Escapar del gas para construir un mundo pacífico y resiliente

 

  La red Gas No Es Solución, de la que formamos parte Ecologistas en Acción, queremos expresar nuestra solidaridad con toda la población afectada por la guerra de Ucrania y por todos los conflictos en activo.

·         Deseamos que el conflicto bélico acabe lo antes posible e instamos a todas las partes a respetar el derecho internacional humanitario que protege a la ciudadanía civil de los ataques. Por ello, demandamos un alto al fuego inmediato. 

 Somos conscientes de que en todo el mundo las personas sufren enormemente por los impactos del cambio climático, la pandemia de la COVID–19 y por las guerras en curso. El reciente informe del IPCC arroja una imagen aterradora de los impactos que ya se están sintiendo en todo el planeta, y que resultan mucho más duros en el Sur global. No queremos que otro conflicto armado traiga más inestabilidad y pérdida de vidas. Necesitamos unidad y capacidad para afrontar los retos que nos esperan.

La situación actual pone de manifiesto que los combustibles fósiles y los impactos del cambio climático exacerban los conflictos, haciendo sufrir aún más a las personas más vulnerables. Por esta razón, una mayor inversión en combustibles fósiles e infraestructuras relacionadas aumentará las perforaciones, el fracking, las emisiones asociadas y solo servirá para empeorar los impactos en el planeta y la salud de las personas.

 Esta guerra ha dejado aún más claro la gran dependencia europea y del Estado español de los combustibles fósiles, en especial del gas fósil. También ha arrojado luz sobre la importancia de nuestras finanzas públicas y lo relevante que es ser conscientes de en qué manos acaban y qué apoyan. Las compañías gasistas se han beneficiado enormemente de la crisis de los precios de la energía y pretenden sacar más provecho de la guerra.

Necesitamos una eliminación progresiva de los combustibles fósiles, en el Estado español, en Europa y en todo el mundo. Para ello, debemos impulsar una transición energética rápida y justa que nos aleje del carbón, el petróleo, el gas y la nuclear, para conducirnos a la democratización de la energía, al ahorro energético y a las energías renovables. Este es el único camino viable para reducir rápidamente la dependencia de los combustibles fósiles, contribuyendo al mismo tiempo de forma justa a alcanzar el objetivo del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C.

Sin embargo, no se están tomando las medidas necesarias ni en el Estado español ni en la Unión Europea (UE). Esta guerra debe de ser un punto de inflexión para la transición energética, para ello se debe:

·         Aumentar la ambición climática y garantizar la seguridad energética. La UE y los Estados Miembros deben asegurar la integridad y ambición del paquete legislativo sobre clima y energía «Fit for 55» y otras herramientas, como los Planes Integrados de Energía y Clima (PNIEC).

·         Sacar al gas y la nuclear de la taxonomía verde. El conflicto actual pone de manifiesto que estas energías no cumplen con el objetivo de No Causar Daño Significativo (DNSH por sus siglas en inglés) ni producen una contribución sustancial a los objetivos climáticos, sino que son el origen de conflictos geopolíticos y objetivos militares altamente peligrosos.

·         Lograr un sistema energético 100 % renovable antes de 2040. La UE y sus miembros deben acelerar urgentemente las medidas para reducir significativamente la demanda de energía y promoción de energías renovables. Para ello, el gas fósil debe quedar fuera de los hogares como tarde en 2035.

·         Evitar la expansión de infraestructuras de combustibles fósiles y otras falsas soluciones. Las medidas a corto plazo adoptadas por el Estado español y la UE para hacer frente a la crisis energética no deben poner en peligro el camino ya recorrido en materia de acción climática, evitando por todos los medios la expansión de las infraestructuras de combustibles fósiles y otras falsas soluciones que se están planteando estos días. Una de ellas es la puesta en marcha de la regasificadora de El Musel. Además de ilegal, es totalmente innecesaria por la capacidad de almacenamiento y regasificación ya existentes. O el resurgimiento del proyecto del gasoducto MidCat, que no resulta una solución en ninguno de los horizontes energéticos si queremos cumplir con el Acuerdo Verde Europeo. Por otro lado, el hidrógeno no puede convertirse en una falsa coartada que fortalezca el papel del gas fósil en el mix energético.

