La
Unión Europea deja de recaudar un billón de euros anuales por la evasión a
paraísos fiscales
Intermón-Oxfam, el
Frente Cívico y Acontracorrent denuncian la impunidad de los territorios
“offshore”
Delaware (Estados Unidos) es desde el año
2010 el destino favorito para las filiales en paraísos fiscales de las empresas
del IBEX35 español. La mayoría –se identificaron 352 el año 2013, el doble que
la anualidad anterior- se ubican en dos edificios de un tamaño no excesivo. En
el primero, en el 2711 Centerville Road (Wilmington), están registradas 125
filiales de empresas del IBEX35. En el segundo edificio, no muy lejos del
anterior (1209 Orange Street, Wilmington, New Castle), se encuentran
domiciliadas en un edificio de un solo piso hasta 285.000 empresas, de las que
136 son filiales de entidades del IBEX35. Junto a Delaware, las empresas del
índice bursátil español tenían domiciliadas en 2013, según el informe “La
Ilusión fiscal” (marzo de 2015) de Intermón-Óxfam, 122 filiales en Holanda, 24
en Uruguay, 56 en Irlanda, 24 en Hong Kong y 16 en Singapur.
El informe, de 83 páginas, señala también la ratio española de empresas con
filiales en refugios fiscales, a partir de los datos de las Memorias Anuales del
IBEX35: Banco de Santander (182), ACS (119), Iberdrola (66), Abengoa (63), BBVA
(52), Repsol (49), Ferrovial (37), Acciona (26), Inditex (22), Arcelor Mittal
(21). El documento apunta asimismo que la inversión española en estos
territorios de baja tributación aumentó un 205% durante 2013 (34 de las 35
empresas del IBEX contaban ese año con filiales en zonas “offshore”). Por otro
lado, la Unión Europea deja de recaudar cada año un billón de euros por la
evasión fiscal, lo que equivale a dos veces el gasto público en sanidad de sus
508 millones de habitantes. Al menos la mitad del comercio mundial pasa por un
refugio fiscal.
Una de las ideas que habitualmente se arguye contra el control de capitales, un
incremento de los tipos impositivos o la persecución de los territorios
“offshore” es la retirada de los inversores, supuestamente espantados por estas
medidas tachadas de “confiscatorias”. Laura Martínez, de Intermón-Óxfam, alerta
de la falacia: “A muchas de estas empresas les pagamos por los servicios que prestan
el estado y los ciudadanos españoles; empresas que se dedican a la obra pública
como Ferrovial; otras que nos hacen seguros como Mapfre; también las hay con
medios de comunicación que operan en España, como Mediaset, o a las que pagamos
la publicidad, por ejemplo Endesa; ¿Dónde van a irse estas empresas? ¿Se va a
desplazar Apple a Sierra Leona?”. Además, Ha subrayado Martínez en un acto
organizado con el Frente Cívico-País Valenciano y el sindicato Acontracorrent
en la Facultad de Filosofía de Valencia, “el estado puede intervenir a través
de los pliegos de condiciones”.
Carmen Soto, de Intermón-Óxfam, recuerda que esta organización ha propuesto a
los partidos políticos que incluyan algunas medidas “urgentes” en sus programas
para las elecciones generales, entre otras, una ley contra la evasión fiscal en
el estado español, con el fin de reducir en cinco años la elusión de impuestos
en un 50%. En términos generales, argumenta el informe “La ilusión fiscal”, las
grandes empresas de la bolsa española informan “muy escasamente” sobre su
política fiscal. De hecho, apenas un 10% de estas empresas dan cuenta de cuánto
pagan y en qué países se radican. El estudio añade que durante los años más
“duros” de la crisis económica las principales empresas del parqué español
aumentaron “exponencialmente” la presencia en zonas “offshore” (sólo entre 2012
y 2013, el número de filiales en estos territorios aumentó en un 44%, al pasar
de 561 a 810).
En el ambiente planea la consigna, comúnmente aceptada, de que las reducciones
de impuestos son una “buena noticia” para los ciudadanos, y que el dinero está
mejor “en los bolsillos del consumidor” que en las manos del estado. Un ejemplo
de esta interpretación es un vídeo de 2,5 minutos de la formación
ultraconservadora VOX, que se difundió durante la campaña de los últimos
comicios municipales y autonómicos. En el “corto” se critica que a un pequeño
empresario con un taller en el que emplee a cuatro trabajadores, le puede
“costar” la nómina de uno de ellos 2.000 euros mensuales. De esta cantidad,
descontadas las cotizaciones a la seguridad social y otros conceptos, al
trabajador le queda un salario bruto de 1.488,65 euros, que –consideradas las
retenciones del IRPF- se le verían reducidos a 1.227,84 euros (netos) al mes.
