Si abolimos la prostitución no habrá trata

 

EL PCE CONTRA LA TRATA PARA EXPLOTACIÓN SEXUAL

 Es una cuestión de clase y de género: el 98% son mujeres y la mayoría vienen de situaciones de pobreza y exclusión social

En las últimas tres décadas, 30 millones de mujeres y niñas fueron forzadas a la explotación sexual en el mundo

Hoy 23 de septiembre es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños

Cuando hablamos de explotación sexual estamos hablando aproximadamente del 90% de la finalidad de la trata, según el primer informe sobre tráfico de seres humanos publicado por la ONU. Así que si no existe el negocio que la lucra se acabará prácticamente con la totalidad de la trata.

Dicho de otra manera, si abolimos la prostitución no habrá trata y si abolimos la demanda no habrá prostitución.
  
En el fondo, de lo que estamos hablando es de una cuestión claramente de clase y de género. Porque la mayoría de las víctimas provienen de situaciones de pobreza y exclusión social y la mayoría son mujeres (98%).

La crisis de la covid-19 como en todas las crisis ha afectado con mayor virulencia sobre las mujeres, y los pueblos más oprimidos por el hambre y la pobreza, estrangulados por deudas, por ajustes estructurales impuestos por instituciones financieras globales y por las políticas de austeridad, países bajo ocupación militar y países sujetos a privaciones de todo tipo por parte de bloqueos económicos unilaterales imperialistas criminales, como ocurre en Venezuela y Cuba.

En este contexto de pandemia, en el que las mujeres hemos sido las más perjudicadas por la destrucción de empleo y el aumento de la feminización de la pobreza, se nos ha dejado a muchas más dependientes, sin ingresos y más vulnerables ante maltratadores, proxenetas y tratantes de personas.

Pobreza, mafia y colosal negocio de traficantes y proxenetas

Volviendo al negocio de la trata, recordamos que la prostitución en los países ricos tiene una relación directa con la feminización de la pobreza, porque son mayoritariamente mujeres pobres y/o en situaciones de desarraigo social las que están en situación de prostitución. Con la pandemia se ha acentuado aún más porque millones de mujeres y menores en situación de prostitución y víctimas de la trata han sido invisibilizadas y reconfinadas con sus proxenetas y tratantes.

En las últimas tres décadas, 30 millones de mujeres y niñas fueron forzadas a la explotación sexual en el mundo. Se calcula que la trata para explotación sexual en muchos países mueve el mismo dinero que el tráfico de armas y drogas juntos, aproximadamente 6000 millones de euros al año, lo que supone el 1,5% del PIB mundial (ONG Rescate).

Haciendo énfasis en que sin la demanda no hay negocio para la trata, algunos datos en nuestro país son alarmantes.

España, país líder en consumo de prostitución y de trata

España es país de origen, tránsito y destino de trata según un informe de 2018 (NNUU); y según ONU (2017) España es el primer país de Europa y el tercero a nivel mundial en consumo de prostitución. EUROPOL (2016) informa que uno de los destinos más elegidos por los tratantes, debido a la gran demanda de prostitución, se encuentra España.

En España según la Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado el 90% de los procesos seguidos del delito de trata están vinculados al negocio de la prostitución, un 32% más que la media mundial.

Ley de libertad sexual y Ley de Trata

Por todos estos motivos saludamos la Ley de libertad sexual impulsada por el Ministerio de Igualdad que penaliza la tercería locativa, es decir el alquiler de pisos o habitaciones para prostitución ajena, y tipifica como violencia sexual la prostitución ajena haya o no haya consentimiento. Además de incluir en el circuito de atención a las mujeres en situación de prostitución y víctimas de trata.

Por ello no es casual que encuentre la oposición rotunda del PP, VOX y quienes defienden la regulación de la prostitución como un trabajo. Porque entre otras cosas acabar con esta explotación, es desapuntalar el patriarcado.

Todos estos datos y cifras nos alertan de que en España urge una legislación estatal integral contra la trata desde una perspectiva abolicionista de la prostitución y valoramos muy positivamente la iniciativa legislativa por parte del Ministerio de Igualdad para tramitar una ley integral contra la trata en nuestro país. Urgen medidas de reparación y de ayuda a las víctimas, junto a la persecución legal de todo tipo de proxenetismo y la penalización de la demanda.