·         Impulsar la transición justa para proteger a la población vulnerable de los precios volátiles de la energía. El acceso a la energía limpia debería garantizarse mediante una tarifa social efectiva, fomentando al mismo tiempo el cambio masivo de calderas de gas por sistemas térmicos renovables y la inversión en eficiencia energética en los edificios.

·         Desvincular el precio de la luz del gas. Las medidas de reducción de la demanda junto con la electrificación son la mejor alternativa al gas fósil. Sin embargo, actualmente es el gas fósil quién acaba marcando los precios, aun cuando sólo una pequeña parte de la electricidad se produce a partir de gas (17 % en 2021). Este sistema perverso fomenta el empobrecimiento de la población en favor de las ganancias de las grandes compañías energéticas, además, distorsiona las señales de precio, dificultando la apuesta por la electrificación.

·         Prohibir la publicidad que promueva el uso de cualquier combustible fósil como combustible de transición a las energías renovables. La promoción de los combustibles/energía fósil como transitorios supondría una resistencia al cambio a las energías renovables y, por tanto, un freno en la apuesta por un futuro sostenible.

Necesitamos construir un futuro más resistente, pacífico y seguro, en el que la acción climática y el compromiso de la población nos lleve a consumir menos energía y que la consumida sea sostenible, renovable, asequible y libre de conflictos. Una sociedad con energía renovable accesible para todas las personas no solo ayudará a afrontar la crisis climática, sino que también garantizará la seguridad energética, siendo el mejor seguro contra futuras subidas de precios de la energía y una forma de proteger a las personas más vulnerables.

Mientras hacemos un llamamiento a la paz, tratamos de mantener nuestro trabajo sobre la acción climática en estos tiempos difíciles. No hay tiempo que perder.

Ecologistas en Acción

 

 La Comisión Europea responde a Sira Rego que España debe adoptar más medidas frente a las macrogranjas

 La Comisión Europea ha respondido por escrito a la pregunta que le trasladó la eurodiputada y portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo hace dos meses -en plena campaña de ataques y bulos del PP contra Alberto Garzón- sobre las acciones concretas que se deben implementar para hacer frente a la contaminación de acuíferos. La Comisión Europea señala que España debe‘revisar y designar zonas vulnerables a los nitratos en siete regiones, incluir todos los elementos obligatorios necesarios en los programas de acción para cinco regiones y adoptar medidas adicionales para las cuatro regiones’ donde han resultado insuficientes.

La Comisión Europea advierte de que nuestro país sigue incumpliendo la directiva sobre nitratos, en buena medida porque las macrogranjas, junto a otras actividades agrícolas y ganaderas, siguen contaminando importantes acuíferos, lo que se conoce técnicamente como eutrofización. De ahí que el alto organismo europeo advierta con rotundidad que ‘España debe adoptar más medidas contra la eutrofización para todo el país, puesto que las adoptadas hasta la fecha no han sido suficientes para alcanzar los objetivos de la Directiva’.

La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo preguntó a la Comisión hace exactamente dos meses -en plena la campaña de ataques y bulos del Partido Popular y la extrema derecha contra Alberto Garzón- por la verdadera posición de la Unión Europea (UE) frente al “impacto ecológico” de las macrogranjas y sobre “qué modelos de ganadería son los más apropiados para cumplir con los objetivos de sostenibilidad, calidad y bienestar animal”, en línea con lo que había expresado el ministro de Consumo.

  

Entre las medidas concretas que la Comisión Europea detalla ahora a la eurodiputada y portavoz de IU en Bruselas que debe acometer España con urgencia están ‘revisar y designar zonas vulnerables a los nitratos en siete regiones, incluir todos los elementos obligatorios necesarios en los programas de acción para cinco regiones y adoptar medidas adicionales para las cuatro regiones en las que las medidas establecidas han resultado insuficientes para alcanzar los objetivos de la Directiva”.


El texto de la respuesta recuerda también con meridiana claridad que ‘la Comisión envió una carta de emplazamiento y un dictamen motivado en el que destacaba el incumplimiento por parte de España de la Directiva sobre nitratos. En 2021, la Comisión anunció su decisión de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber tomado medidas suficientes’.

