Sin convenio colectivo en el campo de Extremadura
La miserable política de la patronal agraria
El campo extremeño ya está a pleno rendimiento en esta
campaña agrícola. Entre bancales y líneos de frutales, los jornaleros y las
jornaleras, calibre en mano, recolectan los frutos que da la tierra. Las
centrales hortofrutícolas están en funcionamiento y las más grandes ya tienen
los tres turnos de trabajo que les permitan procesar los productos que nos da
el campo en esta temporada. En total son más de 65.000 personas las que
en Extremadura trabajan en labores relacionadas con la tierra en cada
campaña.
Es una campaña más pero tiene una característica nueva: los trabajadores y las
trabajadoras del campo de Extremadura carecen de convenio colectivo después
de que una facción de la patronal agraria recurriera el último que se firmó y
el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) decidiera anularlo. Una
autentica barbaridad que deja desprotegidas a las personas que trabajan en el
sector que más destaca en la economía de la región. Es el resultado de la
acción premeditada de las reaccionarias patronales agrarias, compuestas por
señoritos, terratenientes y burgueses que, acostumbrados a vivir del sudor
ajeno, no encuentran un límite en el robo diario que le practican a los
trabajadores y las trabajadoras y han convertido el campo extremeño en
una selva neoliberal en donde no se respetan ni los más mínimos
derechos de la clase trabajadora.
ORIGEN DEL CONFLICTO
La situación que se vive hoy viene de lejos. En 2016 se aprueba el Convenio del
Campo de Extremadura. Un texto de mínimos que reconoce algunos derechos, fruto
de las luchas históricas sindicales que siguen en el subconsciente colectivo.
El convenio cumple con sus tres años de vigencia y es prorrogado por otro, en
lo que se negocia el siguiente. La patronal agraria comienza a elaborar su
maquiavélico plan. Ganan mucho, pero quieren ganar más y para eso necesitan
quitarle derechos a los trabajadores y las trabajadoras.
En plena prórroga del convenio sucede un nuevo factor: Unidas Podemos entra a
formar parte del gobierno y una de sus primeras medidas es subir el
salario mínimo interprofesional que en 2019 se sitúa en los 900 euros. La
cavernícola patronal del campo comienza a rabiar. Llevan años pagando salarios
de miseria y una subida del SMI implica que sus bolsillos no sigan engordando
con el nivel que lo estaban haciendo en años anteriores.
Además, la subida del salario mínimo se acompaña de algo que inquieta
especialmente a los patronos: el gobierno anuncia que aumentarán las
inspecciones
laborales en las fincas de la región. Las sanguijuelas de la patronal
no saben dónde meterse, pues han implantado el
fraude generalizado en
todo lo que se refiere a las contrataciones laborales: dar de alta menos
días de los trabajados, venta de peonadas, trabajar más horas y no pagarlas o
si las pagan no con el recargo por hora extra que marca el convenio o migrantes
de los que se aprovechan por carecer de papeles, que son explotados hasta la
extenuación.
INTENTO DE NEGOCIAR NUEVO CONVENIO
La subida del salario mínimo interprofesional marca un nuevo escenario en donde
aparentemente esta cuestión es un nuevo argumento para sacar adelante un nuevo
convenio colectivo para el campo extremeño, pues la tabla salarial había
quedado totalmente desactualizada debido a que el último año que recogía era el
2018 y la subida del SMI entró en vigor en enero del 2019. Lo que parecía una razón
más, la patronal lo convirtió en otro caballo de batalla.
Anunciaron de
manera pública que no iban a pagar el salario mínimo, situando a sus
organizaciones al margen de la ley, como si de la mafia se tratara.
Los sindicatos pusieron el grito en el cielo y solicitaron un laudo arbitral
que resolvió lo evidente: los trabajadores y las trabajadoras del campo
extremeño tenían derecho a que se les actualizara el salario desde enero con la
entrada en vigor del Real Decreto que subía el salario mínimo. La campaña
agrícola de ese año pasó y los patronos consiguieron su objetivo, que era darle
vueltas a la aplicación del SMI, cuando es de obligado cumplimiento, mientras
el convenio quedaba en segundo plano.
Llega el 2020, el año que recordaremos toda la vida porque tuvimos que convivir
con una pandemia. Durante toda la crisis sanitaria se reconoció la labor
fundamental de los trabajadores y las trabajadoras del sector primario, que han
seguido trabajando para que pudiéramos tener alimentos en las tiendas. Pero eso
no parece suficiente para que se firme un nuevo convenio del campo para
Extremadura. La patronal vuelve a sacar la misma argumentación. Otra vez
gracias a Unidas Podemos, había subido el SMI hasta los 950 euros.
La situación era insostenible.
La patronal incumplía de manera
generalizada el pago del salario mínimo alegando que seguían aplicando el
convenio de 2016, por lo que los sindicatos deciden anunciar la
convocatoria de
huelga de tres días que se suma a la presión
que más actores sociales estaban ejerciendo ante la injusta situación que se
vivía, por el bloqueo patronal a un nuevo convenio.
NUEVO CONVENIO Y ANULACIÓN
Se consigue firmar un
nuevo convenio colectivo del campo de Extremadura
en donde se retrocede en derechos para la clase trabajadora. Se
establece una jornada irregular, cuestión que choca frontalmente con la
normativa establecida en el Estatuto de los Trabajadores, además se modifica a
la baja el coste de las horas extraordinarias y se facilita su realización,
cuestión que choca con una reivindicación histórica, pues dado el número de
parados que soporta la región, el camino a seguir nunca puede ser el de
facilitar las horas extraordinarias, sino que ese trabajo que no se puede
cubrir en la jornada ordinaria lo realice otro trabajador, para disminuir el
desempleo por el mecanismo del reparto del trabajo existente.
En cualquier caso, ese era el convenio colectivo acordado y parecía que por fin
los trabajadores y trabajadoras del campo extremeño volverían a tener un marco
legal al que agarrarse. Pero en una competición entre distintas facciones de la
patronal agraria por ver quién es la más miserable, una parte decide recurrir
ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) el convenio
alegando que las patronales que habían firmado no tenían la representación
necesaria para la negociación y posterior firma del convenio.
EL TSJEx dio la razón al recurso y anuló el convenio colectivo, dejando
desprotegidas a las más de 65.000 personas que trabajan en el campo de
Extremadura. En este 2021,
ya son tres años en los que la patronal
bloquea el convenio colectivo del campo, lo que no solo atenta contra los
trabajadores y las trabajadoras, sino contra todo el medio rural de la región,
pues las faenas agrícolas contribuyen a asentar la población en los entornos
rurales.
RAFA GONZÁLEZ
Las maniobras navales Sea Breeze son las mayores de los últimos veinte años,
con protagonismo de Estados Unidos y Ucrania, y están convirtiendo al Mar Negro
en el más militarizado del mundo. En esa absurda carrera militarista, Ucrania
ha acordado con Londres la construcción de dos puertos militares conjuntos, que
reforzarán el dispositivo de la OTAN en el Mar Negro. Tras esas operaciones
militares se encuentra el objetivo del Pentágono, apoyado por la OTAN, de
asegurar la hegemonía militar norteamericana en Europa y en el mundo,
continuando una política que solo ha causado muerte, sufrimiento y destrucción,
como se constata estos días en Afganistán, tras veinte años de guerra y de
ocupación militar estadounidense.
