IU lleva al Congreso la propuesta más
amplia contra la pobreza y la exclusión social con actuaciones concretas sobre
empleo, sanidad, educación, vivienda o el mundo rural
Alberto Garzón, Eva García Sempere y
Carlos Sánchez Mato presentan la proposición de ley en dependencias
parlamentarias arropados por portavoces de distintas asociaciones, grupos y
colectivos representantes de la sociedad civil que han contribuido a su
redacción final en los últimos ocho meses de intenso trabajo por todo el Estado
Izquierda
Unida ha registrado hoy en el Congreso su Proposición de Ley Integral contra la
Pobreza y la Exclusión Social, una ambiciosa iniciativa plasmada en 33
artículos y varias disposiciones, organizados en siete títulos, que desarrollan
actuaciones concretas en materia de empleo, sanidad, educación, prestaciones
sociales, vivienda, suministros mínimos vitales, vivienda o contra la exclusión
en el ámbito rural.
El
portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Alberto Garzón, junto a la diputada
y coordinadora de la iniciativa, Eva García Sempere, y el responsable federal
de Políticas Económicas de esta misma formación, Carlos Sánchez Mato, se han
encargado de presentar esta mañana en la Cámara Baja la que ya es la propuesta
más amplia registrada hasta ahora por cualquier formación en este ámbito de
actuación.
Asistieron
e intervinieron también portavoces de distintas asociaciones, grupos y
colectivos que representan a la sociedad civil y que han contribuido a la redacción
final de la proposición en los últimos ocho meses de intenso trabajo por todo
el Estado. Por ello, Garzón y García Sempere coincidieron en señalar que “esta
no es una propuesta de IU, sino de todos y todas quienes han contribuido a su
elaboración”.
“En
Izquierda Unida -especificó su coordinador federal- trabajamos las leyes de
forma muy intensa y a partir de la mejor base posible. Sólo de esta forma,
viajando por todo el Estado y con la imprescindible colaboración recibida,
hemos podido enriquecer con una perspectiva muy concreta una ley en principio
mucho más abstracta”.
Alberto
Garzón señaló que “no hay democracia sin libertad y no puede desarrollarse la
libertad en la pobreza”, y apostilló que “un país como España no puede mantener
una laguna” en una cuestión tan importante como ésta. Ilustró su indiscutible
gravedad con dos simples pinceladas: “los 12 millones de personas que hay en
nuestro país en riesgo de pobreza, que incluyen a 1 de cada 3 menores y
jóvenes”.
Denunció
que esto ocurre en un contexto de “crecimiento económico desigual e injusto”,
que resulta mucho más doloroso sabiendo que “se podría cambiar, ya que hay
recursos y posibilidades técnicas para hacerlo, aunque el problema es de
voluntad política. Es así de sencillo”.
El máximo
responsable de IU reconoció que “estamos esperanzados de que esta ley pueda
salir adelante” con un apoyo mayoritario de los grupos, para lo cual explicó
también que “ya se la hemos hecho llegar al Gobierno para que la conozca” y
facilitar así el debate y la negociación.
Eva
García Sempere centró su intervención, principalmente, en explicar cómo se
había llevado a cabo este proyecto “durante ocho meses de duro trabajo”. Ella y
un equipo multidisciplinar de técnicos de IU recorrieron buena parte de las
comunidades autónomas para llegar al fondo de distintas formas de exclusión y
“tratar de que se puedan visibilizar todas las caras de la pobreza, que se
visibilice lo más invisible”.
Todo ello
llevó a contactar con menores no acompañados llegados a Melilla, personas que
viven en infraviviendas sociales en Castilla-La Mancha, familias en clara
exclusión social en zonas urbanas concretas de capitales andaluzas o la
posibilidad de ver en toda su dimensión la “despoblación en el mundo rural,
pero también cómo se le hace frente con éxito”, porque “no es posible combatir
igual la pobreza en todos los sitios, en el ámbito rural o el urbano”.
La
proposición de ley regula, por ejemplo, la garantía del derecho al acceso a los
suministros básicos de agua potable, gas o electricidad a personas y unidades
familiares en situación de pobreza o exclusión social. Fija unos mínimos de
consumo vitales y un sistema público de precio social, mandatando al Gobierno
para hacer un Plan concreto contra la pobreza energética.
“Estos
mínimos -explica Eva García Sempere- están regulados en algunas comunidades
autónomas, pero no queda demasiado claro y hay casos en que se ha tenido que
llevar al Tribunal Constitucional”, por lo que apuesta por que “se especifique”
bien a sus beneficiarios.
La
diputada de IU cifró también en cerca de 40.000 las personas sin hogar en todo
el Estado. Desde una óptica distinta denunció también la situación que sufren
“las personas trabajadoras pobres, que van a diario a trabajar pero que viven
en plazas y parques porque no les da para acceder a una vivienda”. Aseguró que
ahora se podía observar esta situación con nitidez en personas que, por
ejemplo, acuden a ocupar empleos temporales en las Illes Balears y que forman
parte de una pobreza “invisibilizada”.
El
responsable federal de Políticas Económicas de Izquierda Unida, Carlos Sánchez
Mato, desgranó algunos de los puntos de los “siete ejes fundamentales y
significativos” de los que consta la ley. Apuntó así a la importancia de “crear
empleo desde lo público para poder blindar un salario mínimo en lo privado” o
de, como propugna la Unión Europea, “invertir de forma decidida en la infancia
para romper con la desigualdad de manera efectiva”.
Sánchez
Mato señaló también la obligatoriedad de “eliminar el factor de sostenibilidad
de las pensiones” o de hacer frente a “las claras desventajas existentes en
educación, en temas como la gratuidad del transporte, los comedores o el acceso
a los materiales escolares”.
Reconoció
que habrá quien “tilde esta proposición de ley de voluntarista”, aunque señaló
que “pese a que supone un aumento del gasto público, es perfectamente posible
afrontarlo sólo igualando el nivel de ingresos medio de la Unión Europea, del
que ahora estamos nueve puntos por debajo”.
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