiciones, la lucha por la
defensa de los derechos humanos, no es un asunto de elección sino de
necesidad y convicción. Su coherencia práctica en la defensa de estos
principios la llevó a ofrendar su vida, que fue arrebatada de forma vil y
cobarde por quienes ordenaron y ejecutaron su
asesinato.
Acabaron con su vida, no con
sus ideas, con su coraje y su lucha ejemplar. Berta esta viva en su legado y en
esta entrevista se recoge parte de este legado.
— Comencemos
por examinar el contexto de riesgo en que trabajan los defensores de derechos
humanos y su valoración de las condiciones en que trabajan estos defensores.
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“Tenemos muchos compañeros asesinados por defender el agua
y el bosque” |
— La represión hacia
defensores y defensoras de derechos humanos no es a partir del golpe de Estado
de 2009, sino que anteriormente se han venido sufriendo violaciones
sistemáticas a los derechos humanos, en el caso de los pueblos indígenas, tanto
individuales como colectivos, y eso a partir del sostenimiento de una
resistencia persistente en contra del proyecto de coloniaje. El proyecto transnacionalización cada
vez es más agresivo contra los pueblos indígenas, negros y contra quienes
luchamos para defender esos derechos territoriales, culturales, espirituales y,
bueno, derechos económicos y políticos. Esto, sabemos que no se va a detener
mientras nosotros no cambiamos toda la situación profunda de injusticia, los
poderes oligárquicos saben eso, por eso es difícil separar el contexto. Vemos
que se violan los derechos humanos de manera particular con toda esta lucha de
moral que se libra por la defensa de la vida, por los bienes de la naturaleza
como el agua, los bosques, los territorios, la cultura, en contra de la
explotación minera, en contra de la privatización. Es allí donde la gente, tal
vez no por elección sino por necesidad, tiene que optar a desarrollar un
trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos que está también
vinculado a su lucha política y social. Entonces son luchadores y luchadores
también.
Yo creo que el nivel de
vulnerabilidad es grandísimo, cada vez más, a partir, también, de que el
proyecto de nación se acompaña del proyecto de militarización y represión y, es
por lo que nosotros no podemos de dejar de vincular todo un proyecto de
dominación económica con el proyecto hegemónico que se impone en el continente.
En cuanto a la militarización como, por ejemplo, la Cuarta Flota estadounidense
que pasa por los mares de este continente, el proyecto de Plan Mérida, el Plan
Colombia, el Plan para la seguridad de Centroamérica, con la justificación del
narcotráfico y la lucha antiterrorista. Nosotros
sabemos que en el fondo esa ocupación militar, por ejemplo, la que impone
Estados Unidos en Honduras, es, precisamente, saquear los bienes de la
naturaleza, todo el recurso hídrico, el minero. Hoy las transnacionales están
fuertemente presionando para entrar de manera impune, aún más de lo que han
estado por casi 500 años. Es un proyecto de colonización que no ha
terminado y vemos que si comenzamos siendo un enclave minero se va a fortalecer
el enclave minero, incluso no solo por la explotación de oro y plata, de lo que
conocemos más públicamente, sino por petróleo, que es algo que en Honduras no
se ha escuchado. Hay estudios de explotación petrolera, incluso de lo que
llaman tierras raras, componentes químicos que están en la naturaleza, y las
grandes transnacionales andan encima, así como del oro y del petróleo. Esto de
las tierras raras lo usan para la última tecnología, para el gran comercio
mundial y, principalmente, para los eólicos, porque no pueden funcionar una
gran mayoría sin estas tierras raras.
Honduras, está siendo proyecto
piloto de estos megaproyectos como son, también, las Regiones Especiales de
Desarrollo o “ciudades modelo”. También estamos siendo objeto de la imposición
del mercado de servicios ambientales que promueven las transnacionales a través
de proyectos conocidos como “REDD” (reducción de emisiones de la deforestación y la degradación).
El pueblo Lenca y el pueblo Misquito, están como objetivo de estos
megaproyectos, que significa la privatización de los bosques y la pérdida de
autonomía y desplazamiento. Esto impacta en la vida de los pueblos y es una
violación de los derechos humanos colectiva, de todos los pueblos. Estamos en
un límite de seguir existiendo o no.
