IU pide a la Comisión Europea que paralice la autorización de la construcción del ATC en Villar de Cañas

La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha pedido a la Comisión Europea que paralice la autorización de la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) porque el proyecto incumple varias directivas europeas, “no cuenta con los estudios de viabilidad” necesarios sobre seguridad nuclear y además “es motivo de una alta contestación social”.

“Es un proyecto plagado de irregularidades. Ni siquiera se han presentado los estudios necesarios sobre la adecuación del terreno. Es un proyecto en el que los criterios políticos y económicos están por encima de los criterios técnicos", ha dicho Albiol.

La eurodiputada de IU ya solicitó el pasado mes de marzo información obre la construcción del ATC al comisario de Energía de la UE, el exministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. Entonces Cañete aseguró a IU que los servicios de la Comisión estaban “realizando una evaluación” del proyecto así como “la incorporación al Derecho español de la Directiva 2011/70/Euratom del Consejo”.

Albiol sostiene que precisamente esta es una de las normas europeas que se están incumpliendo: “Pensamos que hay elementos suficientes para que la Comisión Europea solicite la paralización de las obras hasta que las autoridades competentes presenten los estudios de viabilidad que aseguren que las obras y el proyecto cumplen con dicha Directiva 2011/70/Euratom, la directiva de seguridad”.

Además, ha explicado, la Comisión debería tener en cuenta otras dos cuestiones. “Por un lado se trata de un proyecto con una alta contestación social, como lo demuestran las más de 2.600 alegaciones presentadas a un Estudio de Impacto Medioambiental para cuya elaboración se han podido incumplir varios criterios establecidos en la Directiva 2011/92/UE”, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos sobre el medio ambiente.

Por otro, la portavoz de IU en Bruselas ha recordado que el hecho de que la Junta de Castilla-La Mancha haya aprobado recientemente la ampliación de un espacio protegido cercano convierte los terrenos en los que está proyectado el ATC en Zona de especial protección para las aves, por lo que “la nueva situación hace que el Estado español también pueda acabar incumpliendo la Directiva 2009/147 sobre la conservación de aves”.

Albiol presentará una nueva pregunta parlamentaria a Cañete a principios de agosto con todos estos datos pidiendo la paralización del proyecto y solicitando los informes que haya elaborado la Comisión al respecto, después de haber pedido la información pertinente al Gobierno. Para la eurodiputada de IU, “Cañete debería actuar como comisario de Energía y Cambio Climático y no como dirigente del PP”. Es decir, “debe velar por la seguridad, por el medioambiente, por el cumplimiento de las directivas europeas y no anteponer a ello intereses partidistas”.

“Desde IU vamos a seguir manteniendo nuestro compromiso con el fin de las nucleares y todo lo que las rodea, vamos a continuar trabajando para que el ATC no se convierta en una realidad ni en Villar de Cañas ni en ningún otro lugar de Europa. El camino es la energía limpia y segura”, ha concluido.

Alberto Garzon: "Los presupuestos del Estado para 2016 desguazan el empleo existente para sustituirlo por empleo profundamente precario y basura"

El diputado y candidato de IU a la Presidencia del Gobierno anuncia la enmienda a la totalidad de su grupo a las Cuentas del Estado para el próximo año porque “más austeridad no es lo que necesita la economía española”

El diputado de Izquierda Unida y portavoz económico del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUIA, CHA, Alberto Garzón, ha señalado hoy que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016 presentados hoy por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, solo sirven para “desguazar el empleo existente” y sustituirlo por un empleo “profundamente precario y basura”. Anunció la enmienda a la totalidad de su grupo a las Cuentas del Estado para el próximo año porque “más austeridad no es lo que necesita la economía española”.

En una rueda de prensa celebrada en el Congreso de los Diputados, Garzón ha valorado las Cuentas para el próximo año presentadas hoy en la Cámara Baja por el Gobierno. Acusó al Ejecutivo de Mariano Rajoy de haber elaborado unos presupuestos que solo fomentan “contratos temporales que no permiten a la gente vivir de otra forma que no sea ‘a salto de mata’”. A su juicio, “ese el origen y la filosofía de estos presupuestos, que siguen insistiendo en políticas de austeridad erróneas”.

El portavoz parlamentario de Economía de IU adelantó que su grupo pedirá la devolución de las Cuentas de 2016 a través de una enmienda a la totalidad, porque “lo que necesita nuestro país es una política de estímulos y de inversión pública que no se puede llevar a cabo de forma exitosa si se reduce el techo de gasto y se hacen recortes económicos”.

