PCE de Cuenca

Naciones Unidas exige medidas a España por las fosas del franquismo 

Tras su visita a España, el Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas de la ONU ha presentado al gobierno un informe final con una larga lista de recomendaciones. Una vez más el derecho internacional ha vuelto a dar la razón a las victimas y familiares del régimen franquista. El informe marca al estado español las medidas que debe tomar para la asistencia a las victimas, entre otras la dotación de fondos para la apertura de fosas del franquismo. Cabe recordar que el gobierno español renovó, en el año 2010, su compromiso sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. 

El plazo de respuesta se debe materializar a los noventa días desde la recepción del informe: no hay tiempo para más dilaciones. 

El Estado debe de actuar ya. Estas recomendaciones deben llevarse a la práctica como derecho fundamental de las y los damnificados por los crímenes cometidos durante el franquismo y como tal, está por encima de la ley de Amnistía de 1977 a la que se acogen los jueces españoles para no actuar. No hay ya excusa, nos encontramos ante crímenes de “lesa humanidad” claramente tipificados según el código jurídico internacional.

Reafirmando el compromiso del PCE y desde la secretaría de Memoria Democrática, siempre hemos afirmado que el máximo principio de radicalidad democrática reside en garantizar los derechos de las victimas a través de la verdad, la justicia y reparación de cada caso. Principios que deben ser los cimientos de una autentica sociedad moderna que formen parte de la anhelada “res publica”. 

Es inadmisible la actitud del actual gobierno de indiferencia con vil pretexto basada en la crisis económica, impida el pleno desarrollo de la Ley de Memoria que, aún siendo insuficiente, permitía el trabajo de las diferentes asociaciones memorísticas y de las administraciones, en la vía de la recuperación de la memoria democrática en sus diferentes vertientes públicas y privadas.

El Partido desde su obligación como actor principal en la “lucha antifranquista”, exige al gobierno que cumpla con la obligación de tener una clara consideración a las recomendaciones y que, de una vez por todas, asuma su responsabilidad en defensa de los derechos de todas las victimas y de los valores democráticos que ellas defendieron.