Rego señalaba en su iniciativa parlamentaria, al hilo de lo defendido siempre en sus declaraciones como ministro por Garzón y por Izquierda Unida, que “las instalaciones ganaderas conocidas como ‘macrogranjas’ establecen un modelo de ganadería intensiva que, como afirman múltiples informes, tienen un alto impacto ecológico allí donde se instalan, contaminan los acuíferos y dificultan su habitabilidad, contribuyendo a la despoblación de regiones ya de por sí afectadas por esto”.

En esta misma línea, la Comisión Europea especifica en su respuesta que ‘en su Estrategia ‘De la Granja a la Mesa’, la Comisión anunció su apoyo a la transición hacia una ganadería sostenible, comprometiéndose a revisar la legislación en materia de bienestar animal antes de finales de 2023’.

El órgano de gobierno europeo expone también que ‘está examinando la legislación sobre aditivos para piensos para reducir las emisiones de metano. Las explotaciones ganaderas industriales también están contempladas en la Directiva sobre las emisiones industriales, así como en las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles que establecen niveles de emisiones para el amoniaco’.

‘Se ha previsto -especifica por su importancia dada la inmediatez- una revisión en abril de 2022 que incluirá opciones para reducir la contaminación, también en relación con la cría de ganado vacuno, porcino y de aves de corral’.

La Comisión Europea completa su respuesta a Sira Rego comentando que ‘los proyectos de ganadería intensiva entran en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre la evaluación de impacto ambiental, que requiere una evaluación de las repercusiones en el medio ambiente de los proyectos importantes’.

 IZQUIERDA UNIDA FEDERAL  

 Homenaje en el Cementerio de la Almudena a las republicanas asesinadas por el Franquismo

 POR LAS MUJERES LIBRES QUE ALZARON LA VOZ

“Trazar el presente desde el recuerdo”. Con esa idea comenzó el homenaje realizado en el madrileño Cementerio de la Almudena a las mujeres republicanas asesinadas por el franquismo. “Somos las nietas de las que matasteis. Pero no pudisteis arrebatarnos la convicción, los principios y la lucha; la verdad y la memoria”.

Para mantener viva esa memoria, y en vísperas del 8M, el domingo 6 de marzo más de 150 personas se concentraron, con pancartas antifranquistas, con banderas republicanas y con carteles con los nombres, apellidos y edades de algunas de las tantas y tantas mujeres asesinadas en el paredón de fusilamiento del cementerio, donde estaban las placas conmemorativas destruidas por el alcalde Almeida con la complicidad de su compañera de gobierno Villacís. Las tapias son para las y los republicanos un lugar para el recuerdo, pero también para reiterar la denuncia a quienes intentan volver a “condenar al ostracismo a nuestras mujeres”… tanto en el cementerio como en el callejero de Madrid donde sustituyeron el nombre de la Maestra Justa Freire por el del sanguinario Millán Astray; y la de Poeta Angela Figuera por el de Asensio Cabanillas.

  

“Hermanas, nosotras no olvidamos”. E invocaron al compromiso y la memoria: por el recuerdo de las mujeres asesinadas en las sacas; por el recuerdo de los últimos mensajes guardados en cualquier recoveco; por las que tuvieron que llorar en silencio; por los muchos “de eso no se habla”; por los besos no dados…. “y por la terrible infamia de enterrar los sueños democráticos bajo las balas”.

Esas “hermanas” eran las “mujeres libres que alzaron la voz” y el franquismo las mató. “Mujeres valientes”. Así fueron y así se las recuerda. Para ellas hubo poesía y para ellas tocaron los violonchelos de Angeles Lobato y de David Ortiz. Para que nos nombres no se olviden en la historia de este país, se leyeron los nombres de aquellas mujeres fusiladas y las voces del coro Malvaloca, pusieron el corazón en aquel “Somos las presas del 39. Viva la madre que nos parió” que entonaban para mantener el ánimo en las cárceles de mujeres . “Ellas cantaron para resistir y nosotras para no olvidarlas” dijeron las mujeres del coro. En el repertorio no faltó Al Alba… Hubo muchas albas desde julio de 1939 al 42, y muchas vidas segadas en aquellas paredes por las balas de los que vencieron con la ayuda de Hitler y Mussolini, pero no convencieron. Usaron todas su maquinaria para dinamitar las libertades. Y las de las mujeres por partida doble.

