Cuando aquel policía ceporro calificó de “el enemigo”
a unos estudiantes valencianos que se manifestaban por la educación pública,
debimos imaginar que se estaba preparando la criminalización de la protesta
social. Y así ha sido, represión y recortes han ido de la mano estos años de
gobierno del Partido Popular. El ataque a los derechos sociales ha sido tan
brutal que el gobierno Rajoy ha tenido que emplearse a fondo desde el minuto
uno para imponerlos por la fuerza. Era la única manera de intentar aplastar la
resistencia de los movimientos sociales, las mareas, la ciudadanía. Pocos se
han salvado de esta forma de injusticia, desde huelguistas a manifestantes,
tuiteros o titiriteros. Ahora están apareciendo las consecuencias judiciales
del castigo político a la contestación de las políticas antisociales.
Hemos conocido estos días que en Cantabria está
habiendo movilizaciones en solidaridad con nueve jóvenes a los que
les piden 42 años de cárcel, un auténtico despropósito. La razón:
intentar participar para defender la educación pública en un acto en la
universidad de Cantabria al que sin motivo se les denegó el acceso.
Afortunadamente en Cádiz acaban de
absolver a dos jóvenes acusados por una protesta similar
reivindicando un edificio para una facultad, y el juez ha considerado que la
actuación policial fue “desproporcionada” y que el contexto “parece evocar
etapas predemocráticas ya superadas”.
Otra barbaridad es la de los cuatro profesores y un
activista social de Guadalajara que se enfrentan a cuatro años de cárcel y
3.000 euros de fianza a cada uno por defender la educación pública. Fue hace
cinco años. Sin que mediara aviso o negociación alguna, la administración
educativa del PP sacó de repente unas instrucciones que dejaban en la calle a 800
profesores interinos, desplazaba a otros, suprimían apoyos, refuerzos y horas
de laboratorio al alumnado. Era la orgía de los recortes a los servicios
públicos esenciales, al igual que había pasado en Madrid, y que dio lugar al
nacimiento de la Marea Verde y a una larga lucha que aún continúa.
Como cuenta la Plataforma que pide la absolución de
los ‘Cinco del Buero’, esta violencia legislativa provocó la lógica indignación
de muchos centros educativos y cientos de profesores y profesoras se
concentraron espontáneamente frente a los Servicios de Educación en Guadalajara
con el ánimo de expresar democráticamente la protesta. Luego, más de 400
personas se dirigieron hacia el teatro Buero Vallejo, donde interrumpieron el
pregón que presidía el alcalde del PP Antonio Román.
Cinco personas fueron identificadas días después de
manera arbitraria como participantes en la protesta. Ahora, la acusación
particular en representación de cuatro de los ocho policías locales presentes
en el teatro y auspiciada por el Ayuntamiento de Guadalajara que tiene mayoría
del PP, intenta meterles en la cárcel.
Fue un acto pacífico, no hay más que ver el vídeo.
Todo lo que hubo fue un alboroto y un forcejeo para desalojar el anfiteatro,
pero la denuncia de la acusación particular (algunos policías locales,
respaldados por la alcaldía) siguió adelante como un delito penal, aunque
cuatro de los policías presentes retiraron la denuncia y el fiscal ha pedido el
sobreseimiento. El juzgado de instrucción les imputa graves delitos que no
cometieron: desorden público, atentado a los agentes de la autoridad y falta de
lesiones; algún agente ha aducido algo tan ridículo como sufrir luxaciones en
los dedos de la mano por empujar a un manifestante.
Los acusados son conscientes que no son mártires ni
héroes, y que de hecho les tocó a ellos como podía haberle tocado a todo aquel
que participó en aquella protesta contra los recortes en educación. Saben que
se les pretende utilizar como chivos expiatorios de la represión sobre el
colectivo docente, por un alcalde autoritario que ampara una denuncia
absolutamente injusta, arbitraria e inmoral. También lo saben más de un millar
de personas que se han manifestado el 11 de febrero en solidaridad con ellos y
que han gritado en las calles de Guadalajara: “¡Yo también estuve en el
Buero!”
Quizá ayude a entender por qué se mantiene este juicio
político el contexto en el que se produjo. Sucedió en Castilla La Mancha,
región entonces gobernada por la secretaria del Partido Popular, María
Dolores de Cospedal; donde se sancionó al
maestro Ángel Renieblas con un mes de empleo y sueldo, por
explicar a las familias de sus alumnos los motivos por los que iba a secundar
una huelga. En la ciudad de Guadalajara que gobierna un alcalde del PP, Antonio
Román; el mismo que acumulaba tres cargos y,
según algunos medios, tres sueldos (alcalde, diputado y médico), que
pretendía cobrar a los familiares
de las víctimas del franquismo 3.000 euros por las
exhumaciones y que se niega a aplicar la ley de Memoria Histórica. Y en la
provincia de Guadalajara, donde hace tan solo algunos días el PP ha comprado el
transfuguismo de una diputada de Ciudadanos para asegurarse
la mayoría en la Diputación.
Ante estas denuncias y acciones judiciales, cabe
preguntarse ¿dónde queda la libertad de expresión?, un derecho fundamental que
define o no la existencia de una democracia. Si se les condenase a los ‘Cinco
del Buero’ , tendríamos que hablar de presos sociales o políticos. Deben ser
absueltos, aunque el daño moral, psicológico y material ya está hecho, y
Domingo, David, Maroto, Miguel Ángel y Nacho –y sus familias- están pasando un
auténtico calvario.
Hay que repetirlo, es un juicio político. Se pretende
crear desde el poder un clima de intimidación, convertir a las víctimas de los
recortes sociales en culpables por resistir. Pero como concluye el Manifiesto
que pide su absolución: “Con la represión no van a conseguir acallar nuestras
voces, que claman por un mundo más justo para nuestros jóvenes. Una y mil veces
saldremos a defender nuestros derechos porque no tenemos miedo”. Los
acusados son ciudadanos que defienden lo público, profesionales que quieren
hacer bien su trabajo y no ser peones al servicio de una administración
insensible que les desprecia. El próximo 14 de febrero se celebrará el juicio.
Es la hora de la denuncia y la solidaridad.
AGUSTÍN MORENO
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