El RD de autoconsumo electrico es una irresponsabilidad política, económica y medioambiental

El mandato del Señor Jose Manuel Soria al frente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá ser recordado por muchos desatinos, la reforma de la Ley de Hidrocarburos con su consiguiente luz verde al Fracking o a las prospecciones en Canarias, su reforma del sector eléctrico, dejando en manos de las grandes eléctricas la tarifación y el control absoluto del mercado, del que se deriva el Real Decreto de Autoconsumo que será aprobado este Septiembre. 

Pero para Izquierda Unida, si por algo se puede definir la legislatura del Señor Soria, es por la irresponsabilidad,  irresponsabilidad por no dar solución a un modelo energético que prima las energías sucias, donde el coste de la energía aboca a muchas familias a una situación de “Pobreza Energética” o donde la dependencia energética es insostenible. Lejos de dar soluciones, al finalizar esta legislatura, El Señor Ministro deja estos problemas en una situación peor de cómo se encontró.

A pesar de la oposición generalizada, tanto desde el global de la sociedad como desde los foros de técnicos y de expertos, el Ministerio de Industria y Energía no está dispuesto a echar el freno al mal llamado Real Decreto de Autoconsumo y que dará la puntilla al autoconsumo energético, justo cuando está comenzando a desarrollarse con fuerza en otros países europeos.

Este Real decreto tiene como principal objetivo reducir las pérdidas económicas que el autoconsumo produce a las grandes energéticas, como ellas mismas confirman en el informe de la consultora Black & Veatch, el 80% consideran una amenaza la energía solar. Para ello el Ministerio de Industria crea en este Real decreto el llamado “Impuesto al Sol” o “Peaje de Respaldo” de 49 €/Mwh (cerca de cinco céntimos de € por KW.h.de energía producida), peaje que penaliza y desincentiva  las instalaciones de autoconsumo.  Algo así como tener que pagar al supermercado por los tomates dejados de consumir al tener un huerto propio.

A su vez, el ministerio cierra la puerta al “balance neto”. Es decir, que se pueda verter a la red el excedente energético y luego recuperarlo en las horas sin sol. Y cierra la puerta a la tramitación simplificada de instalaciones sin vertido a la red. A partir de ahora, la tramitación será compleja y cara para cualquier instalación de autoconsumo. Pero además fija multas tan desorbitadas que cualquier vivienda que sea pillada sin tener en regla su instalación puede llegar a pagar sanciones de escándalo.

Para intentar paliar este desatino, el gobierno se hace trampas a sí mismo, anunciando una bajada de peajes, en especial los pagos por capacidad, pero que es ridícula comparada con lo que está subiendo el "mercado". Por eso, solo podemos afirmar que este Real Decreto es una irresponsabilidad Política, pues no da soluciones a los problemas de nuestro Estado; Económica, pues seguirá aumentando el precio de la Energía irremediablemente y Medioambiental pues seguiremos dependiendo de los combustibles fósiles y enterrando el horizonte 100% renovable que necesitamos.

Para Izquierda Unida el autoconsumo eléctrico es fundamental en un futuro modelo energético, pues se refiere a la generación de electricidad para consumo local, modelo que debe avanzar por la generación descentralizada, renovable, de consumo local y a baja escala de potencia, reduciendo así ostensiblemente las pérdidas por transporte, la emisión de gases de efecto invernadero y la dependencia de las grandes energéticas.

El ocultado ataque a las pensiones

Con cierta periodicidad previsible, la banca y las compañías de seguros y pensiones privadas se movilizan para promover la cercana inviabilidad de las pensiones públicas, aconsejando a la población que sea rápida en adquirir un aseguramiento privado que le garantice una pensión cuando se jubile, porque la pensión pública no le será suficiente. La última campaña es la iniciada por el gobernador del Banco de España, el Sr. Luis María Linde, que explícitamente y sin rubor o reparo ha dicho que el ciudadano español debería compensar su pensión pública con una privada, debido a que “el sistema público llevará inexorablemente a la reducción de las pensiones en el futuro”. Y toda una lista de supuestos “expertos”, incluidos catedráticos de economía próximos a la banca y/o miembros del gobierno del Banco de España, añadirán su servil y dócil voz a este mensaje. Y economistas de sensibilidad neoliberal, del partido liberal catalán gobernante en la Generalitat de Catalunya, han también enfatizado este mensaje a través de los medios públicos de la Generalitat (TV3 y Catalunya Ràdio) mediante sus programas económicos y tertulias. Un tanto semejante ha ocurrido con economistas del Partido Popular (PP), que lo han hecho a través de los medios públicos controlados por el gobierno del este partido, como es el caso de TVE.