   

Angustias Alonso, fue una de las personas más queridas por quienes participaron en este homenaje. Le llamaron para recitar un poema, se acercó, lo leyó y volvió atrás a escuchar sentada sobre una lápida. Cuando tres jóvenes se le acercaron para felicitarla, Angustias Alonso, militante comunista, con más de 90 años a las espaldas, las miró y les respondió: “Nosotras hemos hecho la trocha; ahora os toca a vosotras hacer el camino y las avenidas”.

Un minuto de silencio. Y una voz coral: “Verdad, justicia y reparación”.


GEMA DELGADO

El PCE pide no alimentar la guerra en Ucrania y llama a la distensión, el diálogo y la movilización por la paz

ESPAÑA NO DEBE CONTRIBUIR A LA GUERRA

 

Tras condenar el ataque de Rusia a Ucrania al desatarse la agresión en un comunicado el 24 de febrero, el Comité Central del PCE anunció su respaldo a “todas las iniciativas que promuevan una solución pacífica y definitiva para resolver una seguridad compartida de Ucrania y Rusia al margen de las lógicas y respuestas militares”.

“El PCE está en contra de las guerras, y condena esta grave decisión de Putin, cuyas consecuencias pueden ser incontrolables, máxime con el riesgo de que se extienda la guerra en la región. Es un fracaso colectivo porque la seguridad de Europa, Ucrania y Rusia son inseparables. Todos los países, y también Rusia, deben respetar las reglas del multilateralismo, de la resolución pacífica de conflictos, y la estricta aplicación del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, como única forma de prevenir la destrucción de la humanidad”.

El PCE recalcó que esta agresión se habría evitado “si en lugar de la lógica de la tensión militar impulsada por Rusia, EEUU y la OTAN sobre Urania, se hubiese optado por defender una Seguridad Continental Integrada tal y como se aprobó en 1990 en la llamada "Carta de París" por parte de la OSCE”.
  

“Es necesario parar la escalada bélica y proteger a la población civil de todos los pueblos implicados, organizar la contestación a la guerra y la exigencia de detenerla”.

Respecto del papel de Europa, el PCE ha manifestado que “Europa necesita avanzar hacia un Sistema de Seguridad Compartida que supere la lógica de la guerra fría, que inicie procesos de desarme verificables y consiga convertirse en una zona libre de armas de destrucción masiva”.

En cuanto a España, “no debe de formar parte de ese conflicto y debe secundar iniciativas diplomáticas intensas para poner fin a la agresión rusa y contribuir en la construcción de un Sistema de Seguridad Compartida Continental”.

El Comité Central del PCE ha acordado las grandes líneas de trabajo en relación con este conflicto:

-Reactivar el movimiento por la paz, impulsando comités ciudadanos y convocatorias abiertas, a las que se vayan sumando fuerzas.

-Exigir la retirada de todas las fuerzas militares de la zona del conflicto, incluidas las fuerzas militares españolas, de la OTAN, de Rusia y europeas, así como la creación de una zona desmilitarizada.

-Denunciar la agresividad de la OTAN y su expansión permanente hacia el este. España debe ofrecer las opciones de la diplomacia, la distensión, la desescalada y la desmilitarización de la crisis y de la región, en un contexto en el que Europa debe optar por soluciones diplomáticas negociadas y por el desarme en el continente y en el planeta.

-Recuperar el mensaje "No a la guerra". "España no debe contribuir a una guerra"; "España no debe repetir el sangriento error de la guerra de Iraq".

-Preparar los trabajos de la contra cumbre de la OTAN de junio de 2022 en Madrid y activar los debates sociales sobre alternativas multilaterales para garantizar la seguridad humana frente a alianzas militares obsoletas e imperialistas como la OTAN.

 

A las rojas, ¡no nos pararán! - 

Manifiesto del PCE para el 8 de marzo

Este 8 de marzo, Día internacional de las mujeres trabajadoras, vamos a llenar las calles de feminismo, porque nuestros derechos no se tocan y porque queremos alcanzar la igualdad real.

Con la agenda feminista vamos a erradicar las violencias machistas de nuestras vidas, y cortaremos de raíz con la agenda de las misóginas derecha y ultraderecha de PP y VOX, que no solo van a negar la existencia de las violencias machistas, sino que van a recortar en prevención, atención y protección a las víctimas. Allá donde gobiernan, lo hacen.