El candidato de IU a la Moncloa insistió en que su preocupación “es el empleo” e insistió en señalar que en estos presupuestos “no hay una estrategia para generar empleo de calidad, sino para desguazar el empleo actualmente existente y sustituirlo por contratos basura, por un empleo absolutamente precario”. 

Respecto al capítulo de gasto social, el parlamentario de IU por Málaga avisó de que, precisamente por su importancia, es una partida que “debería crecer y no reducirse”. Sin embargo, explicó que las Cuentas para 2016 presentadas por el Ejecutivo ‘popular’ incluyen un gasto “menor que el del año pasado” en este apartado. 

Asimismo, criticó duramente el ahorro del que ha hecho gala el Gobierno “derivado del menor pago en prestaciones por desempleo”. Reprochó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que “efectivamente el ahorro se produzca al no pagar los subsidios y prestaciones a los trabajadores”. “En este momento –indicó- sólo un 48 % de los trabajadores parados están cobrando algún tipo de prestación. Este es el origen del ahorro de Rajoy, que va a ahorrar en el dinero que necesitan con más urgencia las personas desempleadas”.

Según Garzón, el crecimiento económico que anuncia el Gobierno “es prácticamente imposible de alcanzar dadas las condiciones macroeconómicas y dado que estos presupuestos parten de unas hipótesis que no son creíbles”. Y agregó que, aunque pudiera darse el nivel de crecimiento previsto por el Ejecutivo, éste “sería insuficiente para recuperar los niveles del empleo del año 2007”. “No hay una recuperación”, ha dicho, “ni siquiera en términos de indicadores”, para llegar a los niveles anteriores al inicio de la crisis. 

Para el diputado de IU, el Gobierno del PP no tiene una estrategia “para generar empleo, ni de calidad, ni en un modelo productivo diferente al que nos ha traído hasta aquí”. Advirtió de que las inversiones en I+D+i y el actual modelo de producción y consumo “no son suficientes para llevarnos a una economía de alto valor añadido, que es lo que necesita nuestro país”. Los PGE para 2016 “sólo sirven para enriquecer a una minoría de la población”, remachó.

217 MUNICIPIOS AMENAZADOS POR LOS TRANSPORTES DE RESIDUOS NUCLEARES AL ATC

Greenpeace, Ecologistas en Acción y la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca inician una campaña sobre los peligros asociados al transporte de residuos nucleares y piden a los 217 municipios afectados que exijan la paralización del proyecto.

• El proyecto del cementerio nuclear está desde hoy legalmente paralizado. El inicio de un proceso participativo de protección, supone una oportunidad para sus habitantes en la línea del desarrollo sostenible.
• Las organizaciones ecologistas denuncian las presiones del Gobierno para acelerar el proceso y la falta de rigor de algunos miembros del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Transportes nucleares

Greenpeace, Ecologistas en Acción y la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca se han dirigido a los 217 municipios de Cataluña, País Valencia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y Extremadura por donde circularían unos 40 transportes nucleares por año (tres cada mes), según los cálculos de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) en caso de que el proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de combustible gastado y residuos de alta actividad se lleve a cabo finalmente en Villar de Cañas (Cuenca). Durante el periodo de consultas previas, así como durante el de participación pública el Estudio de Impacto Ambiental, se solicitó que se incluyera a todos los municipios afectados pero esta petición no fue atendida, y por ello las tres organizaciones han informado directamente a los municipios de los riesgos y les han solicitado que se sumen a la petición de paralización de este proyecto.

Las organizaciones antinucleares consideran que lo más adecuado sería que:

• se realice la actualización del Plan General de Residuos Radiactivos que está totalmente obsoleto,
• se identifiquen las alternativas técnicas más seguras,
• se determine cuál es la alternativa socialmente más apoyada.

“Los municipios afectados por el transporte de residuos radiactivos deben hacer oír su voz sobre el proyecto del cementerio nuclear. El derecho a la participación pública está reconocido por la ley, y es garante de las mejoras en seguridad de proyectos como el del ATC”. Ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace.

Alcance del inicio del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) en los terrenos del ATC

El Gobierno Regional de Castilla-La Mancha, a instancia de la Plataforma contra el Cementerio Nuclear, ha iniciado un PORN en el entorno de la laguna de El Hito y afectando los terrenos del almacén nuclear. Este PORN podría dejar sin efecto la autorización del emplazamiento emitida el lunes por el CSN sobre el cementerio nuclear.