Teniendo en cuenta de que existe la prostitución porque hay demanda, siempre desde el PCE hemos tenido claro que la ley contra la trata debe considerar la penalización de la demanda, como parte de la reparación a las víctimas, y para señalar a los demandantes como parte fundamental del problema. En coherencia y dada la situación, la nueva Ley de Trata debe incorporar los convenios internacionales y europeos ratificados por el Estado español en sus recomendaciones de penalizar la demanda.

 CRISTINA SIMÓ ALCARAZ. Secretaria Área feminismo PCE  

 IU y el PCE piden formar parte del Consejo Asesor de Memoria Democrática de la JCCM

El PCE recurre a su condición histórica que le hace parte del propio hecho por el que se constituye el consejo asesor

Coincidiendo con el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, ambas organizaciones han formalizado sendas enmiendas al borrador del decreto por el que se crea y regula el Consejo Asesor de la Memoria Democrática de Castilla-La Mancha. De sus catorce vocalías, solo dos están destinadas a agentes externos a instituciones públicas.

IU y el PCE entienden que la propuesta hecha por la Vicepresidencia de la JCCM para el Consejo Asesor adolece de una falta de participación de representantes de las víctimas, bien sean de carácter personal o de entidades políticas, sociales, sindicales o de cualquier otra índole que pudieran verse identificadas con la represión franquista.

El PCE de Castilla-La Mancha ha alegado lo que considera “su condición especial” adquirida por su defensa de los derechos y libertades democráticas en España durante la guerra civil y la dictadura. Una condición que se basa en una represión mayúscula, con un saldo de persecución, muertes, torturas, encarcelamientos, violaciones, destierros, exilios y embargos forzosos, contra su militancia que le otorga una condición específica y exclusiva que sería de gran ayuda y aportación para el Consejo.

Tanto Izquierda Unida como el PCE han recordado que vienen manteniendo un importante compromiso con la Memoria Democrática en Castilla-La Mancha, siempre en la promoción de los principios de verdad, justicia y reparación para que se puedan establecer garantías de no repetición y de los valores democráticos entre la ciudadanía. Y añaden que “Izquierda Unida representa y defiende siempre que tiene oportunidad con vehemencia estos principios en aquellas instituciones públicas donde está representada. Son multitud los municipios de Castilla-La Mancha, así como en las tres diputaciones provinciales de nuestra región, donde se ha escenificado y comprobado el compromiso de los cargos públicos de IU con la defensa de los valores de la Memoria Democrática. Un compromiso que no se limita al ámbito institucional sino que también tiene un carácter público y social que se basa en establecer a la víctimas en el eje principal de la atención hacia la memoria democrática que es en todo caso imprescindible”.

 IZQUIERDA UNIDA CASTILLA LA MANCHA (IUCLM)  

 

 

 Vandellós II: Trece años ignorando la seguridad nuclear

   

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) exige a Vandellós II a cumplir las normas de seguridad que son obligatorias desde un incidente en Ascó en 2008.

 La negligencia de la central puede ser el origen del hallazgo de materiales radiactivos en los sistemas de ventilación del edificio.

·         Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear consideran inadmisible que se ponga en peligro la salud y seguridad de los trabajadores, de la población y del medio ambiente.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) acordó el 28 de julio emitir una Instrucción Técnica Complementaria (ITC), normativa de obligado cumplimiento, a la central de Vandellós II para que incorporen sistemas de filtración de gases radiactivos en seis de los edificios de la central nuclear, ya que es la única central nuclear que carece de dichos sistemas. La falta de estas unidades de filtración representa, según el CSN, un problema de protección radiológica de los trabajadores, público y medio ambiente, por lo que se clasifican estos sistemas como «relevantes para la seguridad».

Tras el suceso de emisión de partículas radiactivas en la nuclear de Ascó en 2008, el CSN emitió una Instrucción Técnica (IT) para el resto de las centrales nucleares españolas. En ella se pidió que se analizaran las posibilidades de que el suceso se repitiera en sus instalaciones, así como la propuesta de posibles medidas derivadas. Entre las cuestiones a incluir se señaló explícitamente el análisis de los diferentes sistemas de ventilación, calefacción y aire acondicionado (HVAC por sus siglas en inglés), la identificación de potenciales vías de emisión debido a la falta de filtración en esos sistemas, y una revisión del diseño de estos sistemas HVAC ¹.

La fecha de la instrucción dirigida a Vandellós II es de 13 de mayo de 2008. Después de las inspecciones de 2014 y 2016, la respuesta final de Vandellós II en 2017 fue que ya cumplía con la normativa sobre ese tema y que había decidido no implantar el filtrado en ninguno de los sistemas. Como excusa se argumentó la complejidad de las modificaciones de importantes elementos del diseño de la central, y que ya contaban con prácticas de trabajo adecuadas y controles de detección.