En Zaragoza, por ejemplo, el PP ha eliminado los conceptos de violencia machista o de género por violencia intrafamiliar, porque niegan su existencia, y han retirado el apoyo a las concentraciones contra de la violencia de género que se realizan mensualmente desde las asociaciones de los barrios.

En la agenda feminista está reformar la ley del aborto para que todas, sin excepciones, tengamos derecho a interrumpir nuestro embarazo de una forma segura, sin obstáculos ni tutelas y en la sanidad pública, mientras en la agenda de las derechas de PP y VOX está impedir el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra maternidad, e incluso, la criminalización de aquellas que lo ejercen.

Allá donde gobiernan, lo hacen. En Andalucía, en Madrid, en Murcia o en Zaragoza, el PP subvenciona a entidades antiabortistas que se plantan en las puertas de las clínicas donde se practican abortos. Estas entidades reciben anualmente fondos públicos mientras que, al mismo tiempo, se eliminan subvenciones a entidades que trabajan en proyectos de igualdad.

Con la agenda feminista vamos hacia la igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo, la abolición de la brecha salarial, el techo de cristal y el suelo pegajoso, vamos hacia el trabajo digno para todas, mientras que en la agenda de las derechas de PP y VOX está que permanezcamos en la desigualdad y la precariedad laboral, explotadas, con más bajos salarios que los hombres, con más contratos temporales y a tiempo parcial.

Allá donde pueden, lo intentan. En el Congreso de los Diputados y las Diputadas, PP y VOX votaron en contra la reforma laboral impulsada por Unidas Podemos, una reforma para la mejora de las condiciones laborales, especialmente del trabajo feminizado, porque limita la temporalidad en la contratación.

La agenda feminista incluye abolir los grandes negocios neoliberales y criminales de la trata y la prostitución, en definitiva, el sistema prostitucional, al que están sometidas miles de mujeres y menores, extremadamente vulnerables. También abolir la compraventa de bebés mediante los úteros de alquiler, y también la pornografía (violenta escuela de educación sexual para la juventud).

Allá donde gobiernan, lo hacen. En España el PP que gobernó durante 15 años, miró para otro lado pese a ser el país que más prostitución demanda de Europa. Las mujeres no son un producto de consumo ni pueden ser esclavizadas.   

Con la agenda feminista vamos hacia un sistema de salud, educación y cuidados públicos de calidad en igualdad y para la igualdad, mientras que en la agenda de las derechas de PP y VOX están las políticas de privatización y desmantelamiento de lo público mientras quieren que nos sigamos educando con roles y estereotipos sexistas que consoliden relaciones desiguales y que mantengan a las mujeres al servicio del capital y los deseos del patriarcado.

Allá donde gobiernan, nos acusan de adoctrinar. Vox, en Los Barrios (Andalucía) con la implantación del pin parental ha logrado bloquear los talleres de educación afectivo-sexual en los colegios e institutos.

Allá donde gobiernan, nos recortan en salud. En Andalucía el PP ha dejado a cientos de mujeres sin hospitales públicos en los que parir en su Área sanitaria y sin matronas, con lo que se les están practicando cesáreas indiscriminadamente, o lo que es lo mismo, ejerciendo sobre ellas violencia obstétrica, otra más de las prácticas patriarcales, que con estas profesionales serían evitables.

Allá donde gobiernan, nos quieren esclavas. El PP privatiza servicios públicos en Galicia, una de las comunidades con más población envejecida, sin apenas plazas en geriátricos públicos y con falta de personal profesional, de modo que seguimos cargando nosotras las mujeres con los cuidados, las dobles jornadas de trabajo y la falta de corresponsabilidad.

Con la agenda feminista queremos defender los derechos humanos de todas sin exclusiones, también para las del colectivo LGTBI, mientras que las derechas, allá donde gobiernan, como ocurre en Castilla y León, han impedido la tramitación de una ley por los derechos LGTBI, impidiendo así a las personas LGTBI una vida digna, especialmente a las Trans.

Tú decides, la agenda feminista o la de las derechas.

¡Por ti y por todas, este 8 de marzo todas a las calles!