La publicación hoy del inicio del PORN supone la paralización de cualquier actividad que pudiera menoscabar los valores naturales a proteger. A efectos prácticos, las obras que se pretendían realizar gracias al visto bueno del CSN quedan en suspenso. No hay que olvidar que Enresa ha comprometido gastos, hasta el día de hoy relacionados con el ATC, por valor de 293 millones de Euros.

El área a proteger suponen 21.400 hectáreas de un espacio de alto valor ecológico, que ha merecido su catalogación como Áreas importantes para las aves (IBA, por sus siglas en inglés) por SEO-BirdLife. Las IBA están reconocidas como instrumento de trabajo y elemento probatorio de la Comisión de las Comunidades Europeas. Actualmente existe una protección como ZEPA-LIC y Reserva Natural de la Laguna del Hito con una superficie de 955 hectáreas la primera y 563,41 la segunda. Cabe destacar la presencia de Alondra Ricotí y Grulla, esta última con concentraciones de más de 10.000 individuos (la segunda más importante de la península).

“Esta iniciativa solicitada por la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, supone una oportunidad para la comarca en la línea del desarrollo sostenible. Pero, a diferencia del ATC no es una protección impuesta. Ahora se inicia un proceso participativo que permita tener en cuenta a todas las personas afectadas para llegar a consensos que fijen el alcance y los límites del área a proteger. Merced a esta protección, se verían favorecidos todo tipo de aprovechamientos sostenibles, incluidos los agrícolas y ganaderos y, en especial, los productos de calidad, las denominaciones de origen y la agricultura ecológica” ha declarado el portavoz de la Plataforma, Carlos Villeta.

Análisis de la situación de la postura del Ministerio de Industria y del CSN

Las organizaciones antinucleares consideran que las actuaciones tanto del Ministerio de Industria, como del CSN en su conjunto, en especial del Presidente y la Vicepresidenta, atienden a criterios que no son los de la seguridad nuclear. El Ministerio de Industria ha pedido al CSN que anticipe la evaluación del impacto radiológico del ATC de cara a la formulación por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la instalación, y para ello ha enviado un informe incompleto. Además, el Presidente del CSN adelantó la reunión del Pleno para autorizar la idoneidad del emplazamiento del ATC, aunque todavía no disponía de todos los estudios previos necesarios, puesto que Enresa planea realizar prospecciones durante 8 meses a partir del próximo septiembre, valoradas en 1,17 millones de euros más IVA. Francisco Castejón, portavoz de la campaña antinuclear de Ecologistas en Acción ha manifestado: ”La autorización del emplazamiento del ATC supone un atropello, puesto que está basada en informes geológicos y de impacto radiológico deficientes. Además, la construcción del ATC supondrá que los transportes nucleares atraviesen miles de kilómetros por territorio poniendo en riesgo numerosos núcleos de población”.

Moralina o democracia

Los gobiernos municipales populares deben apoyarse en un poder popular, y este sólo se construye con prácticas y experiencias de organización autónoma de la ciudadanía.

El mayor peligro del discurso de la casta y de las irradiaciones es su potencial para desarmar la resistencia popular y abortar la posibilidad de una iniciativa desde abajo. No se trata de descalificar la oportunidad de los gestos simbólicos; coches oficiales, salarios de los cargos electos, … Son necesarios para legitimar una nueva política, pero no son la nueva política. El secreto de la nueva política es la participación popular. Allí donde la marea ha llegado a las alcaldías el agua debe invadir todos los espacios y embalsarse en todas las áreas de decisión con voluntad de continuidad, para todo el mandato. De lo contrario, como ya se ha visto en Madrid en el minuto uno, se situará a la defensiva, negociando el retroceso. El ejemplo andaluz debería ser suficiente: no hay propuestas programáticas, por muy fundamentadas y razonables que sean, que aguanten la presión de los contrarios por la mera composición aritmética de plenos y parlamentos. Sin la creación de un contrapoder ciudadano y popular, las posiciones ganadas estarán perdidas tarde o temprano; por no hablar de las expectativas de un cambio político más general.

