El negocio de los accidentes laborales

Este mes se han publicado dos noticias que hilan esta historia. Por un lado la revista Forbes hizo público el listado anual de las cien personas más ricas de España. No había mucha sorpresa. Un año más, los ricos siguen siendo más ricos mientras los pobres seguimos siendo más y más pobres.

Ricardo Leal Cordobés se situaba como el hombre más rico de Extremadura, dueño del Grupo Cristian Lay radicado en Jerez de los Caballeros (Badajoz).

La otra noticia parte de CCOO que ha solicitado a la dirección de Cristian Lay un mayor esfuerzo en materia de prevención de riesgos laborales ante el incremento de los accidentes en este grupo, con cuatro de carácter grave en menos de un mes y medio. Es decir, las empresas de la persona más rica de Extremadura tienen el triste honor de destacar por el elevado número de accidentes laborales.

  

Los partes que emite la autoridad sanitaria de Extremadura son terroríficos. El 5 de octubre el accidente laboral fue por aplastamiento con una viga de un trabajador de 45 años que fue trasladado al Hospital Universitario de Badajoz. El siguiente fue el 12 de octubre, día de fiesta en el que muchos empresarios se ponen su banderita rojigualda pero son incapaces de parar su producción para darle el festivo a la plantilla. En este caso el trabajador resultó herido por quemaduras, teniendo que ser enviado al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. El último registro ha sido el 29 de octubre con el resultado de dos trabajadores heridos.

EL PERSONAJE

Ricardo Leal Cordobés (1955, Jerez de los Caballeros) es uno de esos empresarios que le deben parte de su éxito a las buenas relaciones con la oligarquía política que en el caso de Extremadura señala directamente al PSOE. Prueba de ello es que este personaje forma parte del patronato de la Fundación Juan Carlos Rodríguez Ibarra, entidad que él preside para estudiar su propia figura.

La vinculación no se queda aquí. La hija de Rodríguez Ibarra pasó de ser responsable de comunicación de la Fundación de su padre al Departamento de Comunicación del Grupo Cristian Lay. Nada es casualidad en la historia de este empresario extremeño que empezó como joyero en los años 80 y dio un pelotazo con la venta por catálogo. Con este salto comenzó su expansión pero también marcó que su modelo de negocio se sustentaría en la explotación de la clase trabajadora.

En la localidad pacense en donde se asientan parte de las empresas del Grupo Cristian Lay es fácil encontrar a gente que te cuenta como en los inicios este empresario tenia a los trabajadores y a las trabajadoras haciendo bisutería en sus casas. Las mujeres iban a la nave de la empresa de donde se llevaban los materiales y en sus hogares trabajaban. Les pagaba por cada pieza que completaban. Esto se traducía en jornadas maratonianas para intentar entregar más productos terminados y así poder cobrar una cantidad que permitiera vivir.

Era el modelo de industria domiciliaria moderna que Carlos Marx denunciaba en El Capital. Aquí se repetía el mismo esquema, con el agravante de que en esos años aparece otro oscuro personaje en la misma localidad: Alfonso Gallardo.

Este empresario, que también llegó a estar entre los más ricos del país, montó una siderurgia y decidió que solo contrataba hombres. De tal manera que toda la población femenina de la comarca de la sierra suroeste de la provincia de Badajoz trabajaba para Cristian Lay en condiciones deplorables.

LA EXPANSIÓN

Como no podía ser de otra manera, este empresario se hizo de oro robando la riqueza que producían los trabajadores y decidió invertir en más sectores. Tras montar una fábrica de joyería, creó Viajes Laytours. En 1994 lanzó Perseida Belleza, que fabrica productos de perfumería, higiene personal, cuidado corporal, higiene bucal y protección solar.

En 1996 diversifica fuera del sector de consumo y crea Ondupack, una de las mayores fábricas de envases y embalajes de cartón ondulado de España, situada en Almendralejo. Y con la catalana Artenius gestiona Plastiverd, centrada en la fabricación de plásticos reciclados. También entró en el sector del transporte y distribución de gas, constituyendo en 1996 Gas Extremadura, firma que se ha quedado el suministro de gas natural a las principales localidades extremeñas y que en la actualidad tiene casi 100.000 clientes. Este negocio que le aporta beneficios millonarios fue muy sonado, pues días antes de que se lo adjudicaran Rodríguez Ibarra comió con el propio Ricardo Leal en su lujoso chalet.