Para Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear era sorprendente la actitud de la central, pero aún lo era más la permisividad del CSN durante estos trece años en una cuestión relevante para la seguridad. Tampoco comprendían que se permitiera a la central ignorar la autoridad del Consejo.

El pasado mes de abril, en el interior de un conducto de extracción de aire del sistema de ventilación del edificio de desechos radiactivos, se encontraron partículas radiactivas con Cobalto-60, Cesio-137 y Manganeso-54. El aumento del nivel de radiactividad en el conducto alertó del problema. Para la central, este suceso no era novedoso tal y como informaron al CSN: «No es un hecho aislado y que, en el pasado, al menos entre 2008 y 2019, se ha reportado en alguna ocasión la presencia de Cobalto-60 en la extracción de sistema de ventilación del edificio de desechos «. Un incidente que no se consideró “suceso notificable”.

A propuesta del Director Técnico de Seguridad Nuclear se ha llevado al pleno del CSN un informe de la situación y una propuesta de actuación para resolver esta insubordinación de la central. Hay que destacar el reconocimiento explícito en la documentación de deficiencias en la revisión del estado de la central que se debía realizar para la renovación del permiso de explotación por 10 años más, ya que estos problemas no han sido reflejados en el proceso de renovación. Así, según se manifiesta, «este tema no ha sido analizado en profundidad en la reciente revisión periódica de la seguridad».

Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear consideran inadmisible que se ponga en peligro la salud y seguridad de los trabajadores de la central nuclear, así como el riesgo de repercusiones medioambientales y para el público, tal como establece el CSN en el escrito de la ITC.

Asimismo, para las organizaciones ambientales resulta incomprensible la pasividad de las anteriores direcciones y plenos del CSN ante el incumplimiento de la IT por parte de Vandellós II. Por ello, piden una depuración de responsabilidades de los miembros del organismo regulador que en su día tenían la responsabilidad de hacer el seguimiento.

Ecologistas en Acción está estudiando, a través de su área jurídica, la posibilidad de presentar una denuncia contra la empresa propietaria de la central nuclear por una desobediencia reiterada al organismo regulador, al entender que podía haber tenido graves repercusiones, tanto para la salud y seguridad de las personas como del medio ambiente.

ECOLOGISTAS EN ACCION

 La Fiesta del PCE vuelve para celebrar el Centenario del Partido

 

REPETIMOS EN RIVAS VACIAMADRID, LOS DÍAS 24, 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE

 

El PCE celebrará su 43 fiesta anual tras un año de parón motivado por la pandemia de Covid-19. El regreso de la Fiesta coincide con la celebración del Centenario del PCE. El Recinto Ferial de Rivas-Vaciamadrid volverá a acoger las cientos de actividades que tendrán lugar durante los días 24, 25 y 26 de septiembre. Toda la información irá publicándose en la web fiesta.pce.es y en las redes sociales de la Fiesta.

  
Por ahora solo se conoce el programa de conciertos, cuyo disfrute requerirá de la compra de entrada. Estas tienen precios populares: 15 euros en venta anticipada y 20 en taquilla para cada día. Además, hasta el 1 de agostos están disponibles 1.000 abonos para los dos días por 25 euros. El viernes 24 actuarán ZOO, Mafalda y La Reina de los Lagartos y el G.E.L; el sábado 25 lo harán Los Chikos del Maíz, Anier y Martin Plan B. El apartado musical será completado más adelante con otras actuaciones que tendrán acceso libre y gratuito, al igual que el resto de actividades.

La Fiesta volverá a contar con las habituales charlas y debates, con una programación de teatro, con la Feria del libro, con actividades deportivas, una amplia variedad de gastronomía incluye opciones veganas, actividades infantiles, zona de artesanía, además del ya tradicional Rincón Cubano y del acto central, que en esta ocasión tendrá un carácter especial con motivo de la Celebración del Centenario del Partido. Estos contenidos serán anunciado a lo largo del verano.

 

 

 El IPCC alerta de la inminencia de la catástrofe climática

  

·         La pérdida de especies, las sequías, los fenómenos meteorológicos extremos y otra larga lista de impactos climáticos están sucediendo antes de lo que se había previsto.

