El sistema público de pensiones en España está
llegando, es cierto con algunos años de retraso, al punto cercano al abismo que
muchos previeron hace años, especialmente los que, como buitres, esperan y
desean que quiebre para llevarse todo el mercado.
El modelo de capitalización y PAYGO (pay as you go) requiere
que la base de capitalización sea amplia y que el desequilibrio entre ingresos
y pagos no se cronifique, salvo que se encuentre una fórmula de financiación
ajena al nivel de empleo, cuantía de las cotizaciones sociales o esperanza de
vida tras la jubilación. En España, hasta ahora, el sistema se alimenta
exclusivamente de las cotizaciones de trabajadores y empresarios lo que ha
permitido tener el sistema en equilibrio, más o menos estable, hasta el año
2011, momento en el que comenzó el déficit que ahora parece se ha consolidado
como estructural.
Las razones para este déficit, que no para la
sostenibilidad o no del sistema, se originan en dos factores claves: por un
lado, la fortísima destrucción de empleo y, por otro, la brusca caída de los
salarios y por tanto la cotización. Los responsables de la primera se reparten
entre un agotamiento del modelo de financiarización de la economía y una
economía basada en un sector especulativo, como el inmobiliario que nadie quiso
parar. En este sentido, cabría resaltar la pésima política de vivienda de Aznar,
cuyos ejes eran la construcción sin tino y la creencia en que con mayor oferta
de suelo bajarían los precios. Esta ignorancia del funcionamiento del mercado
de vivienda, que también comparten los economistas americanizados del PSOE, los
llamados minesotos, se asienta en creer que, lanzando todo el
suelo posible al mercado, sin ninguna traba, los precios de la vivienda
descenderían y entonces todo el mundo podría tener acceso a una vivienda. Esto
supone considerar la vivienda como un bien de consumo y no de inversión, lo que
invalida el análisis.
La realidad es que el parque de vivienda creció tanto
y tan desordenadamente que una parte no desdeñable de los que accedieron a la
vivienda, hoy, la han perdido, desahuciados sin paliativos por un mercado
hipotecario, cuyas principales leyes se han demostrado abusivas e ilegales,
pero que, aun así, sigue siendo defendido por todo el establishment.
Con la perspectiva temporal y sin que mucha gente fuese consciente de ello,
esta eclosión del ladrillo se ha convertido en el mal llamado plan de pensiones
de gran parte de la población que ha dejado de ahorrar en ahorro previsión para
lanzarse a tener un techo con el que pasar su vejez, aunque carezca de liquidez
y ahorro para poder calentar dicha casa, o poder sufragar sus gastos básicos de
alimentación u ocio.
Este mantra, alimentado por los diferentes gobiernos
que nos han mal gobernado, parte de otra premisa falsa: el valor de la vivienda
nunca desciende, por lo que es un ahorro seguro. Este mismo engaño es lo que
venden los que tratan de convencernos de que contratemos un plan de pensiones
privado, porque el sistema público va a quebrar o simplemente nos va a dar una
cantidad tan exigua que se tendrá que compensar con dicho ahorro previsión. Lo
que no explican a esta población, cuyos conocimientos financieros tan exiguos
se trasmiten de padres a hijos, es que la probabilidad de perder parte del
capital ahorrado hoy es muy elevada y que la rentabilidad real a dicho plazo,
más de 30 años, alcanza un magro 1%, eso sí con suerte. No hay que olvidar que
la calidad de los gestores de fondos en España, pero también en Europa, es
mejorable ya que su formación se centra en vender productos con mucho riesgo a
la población más analfabeta financieramente hablando, algo que debería estar
penado por la CNMV, pero que obviamente hacen la vista gorda.
Con estas premisas, el panorama para un pensionista
hoy en España es complicado. El mercado de trabajo es incapaz de generar empleo
digno a todo el potencial trabajador. No hay que olvidar que tenemos la tasa de
actividad, 58%, y empleo 49%, más bajas de todos los países de nuestro entorno,
por lo que la probabilidad de alcanzar una pensión digna es muy pequeña. Hay
grandes colectivos de trabajadores que nunca cotizarán los 35 años que obliga
el sistema para alcanzar el 100% de la pensión. Pero, además, si tenemos en
cuenta la base media de cotización, que no supera los 1000€, en el mejor de los
casos alcanzaremos una pensión de algo más de 600€.
Esto implica que un porcentaje no desdeñable de
personas no llegarán a tener pensiones dignas, sin entrar a valorar el problema
de viudas y huérfanos. El modelo de empleo que tenemos ya no puede generar
salarios dignos y, por lo tanto tampoco salarios dignos. Una parte del espectro
político, entre ellos el PSOE, sigue hablando y teorizando sobre el cambio de
modelo productivo que nunca llegará, por lo que unido a la reforma laboral de
2010 y 2012, que ha llegado para quedarse, dibuja un panorama de pobreza y
miseria a futuro que nadie quiere ver.
La pregunta clave es ¿qué hacer a corto y medio plazo?
En un primer plan de choque hay que sacar del sistema de pensiones y pagarlo
vía impuestos, las pensiones de viudas y huérfanos, que suponen algo más de
22.000 millones de euros, lo que aliviaría el sistema contributivo. Ello
permitiría, al menos, no tener que terminar con el vaciamiento del Fondo de
Reserva. Pero obviamente esto no es suficiente, ya que el sistema volvería al
déficit en cuanto venga otro episodio de contracción de la actividad, que está
muy cerca. No hay que olvidar que, en 2015, el supuesto empleo creció al 3%, lo
mismo que la economía y los ingresos por cotización apenas lo hicieron un 1,3%,
tres veces menos. Por ende, lo que nos dice esta ecuación es que la
productividad en España no sólo no crece, sino que decrece, a pesar de que el
PIB avance más del 3%. De nuevo, el turismo y los incipientes brotes verdes de
la construcción, tan deseados por los neoclásicos, están facilitando la
ocupación a precios irrisorios. Esta combinación letal, empleo basura y
endeudamiento inmobiliario, es el sistema de pensiones paralelo que los
partidos tradicionales han dispuesto, sabiendo que el sistema original está en
quiebra, salvo que se decida financiarlo con impuestos finalistas como en
Francia.
Pero hay otro problema no menor: la demografía. Ni una
sola medida para facilitar la natalidad, quebrar la tendencia de que las
muertes superen a los nacimientos, en un país donde se denigran las políticas
natalistas. De nuevo Francia debería ser nuestro ejemplo, pero no hay voluntad
de llevarlo a cabo. Si a todo esto añadimos que la rentabilidad del ahorro es
nula o negativa y que la gestión de activos con riesgo puede arruinar el sueño
de una jubilación digna, tenemos ante nosotros el peor de los escenarios
posibles: la pobreza para nuestros mayores, algo que ya están experimentando
hoy muchos de ellos, a pesar de tener lo que ellos creyeron que era la
solución: una vivienda en propiedad que hoy sólo les genera gastos, porque
encima el valor se ha hundido. Muchos ancianos tienen techo, no pueden pagar la
calefacción y medicinas y apenas pueden comer, con el agravante que tienen que
mantener a hijos y nietos. Enhorabuena a todos los gestores políticos y
financieros que han gestado este despropósito.
Alejandro Inurrieta