Y todos ellos, como prueba de la insolvencia del sistema público de pensiones, han señalado la rápida desaparición del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que se estableció en el año 2000 precisamente para poder cubrir los déficits creados en la caja en su pago de las pensiones. El gobierno Rajoy ha ido gastando este fondo, reduciendo su global nada menos que un 38%, atribuyendo la necesidad de recurrir a estas reservas al crecimiento de la población anciana y al aumento de la esperanza de vida.

Esta argumentación, sin embargo, es falsa, pues la creciente demanda hacia el fondo de reserva se debe primordialmente a la situación desastrosa del mercado laboral, que, al aumentar el paro y la precariedad, y al descender los salarios (como está aconsejando el Sr. Luis María Linde), implica unas cotizaciones mucho más bajas y un número de cotizantes mucho menor, con el consiguiente descenso de los ingresos al sistema público de pensiones. En realidad, las políticas de austeridad (vivamente promocionadas por la banca y otras secciones del capital financiero, así como por los partidos liberales, socioliberales y conservadores) han sido una de las mayores causas del deterioro de la financiación de las pensiones públicas, debido al impacto negativo que han tenido en el crecimiento económico y al deterioro tan acentuado de los salarios y en el número de asalariados, causas todas ellas de los menores ingresos a la Seguridad Social.

Las bajas pensiones públicas en España

Aquellas voces neoliberales constantemente acentúan que las pensiones españolas son excesivas en su generosidad y en su cobertura. Y como prueba de todo ello, señalan que la tasa de remplazo es de las más elevadas en la Unión Europea (el 94% del último salario obtenido), sin citar, sin embargo, que los salarios son mucho más bajos en España, con lo cual, los ingresos netos de los pensionistas son mucho menores.

Y estos ingresos han ido descendiendo como resultado de una serie de cambios que apenas han tenido visibilidad mediática. Uno de ellos es el hecho de desligar el crecimiento de las pensiones del crecimiento de la inflación, cambio casi único en los países de la UE. Así, se predice que los precios en 2015 subirán un 1,3%, y puesto que el crecimiento de las pensiones será solo de un 0,25%, ello significa que el pensionista verá reducida la capacidad adquisitiva de su pensión en un 1,05% (1,3 – 0,25), reduciéndose todavía más las pensiones. En España, un 55% de las pensiones se sitúan por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI).

Y para reducirlas todavía más, la edad de jubilación a partir del 1 de enero de 2014 se irá atrasando para pasar de 65 a 67 años en 2027, aumentando también el tiempo necesario para poder adquirir toda la pensión (pasando de 35 a 37 años). Y, por si fuera poco, el número de años que se utilizan para calcular la pensión habrá pasado de 15 a 25 años en 2022.

Todas estas medidas han supuesto una enorme reducción de los beneficios de las pensiones públicas, forzadas todas ellas a disminuir su valor para que la población vaya corriendo a complementar su pensión pública con una privada proveída por la banca. Todo ello ha ido ocurriendo en un contexto en el que las rentas del trabajo como porcentaje de las rentas totales han ido disminuyendo, mientras que las rentas del capital (y muy en especial del capital financiero) han ido aumentando. Si ello no hubiera ocurrido, y las rentas del trabajo hubieran sido las que hubieran ido aumentando, en lugar de continuar descendiendo, las pensiones (cuyos fondos provienen de dichas rentas del trabajo) no tendrían ningún (repito, ningún) problema de viabilidad. En realidad, el enorme crecimiento de las desigualdades (con un crecimiento de las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo, y con un crecimiento de las rentas superiores – cuyas cotizaciones a la Seguridad Social son proporcionalmente menores – a costa de las rentas medianas y bajas – que cotizan más a la Seguridad Social) es la mayor causa de que la sostenibilidad de las pensiones públicas haya disminuido. Y de ello, señor lector, usted no ha oído ni pío en los mayores medios de información.

