Garoña: ¿una jugada maestra del PP, Iberdrola y Endesa?

Iberdrola y Endesa se están frotando las manos. En una carrera contrarreloj, el Partido Popular está acelerando el proceso de reapertura de la vieja central nuclear de Santa María de Garoña, antes de que se forme nuevo gobierno. Si lo consigue, los ciudadanos pagarán con su seguridad y su dinero los intereses económicos y políticos de las eléctricas y el PP.

El último movimiento lo está dando el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que presentó ayer miércoles una propuesta de varios permisos para que la central nuclear pueda reabrir y continuar su explotación 20 años más allá de la fecha límite para la que fue diseñada. El CSN ha de estar bajo el control del Congreso, sin embargo sigue con una representación basada en la anterior composición parlamentaria: de las cinco personas que componen la dirección del CSN, tres han sido elegidas por el Partido Popular.

Tras el informe positivo del CSN, le toca al Ministerio de Industria en funciones conceder la autorización final de reapertura a Iberdrola y Endesa, las propietarias de la central. Tras ello, si el Congreso o el próximo gobierno decide desmantelar la vieja central, las compañías podrían reclamar pérdidas por “lucro cesante”, cuya indemnización saldría del bolsillo del contribuyente. ¿Una jugada maestra?

Este episodio es el último de una larga lista de irregularidades que se han dado cita en Garoña, y que Greenpeace ha ido denunciando puntualmente. Inaugurada en 1970, se trata de la central nuclear más vieja de la Unión Europea, y lleva ahora más de tres años parada sin que ello haya supuesto ninguna falta de suministro en el sistema eléctrico español. Sin embargo, bajo la excusa de la demanda energética, el Partido Popular, Endesa e Iberdrola están jugando con una fuente de energía obsoleta y peligrosa, cuya existencia pone en riesgo cada día a miles de personas y a grandes zonas de nuestro país, para favorecer unos intereses económicos y políticos particulares que nada tienen que ver con el suministro de energía o el interés general de España.

Greenpeace va a seguir trabajando para frenar el poder de las elécticas y la reapertura de Garoña. Así se lo vamos a decir al CSN en una reunión hoy jueves. Además, estamos pidiendo a los diputados que muestren al CSN su desacuerdo y que le recuerden que ha de atenerse a las decisiones del nuevo Congreso. Y no dejaremos de exigir a las eléctricas un impulso real de un modelo energético basado en energías renovables, que favorezca a las personas y respete el medio ambiente.

 GREENPEACE

¿Qué pasaría si no hubiera abejas?

Las abejas son tendencia. En 2015 se colaron (merecidamente) en las búsquedas más populares de Google en España: la pregunta “¿Qué pasaría si no hubiera abejas?” está entre las diez más buscadas durante el año pasado.

“Si las abejas desaparecieran, a la humanidad le quedarían cuatro años de vida”. Esta frase, que se atribuye a Einstein, puede ser un poco extrema, pero no deja de ser cierto que la desaparición de las abejas sí supondría un enorme reto para la humanidad: la biodiversidad, nuestra alimentación e incluso la economía se verían seriamente dañadas. Entonces… ¿Qué pasaría si no hubiera abejas? Estas serían algunas de las consecuencias:

1. Adiós al equilibrio ecológico

La compleja red de la vida en la Tierra se vería profundamente afectada. Las abejas y otros insectos desempeñan una de las funciones más fascinantes y fundamentales para la vida tal como la conocemos: la polinización, pieza fundamental para que las especies vegetales sigan existiendo.

2. Pérdida de biodiversidad

La biodiversidad es la mejor inversión de futuro, la mejor herramienta para enfrentarnos a los desafíos presentes y futuros. ¡Sin olvidarnos de la belleza de los distintos animales y plantas! Pero su pérdida es una de las principales amenazas que sufre el planeta. Según la FAO, se estima que se pierde entre el 1 y el 10% de la biodiversidad cada década.

3. Seguridad y diversidad alimentaria amenazada

La diversidad agrícola y de nuestra alimentación depende en gran medida de los insectos polinizadores. En Europa, el 84% de las 264 especies de cultivo y 4.000 variedades vegetales existengracias a la polinización por insectos, y algunos cultivos como la manzanas, los calabacines o los melocotones son totalmente inviables sin ella. Si los quisiéramos mantener polinizándolos manualmente, por ejemplo, se convertirían en un lujo.