·         El agravamiento de las tendencias vistas anteriormente y las consecuencias de la inacción climática son una señal de alarma de un futuro que pone en peligro a la humanidad y especialmente a las personas más vulnerables.

·         Para Ecologistas en Acción la sordera de los gobiernos a las reducciones marcadas por la ciencia es una actitud injustificable que condena durante siglos la vida en el planeta.

 El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) ha hecho público el avance de los resultados del Grupo de Trabajo I. Este documento es un resumen de los principales avances en la ciencia climática, en concreto de cuáles son los avances en la comprensión de las dinámicas climáticas, el estado actual del clima, la evaluación de la influencia humana y las previsibles consecuencias. Servirá de base para el trabajo del resto de grupos del IPCC que deberán presentar en febrero de 2022 el sexto informe de revisión del estado del clima.  Unos informes que han alertado, cada vez con mayor contundencia, de las terribles consecuencias del cambio climático. Este último informe advierte que «las decisiones que tomen las sociedades ahora determinarán si nuestra especie prospera o simplemente sobrevive a medida que avanza el siglo XXI».

 La realidad, a juicio de Ecologistas en Acción, es que estas advertencias han servido de muy poco. Las emisiones mundiales siguen creciendo año a año. Para la organización ecologista la sordera de los gobiernos a las reducciones marcadas por la ciencia es una actitud injustificable que condena durante siglos la vida en el planeta, ya que, como señala el propio IPCC, la naturaleza podrá evolucionar con el tiempo a un nuevo equilibrio, pero la especie humana no. Cada revisión del panel climático fuerza a establecer objetivos más ambiciosos debido a la falta de medidas. Cabe recordar como se van incumpliendo uno tras otro. Por ejemplo, las propias Naciones Unidas lanzaban en 2015 una campaña para exigir que el año 2020 marcara un pico de emisiones. En aquel momento Patricia Espinosa, presidenta de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), declaraba: «La ciencia afirma que lograr el objetivo de temperatura a largo plazo requiere que las emisiones globales de gases de efecto invernadero alcancen su punto máximo para 2020 y se reduzcan a cero en este siglo».

Ecologistas en Acción señala que no alcanzar el pico de emisiones en 2020 es «una auténtica irresponsabilidad histórica de graves consecuencias», de la que llevaba años avisando la ciencia. La Organización Meteorológica Mundial advierte de que existe al menos un 40 % de posibilidades de que se supere un incremento de la temperatura global superior a 1,5 ºC antes de 2026 que llevará a la desaparición de importantes ecosistemas y el agravamiento de fenómenos meteorológicos extremos.

El resumen del IPCC alerta con enorme preocupación de cómo se están activando procesos de degradación planetaria que acelerarán el cambio climático y llevará a atravesar importantes puntos de no retorno. La reciente y extrema ola de calor sufrida en el norte del planeta no solo ha traído efectos sobre la salud o graves incendios forestales, sino que además facilitan la liberación de importantes cantidades de gases de efecto invernaderos. La investigación expone que ya se han identificado al menos una docena de procesos que están empezando a acelerarse.

Unas evidencias que, como señala Ecologistas en Acción, no son nuevas, como tampoco lo es que el paso del tiempo y la inacción están agravando y acelerando las consecuencias del cambio climático. Según el propio informe, los eventos meteorológicos extremos vistos los últimos meses son solo una muestra, ya que lo peor está por llegar. Este es el único informe del IPCC antes de la COP26 que debería forzar a incrementar la presión política para actuar sobre la base de la ciencia y cumplir con la acción climática urgente para mantenerse por debajo de 1,5 °C del calentamiento global. Sin embargo, Ecologistas en Acción recuerda que en las negociaciones anteriores se han negado a asumir los informes del IPCC y nada indica que esto vaya a cambiar, lo que a juicio de la organización elimina toda credibilidad de los discursos de las COP, ya que la realidad de los actos es que la comunidad internacional ignora la ciencia climática y las obligaciones que de ellas se desprenden.

La Unión Europea y el Gobierno español presentan objetivos alejados de estas indicaciones, lo que invalida cualquier posición de liderazgo climático aunque los compromisos de otros países sean aún peores. Ecologistas en Acción considera que este informe del IPCC debería ser una «bofetada de realidad» a toda la clase política, un freno a los grandes intereses fósiles que usan la lucha climática para continuar acumulando poder y una llamada a la conciencia global para afrontar un problema sistémico con profundas raíces. No existe solución posible dentro de un sistema económico basado en el crecimiento ilimitado y mucho menos en seguir apoyando la transición energética en las mismas empresas. La ampliación de aeropuertos, el desmantelamiento de la red de ferrocarril convencional, favorecer modelos de negocio para grandes empresas, seguir impulsando sectores inviables como el turismo o la ganadería industrial son propuestas negligentes en términos climáticos que hoy siguen centrando financiación y esfuerzos de gobiernos centrales y autonómicos.