 Por Vicenç Navarro

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y ex Catedrático de Economía. Universidad de Barcelona.

EL MDM EXIGE UNA SOCIEDAD LIBRE DE VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES

En este tórrido verano asistimos horrorizadas a una espiral de barbarie con el asesinato brutal de mujeres y niños/as.  Y ya van 60 en 2015. En julio fueron asesinadas por hombres en España 16 mujeres y, solo en el mes de agosto, la cifra se eleva ya a 4 mujeres. A estas estadísticas insoportables, hemos de añadir cuatro feminicidios infantiles.

Todas estas mujeres, todos/as estos/as menores no han de contemplarse como  fríos números de personas asesinadas por violencia de género, sino que debemos exigir la profundización en las causas de esta homicida lacra estructural hacia las mujeres y hacia sus hijas e hijos, para abolir de raíz esta violencia patriarcal extrema.

Desde el Movimiento Democrático de Mujeres queremos alzar la voz para exigir una sociedad libre de violencias hacia las mujeres porque la violencia es intrínseca a esta sociedad que ahonda en la desigualdad. Las mujeres del MDM consideramos que VIOLENCIA es recortar en servicios públicos; es expulsar a las mujeres del mercado laboral arrastrándolas a la temporalidad y la precariedad; es recortar en salud reproductiva; es reducir el número de casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género; es la educación segregadora por sexos, que no atiende a la coeducación y a la educación en igualdad; es aumentar las tasas judiciales; es el lenguaje sexista; es la publicidad denigrante de la mujer; es el asesinato violento.

El Movimiento Democrático de Mujeres no cejará en la denuncia del incesante aumento de los feminicidios y en la intención de su ocultamiento mediante la normalización, a lo cual contribuyen los medios de comunicación de masas.

El Movimiento Democrático de Mujeres, como frente feminista plural y de unidad de acción, hace un llamamiento para buscar la unidad y la suma de voces en las calles en defensa de la vida de las mujeres y de sus hijas e hijos. El MDM ha participado y va a ser parte de las “Marchas por la Dignidad” y de la “Manifestación del 7N” porque la visibilización de las violencias hacia las mujeres y las niñas y niños tiene que estar en un primer lugar en las movilizaciones sociales y en los programas políticos. Necesitamos gobernantes que aprueben una nueva Ley de Igualdad, que aboguen por  la erradicación total de los asesinatos de mujeres y niños/as y que pongan todos los recursos públicos en materia de Sanidad, Educación, Servicios Sociales, Justicia para atender todas las necesidades de las mujeres. La violencia terrorista hacia las mujeres es una emergencia social que no puede esperar más. En definitiva, necesitamos de la unidad popular junto a movimientos sociales, sindicales y organizaciones políticas para construir una sociedad despojada de todo rastro de violencia, donde las mujeres sean libres.

 

Habrá peces en el Ártico 

Es obvio que las aguas internacionales del Ártico necesitan protección. Y hace unos días, por primera vez, los estados ribereños del Ártico han reconocido que este océano es especial. En Oslo, representantes de Rusia, Noruega, Canadá, Groenlandia y Estados Unidos han firmado un acuerdo internacional sobre la pesca en el Ártico que impide temporalmente la pesca industrial, al menos mientras se recopilen datos del estado de conservación de las poblaciones de peces que moran en estas aguas. El acuerdo también es muy importante de cara a la confirmación durante los próximos meses del área marina protegida que cubriría un 10% del Santuario en el marco de OSPAR.

Con el deshielo, jugosos nuevos caladeros de pesca aparecen en las aguas internacionales del Ártico. Las grandes flotas de pesca industrial buscan extraer sus recursos y el deshielo lo ven como una oportunidad para pescar más al norte. Pero 7 millones de personas coincidimos en que de ninguna manera se debe explotar, destruir y comercializar con un entorno que durante miles de años ha estado aislado del ser humano por la presencia de hielo.