 

 MILES DE PUEBLOS Y BARRIOS SE VAN QUEDANDO SIN ACCESO A SERVICIOS ESENCIALES

 El cierre de sucursales bancarias destruye empleo, recorta servicios y sube las comisiones

Una reciente resolución aprobada en el Comité Regional de Madrid del PCE, y que está sirviendo de base para articular un trabajo de análisis en el seno del Área Externa Central, arranca con el siguiente título: LA BANCA SIEMPRE GANA… Podría servir como cabecera de este artículo, pero aquí la cuestión se centra en la denuncia de un efecto que, siendo muy directo, parece pasar desapercibido: Son los miles de pueblos, barrios y ciudades medias que están condenados a que quienes viven en ellos no puedan acceder a servicios bancarios y financieros esenciales.

La fusión de las entidades bancarias que se produce en nuestro país, marcadas por un contexto internacional próximo muy similar, tiende a hacer desaparecer entidades, pero también sucursales y oficinas. Es obvio que para las entidades bancarias no resulta lucrativo mantener una amplia red de sucursales y oficinas con las que captar clientes, y no ya por la proliferación del negocio vía internet y de las llamadas oficinas virtuales, sino porque parten de no necesitar captar fondos de particulares cuando obtienen créditos a tipo cero de organismos como el BCE con los que seguir especulando.

Sin embargo, la licencia que otorga el Estado para operar a las entidades de crédito, las obliga a prestar sus servicios en determinadas condiciones, sobre todo si se dedican a la banca comercial y no a la de inversión. La comercial es la que permite que la ciudadanía pueda tener a su alcance una cuenta corriente básica, imprescindible para poder pagar las facturas del consumo cotidiano, cobrar sueldos, salarios o pensiones, y, en definitiva para poder desenvolverse en las condiciones actuales.

  

Para la inmensa mayoría de la población, tener lo más cerca posible un cajero automático o una oficina abierta al público es una necesidad tan perentoria como poder acceder a un establecimiento de farmacia, a una tienda de comestibles o a una oficina de correos… Si la banca privada es incapaz de garantizar la prestación del servicio, habrá que hacerlo desde la banca pública, por supuesto… Pero lo más cierto, es que la crisis financiera del 2008 se saldó con fuertes inversiones de dinero público que deben ser devueltas. Y parte de esa devolución se debe traducir en la prestación del servicio esencial de banca comercial.

Detrás de las fusiones de las entidades, viene el cierre de sucursales y el despido de miles de trabajadores y trabajadoras. Pero también decenas de miles de personas que se quedan sin poder acceder a un servicio básico. Eso no se puede consentir y esa actuación debe ser perseguida e impedida esgrimiendo las armas legales de defensa de quienes son usuarios forzosos del servicio.

Y esto es más grave si se tiene en cuenta que en 2020, en plena pandemia las entidades bancarias y financieras cerraron el ejercicio con balances positivos, no así los miles de miembros de sus plantillas despedidos.

Además de la negación a la prestación de un servicio que debe tener carácter universal, la concentración en un más que reducido oligopolio va a estimular las prácticas abusivas a las que nos vienen acostumbrando. A la ya consumada fusión de la Caixa y Bankia, seguida de la anunciada fusión de Unicaja y Liberbank, se pronostica un futuro mercado financiero español controlado al 80% por tres o cuatro megacorporaciones.

Ahora te haces tú las gestiones y encima te cobro

Nos recuerda la resolución, a la que antes aludía, que desde 2008 la banca ha perdido casi 100.000 empleos, el 35% según los datos del Banco de España. En la actualidad la plantilla de la banca es la misma que había en los años 70. Lo que se traduce en beneficios que la banca obtiene con la destrucción de empleo. Para el sector financiero, la destrucción de empleo es un negocio muy rentable a corto plazo, al amortizar en unos pocos años el coste de los despidos y a partir de ese momento obtener más beneficios con el cierre de sucursales, subiendo las comisiones de los servicios, que ya no dan a sus clientes. Estos servicios los han subcontratado y desplazado porque es la propia clientela la que ahora se ve obligada a realizar diferentes tareas de manera gratuita.

Los grandes perjudicados por la destrucción de empleo en el sector financiero es la clase trabajadora activa o no activa que tiene domiciliada sus nóminas, sus pensiones, sus becas o sus ahorros. Estas son las personas que están sufriendo un aumento de las comisiones por parte de los bancos al mismo tiempo que se les recorta la prestación de servicios que antes se realizaban por la plantilla de estas entidades. Lo que da el siguiente resultado: se ofrecen infinitamente menos servicios que antes, pero en sentido inverso se pagan más comisiones.