¿Cómo se puede crear ese contrapoder? No se hace por internet. Sólo hay una fórmula, la radicalización de la democracia. En su informe sobre el final de la guerra de España, Togliatti critica lo que a su entender fue una de las debilidades que a la postre condujeron a la derrota de la República: la falta de participación directa de las masas y la incapacidad, o falta de voluntad, de construir una organización del Frente Popular desde la base. Mutatis mutandis, la afirmación del dirigente italiano resulta de plena aplicación: los gobiernos municipales populares deben apoyarse en un poder popular, y este sólo se construye con prácticas y experiencias de organización autónoma de la ciudadanía. La organización que ahora se necesita es diferente a la de la contestación y la resistencia. Es propositiva y constructiva, no simplemente antagonista. Hay que aprenderla pero para ello tiene que existir la voluntad política de compartir el poder institucional. No se trata de atender a todas las reivindicaciones, sino de dar la capacidad a la gente de hacerlas posibles, de priorizarlas y compatibilizarlas. Para ello no existen fórmulas acabadas pero sí experiencias de las que aprender. Son aquellas en las que se ha apostado por crear estructuras de participación dotadas de autonomía y con capacidad de decisión. Me refiero a experiencias de Presupuestos Participativos, de cogestión de espacios y equipamientos, de fórmulas de democracia directa que obliguen a reinventarse a las organizaciones ciudadanas tradicionales. En definitiva, de espacios donde pueda crearse el poder popular como intrusión de los de abajo en las estructuras de decisión.

Esta es la verdadera democracia. No son las primarias para elegir un gobierno de virtuosos sino el gobierno de los de abajo. Todo lo demás es moralina; en el mejor de los casos...

JAVIER NAVASCUES

Denuncian que el visto bueno del CSN al cementerio nuclear en Villar de Cañas responde a criterios políticos y no técnicos

La decisión se ha adoptado a pesar de las dudas de los técnicos sobre los terrenos y la falta de varios estudios.

La Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, Greenpeace y Ecologistas en Acción han lamentado la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de aprobar el emplazamiento de Villar de Cañas para el futuro cementerio nuclear y denuncian que la decisión ha sido adoptada por criterios políticos, en lugar de técnicos.

El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) reunido el día 27 de julio ha dado  por válido el emplazamiento el Almacén Transitorio Centralizado (ATC) en el municipio de Villar de Cañas (Cuenca), a pesar de las dudas técnicas. El Pleno del CSN está integrado por cinco consejeros: dos a propuesta del PP, dos por el PSOE y uno por CiU. Esta importante decisión se ha tomado a pesar de las dudas de los terrenos y sin los resultados de unos estudios cruciales que ha de realizar ENRESA a partir de septiembre.

La decisión ha despertado el malestar de los técnicos del CSN, muy molestos por las prisas del proceso y porque en el órgano de gobierno del CSN, priman los intereses políticos sobre el principio de precaución.

El informe favorable, aprobado hoy llevaría una amplísima relación de condicionados, fruto del compromiso entre los criterios técnicos y las presiones del ejecutivo. El Gobierno de Rajoy saca así adelante el proyecto antes de que los consejeros del CSN se vayan de vacaciones y acelerar así el proceso, a pesar de las dudas técnicas existentes.

La Plataforma, Greenpeace y Ecologistas en Acción consideran que la decisión debería tener el respaldo técnico suficiente, ya que la trayectoria de los consejeros arroja dudas sobre sus conocimientos en seguridad nuclear y los criterios para aprobar dicho informe. El documento que tienen en sus manos es muy técnico, hasta el punto de que algunos solicitaron aplazar la decisión el pasado pleno del 22 de julio. Pero su aprobación, tiene enormes implicaciones en la seguridad de un almacén con muchas dudas sobre los terrenos. Además, en caso de que hubiera algún problema con el ATC, se podrían derivar responsabilidades jurídicas de los consejeros.

Para las organizaciones ecologistas “el Consejo de Seguridad Nuclear no tiene prisa en atajar los riesgos de las instalaciones nucleares que ya existen y si la tiene para que se adjudiquen la obras de las que todavía no existen. El CSN  muestra de nuevo que no es coherente, por una parte no tienen prisa para desmantelar una central nuclear como Garoña fuera de operación desde hace casi 3 años, y sin licencia desde hace dos; y por otra  apremian a los técnicos para emitir informes incompletos sobre la evaluación de riesgos radiológicos, o para que avalen el emplazamiento de un cementerio nuclear sin tener todos los informes preliminares pedidos por ellos mismos"

IU llama a la defensa de la educación pública frente al TiSA

 IU llama  a  todas  las  organizaciones  comprometidas  con  la  defensa  de  la  educación  pública  y  la  democracia  a movilizarse  para  asegurar  que  el Estado  cumpla  su  responsabilidad  como  garantes  del derecho a la educación impidiendo que acuerdos como el TISA hipotequen en secreto el  futuro de la población y su derecho a la educación.