Como otros empresarios bien relacionados, en 2009 puso huevos en el sector de las renovables, creando Alter Enersun, propietaria de plantas fotovoltaicas y dedicada a la tramitación para instalarlas. Además, en 2017 compró GES en el País Vasco, la multinacional vasca de construcción y servicios para los sectores eólico y solar. Su división de renovables prevé alcanzar los 920 MW de potencia instalada en 2023.

En la industria química se estrenó en 2014, cuando compró la petroquímica IQOXE, Industrias Químicas del Óxido de Etileno, ubicada en Tarragona. A finales de 2020 dio un gran salto al comprar al fondo KKR el grupo siderúrgico Gallardo Balboa que era de Alfonso Gallardo el otro empresario del que hablamos antes.

EL CASO DE LA PETROQUÍMICA

En la expansión de este empresario por el resto del país ha llevado consigo sus prácticas empresariales y como muestra está lo que sucedió en 2020 en Tarragona, cuando una explosión en una fábrica del Grupo Cristian Lay provocó tres fallecidos, entre ellos dos trabajadores de la planta. Estos días se celebra el juicio que investiga lo que sucedió y según el sumario, al que ha tenido acceso elDiario.es, muestra un reguero de actuaciones de la empresa para abaratar costes, aumentar la producción y, con ello, conseguir más beneficios.

Y es esta línea de investigación la que sigue, por el momento, la jueza. En varios autos de la causa, la magistrada apunta a una "política empresarial" que derivó en un "deficiente mantenimiento de las instalaciones" y en "el ejercicio de la actividad sin las debidas condiciones de seguridad laboral e industrial y con un insuficiente número de trabajadores para realizar el proceso productivo con los debidos requisitos de seguridad".

Como empresario modelo no se conforma con la sangre de los trabajadores y las trabajadoras. Por lo que tras la declaración de media docena de empleados, la jueza también está investigando si la empresa siguió produciendo "de forma clandestina" mediante el reactor al que teóricamente sustituyó el accidentado. Además las pesquisas también apuntan a un delito ambiental porque la empresa habría realizado vertidos al mar mezclados con disolvente que, para no ser detectados, se habrían producido por la noche o en fin de semana.

Nada de esto sorprende en Extremadura, pues Ricardo Leal es un viejo conocido en esta tierra. Pero una cosa vuelve a quedar clara: nadie se hace rico de manera honrada. Pero lo peor es que para hacerte rico vayas dejando un rastro de accidentes, corrupción y muertes.

 

 RAFA GONZÁLEZ  

 Segunda condena contra el Partido Popular por su financiación con donaciones ilegales en una contabilidad clandestina

 TENÍA RAZÓN LA ACUSACIÓN POPULAR DE IZQUIERDA UNIDA

Izquierda Unida, que ha ejercitado la acusación popular en esta causa junto a la Asociación Libre de Abogados y Abogadas (ALA) y Ecologistas en Acción, señala que “este nuevo fallo judicial considera probadas una vez más las reiteradas prácticas ilegales de las que se ha valido el partido que ahora lidera Pablo Casado para aprovecharse de dinero ilícito y ocultar su uso a cualquier órgano de control”

Izquierda Unida destaca la “trascendencia política” de la sentencia hecha pública hoy por la Sala Penal de la Audiencia Nacional en la que condena al Partido Popular y al que fuera su tesorero y senador, Luis Bárcenas, por reformar con dinero negro su sede nacional en la madrileña calle Génova, al tiempo que acredita de nuevo la existencia de una ‘caja B’ con fondos opacos usada para estos fines.

Para IU, que ha ejercitado la acusación popular en esta causa junto a la Asociación Libre de Abogados y Abogadas (ALA) y Ecologistas en Acción, “este nuevo fallo judicial considera probadas una vez más las prácticas ilegales de las que se ha valido el partido que ahora lidera Pablo Casado para aprovecharse de dinero ilícito y ocultar su uso a cualquier órgano de control”. 