Esta situación no puede ser abordada exclusivamente desde una vertiente sindical, en el sentido de proteger el empleo o las condiciones de salida del mismo, sino que debe ser abordada desde el Ministerio de Consumo exigiendo decididamente terminar con unas prácticas filibusteras que sistemáticamente vienen siendo denostadas por los tribunales europeos, incluso por algunos españoles aunque parezca raro...

Se debe garantizar la cobertura del conjunto del territorio para prestar un servicio eficaz y de proximidad a toda la ciudadanía; se debe impedir el cobro de comisiones abusivas; y se debe obligar a que se preste el servicio con orientación pública y de calidad. Y este es un reto que tiene que abordarse de manera inmediata.

 CARLOS VÁZQUEZ GALÁN. Secretario de Área Externa del CC del PCE

 

 El PCE hace un llamamiento a la responsabilidad de todo el bloque de izquierda y democrático de la investidura a favor de la reforma laboral

La reforma laboral generaliza la contratación indefinida, refuerza el poder sindical en la negociación colectiva y la intervención pública.

Tras décadas de reformas laborales, especialmente la última del PP en 2012, que reafirmaba un modelo laboral donde primaba el poder unilateral de la patronal, precarizando las condiciones de trabajo de la clase obrera, devaluando sus salarios y destruyendo masivamente millones de empleos, además de debilitar a los sindicatos en la negociación colectiva y la capacidad de intervención de las administraciones públicas, finalmente se aprobó la nueva reforma laboral en el Consejo de Ministros del pasado 28 de diciembre, ya publicada en el BOE, para que la clase obrera inicie un camino de recuperación y avance en la conquista de sus derechos.

Esta nueva reforma laboral, sumada a las reformas del SEPE y la inspección de trabajo, cuestiona las políticas empresariales y las sitúa como las causantes de tanta precarización y dumping salarial, de prácticas fraudulentas y abusos, poniendo el foco en las empresas y aportando también los medios para combatir la alta precariedad laboral. Esta reforma supone un avance importante para generalizar la contratación indefinida frente a la enorme precariedad (que se ceba especialmente en la mujer, la juventud y las personas migrantes), limitando la temporalidad, la subcontratación y reforzando la inspección de trabajo para combatir al fraude y defender el empleo de calidad, dando un mayor protagonismo a los sindicatos en la negociación colectiva. Además, incorpora los ERTEs a la legislación con las condiciones que se han instaurado en el escudo social por la pandemia, como alternativa a los despidos colectivos.

   

Esta es una reforma que reduce los tipos de contrato temporal a dos (estructural y formativo), obligando a justificar los motivos de la temporalidad de las empresas para disminuir la alta tasa de trabajo temporal. La reforma laboral va a extender el contrato indefinido como forma ordinaria de contratación, además de introducir contratos como el fijo discontinuo, o acotar y perseguir el fraude con la contratación temporal. De esta forma se merma el recurso de muchos empresarios, que utilizan la temporalidad para atemorizar a los/as trabajadores/as con la no renovación de sus contratos. Muestra así una clara oportunidad a amplios sectores de trabajadores y trabajadoras, a perder el miedo frente al constante chantaje contra sus empleos, para poder organizarse sindicalmente y reivindicar sus derechos en mejores condiciones.

La inclusión de los ERTE con las condiciones del escudo social y como alternativa a los despidos, refuerza el papel de los sindicatos y la administración pública a la hora de afrontar sus causas en la negociación colectiva y salvaguardar el empleo, antes que asumir las consecuencias mediante denuncias individuales por cantidades, tal y como ha quedado patente en esta pandemia, al haberse salvado con este mecanismo más de 3,5 millones de puestos de trabajo. La contratación indefinida, la prevalencia de los convenios de sector y los ERTEs frente a los EREs, representan la anteposición de la vía sindical, de lucha y negociación colectiva, antes que la denuncia individual o la vía jurídica, irreversible en la inmensa mayoría de los casos, y la última oportunidad para defenderse.