El nivel de impunidad es
increíble por parte de los sectores poderosos. En el caso del COPINH (Consejo
Cívico Popular Indígena de Honduras), nosotros tenemos muchos compañeros
asesinados por defender el agua y el bosque, y siguen casos de hostigamiento
psicológico y amenazas por parte de los empresarios que han sido beneficiados
por decretos legislativos que privatizan los ríos de las comunidades. En
Intibucá, Lempira y la Paz, se han privatizado todos los ríos y nosotros vemos
que los que se benefician son los mismos que se beneficiaron con la energía
térmica, con el golpe de Estado, y los Tratados de Libre Comercio. Han
amenazado compañeras y compañeros, amenazas de muerte, han detenido a muchos.
Han amenazado a los jóvenes que operan las radios, que igualmente sufren de
hostigamiento. Incluso casos de asesinato como el compañero Santos Rodríguez Domínguez, el
primero de mayo. Hasta los ataques a nuestras páginas web, intentos de sabotaje
a los vehículos en que nos transportan. También atentados criminales, disparos
cuando el vehículo del COPINH va en marcha, desalojos violentos como en Las
Cuchillas. Tenemos alrededor de 15 compañeros amenazados por los proyectos
hidroeléctricos. Y, bueno, dos de nosotros del equipo a tiempo completo del
COPINH hemos sido beneficiados por medidas cautelares con la Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos CIDH, y eso no le importa al Estado de
Honduras. Por ejemplo, yo fui detenida y golpeada por oficiales de la Policía. Digo esto, como un ejemplo de hasta
donde llega el nivel de impunidad, pese a las múltiples denuncias en el
Gobierno. El año pasado con la movilización hicimos acuerdos, entre el COPINH y
el Gobierno. De lo que podría decir, hay un montón de situaciones pero,
básicamente, toda la amenaza. Nosotros consideramos que somos defensores de los
derechos humanos, pues eso es lo que hacemos, y queremos vincular un proceso
emancipatorio, por eso es que estamos en riesgo, pues hemos tocado intereses
fuertes. Aquí hay hidroeléctricas que se lamentan no estar ganando 2500
millones de lempiras de primera entrada.
— Usted
no desvincula el contexto de medidas económicas que, de una u otra manera,
propician la entrada de capitales a sus territorios y, consecuentemente, eso
genera condiciones de vulnerabilidad para las poblaciones y los derechos
humanos, pero también, para los defensores de los derechos humanos de los
pueblos indígenas. Es decir, ¿este contexto de medidas económicas constituiría
uno de los factores que más amenaza y pone en riesgo los derechos de las
poblaciones y también de los defensores?
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“Hay un vínculo estrechísimo entre el avance del capitalismo y
la represión de los movimientos sociales”
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— Así es,
no lo desvinculamos. Más bien, siempre como COPINH lo manifestamos en el Segundo
Encuentro Hemisférico contra la Desmilitarización, en La Esperanza, durante el
año 2008. Entiendo la militarización en su concepto más amplio que, si bien es
cierto, sobre todo a partir del golpe de Estado, ha crecido, no solo con el
fortalecimiento de la policía y el ejercito para reprimir, sino que también ha
crecido la ocupación militar de los Estados Unidos. No solo con la base de
Palmerola, sino que también con cuatro bases más, tres en la Mosquitia y una en
Islas de la Bahía. También ha crecido el financiamiento, los Estados Unidos han
aprobado un financiamiento de más de mil millones de dólares, no sólo para el
ejército de Honduras, sino que para el ejército de Estados Unidos y sus
plataformas marítimas en nuestro país. Nosotros hemos venido denunciando esto:
hay un vínculo estrechísimo, que no se puede diferenciar, entre el avance de un
modelo económico capitalista y de un proyecto de militarización, represión y
criminalización de los movimientos sociales. Es mayor la impunidad con la que
operan estos grupos de poder económico-político-militar y por eso nos sentimos
cada vez más en indefensión.
— ¿Usted,
en los últimos años, ha visto cambios significativos de la defensa que
realizan en el presente, respecto a épocas pasadas? Porque, recuerdo que a
partir de los años noventa hubo una reactivación de la causa indígena, no
solamente en Honduras sino en todo el continente. ¿Hay diferencia en el
contexto actual con las luchas anteriores que han tenido los movimientos
indígenas en el país?