4. Ruptura de la hucha agrícola

Los servicios ecosistémicos reportan billones y billones de euros a la sociedad. La polinización por insectos supone para la agricultura a nivel mundial unos 265.000 millones de euros al año, para la europea unos 22.000 millones y para la española más de 2.400 millones. La repercusión que ello podría tener sobre el precio de los alimentos diarios es incalculable.

5. Amargo futuro

En España la apicultura es una fuente de empleo verde y sostenible y también el sostén de muchas familias. Somos el país de la UE donde el sector apícola está más profesionalizado, y también el principal productor comunitario de miel y polen. ¿Te imaginas no poder disfrutar de una buena cucharada de miel de romero o de encina?

¡Tenemos que proteger las abejas! 

Lamentablemente, todo esto no es tan lejano. Las abejas se enfrentan a muchas amenazas, en gran medida debido a prácticas de agricultura industrial como el uso masivo de plaguicidas y los monocultivos. Sus poblaciones están en declive en casi todo el mundo, y algunas especies de abejas y otros insectos polinizadores se encuentran ya incluso al borde de la extinción.

En Greenpeace vamos a seguir luchando por ellas, por nuestra alimentación y por la biodiversidad. Vamos a llevar tu firma ante todas las instituciones que sea necesario para impulsar una agricultura ecológica que respete a las abejas, al ser humano y a otros seres vivos; a seguir denunciando las compañías que causen daños a la biodiversidad; y a seguir investigando y trabajando para dar a conocer más la situación de las abejas.

Greenpeace

Contra su represión jurídica contra la juventud, nuestra solidaridad

Desde la Unión de Juventudes Comunistas de España en Castilla-La Mancha queremos mostrar nuestra total solidaridad y apoyo en la defensa a nuestra militante Raquel Iniesta. El Ayuntamiento conquense ratifica la multa de 3.000€ a Raquel, quien legalizó la concentración por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros, en un lugar y hora distintos a los hechos que le imputan.

El pasado 15 de junio tuvo lugar una concentración en la Plaza de la Hispanidad reivindicando el cierre de los CIES (centros de internamiento de extranjeros)  Hubo una charla para que toda la ciudadanía pueda conocer en qué consisten estos centros. No hubo ningún percance, hasta que el 27 de julio nuestra compañera Raquel recibió una notificación de sanción, acompañada de la carta de pago de 3.000€ de multa por parte del Ayuntamiento de Cuenca, que tan sólo llevaba un par de días constituido en la fecha de la concentración.

Se le acusa de violar la Ordenanza de tráfico por “modificar el contenido de las señales o colocar sobre ellas o en sus inmediaciones placas, carteles, marcas u otros objetos” el 15 de junio a las 08.45h en la Plaza de la Constitución. Para empezar, el lugar y la hora de la denuncia son falsas: la concentración tuvo lugar en la Plaza de la Hispanidad a las 20:30h. Además del absurdo que supone pretender que se modificaron o colocaron objetos sobre una señal de tráfico (o sus inmediaciones, tampoco dejan claro cuál es el delito exactamente) en una zona peatonal que no tiene señales de tráfico.

Después de recibir la denuncia se redactó un escrito de alegaciones, que ha sido desestimado por el Ayuntamiento de Cuenca, ratificando la denuncia y la sanción económica. Frente a esto se ha interpuesto un recurso de reposición que, si fuera desestimado, nos obligaría a interponer una demanda judicial contenciosa-administrativa, teniendo que contratar servicio de abogacía para tal fin. 

Nos encontramos, pues, ante un caso de pura REPRESIÓN, y obedece a intereses políticos: aplicación de la Ley Mordaza para meter miedo a la gente para que no se movilice, ya que denuncian a la persona que pidió el permiso para realizar la concentración y no a quien realiza el supuesto delito. No es casualidad que la multada sea "una persona sobradamente conocida", puesto que en la ciudad ya hay activistas multadas con este vergonzoso argumento. No tenemos derecho a la presunción de inocencia, ya que aunque haya registros gráficos que demuestran que la denuncia es falsa, el Artículo 52 de la nueva ley “Mordaza” regula "el valor probatorio de las declaraciones de los agentes de la autoridad". ¡Vamos, que lo que diga el agente de policía local va a misa!