Este acuerdo es solo una pausa, al menos hasta que se realicen más investigaciones científicas. Es un alivio temporal, pero estos países no han dicho nada sobre otras amenazas como la extracción de petróleo. Pero es un pequeño paso en la dirección correcta. Destacamos que el acuerdo cubre todas las aguas internacionales alrededor del Polo Norte, precisamente la misma área que 7 millones de personas apoyan y también el 10% de las aguas que OSPAR puede proteger.

Muchas personas también dicen que la creación de un Santuario es imposible. Que los países no pueden trabajar juntos para proteger algo para la humanidad. Pero hoy somos testigos de un atisbo de algo diferente, una señal de que es posible un futuro alternativo para el Ártico. Estos países tienen el poder de destruir el Ártico o de protegerlo.

Hoy, durante unos minutos, cierra los ojos y piensa que un santuario en el Ártico es posible, y que podría estar más cerca de lo que cualquiera de nosotros pensamos.

GREENPEACE

IU pide a la Comisión Europea que paralice la autorización de la construcción del ATC en Villar de Cañas

La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha pedido a la Comisión Europea que paralice la autorización de la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) porque el proyecto incumple varias directivas europeas, “no cuenta con los estudios de viabilidad” necesarios sobre seguridad nuclear y además “es motivo de una alta contestación social”.

“Es un proyecto plagado de irregularidades. Ni siquiera se han presentado los estudios necesarios sobre la adecuación del terreno. Es un proyecto en el que los criterios políticos y económicos están por encima de los criterios técnicos", ha dicho Albiol.

La eurodiputada de IU ya solicitó el pasado mes de marzo información obre la construcción del ATC al comisario de Energía de la UE, el exministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. Entonces Cañete aseguró a IU que los servicios de la Comisión estaban “realizando una evaluación” del proyecto así como “la incorporación al Derecho español de la Directiva 2011/70/Euratom del Consejo”.

Albiol sostiene que precisamente esta es una de las normas europeas que se están incumpliendo: “Pensamos que hay elementos suficientes para que la Comisión Europea solicite la paralización de las obras hasta que las autoridades competentes presenten los estudios de viabilidad que aseguren que las obras y el proyecto cumplen con dicha Directiva 2011/70/Euratom, la directiva de seguridad”.

Además, ha explicado, la Comisión debería tener en cuenta otras dos cuestiones. “Por un lado se trata de un proyecto con una alta contestación social, como lo demuestran las más de 2.600 alegaciones presentadas a un Estudio de Impacto Medioambiental para cuya elaboración se han podido incumplir varios criterios establecidos en la Directiva 2011/92/UE”, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos sobre el medio ambiente.

Por otro, la portavoz de IU en Bruselas ha recordado que el hecho de que la Junta de Castilla-La Mancha haya aprobado recientemente la ampliación de un espacio protegido cercano convierte los terrenos en los que está proyectado el ATC en Zona de especial protección para las aves, por lo que “la nueva situación hace que el Estado español también pueda acabar incumpliendo la Directiva 2009/147 sobre la conservación de aves”.

Albiol presentará una nueva pregunta parlamentaria a Cañete a principios de agosto con todos estos datos pidiendo la paralización del proyecto y solicitando los informes que haya elaborado la Comisión al respecto, después de haber pedido la información pertinente al Gobierno. Para la eurodiputada de IU, “Cañete debería actuar como comisario de Energía y Cambio Climático y no como dirigente del PP”. Es decir, “debe velar por la seguridad, por el medioambiente, por el cumplimiento de las directivas europeas y no anteponer a ello intereses partidistas”.

“Desde IU vamos a seguir manteniendo nuestro compromiso con el fin de las nucleares y todo lo que las rodea, vamos a continuar trabajando para que el ATC no se convierta en una realidad ni en Villar de Cañas ni en ningún otro lugar de Europa. El camino es la energía limpia y segura”, ha concluido.

Alberto Garzon: "Los presupuestos del Estado para 2016 desguazan el empleo existente para sustituirlo por empleo profundamente precario y basura"

El diputado y candidato de IU a la Presidencia del Gobierno anuncia la enmienda a la totalidad de su grupo a las Cuentas del Estado para el próximo año porque “más austeridad no es lo que necesita la economía española”

El diputado de Izquierda Unida y portavoz económico del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUIA, CHA, Alberto Garzón, ha señalado hoy que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016 presentados hoy por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, solo sirven para “desguazar el empleo existente” y sustituirlo por un empleo “profundamente precario y basura”. Anunció la enmienda a la totalidad de su grupo a las Cuentas del Estado para el próximo año porque “más austeridad no es lo que necesita la economía española”.