Para Ecologistas en Acción las conclusiones del IPCC son una enmienda a la totalidad a la inacción climática internacional y a un sistema económico productivista depredador de la vida. Este informe es una nueva llamada a reaccionar porque «ya está empezando a ser demasiado tarde», lo que refuerza el compromiso de la organización a seguir «en las calles, en los despachos y en los tribunales junto a todas las organizaciones, colectivos y personas que están en pie por un futuro frente a la emergencia climática».

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 Ecologistasenaccion

 Enrique Santiago pide crear ya una eléctrica pública y 'cortar de raíz la subida de los precios'.

 

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso y portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, advierte que “mientras en otros países nadie se rasga las vestiduras por tener una compañía eléctrica pública, en España debemos enfrentarnos a los prejuicios, intoxicaciones y mentiras de la derecha y de su entorno empresarial que utiliza la subida del recibo de la luz solo en su beneficio y sin importarles los problemas que acarrean a la mayoría de la gente”.

Santiago considera que, tras la “excelente noticia” de que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se mostrara por primera vez a favor de crear una compañía eléctrica pública, “llega la hora de pasar de las palabras a los hechos y de concretar esta medida en la práctica lo antes posible”. Además “debe ir acompañada por otras actuaciones igual de eficaces para hacer frente de raíz a esta escalada especulativa de los precios y poner cordura en el mercado de la energía de forma definitiva”.

Recuerda que “estamos ante una propuesta razonada y factible que desde Izquierda Unida venimos planteando y que Unidas Podemos también ha defendido y expuesto públicamente de manera argumentada durante esta etapa de gobierno de coalición”. Y añade que “no se puede perder ni un minuto más en realizar lo que en buena parte de los países de nuestro entorno es una realidad desde hace décadas, mucho antes incluso de que en España estallara esa inútil competencia para ver quién privatizaba más y más rápido que nos ha arrastrado hasta aquí”.

  
Enrique Santiago explica que “no solo hablamos de que más de 30 de las 50 mayores empresas del sector eléctrico a nivel mundial son públicas o tienen una participación pública sino de que tenemos casos tan próximos como la italiana Enel o la francesa EDF, por poner dos ejemplos, que son mayoritariamente públicas y nadie se rasga allí las vestiduras, incluida su derecha o las compañías de la competencia”.

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso lamenta que “son precisamente quienes ahora hacen más ruido desde la derecha los mismos que llevan de perfil desde mucho antes para no respaldar medidas como la mejora del bono social que ayuda a los consumidores más vulnerables, los mismos que han ignorado el decreto ley para acabar con los denominados ‘beneficios caídos del cielo’ o los mismos que trataron de torpedear incluso antes de conocer su contenido el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico”.

Santiago denuncia que “ha sido también ese mismo Pablo Casado que se desgañita planteando pactos de Estado tramposos o exigiendo adelantos electorales irreales el que se negó a respaldar hace unas semanas la bajada del IVA del recibo de la luz, a pesar de haberlo pedido antes. Casado prefiere anteponer sus ambiciones, su inoperancia y su propio interés al del 97% de los consumidores domésticos, de los casi tres millones de empresas y autónomos o de los más de 600.000 hogares vulnerables que se benefician de esta medida”.

 

 Cinco asignaturas pendientes que la Ley de Residuos debe superar en septiembre si quiere provocar un cambio real

 

·         El Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, actualmente en tramitación parlamentaria, suspende en la adopción de medidas que propicien el cambio necesario hacia el residuo cero.

·         La Alianza Residuo Cero, de la que forma parte Ecologistas en Acción, exige un enfoque a la altura de la emergencia ecológica y social, que priorice la prevención y la reutilización de productos, y que garantice el cumplimiento al 100 % de la responsabilidad de empresas envasadoras y productoras.

·         España ya acumula un año de retraso en la trasposición de las directivas europeas de residuos y envases, y debería haber adoptado también la de plásticos de un solo uso el pasado 3 de julio. Por ello se enfrenta a ser sancionada con multas millonarias por parte de la Unión Europea si no reacciona con celeridad y ambición.