La prevalencia del convenio sectorial en materia salarial y en las empresas subcontradas (que representan una parte importante de las PYMES de este país), en la práctica va a significar la generalización de la prevalencia de los convenios de ramo frente a los nefastos convenios de empresa o multiservicios. La recuperación de la ultraactividad indefinida consolidará los derechos adquiridos durante años y reforzará las posiciones del sindicalismo de clase frente a la fragmentación e individualización actual, impuestos durante décadas por los anteriores gobiernos neoliberales y por la patronal.

La derecha y ultraderecha están rabiosas y descolocadas ante el naufragio de su estrategia desestabilizadora, dado que no se esperaban el acuerdo, y menos con la firma de las patronales. La CEOE está muy dividida e incómoda por la firma del acuerdo para la reforma laboral. Sus comunicados negando sus concesiones son intentos de justificar su firma para tratar de aplacar la fuerte oposición interna que hay en la Patronal (la agraria, la del automóvil, la madrileña y la catalana están en contra de la firma). No están nada cómodos en un acuerdo que les coloca como los responsables del fraude y la precariedad, que acrecienta el control y la intervención pública de la contratación en las empresas y refuerza el papel de los sindicatos.

Ahora queda el trámite parlamentario para aprobar la ley, en el que se pueden dar cambios para obtener los apoyos suficientes para aprobar la reforma. Pero no caigamos en falsas expectativas, somos conscientes de que no será fácil mantener el equilibrio entre el acuerdo social y los apoyos parlamentarios dentro del bloque de investidura. Y una caída de la norma sería una victoria de la patronal y la derecha y un duro golpe para la clase obrera. Hacemos un llamamiento a la responsabilidad de todo el bloque de izquierda y democrático de la investidura, negociando para hacer prosperar esta reforma laboral, sin dar argumentos para que nadie se descuelgue y la haga fracasar. Quedan aspectos por avanzar, a los que no renunciamos y por los que seguiremos peleando, pero ahora es esencial consolidar primero las victorias de la nueva reforma.

Es fundamental aprovechar la oportunidad de los PERTE y los Presupuestos Generales del Estado, recientemente aprobados, para cambiar el actual modelo productivo basado en la precariedad y los bajos salarios, por otro donde prime la alta tecnología y el valor añadido, la investigación y el desarrollo, una potente industria autóctona y con participación pública, que potencie los servicios públicos, los derechos sociales y laborales, y que genere empleos de calidad. Esta reforma sienta las bases de unas relaciones laborales más equilibradas para poner a la clase obrera y al movimiento sindical a la ofensiva, para seguir recuperando y avanzando en derechos. Conquistarlos cuesta mucho, por eso hay que poner en valor las victorias y no dejar pasar las oportunidades.

Para el PCE es imprescindible tener una visión estratégica y global, y ser conscientes de las exigencias del momento histórico y la importancia de la reforma laboral. Hay que recordar las diferentes medidas de forma conjunta y no separadas, desde la importante subida del SMI durante estos años, a la mejora de las pensiones, las leyes de igualdad y la Ley Rider, resaltar el reforzamiento del SEPE (aumentando sus recursos, plantillas y control de las ofertas y demandas de empleo) o el plan estratégico 2022-23 para la Inspección de Trabajo que fue presentado en noviembre para su modernización con las nuevas tecnologías, con más recursos y medios técnicos y humanos, así como más capacidad interventora y sancionadora en la salud laboral, la igualdad y también, mayor capacidad para condicionar los despidos colectivos o EREs y los ERTEs. Es un importante elemento que poner en la balanza, puesto que la labor de Trabajo ha significado la detección y pase de más de 350 mil contratos temporales fraudulentos a fijos en un año.

Los y las comunistas, en conjunto con el sindicalismo de clase y toda la izquierda, debemos avanzarnos a los acontecimientos, siendo conscientes de que la derecha, la patronal y otros sectores interesados van a maniobrar para dinamitar la aprobación y subvertir la aplicación de la reforma. Debemos utilizar los avances que aparecen en la reforma laboral como herramientas para mejorar las condiciones materiales de la clase obrera, fortalecer el sindicalismo de clase en las empresas y sectores, aumentando la solidaridad, la organización y la conciencia de clase. Es fundamental que, desde la acción concertada de los y las comunistas, la izquierda, los sindicatos y la administración, hagamos que estos avances sean conquistas tangibles en la vida de la clase trabajadora.