  

En concreto, la Audiencia Nacional condena a Bárcenas a dos años de cárcel por los pagos en B de más de un millón de euros por las obras de la sede central del Partido Popular y a esta formación como responsable civil subsidiario de 123.669 euros por el Impuesto de Sociedades de la constructora Unifica de 2007.

Izquierda Unida incide en la “especial importancia” de que “tras la contundente sentencia anterior por la corrupción destapada en la ‘trama Gürtel’ ahora se deje ya zanjada la total acreditación de la existencia de una ‘caja B’ en el Partido Popular, fondos que se nutrían de donaciones ilícitas registradas en una contabilidad paralela de cuyos ingresos y gastos no se dejó constancia en la contabilidad oficial y, por tanto, nunca pudieron ser fiscalizados por el Tribunal de Cuentas”.

De ahí que IU se congratule de que “la sentencia recoja explícitamente que el Partido Popular ocultó al control y fiscalización del Tribunal de Cuentas la totalidad de los pagos no facturados que realizó por las cuantiosas obras de remodelación de su sede”.

“Esto se ejecutó -añade- al margen de la facturación y contabilidad oficial, con fondos en metálico que fueron satisfechos a Unifica, lo que a su vez permitió a esta empresa ocultar a la Hacienda Pública la percepción de los referidos pagos en B, eludiendo sus correspondientes obligaciones tributarias”.

El fallo condena también a dos años y nueve meses al arquitecto de Unifica Gonzalo Urquijo y a la socia de la empresa Belén García.

Para Izquierda Unida, “trascurridos más de ocho años desde que impulsamos la apertura de esta causa judicial, resulta satisfactorio comprobar que la justicia condena con toda claridad al PP por usar dinero negro para financiar sus actividades”.

 

 Stop a los paraísos fiscales

 

La investigación periodística Pandora Papers desveló que algunas personalidades relevantes y grandes multinacionales utilizan los paraísos fiscales para evitar pagar los impuestos que les corresponden. Esto supone una gran cantidad de dinero que los estados dejan de ingresar, en concreto 427.000 millones de dólares cada año, y que por tanto no se destinan a esos hospitales, centros de salud, personal docente, políticas de juventud, gasto social y otros servicios públicos y políticas que faltan y que tan necesarios son y de los que podríamos beneficiarnos todas las personas.
  

¡Se estima que la riqueza oculta de las grandes fortunas españolas supera el 10% del PIB!

Llevamos años denunciando cómo a través de la evasión y la elusión fiscal desaparecen miles de millones de euros en todo el mundo y cómo de injusto es el sistema que permite la existencia de los paraísos fiscales.

¡Es el momento de acabar con la era de los paraísos fiscales! La crisis provocada por la COVID-19 necesita medidas sin precedentes, justas y urgentes para que nadie quede atrás y se necesitan recursos.

Porque no nos engañemos, este #EscaqueoFiscal lo pagas tú. ¡Lo pagamos las personas de siempre!

OXFAM INTERMÓN  

 

 Mujeres habitantes imprescindibles del territorio rural

El 15 de octubre se establece como Día Internacional de las Mujeres Rurales para reconocer a las mujeres rurales por su contribución en el desarrollo rural y agrícola, la erradicación de la pobreza y la mejora en la seguridad alimentaria.

Es imprescindible reconocer estas contribuciones para servir de ejemplo e inspiración a otras mujeres, pero también desde esta fecha se nos interpela desde la obligación ineludible que tienen las instituciones y la sociedad de crear condiciones dignas para las mujeres que resisten en el medio rural y también condiciones adecuadas para acoger a las que optan por instalarse en estas zonas con sus familias.

El paulatino abandono y degradación de los servicios públicos en el entorno rural y los mermados servicios de transportes hacen titánica la supervivencia por muchos premios y reconocimientos que se otorguen en fechas señaladas. Un día a día sin conexión a internet decente, sin cobertura móvil y con bancos cuyas sucursales desaparecen del entorno para obligarte a que cualquier transacción sea online, hacen que la brecha digital sea cada vez mas extensa y la transformación digital para las mujeres una quimera, por muchos cursos de formación que se impartan desde entidades subvencionadas.