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“Con nuestra lucha logramos cosas, pero se violenta aún más
nuestros derechos”
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— Por un
lado, en Centroamérica después de la dispersión que se da producto del fin de
los conflictos armados y la firma de los Acuerdos de Paz, favorece el
resurgimiento de nuevos movimientos sociales y particularmente indígenas. Digo
resurgen porque siempre estuvimos ahí. También se da en el contexto de la
campaña de conmemoración de los 500 años de resistencia indígena y negra,
mestiza y popular que también abona a fortalecer ese resurgimiento. El
otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a una mujer indígena, Rigoberta Menchú, y
posteriormente en el año 1994 el surgimiento del Ejercito Zapatista de
Liberación Nacional, son cosas que están en la coyuntura cuando resurge con más
fuerza el movimiento indígena y negro de Honduras. Y ahí es donde COPINH y
otras organizaciones hacemos una articulación y desarrollamos las primeras
acciones en 1993 y después con las grandes movilizaciones en el noventa y
cuatro. Entonces, cuando nosotros elevamos nuestro nivel de lucha y de
capacidad para echar atrás megaproyectos como el de la represa hidroeléctrica
El Tigre, un proyecto enorme, binacional; además de frenar más de 30 industrias
explotadoras de madera de esta zona de occidente, que impactaron al pueblo,
surge la reacción agresiva de los grandes poderes internacionales contra el
COPINH.
Primero, queremos que esta
sociedad hondureña recuerde que los indígenas no estamos para ser piezas de
exhibición, o que nos encontramos solamente en Copán, sino que estamos
apostando al desarrollo y poseemos inteligencia y propuestas visionarias. Ésta
no es una lucha superficial en pro del folklorismo, sino que
exigimos cosas profundas, por ejemplo, el respeto a la territorialidad, de la
cultura, a la espiritualidad, y desafiamos la autoridad de la Iglesia quesataniza las costumbres espirituales del pueblo
Lenca y los demás pueblos indígenas. Logramos,
incluso, que en la institucionalidad del país se reconociera eso. Con esas
peregrinaciones se instituyó la Fiscalía Especial de Etnia y Patrimonio
Cultural, que no existía. En el Ministerio de Salud se abrió un Departamento
especial de atención para los pueblos indígenas, en el Ministerio de Educación
se abrió también un departamento especial intercultural y bilingüe para los
pueblos negros e indígenas. Así como en el Instituto Nacional Agrario se abrió
un departamento de atención para todos estos pueblos. Entonces, logramos, por
supuesto, la ratificación del convenio 169 en 1994, después de que tomamos once
días y once noches el Congreso Nacional. Logramos, durante el Gobierno del
presidente Carlos
Roberto Reina, hacer cosas que no son regalos sino algo que nos ha costado
mucho sacrificio. Y ahora vemos que ese nivel de institucionalidad que
logramos, está, a casi veinte años, muy marginado. Se ha politizado todo en
estas instituciones, en el caso de la Fiscalía Especial de Etnia hay un
abandono del mismo Ministerio Publico, es la Fiscalía más marginada en términos
de financiamiento, la que recibe menos, no cuenta con logística propia ni
Fiscales especializados en temas indígenas, sino que cualquier Fiscal que tuvo
amonestaciones en otra Fiscalía es enviada a la nuestra. Y a esa Fiscalía le
toca atender los casos de los nueve pueblos indígenas y negros del país.
Entonces, ahí vemos que el racismo se ha institucionalizado, y no es cosa
nueva.
Nosotros hemos visto que con
nuestra lucha logramos cosas, pero se violenta aún más nuestros derechos pues
el capitalismo ha sido más feroz. Si antes llegaban a las grandes ciudades,
ahora están llegando los empresarios a las comunidades por el tema de los
recursos. Están encima de eso porque, por ejemplo, en Intibucá, hicieron
estudios de prospección petrolera y eso era una amenaza que no teníamos antes.
Se están amenazando los municipios de Jesús de Otoro y de San Miguelito. En
Intibucá no hay un río que se haya salvado de la concesión de esos vendepatria
del Congreso. Ahora tenemos que lidiar con una situación de más tensión y
conflictividad. Aquí se está pensando poner dos grandes proyectos eólicos de
500 torres, casi el triple de lo que está en Santa Ana, esa es otra situación
que antes no conocíamos. Otra, son estos proyectos REDD, tanto que impulsa el
Banco Mundial como las Naciones Unidas, uno se llama UNREDD y la otra REDDPlus,
están propiciando la privatización de zonas boscosas y prácticamente la
mercantilización de la naturaleza: poniéndole precio a la capacidad de
absorción de bióxido de carbono que tienen los bosques. Ha crecido más bien esa
agresión colonialista contra los pueblos indígenas.