Desde la UJCE no vamos a dejarnos avasallar, vamos a seguir luchando en las calles poniendo voz a aquellas que no la tienen, apoyando casos como el de Raquel. La movilización es nuestra principal arma para combatir a los opresores, y vamos a seguir luchando día a día por los derechos e intereses de la clase trabajadora.

UJCE-CLM

El 67% de las adjudicaciones del ATC fueron a la empresa de la que es consejero el marido de Cospedal

La Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuencia solicita a Anticorrupción que investigue los contratos, de valor de 36,99 millones de euros.

Iberinco, la filial de ingeniería y construcción de Iberdrola de la que es consejero Ignacio López del Hierro, marido de la ex presidenta de Castilla-La Mancha y lídel del PP regional, María Dolores de Cospedal, obtuvo el 67,6% de las adjudicaciones de la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa) en el Almacen Temporal Centralizado (ATC). Los datos los ha hecho públicos hoy la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, que agrupa a medio centenar de organizaciones.

El colectivo ha presentado hoy un escrito en la Subdelegación de Gobierno de Cuenca por el que solicita a la Fiscalía Anticorrupción que investigue estos contratos, cinco en total, adquiridos por la empresa directamente o a través de empresas en las que tiene una importante participación accionarial, como GHESA o Empresarios Agrupados.

Éstos contratos suponen un total de 36,99 millones de euros, más de dos tercios de las adjudicaciones de la empresa pública en el almacén. La compañía es la encargada de la instalación del polémico ATC en la localidad conquense de Villar de Cañas, hoy paralizado por diversas acciones ante la Justicia.

"Sincronización de nombramientos"

La Plataforma pone de manifiesto en el escrito "la sincronización entre el nombramiento de Francisco Gil-Ortega como presidente de Enresa y la entrada de Ignacio López del Hierro en Iberinco", ambos en mayo de 2012. Asimismo, el colectivo apunta que ambos podrían haber incurrido en delitos como malversación de fondos públicos o tráfico de influencias.

 López del Hierro fue gobernador civil de la provincia de Toledo en los setenta y ha ocupado sillones en los consejos de dirección de diferentes empresas, además de en Iberinco, entre ellas la Caja Castilla-LaMacha (CCM).

El ATC se encuentra hoy paralizado debido a la anulación del plan urbanístico que permitía su construcción y la ampliación de una Zona Espeial de Protección de Aves (ZEPA), recurrida por el Gobierno central, en los terrenos en los que se había planteado en Villar de Cañas.

La Plataforma ha recordado hoy que el Ministerio de Industria desautorizó a Gil-Ortega en febrero del pasado año "por las prisas de adjudicar la obra principal sin tener ninguno de los permisos perceptivos y en especial el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear", por lo cual dimitió de su cargo.

Además, denuncian que, a pesar de que el proyecto del ATC está paralizado desde julio de 2015, "lejos de parar las licitaciones, el pasado 5 de noviembre se adjudicó un nuevo contrato a la UTE Proyecto ATC (Gas Natural- Iberdrola) por valor de 2,76 millones" para el Servicio de ingeniería de apoyo al licenciamiento para el almacén de espera de contenedores y el módulo de residuos especiales del ATC. Dicha adjudicación se realizó "mediante negociación con la UTE sin ninguna otra oferta", remarcan.