  

De esta forma el desarrollo rural que ansiamos no va a poder llegar de la mano de las mujeres y sus familias, que ven como los días pasan enredadas en la supervivencia y en garantizar sus condiciones materiales en una región donde la tasa de pobreza de las mujeres se sitúa en un 26,8%, 12 puntos porcentuales por encima de los hombres.

“Los proyectos de macrogranjas, parques eólicos o de huertos solares que se nos quieren vender como la solución para las zonas vaciadas del territorio, no crean trabajo”

Los proyectos de macrogranjas, parques eólicos o de huertos solares que se nos quieren vender como la solución para las zonas vaciadas del territorio, no crean trabajo, no respetan el entorno ni el medio ambiente y desde luego no atacan la raíz de la privatización material severa que hace que un 39,3% de la población de nuestra región no pueda afrontar gastos imprevistos.

Todo esto, el emprendimiento de las mujeres rurales no será capaz de solucionarlo por si mismo por mucho que el Comisionado para el reto demográfico nos señale como colectiv  imprescindible junto a los y las jóvenes, para fijar la población y el Estatuto de Mujeres rurales de Castilla-La Mancha garantice la cotitularidad de las 378 explotaciones o unidades de producción que existen en nuestro territorio. 

También, hay que trabajar en el diseño teórico de pacto verde de la PAC donde los modelos de las mujeres encajan perfectamente por ser los mas sostenibles, hay que  apostar por una política agraria que no deje abandonadas a las ganaderas de extensivo y a las agricultoras que trabajan desde una perspectiva de sostenibilidad. 

Es ineludible complementar el factor laboral con la lucha contra la violencia machista en el entorno rural donde las mujeres enfrentan mas problemas para su erradicación y con la reducción de la brecha de los cuidados. Todos ellos son factores que garantizan la emancipación de las mujeres, no solo de las rurales y para ello es obligado buscar inspiración y apoyo en lo que siempre ha sido lo que nos ha salvado, como son las redes de ayuda mutua, los cuidados en comunidades de mujeres, la sororidad y el conocimiento compartido muchas veces no escrito transmitido de unas a otras.

Con ello se hará atractivo habitar el ámbito rural pero además se garantiza acabar con la doble discriminación y buscar las soluciones para el arraigo y el desarrollo de los proyectos de vida en el rural, de las mujeres y sus familias.

Isabel Álvarez es vicecoordinadora Regional de IU C-LM y responsable del Área de Mujer

 

 Más de un millón de personas de toda la UE piden el fin de los plaguicidas

·         El elevado número de firmas es un éxito histórico para la protección de la salud humana y el medio ambiente.

·         Si la Comisión Europea valida la Iniciativa Ciudadana Europea ‘Salvemos a las abejas y a los agricultores’, tanto el Parlamento Europeo como la propia Comisión tendrán que responder a las demandas de la ciudadanía y transitar hacia una agricultura libre de plaguicidas sintéticos y respetuosa con los insectos.

·         Este éxito global en la Unión Europea, con más de 1.160.000 firmas, se ha refrendado en el Estado español, que ha recogido 50.566 apoyos, el 125 % de los requeridos por la Comisión Europea.

 La Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) ‘Salvemos a las abejas y a los agricultores’ tiene tres objetivos:

1.    Reducir el 80 % del uso de plaguicidas sintéticos para 2030 y del 100 % para 2035 en la UE.

2.    Implementar medidas para restaurar la biodiversidad en las tierras agrícolas.

3.    Lograr un apoyo masivo a agricultores y agricultoras para la transición hacia la agroecología.

La crisis de la COVID–19 ha dificultado la recogida de firmas. No ha sido posible hacer actos públicos durante la mayor parte de la campaña. Por eso, superar la meta del millón de apoyos refleja la determinación de la ciudadanía europea por vivir sin plaguicidas.