— A
sabiendas de este contexto de alto riesgo que enfrentan, ustedes siguen
realizando su trabajo, ¿cómo lo hacen para seguir adelante con su trabajo en la
defensa de los derechos indígenas?
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“Han llegado al extremo de enviar amenaza a los hijos e hijas
de dirigentes del COPINH”
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— Nosotros
hemos tenido muchísimos compañeros asesinados desde el inicio de la lucha del
COPINH, y al medio de lidiar con nuestros propios procesos de propuestas de
vida, la propuesta refundacional, el COPINH la planteó antes del golpe de
Estado. Convocamos al primer encuentro para la refundación aquí, no es algo
nuevo, ya lo hemos venido luchando. Desde nuestros conceptos de la
participación plena de la diversidad, pero no solo una diversidad acéfala, sino
bajo un objetivo fuerte que es la refundación, en busca de un proceso de
liberación y soberanía política de la nación, y soberanía del cuerpo de las
personas, de la mujer. Es decir, un planteamiento anticapitalista, antirracista
y antipatriarcal. Sin embargo, hemos logrado continuar por nuestros principios patriótico-revolucionarios,
y con el acompañamiento internacional, con la observación de los derechos
humanos en nuestras comunidades.
Hemos desarrollado
capacitaciones de defensa comunitaria, con mucho énfasis en la construcción de
redes comunitarias; hemos fortalecido mucho las denuncias en nuestras tres
radios comunitarias que se han vuelto una herramienta importantísima en la
defensa de la vida. El trabajo comunicacional del COPINH es fundamental para
defender, pues hemos comprobado que muchas veces, la denuncia publica es mas
efectiva que las denuncias formales, que también las hacemos, en instancias
legales mayores. El problema es que hay muchos Fiscales que están ligados a los
poderes represores y sus intereses. Aun así, acudimos siempre a la Fiscalía de
Derechos Indígenas, en instituciones de los derechos humanos como el Cofadeh, y
otras organizaciones hermanas que tienen abogados que nos dan acompañamiento e
información en procesos de litigio, como el Movimiento Amplio por la Dignidad y
la Justicia. Y por supuesto hacemos trabajo de articulación con otras
organizaciones. Eso nos ayuda a cuidarnos, realmente hemos tenido que tomar
medida que nunca creímos necesitar.
Nosotros vivimos aquí muy duro
la época de los 80, de la guerra fría, porque somos frontera con El Salvador.
Los gringos tenían dos bases militares y había más de veinte mil refugiados
salvadoreños. Después del golpe de Estado, hemos tenido que tomar muchas
medidas de seguridad, pero sabemos que somos muy vulnerables, en nuestras
casas y en cualquier casa. Ellos han llegado al extremo de enviar amenaza a los
hijos e hijas de dirigentes del COPINH, ahí también hemos tenido que tomar
medidas con nuestras propias familias. No se puede confiar ni en la policía,
además de la utilización del sicariato y los paramilitares, cosas que nunca se
había dado en muchas comunidades indígenas.
— ¿Cómo
ha sido la respuesta de las instituciones del Estado de proteger los derechos
de los defensores?
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“El racismo contra la población lenca se expresa en las instituciones
del Estado”
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— Aquí,
en estas regiones, hemos llegado a tener respuesta de la Fiscalía Especial de
Etnia, pero de allí, lo demás, está ausente. No contamos con nada, más bien ni
siquiera podemos acudir, cuando hay violaciones sexuales de niñas indígenas, a
la policía o médicos forenses pues luego vuelven a ser agredidas. Es terrible
el desprecio y el racismo contra la población lenca, y eso se expresa
claramente en las instituciones del Estado. Habrá personas que a nivel personal
intentan hacer algo, pero como cuerpo institucional no hay una respuesta.
— ¿O sea que la institucionalidad que habían
conquistado en los años noventa en la práctica no funcionó ni existe en la
zona?