La formación derechista llega a la siguiente conclusión: “Un mileurista es un
dosmileurista atracado por el estado”.
El vídeo agrega las tasas por la luz, el agua, los bienes inmuebles, la
gasolina o el ocio con los que ha de contribuir a Hacienda el hipotético
trabajador. Finalmente, según VOX, el 50% del salario ingresa en las arcas del
estado, lo que se considera un “atraco”. Jorge Negro, del Frente Cívico-País
Valenciano, impugna esta tesis. “¿Se le pagan los impuestos estrictamente al
estado? ¿O más bien se trata de un ahorro colectivo para atender las
necesidades actuales (y otras futuras) de cada ciudadano?”, se pregunta. De
hecho, los 2.000 euros iniciales (del empleado del taller) se dividen entre el
salario directo, dedicado a los bienes básicos; el indirecto, que incluye la
sanidad, educación, administración de justicia y otros servicios; y el
diferido, fundamentalmente las pensiones públicas.
Si el empleado del taller, con un sueldo aproximado de 20.000 euros anuales,
paga el 20% en concepto de IRPF, el empresario se mueve ciertamente en otra
escala. “Es posible que una parte de su ingreso lo eluda del pago a Hacienda
como gasto de empresa (deducible) o mediante la evasión a un paraíso fiscal”,
apunta Jorge Negro. Además, en el impuesto de sociedades los tipos nominales no
se corresponden con los efectivos. A los números subyace una filosofía que
explicitó en la red el eurodiputado del PP durante quince años y cabeza de
lista de VOX en las últimas elecciones europeas, Alejo Vidal-Quadras: “Por
sorprendente que suene, la opulencia y la extravagancia de una minoría selecta
es condición indispensable para el progreso general”. Ya en 1714, “La fábula de
las abejas”, de Bernard Mandeville, establece las bases del liberalismo
canónico: “Sería más fácil vivir sin dinero que sin pobres; porque sin pobres,
¿Quién haría el trabajo?”. “En una nación libre, donde no se permite tener
esclavos, la riqueza más segura consiste en una multitud de pobres laboriosos”.
Alineado con la Teoría Monetaria moderna, el economista Jorge Amar disiente del
vínculo que se establece habitualmente entre recaudación de impuestos y
financiación del “Estado del Bienestar”. El estado puede, según esta línea
interpretativa, crear sin límites el dinero, que en términos financieros no es
más que un apunte contable. “Unir gasto a impuestos es someter al estado a
restricciones financieras que no tiene”, sostiene el economista. En cuanto a la
equidad fiscal, los informes de Gestha (sindicatos de técnicos de hacienda)
señalan que las grandes empresas pagan de media hasta un promedio de cinco
puntos porcentuales menos que las PYMES. Otro punto de interés son los
“vaivenes” en la tributación por el IRPF según el ciclo político, como
demuestra la reciente “rebaja” fiscal aprobada por el ejecutivo de Rajoy. El
Impuesto del Patrimonio es una buena señal de este “Guadiana tributario”:
desaparecido en 2008, se recuperó en los años posteriores.
Sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, Jorge Amar cita el estudio
“El hueco que deja el diablo: una estimación del fraude en el IRPF con
microdatos tributarios”, publicado en mayo de 2014 por Félix Domínguez Barrero,
Julio López Laborda y Fernando Rodrigo Sauco (Universidad de Zaragoza). El
trabajo muestra que el grado de cumplimiento con Hacienda de los rendimientos
del trabajo es del 104,86%, pero en los rendimientos del capital mobiliario
representa el 39,08%; un 45,53% en el caso del capital inmobiliario y algo más
del 50% en el rendimiento de las empresas. Una dificultad añadida es la escasez
de medios. El estado español es el tercero por la cola de la Unión Monetaria
Europea en ratio de funcionarios de hacienda (sólo Italia y Grecia se hallan en
peor situación), con la mitad del número recomendado por la UE y sólo el 20% de
estos, encargados de controlar a quienes efectúan el 70% del fraude.