El siguiente paso será la validación de la iniciativa por parte de las autoridades europeas, un escollo importante porque, hasta ahora, menos del 6 % de las ICE lanzadas en la UE han sido validadas. La aprobación de una ICE obliga a la Comisión Europea a analizar y responder a las demandas planteadas por la ciudadanía. Por su parte, el Parlamento Europeo deberá recibir en audiencia a los siete miembros del Comité de Ciudadanos y tendrá la posibilidad de redactar y votar una resolución basada en sus demandas.

Ecologistas en Acción considera que haber alcanzado más de un millón de apoyos y haber superado las 50.000 firmas en España debería ser suficiente para rectificar la política que desarrolla el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de Luis Planas. En palabras de la organización ecologista: “Hay que tomar medidas serias para reducir de forma drástica las autorizaciones de estos productos que tanto daño hacen a la biodiversidad y a la salud humana”.

 Ecologistas en Acción

 Unidas Podemos con los colectivos y sindicatos por la Ley de Derecho a la Vivienda

Hemos acompañado a La PAH, al Movimiento Nadie Sin Hogar, al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, a FACUA, a los sindicatos Comisiones Obreras, UGT, CGT y muchos otros colectivos que defienden el derecho a una vivienda digna en el registro de su Ley de Derecho a la Vivienda en el Congreso de los Diputados.

Se trata de una Ley de Derecho a la Vivienda que han trabajado los colectivos de la sociedad civil y que garantiza el derecho a una vivienda digna, como indica el artículo 47 de la Constitución.

  
Para Unidas Podemos es muy importante apoyar las iniciativas de los colectivos sociales y defenderlas en las instituciones. Otras fuerzas políticas como ERC, Bildu o BNG también han acompañado a los colectivos.

Entre las propuestas de la Ley de Derecho a la Vivienda destacan:

- Se establece el Derecho a la Vivienda como derecho subjetivo exigible.


- La ley prohíbe los desahucios a personas o familias vulnerables mientras no haya garantía de un realojo digno y adecuado, y obliga a los grandes propietarios a hacer alquileres sociales como opción prioritaria ante el desahucio.

- La ley implementa una regulación de los alquileres flexible en base a un índice de mercado con el objetivo de limitar y bajar el precio de las rentas para que supongan un coste asumible para la mayoría de la población.

- En el ámbito del sinhogarismo, la Ley establece el Derecho a la Vivienda como Derecho subjetivo y garantiza la protección inmediata en alojamientos adecuados para toda persona que caiga o se encuentre en situación de sinhogarismo.

- En cuanto al parque de vivienda pública, con el objetivo de protegerlo y ampliarlo se prohíbe su venta..

- Así mismo se garantiza el acceso a suministros básicos, creando una tarifa social y prohibiendo los cortes de agua, luz o gas a personas en exclusión residencial.

 

MIGUEL ÁNGEL BUSTAMANTE. Parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados  

 

 Incendios forestales

Hasta el 22 de agosto, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, se habían declarado 6.314 incendios forestales en España (4071 conatos < de 1 ha afectada y 2243 >de 1 ha), con 51426.96 has arrasadas. A esta cifra hay que añadir las alrededor de 22000 has del incendio de Navalacruz, el incendio más grave de la historia de Castilla y León. Se han declarado 17 grandes incendios (aquellos que afectan a más de 500 has).

Así, un año más, nos enfrentamos a una situación trágica. Este problema de los incendios forestales en Castilla y León, en España y en toda la cuenca mediterránea, es cada vez mayor. En Turquía, Grecia, Italia, Argelia, y ahora España, crece la proporción de GIF ( Grandes Incendios Forestales, que son aquellos que afectan a más de 500 has) respecto al total, incendios extremadamente peligrosos , incluso para la población, y muy difíciles de apagar.
  

WWF, en su informe de 2019 “Arde el Mediterráneo”, ya analizaba las causas para que la cuenca mediterránea sufra oleadas de incendios cada vez más devastadores y peligrosos, que suponen un riesgo extremo tanto para los ecosistemas, como para las poblaciones y las personas. También el IPCC (Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático), advierte que los ecosistemas mediterráneos se encuentran entre los más vulnerables del mundo. El cambio climático está acelerando la presencia de grandes incendios. El aumento esperado de temperatura durante este siglo hará que, con toda seguridad, los episodios climáticos extremos en la región vayan a peor: sequías más acusadas y olas de calor más largas e intensas, que llevan a la vegetación a un estado de estrés hídrico que la hace más vulnerable al fuego. Con toda seguridad, las campañas veraniegas de incendios van a hacerse más extensas en el tiempo y menos estacionales. La cuestión es sobre todo establecer medidas para mitigar estos grandes incendios y sus consecuencias.