— Salvo
algunos esfuerzos que realiza la Fiscalía de Etnia, no hay nada. Porque ellos
sí han ido a varios lugares en casos de denuncias graves, pero de allí, nada.
El problema es que está el convenio 169 pero es violentado, y las
instituciones politizadas llenas de personas ineptas que no entienden las
realidades indígenas, sus cosmovisiones, ni nada. Entonces, nosotros sentimos
que allí hay un vacio terrible, emparejado con el racismo terrible de los
medios de comunicación.
— Usted
dijo que tiene medidas cautelares, ¿las tiene usted pero no el COPINH a nivel
de organización?
— Nosotros
hemos solicitado medidas cautelares para el COPINH y para las radios, pero no
hemos tenido la respuesta. Lo hicimos a nivel del Cofadeh. Además tenemos
limitaciones, por ejemplo en el COPINH no contamos con un profesional del
Derecho, sólo así con acompañamientos solidarios de otros compañeros, y es bien
difícil encontrar un profesional del derecho que entienda estas luchas
indígenas y la aplicación de justicia desde el derecho consuetudinario. No
conocen el convenio 169 siquiera.
— Hay un
marco jurídico de garantía a los derechos de los indígenas, pero su
funcionamiento no es efectivo, y luego quienes son los encargados de
administrar estas normas no tienen los conocimientos del derecho indígena.
¿Puede ampliar sobre esta situación?
Y tampoco tienen la voluntad
política, ni el deseo de cumplir funciones a las que están obligadas. Siempre
hay una discriminación. Por ejemplo cuando vamos al Juzgado, dicen “ahí vienen
esoscopinhes revoltosos y guerrilleros”.
Incluso, en casos como el asesinato del compañero Rodríguez Domínguez, probando
nosotros con testigos y todas las pruebas científicas y técnicas, la juez
primera de letras de aquí de Intibucá, lo que hizo fue dictarle medidas
sustitutivas al policía que mató al compañero. Entonces, hay una gran
discriminación de parte de los operadores de justicia y de autoridades mayores.
— En
estas instituciones del Estado, dentro del personal que trabaja, ¿hay indígenas
empleados?
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“No entienden que el pueblo Lenca ha sido rebelde ante la
colonización y la opresión”
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En los puestos clave, como
funcionarios, jueces o directores de policía, por supuesto que no. Todos son
ladinos o incluso personas que vienen de otro lado. Y el problema es que si hay
alguien que sea indígena, no necesariamente tiene la conciencia ni la
autodeterminación de su identidad. Pero no hay ningún compañero o compañera
indígena. Por ejemplo, los oficiales de la policía de la Esperanza, no son de
aquí, los traen de otro lado, sin conocer la zona ni las costumbres. Nosotros
tuvimos acceso a una entrevista que hizo un dizque historiador y antropólogo de
las Fuerzas Armadas, diciendo que los Lencas llevamos en el ADN el instinto de
ser militar. Eso es una cosa que, además de estúpida, refleja el nivel de
pensamiento sobre nosotros. Por eso dicen que somos buenos para el ejército y
hay que reclutarnos. Ellos no entienden que el pueblo Lenca ha sido rebelde
ante la colonización y la opresión, que ha sido un pueblo de grandes guerreros
pero no militaristas. A los policías que son de aquí, y que tienen familiares
con el COPINH, cuando hay que reprimir no los mandan, y en ocasiones ellos
mismos se han negado y por eso reciben sanciones. Ahora por eso traen policías
de otros lados, del Aguan, para que según ellos, “vengan a descansar aquí”.
— ¿Desde su
punto de vista cuáles considera que serían los grandes desafíos institucionales
para enfrentar la efectiva garantía de los derechos indígenas y la protección
de los defensores de estos derechos?
Todo eso, en primera instancia,
pasa por refundar este país. Yo pienso que es imposible lograr un Estado de
derecho y respeto a los derechos humanos si no pasa por un proceso de
transformación profunda. Porque no es solo un problema institucional o de
leyes, es un problema de causas estructurales, económicas, políticas y
culturales. Y debe pasar un proceso de construcción de otros conceptos donde la
legitimidad de la causa indígena prevalezca sobre una legalidad que está hecha
para servir a los intereses de grandes capitales. Nosotros pensamos que si eso
se logra, es un paso fundamental.