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DIAGONAL

Sin paz con la Tierra, no habrá paz sobre la Tierra

Primeros ecos luego de la COP-21 en Paris

Resulta evidente que la Humanidad atraviesa un momento complejo. Como nunca antes en su historia su existencia está globalmente amenazada. No se trata ya de enfrentar problemas aislados de sequías o de inundaciones, por ejemplo. Ahora los problemas socio-ambientales provocados por el ser humano, (des)organizado en la civilización capitalista, plantean retos globales. Todo indica que estamos cerca de llegar a un punto sin retorno (o que quizás ya lo estamos superando…). Frente estas realidades y amenazas se elevan muchas voces de angustia y también propuestas de acción. A primera vista parecería que hay una coincidencia de que se tiene que hacer algo. Al menos en el discurso, se acepta la necesidad de replantear las lógicas de producción y de consumo de la sociedad moderna para transitar por otros caminos con una relación más armónica con la Naturaleza. Esa aceptación, sin embargo, no se ha traducido en logros concretos. Hasta ahora. Recordemos que los esfuerzos desplegados desde la aprobación del Convenio de Kioto en 1997 no se han cristalizado en resultados concretos. Más aún, el fracaso de la COP 15, realizada en el año 2009, en Copenhague, sentó un duro precedente. La desazón y desesperanza coparon el ámbito de acción en Naciones Unidas. Y desde esa perspectiva, cuando era poco lo que se esperaba, emerge como un logro el acuerdo global conseguido en la COP 21 en Paris, en diciembre del 2015. En esa ciudad, sacudida poco antes por un brutal atentado terrorista, 95 países miembros de la Convención de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático más la Unión Europea, a la que se considera un estado más, alcanzaron un acuerdo contra el calentamiento global que implica a la práctica totalidad del planeta. Sin embargo, como una primera gran conclusión podemos determinar que, si bien lo logrado es significativo comparado con los fracasos anteriores, resulta muy poco o definitivamente nada con lo que este reto global demanda. 

Para dudar de los aplaudidos alcances conseguido en Paris, cabría preguntarnos, como lo hace Gerardo Honty, por qué “muy distintos actores, desde los grandes exportadores de petróleo a las corporaciones globales, todos ellos, terminaron aplaudiendo el acuerdo parisino. Si esos actores celebran el convenio, es que sin duda no se están poniendo límites a la civilización petrolera”. Igual cosa podríamos plantear desde la aceptación de los países exportadores de petróleo o desde de sus mayores consumidores, como China y Estados Unidos, que también se hallan en el coro de aplaudidores. Veamos unos cuantos aspectos relevantes. Este Acuerdo, mundialmente aplaudido –sobre todo por los grupos de poder político y económico- presenta muchas falencias y debilidades, a más de marginaciones imperdonables. Noemí Klein pronto detectó que no aparecen siquiera nombrados conceptos clave como “combustibles fósiles”, “petróleo” y “carbón” y que la fenomenal deuda climática del norte hacia el sur brilla por su ausencia. En el Acuerdo se han suprimido las referencias a los Derechos Humanos y de las poblaciones indígenas, referencias transladadas al preámbulo. Además, pasará un tiempo para que este Acuerdo entre en vigor: las distintas partes tienen plazo entre abril del 2016 y mayo del 2017 para ratificar el Acuerdo, que entraría en vigor en el año 2020. 

Y una primera revisión de resultados sería en el año 2023. Los debates no abordaron a fondo los puntos sensibles, en tanto los negociadores se esmeraron en evitar los verdaderos problemas y menos aún proponer las verdaderas soluciones. Los países poderosos y las transnacionales consiguieron que ningún documento o decisión afecte sus intereses y se convierta en un obstáculo en la lógica de acumulación del capital. No se cuestionó para nada la perversidad del crecimiento ilimitado cuando ya son evidentes y feroces sus consecuencias socio-ambientales sobre la Madre Tierra. No hay compromisos vinculantes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; entonces estas emisiones continuarán aumentando. Tampoco se ha reconocido la deuda climática (mejor hablemos de deuda ecológica) que tienen históricamente los países industrializados con el mundo subdesarrollado; más aún, las grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Europea, no solo desconocen esa deuda, sino que hacen todo lo posible para no aceptar sus responsabilidades pasadas y actuales en la desaparición de glaciares, la subida del nivel marino y los eventos climáticos extremos. Al no haberse adoptado medidas drásticas que limiten y hasta reduzcan la oferta de combustibles fósiles, así como medidas que paren la deforestación, la temperatura continuará subiendo, contrariamente a lo proclamado en París. A modo de punto relevante, tengamos presente que el objetivo a largo plazo es que la temperatura del planeta no sobrepase los 2 grados de aumento a final de siglo (incluso se aspira a un objetivo más ambicioso de 1,5 grados) Sin embargo, con los compromisos voluntarios de reducción de emisiones de efecto invernadero, que han presentado los diferentes países en Paris, la temperatura llegaría a sobrepasar los 3 grados. Y por cierto, en estas circunstancias, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera seguirá aumentando. Vistas así las cosas, no todo el contenido del Acuerdo tiene el mismo grado de compromisos. Si los países no están obligados a cumplir los compromisos de reducción de emisiones que han presentado, no habrá sanciones si no cumplen sus ofrecimientos de reducción de emisión, pues quedarán en eso, en simples ofrecimientos. Lo que se espera es que esos ofrecimientos se transformen en compromisos aún más audaces a través de revisiones cada cinco años. El Acuerdo no fija metas claras en lo que al pico de emisiones se refiere. Y tampoco establece medidas a adoptar con el fin de descarbonizar la atmósfera. 