 Han pasado dos meses desde que el texto de la Ley de Residuos y Suelos contaminados entrase en el Congreso de los Diputados, pero todavía no se han votado las enmiendas por parte de los grupos parlamentarios. El plazo se ha ampliado hasta septiembre, mes que simboliza la reválida para superar asignaturas pendientes, una nueva oportunidad para el Gobierno y los grupos parlamentarios de cara a lograr una ley que aporte un cambio real en el paradigma de  los residuos en España.

En materias como la prevención, la reutilización y la responsabilidad ampliada del productor, el proyecto de Ley debe establecer objetivos más ambiciosos y vinculantes, y situar así  al Estado en línea con el residuo cero y saltar al grupo de vanguardia de los países europeos en materia de protección del entorno y de la salud de las personas.

La Alianza Residuo Cero¹, conformada por Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Retorna, Rezero y Surfrider Foundation, demanda una mejora en las siguientes  materias para septiembre:

 Prevención y reutilización. La prevención de residuos debe ser una estrategia prioritaria de la nueva ley, incorporando objetivos específicos por flujo de residuos y medidas concretas que den un giro de 180 grados al modelo actual, basado en el derroche de recursos naturales y la gestión ineficiente de los residuos, ambas con graves impactos sobre el medio ambiente y la salud de las personas.

El texto debe poner fin a la obsolescencia prematura de los productos, exigiendo la puesta en el mercado de productos reparables, reutilizables y, en última instancia, reciclables. También se debe garantizar el derecho a un consumo sin envases de un solo uso, fomentando la  venta a granel y los envases rellenables y reutilizables en establecimientos comerciales.

Se debe garantizar la máxima calidad y eficiencia en la implementación de la recogida separada de los biorresiduos, mediante un objetivo de captura y el establecimiento de un límite de impropios, así como el fomento de instalaciones de tratamiento biológico (compostaje) que respeten el principio de proximidad.

·         Responsabilidad ampliada del productor. Urge garantizar que las empresas que ponen en el mercado sus productos asuman de manera efectiva el 100 % del coste de su gestión y que este no se traslade a los municipios y las personas contribuyentes. Al mismo tiempo, se debe garantizar el cumplimiento de este objetivo mediante sistemas de control, trazabilidad y transparencia, y ampliar la responsabilidad a otros flujos como textil sanitario, muebles, colchones, cápsulas de café, maquinillas de afeitar o papel entre otros.

·         Sistemas de Depósito. Es necesario que las personas consumidoras recuperen a partir del 1 de enero de 2023 su derecho a devolver latas, botellas y bricks a las tiendas para evitar así su abandono masivo en los entornos naturales y marinos y cumplir con los objetivos de las directivas europeas. En este sentido, es necesario analizar la ampliación de estos sistemas de depósito a otros materiales y su posterior establecimiento sin dilación.

·         Competencias para las comunidades autónomas. Respetar la competencia de las comunidades autónomas para la aplicación de medidas de protección del medio ambiente más allá de lo que establezca la propia ley es clave para avanzar en este cambio de rumbo.

·         Hacia el fin del vertido y la incineración. La nueva ley debe poner fin a la actual supremacía de los tratamientos finalistas en el Estado español, vertido e incineración, como exige la normativa europea. Para ello, el nuevo impuesto al vertido, la incineración y la coincineración debe tener carácter finalista y un formato progresivo anual.

 A fecha de hoy, la Unión Europea tiene al Estado español en el punto de mira por acumular diversos retrasos en la trasposición de las directivas de residuos que pueden causar multas millonarias. Si aprueba estas asignaturas pendientes, España puede cambiar tanto su realidad como la percepción comunitaria respecto a la gestión de los residuos y dar un impulso real hacia un nuevo escenario más transparente, eficiente y sostenible.

«Todavía estamos a tiempo de aprobar estas asignaturas en la Ley de Residuos y encaminarnos hacia un modelo donde los residuos sean considerados recursos, un concepto vital para avanzar hacia una sociedad con las personas y el planeta en el centro. Por el contrario, suspender puede abocarnos no solo a multas millonarias sino a agravar aún más la crisis climática y ecológica que vivimos», ha alertado Adriana Espinosa, responsable de recursos naturales y residuos de Amigos de la Tierra.

Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción: «La Ley de Residuos debería respetar el derecho de consumidoras y consumidores a no generar residuos en su consumo, mediante prevención, reutilización y, en última instancia, reciclaje de los residuos generados».

 ECOLOGISTASENACCION