En una rueda de prensa celebrada en el Congreso de los Diputados, Garzón ha valorado las Cuentas para el próximo año presentadas hoy en la Cámara Baja por el Gobierno. Acusó al Ejecutivo de Mariano Rajoy de haber elaborado unos presupuestos que solo fomentan “contratos temporales que no permiten a la gente vivir de otra forma que no sea ‘a salto de mata’”. A su juicio, “ese el origen y la filosofía de estos presupuestos, que siguen insistiendo en políticas de austeridad erróneas”.

El portavoz parlamentario de Economía de IU adelantó que su grupo pedirá la devolución de las Cuentas de 2016 a través de una enmienda a la totalidad, porque “lo que necesita nuestro país es una política de estímulos y de inversión pública que no se puede llevar a cabo de forma exitosa si se reduce el techo de gasto y se hacen recortes económicos”.

El candidato de IU a la Moncloa insistió en que su preocupación “es el empleo” e insistió en señalar que en estos presupuestos “no hay una estrategia para generar empleo de calidad, sino para desguazar el empleo actualmente existente y sustituirlo por contratos basura, por un empleo absolutamente precario”. 

Respecto al capítulo de gasto social, el parlamentario de IU por Málaga avisó de que, precisamente por su importancia, es una partida que “debería crecer y no reducirse”. Sin embargo, explicó que las Cuentas para 2016 presentadas por el Ejecutivo ‘popular’ incluyen un gasto “menor que el del año pasado” en este apartado. 

Asimismo, criticó duramente el ahorro del que ha hecho gala el Gobierno “derivado del menor pago en prestaciones por desempleo”. Reprochó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que “efectivamente el ahorro se produzca al no pagar los subsidios y prestaciones a los trabajadores”. “En este momento –indicó- sólo un 48 % de los trabajadores parados están cobrando algún tipo de prestación. Este es el origen del ahorro de Rajoy, que va a ahorrar en el dinero que necesitan con más urgencia las personas desempleadas”.

Según Garzón, el crecimiento económico que anuncia el Gobierno “es prácticamente imposible de alcanzar dadas las condiciones macroeconómicas y dado que estos presupuestos parten de unas hipótesis que no son creíbles”. Y agregó que, aunque pudiera darse el nivel de crecimiento previsto por el Ejecutivo, éste “sería insuficiente para recuperar los niveles del empleo del año 2007”. “No hay una recuperación”, ha dicho, “ni siquiera en términos de indicadores”, para llegar a los niveles anteriores al inicio de la crisis. 

Para el diputado de IU, el Gobierno del PP no tiene una estrategia “para generar empleo, ni de calidad, ni en un modelo productivo diferente al que nos ha traído hasta aquí”. Advirtió de que las inversiones en I+D+i y el actual modelo de producción y consumo “no son suficientes para llevarnos a una economía de alto valor añadido, que es lo que necesita nuestro país”. Los PGE para 2016 “sólo sirven para enriquecer a una minoría de la población”, remachó.

217 MUNICIPIOS AMENAZADOS POR LOS TRANSPORTES DE RESIDUOS NUCLEARES AL ATC

Greenpeace, Ecologistas en Acción y la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca inician una campaña sobre los peligros asociados al transporte de residuos nucleares y piden a los 217 municipios afectados que exijan la paralización del proyecto.

• El proyecto del cementerio nuclear está desde hoy legalmente paralizado. El inicio de un proceso participativo de protección, supone una oportunidad para sus habitantes en la línea del desarrollo sostenible.
• Las organizaciones ecologistas denuncian las presiones del Gobierno para acelerar el proceso y la falta de rigor de algunos miembros del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Transportes nucleares

Greenpeace, Ecologistas en Acción y la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca se han dirigido a los 217 municipios de Cataluña, País Valencia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y Extremadura por donde circularían unos 40 transportes nucleares por año (tres cada mes), según los cálculos de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) en caso de que el proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de combustible gastado y residuos de alta actividad se lleve a cabo finalmente en Villar de Cañas (Cuenca). Durante el periodo de consultas previas, así como durante el de participación pública el Estudio de Impacto Ambiental, se solicitó que se incluyera a todos los municipios afectados pero esta petición no fue atendida, y por ello las tres organizaciones han informado directamente a los municipios de los riesgos y les han solicitado que se sumen a la petición de paralización de este proyecto.