El Área Federal de Educación de IU denuncia el Acuerdo Internacional de Comercio de Servicios (TISA por sus siglas en inglés) como un nuevo intento de avanzaren la “liberalización” (privatización) de los servicios públicos y en la mercantilización global del acceso a derechos básicos, entre ellos la educación. La educación es un derecho básico, que debe ser garantizado por los Estados, y no es ni puede ser concebida como un producto de venta y compra para el enriquecimiento de unos pocos. 

Las multinacionales, sobre todo estadounidenses y europeas, están negociando acuerdos comerciales en secreto como el TTIP y el TPPA que amenazan la democracia y ponen en peligro los derechos fundamentales de la ciudadanía. A estos tratados se añade el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TiSA) impulsado por un grupo de países autodenominados “Los buenos amigos de los servicios”, cuyo núcleo central integran Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Suiza y Corea del Sur.

Para comprender el origen del TISA hay que remontarse a 2001, cuando la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC) pretendía acabar con todas las barreras y limitaciones para el comercio mundial. Tras el fracaso de las negociaciones y tras el fracaso del Tratado de Libre Comercio para las Américas (ALCA), las grandes potencias se lanzaron a firmar acuerdos bilaterales y multilaterales para avanzar en la liberalización del comercio. Este acuerdo tiene un padrino y es el lobby de los servicios financieros en los Estados Unidos. Dado el estancamiento de la ronda de Doha, los países autodenominados ‘los mejores amigos de los servicios’, se propusieron abrir todos los servicios públicos posibles al mercado convirtiéndolos en negocios lucrativos.

Los servicios públicos tratan de satisfacer las necesidades sociales básicas de una manera asequible, universal y sobre una base no lucrativa. Estos acuerdos comerciales, por el contrario, promueven deliberadamente la comercialización y redefinen los servicios y derechos en función de su potencial para producir beneficios. A su vez, intervienen o bloquean las reglamentaciones de los Estados para ordenar estos servicios, con el fin de anteponer los intereses de los inversores y proveedores extranjeros de servicios por delante de los intereses de la ciudadanía.

El TiSA aprovecha la labor previa de la OMC y de los acuerdos bilaterales de comercio e inversión para impulsar más la privatización y la desregulación de servicios esenciales como la educación y hacer que resulte imposible para los gobiernos revertir las privatizaciones y restaurar estos servicios al control público, incluso aunque las empresas privadas fracasen.

IU rechaza la pretensión de incluir la educación en cualquier tipo de acuerdo comercial. Estos acuerdos representan una grave amenaza para la soberanía de las naciones, limitando drásticamente la capacidad de los Estados para regular la política económica y social en función de objetivos ligados al bienestar y los derechos sociales de la población. 

En particular, la incorporación de la educación en el conjunto de los “servicios comercializables” en el marco de acuerdos como TISA, supondría someter el desarrollo de los sistemas educativos nacionales a la lógica del lucro, alentando la privatización y la introducción de criterios mercantiles allí donde el principio rector debería ser la planificación de política pública en función de dar satisfacción al derecho a la educación, así como de asegurar que la producción y distribución del conocimiento contribuyan a la construcción de sociedades más justas. 

La obligación que impondría TISA, de brindar igual trato a “proveedores” públicos y privados, nacionales o extranjeros, constituye un abandono inaceptable de la responsabilidad que cabe a los Estados por asegurar igualdad de oportunidades y condiciones educativas. Esta restricción de la competencia de los Estados implica, también, una pérdida de soberanía educativa, que reforzaría las relaciones de dependencia política, económica y cultural. 

Denunciamos y rechazamos, además, el secreto que rodea a las negociaciones iniciadas en el año 2012. Wikileaks fue quien filtró un documento sobre la negociación de este acuerdo que confirmaba la intención de entregar los servicios públicos a las grandes empresas. La decisión de impedir la participación ciudadana en el debate de estas cuestiones constituye quizás la mejor prueba de que nada bueno puede esperar de TISA la población.