No hay planteamientos concretos tendientes a combatir los subsidios que alientan el uso de los combustibles o para dejar en el subsuelo el 80% de todas las reversas conocidas de dichos combustibles, como recomienda la ciencia e inclusive la Agencia Internacional de la Energía, entidad que de ecologista no tiene un pelo. Si como ya anotamos no se cuestiona “la religión” del crecimiento económico, en ningún punto se pone en entredicho el sistema del comercio mundial, que esconde e incluso fomenta una multiplicidad de causas de los graves problemas socio-ambientales que estamos sufriendo; tanto es así que “el comercio internacional deberá proseguir sin obstáculos, incluso en un planeta muerto”, al decir de Maxime Combes. Sectores altamente contaminantes como la aviación civil y el transporte marítimo, que acumulan cerca del 10 % de las emisiones mundiales quedan exentos de todo compromiso. Tampoco se afectan para nada las sacrosantas leyes del mercado financiero internacional que, sobre todo vía especulación, constituye un motor de aceleración inmisericorde de todos los flujos económicos más allá de la capacidad de resistencia y de resilencia de la Tierra. Y no hay compromisos orientados a facilitar la transferencia de tecnologías destinadas a facilitar la mitigación y la adaptación a los cambios climáticos en beneficio de los países empobrecidos. 

Así las cosas, con este tan promocionado Acuerdo se abren aún más las puertas para impulsar las que se conocen como falsas soluciones en el marco de la “economía verde”, que se sustenta en la continuada e incluso ampliada mercantilización de la Naturaleza. Así, con el fin de lograr un equilibrio de las emisiones antropogénicas, los países podrán compensar sus emisiones a través de mecanismos de mercado que involucren a bosques u océanos; o alentando la geoingeniería, los métodos de captura y almacenaje de carbono, entre otros. Para financiar todos estos esfuerzos se establece un fondo de 100.000 millones de dólares anuales a partir de 2020. Esa cantidad, con seguridad menor a la que han recibido los bancos en sus crisis recientes y que no constan en el Acuerdo, podría ser ampliada en 2025; además, este fondo carece de previsbilidad y transparencia. Por cierto el rigor de los compromisos cambia dependiendo de la situación de los países: desarrollados, emergente y “en vías de desarrollo”: eufemismo con el que se conoce a los países empobrecidos por el propio sistema capitalista y su inviable propuesta de desarrollo. Este Acuerdo, en palabras de Silvia Ribeiro, entonces, “se decanta por las opciones más conservadoras y menos ambiciosas” que fueron propuestas durante las negociaciones. De lo expuesto, que deberá ser complementado y profundizado con análisis aún más detenidos y pormenorizados, es fácil concluir que los problemas socio-ambientales globales luego de la COP-21 no encontrarán una solución de fondo. Y así continuará la guerra en contra de la Tierra, causa directa de la ausencia de Paz entre los seres humanos.