Es importante la
despolitización, porque eso es grave aquí. También que haya un profundo proceso
de formación de los operadores de justicia respecto a los derechos humanos e
indígenas. No que vayan a salir como Ramón
Custodio López (anterior
Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras) que dijo que el convenio 169
“era un privilegio para estos sectores”, cuando al contrario, es un
reconocimiento por vivir 500 años de marginación, coloniaje y saqueo. Otra
situación es que no puede haber funcionarios públicos si no tienen ética
política, entiendo esto no como intereses partidarios, sino ejerciendo sus
funciones a favor de derechos humanos sin frontera, sin politizar. Que además
se fortalezca nuestra Fiscalía Especial de Etnia, que maneje denuncias contra Miguel Facusse, Fredy Nassar, Rosenthal Oliva y los máximos opresores de los intereses
del Estado.
— ¿Y ahí
habría un reto especial en las regiones indígenas, es decir que los operadores
de justicia y el sistema institucional, las personas responsables además de
tener un conocimiento sobre derechos humanos conozca los derechos indígenas,
para tener un trato más coherente respecto al trato de los derechos humanos en
general?
— Por eso
nosotros decimos que eso debe pasar por un proceso refundacional, pues debe
desmontarse el racismo, pero a nivel de declaración, pues no creemos que la
refundación se hace solo teniendo una buena constitución, sino en la práctica,
desmontando la opresión cultural. En el año 1994 planteamos que todos los
jueces y la Corte Suprema debían capacitarse y conocer el convenio 169, pero
casi a 18 años de eso, haga una valoración de cuántos jueces conocen este
convenio, es una minoría. Claro que debe haber un conocimiento con pertinencia
en derechos indígenas, pero también debe haber la creación de instituciones y
financiamientos para echar andar el desarrollo de los pueblos indígenas.
— En esta
parte, hay un largo camino que recorrer, pero en ese tránsito que ustedes
continúan con su lucha, siguen en un contexto de riesgo y peligro. ¿Qué
mecanismos apropiados deben aplicarse para garantizar la efectiva protección de
los defensores de los derechos indígenas?
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“Mientras exista la opresión del ejército, sigue latente el
riesgo de violación de los derechos humanos”
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— Primero,
la planificación y el desarrollo profundo y permanente de procesos de formación
de derechos humanos. Otro es que, mientras exista la opresión del ejército como
la tenemos hoy, sigue latente el riesgo de violación de los derechos humanos,
entonces debe desaparecer la policía y el ejército. Lo otro es que, operadores
de justicia e investigadores como la Dirección de Investigación Criminal DIC,
que en su gran mayoría sus miembros salieron de escuadrones de la muerte
entrenados para torturar y violar estos derechos, tengan una depuración y
cambio profundo. Lo otro es el tema comunicacional, empoderar a la población y
a los defensores todo lo que compete a los derechos humanos a través de estos
medios con campañas y difusión sobre esto. De ahí, instituciones como el
Ministerio de Justicia tiene una labor monumental encima. Y también la relación
del avance de un modelo político-económico injusto. Es necesario tener en la
lectura de estos contexto, políticas encaminadas a impedir la ascensión e
impunidad de esos poderes políticos transnacionales. Es realmente un proceso no
de maquillaje, sino tocar las causas estructurales y fundar garantías que
cambie la realidad de que el 80% de la población viva en miseria total y 25
familias mandando.
— ¿Qué
experiencias de trabajo exitoso podríamos tomar como referencia ante contextos
de riesgo y peligrosidad, que podrían servir como base para la protección de
los defensores de los derechos humanos?
— A
nosotros, la denuncia pública nos ha funcionado de manera inmediata. Y también
tuvimos muchas experiencias con las cortes populares de mujeres, donde no solo
desnudamos al opresor directo sino a los operadores de justicia cómplices de
esa impunidad, a través de procesos pedagógicos con nuestras radios
comunitarias. La capacitación en defensoría comunitaria y enseñarle a la gente
a prevenir, con redes comunitarias, colectivizar el trabajo de la defensoría de
los derechos humanos. La lucha contra la militarización que hacemos a diario,
auditando la actividad de la policía, el ejercito y los operadores de justicia
y hacerlo publico. Y además la presencia internacional nos ha ayudado
muchísimo.
Aprobar como Real
Decreto-Ley, el articulado recogido en el documento de medidas urgentes para el
autoconsumo, en los primeros cien días de Gobierno.