No toda la responsabilidad es achacable al cambio climático, hay más factores

- La despoblación, el abandono del medio rural y de los usos tradicionales de los bosques, el abandono ganadero y agrario con cese del pastoreo tradicional y de cultivos, ha provocado la pérdida del paisaje en mosaico (ese que en nuestro imaginario asociamos con belleza del paisaje y que son especialmente ricos en biodiversidad) y el aumento de la superficie cubierta con matorrales y bosques jóvenes provoca un aumento de la inflamabilidad , lo que genera incendios mas intensos y peligrosos.

- Las nefastas políticas de repoblación, que han tenido lugar durante años, con especies de crecimiento rápido (varias especies de pino o eucalipto en muchas zonas), dando como resultado cultivos monoespecíficos, en lugar de bosques, y ausencia de una adecuada gestión y planificación de las masas forestales para su adaptación al cambio climático, y para la prevención de riesgos, lo que las convierte en bombas de relojería para los incendios.

- La cada vez más difusa separación entre lo urbanizado y lo forestal (una mezcla de casas y árboles), la interfaz urbano-forestal y el aumento de los usos recreativos del monte ha incrementado el riesgo de incendio y de que estos lleguen a las zonas habitadas. El cese del pastoreo, la extracción de leña o el cultivo de pequeñas huertas han borrado el paisaje en mosaico que protegía los pueblos en caso de incendio.

- La no existencia de verdaderos operativos de prevención. En España somos buenos apagando incendios, pero falla la prevención. Tenemos excelentes profesionales, pero maltratados por las administraciones en sus condiciones laborales. Un ejemplo claro es el llamado operativo de prevención y extinción de incendios de la Junta de Castilla y León donde, según datos de CCOO, la media de interinidad del personal propio de la Junta ronda el 50%, un 76% entre los fijos discontinuos y un 30% de vacantes en el colectivo de agentes medioambientales. Aún más precarias son las condiciones de las cuadrillas de tierra, donde las bajas en las licitaciones se cargan en las espaldas de los y las trabajadoras, con sueldos ínfimos y explotación laboral (con trabajos de sólo 3 meses, es muy difícil arraigar a la gente en las zonas rurales).

- La falta de coordinación entre diferentes administraciones. Hay tantos operativos de incendios como Comunidades Autónomas y esto dificulta mucho la lucha contra el fuego cuando hay dos autonomías afectadas o cuando es precisa una cooperación entre varias.

Es necesario que las CCAA dediquen mucho más presupuesto a las labores de prevención, que son menos mediáticas, pero que fijan población y empleo en el sector forestal. Plantear operativos dedicados fundamentalmente a la prevención , bien dimensionados y que trabajen todo el año, totalmente públicos (no como los modelos con fuerte presencia de lo privado, como sucede con el de Castilla Y León , donde las brigadas de tierra o las helitransportadas se licitan con empresas privadas y sufren unas condiciones laborales penosas), con condiciones laborales justas y la aprobación del estatuto básico del Bombero/a Forestal para todo el personal de los distintos operativos.

Es imprescindible corregir el abandono rural, recordar el importante papel de la ganadería extensiva en la dinamización del medio rural y la prevención de incendios, una adecuada gestión de las masas forestales y recuperar los paisajes en mosaico, que actúan como cortafuegos naturales.

En resumen, medidas que van encaminadas a una adecuada ordenación del uso del territorio, a recuperar los sistemas agrosilvopastorales que fijan población y previenen incendios, a concienciar a la ciudadanía de la necesidad de la prevención, en un contexto, el del cambio climático que nos anticipa un escenario de grandes incendios -los llamados incendios de sexta generación-, incontrolables.

 PILAR GONZÁLEZ