Las organizaciones antinucleares consideran que lo más adecuado sería que:

• se realice la actualización del Plan General de Residuos Radiactivos que está totalmente obsoleto,
• se identifiquen las alternativas técnicas más seguras,
• se determine cuál es la alternativa socialmente más apoyada.

“Los municipios afectados por el transporte de residuos radiactivos deben hacer oír su voz sobre el proyecto del cementerio nuclear. El derecho a la participación pública está reconocido por la ley, y es garante de las mejoras en seguridad de proyectos como el del ATC”. Ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace.

Alcance del inicio del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) en los terrenos del ATC

El Gobierno Regional de Castilla-La Mancha, a instancia de la Plataforma contra el Cementerio Nuclear, ha iniciado un PORN en el entorno de la laguna de El Hito y afectando los terrenos del almacén nuclear. Este PORN podría dejar sin efecto la autorización del emplazamiento emitida el lunes por el CSN sobre el cementerio nuclear.

La publicación hoy del inicio del PORN supone la paralización de cualquier actividad que pudiera menoscabar los valores naturales a proteger. A efectos prácticos, las obras que se pretendían realizar gracias al visto bueno del CSN quedan en suspenso. No hay que olvidar que Enresa ha comprometido gastos, hasta el día de hoy relacionados con el ATC, por valor de 293 millones de Euros.

El área a proteger suponen 21.400 hectáreas de un espacio de alto valor ecológico, que ha merecido su catalogación como Áreas importantes para las aves (IBA, por sus siglas en inglés) por SEO-BirdLife. Las IBA están reconocidas como instrumento de trabajo y elemento probatorio de la Comisión de las Comunidades Europeas. Actualmente existe una protección como ZEPA-LIC y Reserva Natural de la Laguna del Hito con una superficie de 955 hectáreas la primera y 563,41 la segunda. Cabe destacar la presencia de Alondra Ricotí y Grulla, esta última con concentraciones de más de 10.000 individuos (la segunda más importante de la península).

“Esta iniciativa solicitada por la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, supone una oportunidad para la comarca en la línea del desarrollo sostenible. Pero, a diferencia del ATC no es una protección impuesta. Ahora se inicia un proceso participativo que permita tener en cuenta a todas las personas afectadas para llegar a consensos que fijen el alcance y los límites del área a proteger. Merced a esta protección, se verían favorecidos todo tipo de aprovechamientos sostenibles, incluidos los agrícolas y ganaderos y, en especial, los productos de calidad, las denominaciones de origen y la agricultura ecológica” ha declarado el portavoz de la Plataforma, Carlos Villeta.

Análisis de la situación de la postura del Ministerio de Industria y del CSN

Las organizaciones antinucleares consideran que las actuaciones tanto del Ministerio de Industria, como del CSN en su conjunto, en especial del Presidente y la Vicepresidenta, atienden a criterios que no son los de la seguridad nuclear. El Ministerio de Industria ha pedido al CSN que anticipe la evaluación del impacto radiológico del ATC de cara a la formulación por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la instalación, y para ello ha enviado un informe incompleto. Además, el Presidente del CSN adelantó la reunión del Pleno para autorizar la idoneidad del emplazamiento del ATC, aunque todavía no disponía de todos los estudios previos necesarios, puesto que Enresa planea realizar prospecciones durante 8 meses a partir del próximo septiembre, valoradas en 1,17 millones de euros más IVA. Francisco Castejón, portavoz de la campaña antinuclear de Ecologistas en Acción ha manifestado: ”La autorización del emplazamiento del ATC supone un atropello, puesto que está basada en informes geológicos y de impacto radiológico deficientes. Además, la construcción del ATC supondrá que los transportes nucleares atraviesen miles de kilómetros por territorio poniendo en riesgo numerosos núcleos de población”.