La Paz con la Tierra como mandato para la Paz sobre la Tierra 

Aceptémoslo, los seres humanos para lograr que la Paz reine en la Tierra debemos empezar por hacer la Paz con la Tierra. Para conseguir ese vital objetivo, los seres humanos podemos y debemos convivir armónicamente con la Naturaleza, con sus plantas, con sus animales, con sus ríos y sus lagunas, con sus mares y sus manglares, con sus montañas y sus valles, con su aire, con sus suelos y con todos aquellos elementos y espíritus que hacen la vida posible y digna. Eso demanda un mundo en donde no sea posible la mercantilización depredadora de la Naturaleza, en la que el ser humano sea una parte más de ella y no un factor de destrucción. Y en donde, esto también es fundamental, se asegure la vida digna para todos los seres humanos. Las guerras y el uso del terror, independientemente de los argumentos que las invoquen, tanto como las agresiones a la Naturaleza, destruyen las condiciones de vida digna en el planeta. Para poder celebrar a diario la enorme riqueza de la vida en todos los rincones de la Tierra, así como su gran diversidad biológica y cultural, requerimos construir comunidades democráticas y libres. Y así, conscientes de este mandato, retornemos a Paris. Más allá del mensaje que se puede obtener de la COP 21, es preciso comprender las consignas de guerra desplegadas a raíz de los atentados terroristas del 13 de noviembre pasado, y los redoblados esfuerzos bélicos con que los enfrenta. Las políticas “defensiva” u “ofensiva” para combatir el terror con más terror, a la muerte con más muerte, solo conducen a un permanente adiestramiento para el genocidio, a la normalización de los crímenes de guerra, al crimen selectivo como noticia favorita en los medios de comunicación masiva. Debemos, por tanto oponernos a la institucionalización de cualquier forma de violencia en la vida cotidiana. Y en línea con el pensamiento del Mahatma Gandhi, estamos convencidos que no hay un camino para la Paz, sino que la Paz es el camino. La mejor manera de combatir esas fuerzas aterradoras, empeñadas muchas veces en el control de los combustibles fósiles, como el petróleo en el Oriente Medio, por ejemplo, es recuperando las miradas y cercanías con la Naturaleza. Es decir la capacidad de fascinarnos con la diversidad de las formas de vida existentes en la Tierra; lo que exige el respeto a las diversidades. Y todo esto para sembrar desde lo cotidiano y en todos los rincones de la Tierra, nuestra Madre Tierra o Pachamama, un compromiso de convivencia entre los pueblos entre sí, y de éstos con la Naturaleza. Insistamos, en la tierra no habrá Paz, si no establecemos la Paz con la Naturaleza. La Naturaleza explotada, contaminada, militarizada, es la causa profunda de muchas violencias. Y lo son también las enormes y crecientes brechas entre ricos y pobres en todo el planeta. 

Esta realidad provoca miedo e incertidumbre por el futuro. Desata problemas cada vez más complejos en términos de los cambios climáticos en marcha, que amenazan la vida de los humanos en el planeta. Constituye una manifestación de despojo para la mayoría de habitantes y de acumulación en beneficio de pequeños grupos que han concentrado el poder en base a los extractivismos y la mercantilización de la Tierra. Estas son las verdaderas fuerzas destructoras que impiden las condiciones materiales y existenciales necesarias para la realización de la vida digna para todos los habitantes del planeta. Por ello tiene hoy más sentido que nunca, superando el miedo al terror, enarbolar la bandera de la Paz, y enfrentar las agresiones contra la atmósfera, que provocan el cambio climático; el agronegocio de los organismo genéticamente modificados (los transgénicos) y los agrotóxicos; el desbocado extractivismo en los territorios desde donde se obtiene -con verdaderas amputaciones ecológicas- petróleo, gas o minerales. Y más aún si sabemos que esas agresiones son sostenidas -siempre- con el uso de la fuerza, con la criminalización de los defensores de la vida y en más de una ocasión con operaciones militares. 

El Tribunal de los Derechos de la Naturaleza, respuesta desde la sociedad civil 

En las circunstancias descritas, sobre todo frente a los continuados fracasos de los grupos de poder, que realmente no tienen interés en encontrar las respuestas adecuadas a los problemas provocados por el cambio climático -es decir por ellos mismos-, la sociedad civil propone respuestas y acciones creativas. Es más, la sociedad civil no espera a que den fruto las acciones de los poderosos. La sociedad civil en el Sur y en el Norte se ha puesto en marcha. Resiste y propone. Así, ya desde hace dos años, desde la sociedad civil se construye un espacio para denunciar e incluso sancionar éticamente los crímenes que se cometen en contra de la Tierra y de sus hijos e hijas. Este Tribunal Ético Permanente por Derechos de la Naturaleza, que ha realizado sesiones en Ecuador, Perú, Australia y Estados Unidos, se reunió también en París en forma paralela a la COP 21. En este espacio se analizan y juzgan las agresiones contra la Naturaleza, considerando que ésta es la mayor guerra de agresión y terror es la que se lleva a cabo en el mundo. Quienes conforman este Tribunal Ético Permanente por los Derechos de la Naturaleza, en homenaje a todas las víctimas de toda forma de terror, invitaron a recuperar y a construir los espacios necesarios para propiciar democráticamente una vida en Paz. El desafío es extraordinario. Detener el cambio climático y las agresiones a la Naturaleza excede el marco de las cumbres gubernamentales y requiere del movimiento social global más poderoso de la historia que conecte las distintas luchas de justicia ambientales, económicas, feministas, indígenas, urbanas, obreras. Esto implica coordinar acciones anti-coloniales, anti-racistas, anti-patriarcales y anti-capitalistas, construyendo alternativas civilizatorias. En eso estamos, hacía allá vamos. En suma, la lucha por la Naturaleza y la vida digna de los seres humanos, posible sólo si vivimos en armonía con nuestra Madre Tierra, como expresó el senador argentino Fernando “Pino” Solanas en Paris, en este Tribunal de los Derechos de la Naturaleza, sintetiza “la causa de todas las causas”. 