Por eso el Área Federal de Educación de IU llama a crear o participar en plataformas, a difundir información para que la población conozca sus consecuencias, a recoger firmas y colaborar en actos contra estos tratados para conseguir que nunca se lleguen a firmar.

Militantes de las Juventudes Comunistas de Cuenca han participado en la protesta organizada por la Plataforma contra el ATC en Cuenca a las puertas del Consejo de Seguridad Nuclear

Al presidente del CSN no le importan los riesgos del cementerio nuclear

En torno a un centenar de personas convocadas por la Plataforma se concentraron en la mañana del día 22 de julio, frente al CSN coincidiendo con la reunión del pleno. 
Tras el acto de protesta, se ha registrado un escrito en el organismo regulador, si bien no ha trascendido los asuntos acordados en el pleno.

En dicho pleno se discutió el informe favorable a la autorización previa o de emplazamiento del ATC, pero previsiblemente, no se aprobará hasta el 29.
El visto bueno del CSN se emite sin despejar las múltiples dudas sobre los terrenos y con un importante estudio pendiente de inicio.

El presidente del CSN Fernando Marti Scharfhausen, coloca a la institución que preside en una difícil situación de falta de credibilidad. Además, su trayectoria profesional y personal lo deslegitiman como servidor público independiente.

En estos momentos, la empresa pública responsable de construir el ATC (Enresa) está en las primeras fases para licitar el: "Servicio para la caracterización geotécnica dinámica para los estudios de interacción terreno-estructura de la Instalación Nuclear y complemento del análisis hidrogeológico en el ATC”. Por un importe máximo de 1.174.552,50 (IVA no incluido). Las ofertas se pueden presentar hasta el 18 de agosto y el periodo de ejecución es de 8 meses.

Este estudio, que implica sondeos de hasta 200m, es la respuesta de Enresa a la petición de información adicional del CSN (PIA) ante sus dudas sobre los terrenos y aportará información indispensable para el diseño del edificio principal del ATC (especialmente en las cimentaciones) y la interacción entre el terreno y la estructura a construir. Así mismo, el estudio evaluará el comportamiento hidrogeológico de los terrenos y el patrón de los flujos del agua subterránea, para conocer la migración de los radionucleidos ante una eventual fuga.

Hoy miércoles, también estaba prevista la reunión entre el Ministro de Industria (José Manuel Soria) y el Presidente de Castilla-La Mancha (Emiliano García Page). En el orden del día figuraba el ATC, pero Soria, de forma unilateral, ha aplazado la reunión hasta septiembre. De esta manera, Soria desprecia las pretensiones de los castellanomanchegos, puesto que el gobierno elegido por las urnas ha expresado su rechazo a que se instale en su territorio el ATC.

Para la Plataforma, en caso de que se apruebe el informe que daría luz verde a la ubicación del ATC en Villar de Cañas, llevaría aparejado un enorme descrédito del organismo público, quedando su presunta neutralidad por los suelos. El principal responsable de la caída de credibilidad del CSN es  su presidente Fernando Martí Scharfhausen.

Martí: juez y parte y sus negocios con López del Hierro

Sobre Martí, hay varios hechos que establecen dudas sobre su imparcialidad para evaluar la idoneidad del ATC.

El primero de ellos es que Martí firmo en diciembre de 2011, como Secretario de Estado de Industria, la designación de Villar de Cañas para albergar el ATC. Por tanto, no parece adecuado que sea a la vez juez y parte.

El otro hecho destacable es que Comfia-CC.OO interpuso en abril de 2014 una querella a varios directivos de Liberbank, entre los cuales se encuentran Fernando Martí, e Ignacio López del Hierro (marido de Cospedal), por cobrar del banco asturiano sin mediar contrato. No hay que olvidar que la empresa de López del Hierro (Iberinco) ha recibido de Enresa varios contratos relacionados con el ATC (directamente o de forma participada) por valor de más de 34 millones de Euros  durante la presidencia de Gil-Ortega, hombre de confianza de Cospedal.

Por otro lado, Liberbank es propietario de Banco CCM. Este banco (fruto de la reconversión de la Caja Castilla-La Mancha), tuvo en su directiva a López del Hierro, antes de su intervención por el Banco de España.

Tampoco se pude obviar, que el presidente del Liberbank (Manuel Menéndez), lo es a su vez de "HC Energía", importante compañía eléctrica y gasística, que posee numerosas centrales hidroeléctricas y una participación del 15,5% en la central nuclear de Trillo.