Alberto Acosta es Economista ecuatoriano y Enrique Viale abogado ambientalista argentino.

ONU pide a España una respuesta inmediata en Memoria Histórica ante el “trato inhumano” a víctimas del franquismo

El presidente del Comité de Derechos Humanos pide que el Estado no se ampare en la amnistía

El presidente del Comité de los Derechos Humanos de la ONU, Fabián Omar Salvioli, ha pedido a España que dé “una respuesta inmediata” en materia de Memoria Histórica al considerar que se somete a las víctimas del franquismo a “un trato inhumano y degradante continuo” y no se ampare en la Ley de Amnistía. Además, ha asegurado que hay “una enorme falta de recursos” en la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, aunque la norma “no está mal”.

Salvioli ha impartido en Bilbao una conferencia con el título “El Comité de derechos humanos: Control de la aplicación del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos. Especial referencia a las reclamaciones contra España”, organizada por el Ararteko y el Colegio de Abogados de Bizkaia.

El presidente del Comité de los Derechos Humanos de la ONU ha recordado que España fue examinada en julio de este año. Según ha explicado, el Estado argumentó que, “al no haber una Ley que establezca que hay que aplicar las decisiones de los órganos internacionales, no se pueden aplicar”. “Es un gran error decir eso porque viene la pregunta inmediata. ¿Y, si usted es el Gobierno, por qué no propone la Ley?”, ha preguntado.

Fabián Omar Salvioli ha destacado que el comité señaló a España “cuestiones relativas a la preocupación por el tema de la Memoria Histórica” porque “no puede ser que no se avance en ese sentido”. “No puede ser que no se avance en procesos de memoria, de verdad, de justicia y de reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura de Franco”, ha añadido.

Además, ha destacado “la necesidad de dar respuesta inmediata a esta problemática” y ha asegurado que el Estado no puede insistir con la aplicación de la Ley de Ammistía porque es inconvencional”. “Esto es, no pasa un análisis de convencional porque es incompatible con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos”, ha aseverado.

Tras recordar que los familiares de las víctimas del franquismo “son ya personas muy ancianas”, ha destacado que ése “es otro problema”. “A mi juicio, es un trato inhumano y degradante continuo para esas personas no dar respuesta”, ha manifestado.

VIOLENCIA DOMÉSTICA

Salvioli ha subrayado que la Ley Integral contra la Violencia de Género de España “no está mal, pero hay una enorme falta de recursos para su aplicación”.

A su juicio, “genera un gran problema y las estadísticas muestran que hay numerosos casos de violencia doméstica a los que no se les da necesariamente el abordaje que debe dársele”. En este sentido, ha subrayado que “se ha hecho algún progreso, pero aún subsiste mucha preocupación en ese sentido”.

“TORTURAS Y MALOS TRATOS”

El presidente del Comité de los Derechos Humanos de la ONU también ha destacado que se observó en el Estado español “una falta de investigación debida” de las denuncias de torturas y malos tratos, además de la carencia de “una normativa adecuada para hacer frente a estos hechos”.

También considera que se ha condenado en España “muy poco” por estos hechos, “y de lo poco que se ha condenado, se ha indultado”, lo que “marca una preocupación fuerte en relación a la impunidad y a un clima que favorece la comisión de hechos parecidos en el futuro”. “Viola el derecho y el deber de garantía de no repetición que tiene el Estado”, ha puntualizado.

TODOS LOS PODERES

Además, ha recordado que la responsabilidad de proteger derechos humanos no es solo del poder ejecutivo”. “Es de absolutamente todos los órganos del Estado. El poder legislativo puede, por acción o por omisión, generarle responsabilidad al Estado y el Poder Judicial igualmente”, ha apuntado.

Fabián Omar Salvioli ha dicho que “basta de si el derecho internacional prelavece sobre el derecho interno o no”. “Cuando un Estado incumple una obligación internacional, hay un órgano internacional que condena al Estado”, ha subrayado.

En esta línea, ha calificado de “pavadas” los argumentos de aquellos que, desde el Derecho, afirman que, “en realidad no hay que aplicar el derecho internacional y no hay que hacer control de convencionalidad porque no les toca a jueces de planos inferiores, sino sólo al Tribunal Supremo”. “Lo único que están haciendo es condenar al Estado a que sea condenado internacionalmente”, ha advertido.

Por ello, ha afirmado que un juez de Primera Instancia, a nivel nacional o local, “tiene la obligación de no generarle responsabilidad internacional al Estado”. “Es lo que hay que hacer porque, cuando un caso llega al plano internacional, es porque el Poder Judicial no hizo lo que tenía que hacer. Porque, para que llegue un caso al plano internacional, hay que agotar los recursos internos”, ha apuntado.

En su opinión, “ésta es una fuerte deficiencia de las facultades de Derecho” y genera que lleguen a la Judicatura “personas que terminan sirviendo en bandeja la condena al Estado en el plano internacional”. “El Derecho Internacional de los Derechos Humanos llegó para quedarse y para profundizar en él”, ha aseverado.

CASOS INDIVIDUALES

Fabián Omar Salvioli ha destacado que han tenido numerosos casos sobre la falta de doble instancia en materia penal, aunque ahora el Estado español ha abordado una normativa que “parece que viene a intentar subsanar esta problemática”.

Además, ha comentado tres asuntos concretos, como el caso de una mujer, de nacionalidad norteamericana y descendencia africana, que estaba en una estación de tren y dos policías le pidieron solo a ella que se identificara. Los agentes alegaron que tenían orden de pedirle la identificación “a gente como ella”.

Cuando acudió al Comité, el Estado dijo que el policía no tenía ninguna “orden efectiva” para actuar así. “Pero, cuando dice eso, el Estado no se exime de responsabilidad porque, cuando el Policía dice eso, compromete la responsabilidad del Estado”, ha indicado.

Según ha asegurado, “no hay que evitar que los estados puedan realizar controles por razones de seguridad”, pero, “de ninguna manera, deben generar estereotipos ni deben ser discriminatorio”. En esta línea, ha advertido de la “estigmatización que se produce sobre una población o un colectivo”.

El segundo caso que ha relatado el caso de María Atxabal Puertas, “sospechosa de vínculos con ETA que fue sometida a torturas psicológicas, que estaban probadas, incluso, por un órgano del Estado”. El asunto había sido presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que lo había desestimado, y el Comité decidió examinarlo y declaró la responsabilidad de España. “Fue un caso de torturas psicológicas claro”, ha insistido.

Las medidas reparadoras que se impusieron a España, según ha explicado, fueron incumplidas “en base a una recomendación de la Defensoría del Pueblo”, algo que ha calificado de “surrealista”. “Es inconcebible que una Defensoría el Pueblo recomienda no cumplir con una decisión de órganos de Derechos Humanos”, ha asegurado.

También ha narrado el caso de Alí Arras, ciudadano marroquí sobre el que había sospechas de hechos de terrorismo en Marruecos, que fue reclamado para ser extraditado a su país, y pese a que el comité ordenó a España que no le entregara ante el riesgo de torturas, el Estado español le extraditó. “La persona fue torturada salvajemente, quedó ciega en la tortura”, ha indicado. Por ello, condenó a España por incumplir la orden.

Salvioli ha destacado, además, que el derecho penal “no puede ser una venganza”, y ha rechazado que haya justificación alguna para ejercer torturas.

También ha señalado que “las sociedades en las que hay más seguridad no son en las que hay más perros, más rejas, más alarmas y más controles”, sino que “aquéllas en las que la sociedad tiene garantizados sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”.