La Guerra de Yemen y los intereses del Capitalismo

Occidente deja morir al pueblo de Yemen en una guerra que ha dejado 250.000 muertos y la peor crisis humanitaria del mundo

Cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial, existe un consenso sobre los crímenes del nazismo y el fascismo. Sin embargo, lo que pocas veces se menciona es que el fascismo fue apoyado porque permitía a los capitalistas entablar negocios sin la preocupación de que los sindicatos y la clase obrera organizada pudieran interferir en los intereses de las grandes empresas. El dictador podía acabar con las protestas democráticas y los negocios seguían su curso.

Este hecho no finalizó aquí. Durante todo el siglo XX se ha cumplido una regla básica: cualquier régimen es legítimo mientras proteja nuestros intereses. No hay espacio para entrar en los detalles, pero Estados Unidos (y, por lo tanto, Occidente) no ha tenido reparos en proteger a las dictaduras más extremas para asegurar sus intereses económicos. Este caso se aplica muy bien a Arabia Saudita, el reino más autoritario y extremo de la región.

El régimen saudita ha sido nuestro hijo mimado desde ese entonces. Le hemos consentido todo tipo de atrocidades porque es el mayor exportador de petróleo del mundo. Un petróleo que además es muy bueno y muy barato. Esto le ha permitido ser el país con mayor poder económico de la región y posiblemente el más importante para el funcionamiento del Capitalismo. El petróleo, pese a la crisis climática, sigue siendo clave para el funcionamiento de la economía y, por lo tanto, clave para las grandes corporaciones.

Pero no sólo es el negocio del petróleo. Como sucedió en su momento con el régimen nazi, y como ha sucedido con las distintas dictaduras de extrema derecha, nuestras grandes empresas adoran al régimen. En España, esto tiene un claro ejemplo en el AVE a la Meca, con empresas privadas repartiéndose el pastel de los negocios turbios de Don Juan Carlos y en la venta de corbetas donde la empresa pública Navantia está construyendo barcos de guerra para los saudíes. Este último hecho demuestra el fracaso de la democracia española porque los principales partidos políticos han impedido paralizar esta venta, a pesar de que se trataba de una empresa pública.

Tanto el PP, como el PSOE, como Ciudadanos han defendido estos tratos con Arabia Saudita a pesar de que las ONG y las organizaciones humanitarias han estado denunciando sin descanso los crímenes que la coalición saudita estaba perpetrando en Yemen. Estos crímenes han pasado por someter al pueblo de Yemen a un bloqueo infernal que ha perseguido matar de hambre y de enfermedades a una población encerrada entre la barbarie de todas las partes enfrentadas. El régimen saudí, que quería enviar un mensaje intimidatorio a Irán para que no se entrometiera en la región, ha lanzado salvajes bombardeos contra la población y ha sido responsable del 67% de los civiles muertos en el conflicto.

Esto se ha hecho a costa de ignorar las informaciones de las organizaciones humanitarias que llevan denunciando desde el principio la guerra de Yemen. Los partidos constitucionalistas y que supuestamente defienden la ley, la han ignorado intencionadamente. En concreto la ley del 2007 que prohíbe la venta de armas si «pueden ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano».

De estos más de cinco años de guerra, se deduce que para nuestros gobernantes las más de 250 mil personas muertas no es un hecho contrario a la «dignidad inherente al ser humano».

Pero esto no es lo peor. Occidente también deja morir al pueblo de Yemen y no está dispuesto a donar el dinero suficiente para mitigar la peor crisis humanitaria del mundo. Las decenas de miles de millones de euros que se han conseguido con el comercio de armas no pueden volver de nuevo a Yemen. De esta forma, no cumplimos los requisitos que nos exige la ONU.

Curiosamente, el país que destina más fondos a Yemen es Arabia Saudita. Lo hace para lavar su imagen y ocultar los crímenes que ha cometido contra la humanidad. Nuestros gobernantes prefieren callar. Vuelven a cometer el imperdonable error que cometieron con los nazis. Los intereses económicos priman más que las vidas de inocentes.

ISA FERRERO. Autora de 'Negociar con asesinos. Guerra y Crisis en Yemen'.

 

Vuelta segura al colegio: no se quiere invertir en educación

NO SE HA QUERIDO FINANCIAR UNA VUELTA SEGURA AL COLEGIO, SOLO PALIAR LOS EFECTOS DE UNA CATÁSTROFE ANUNCIADA

Nos deben 9.000 millones de euros de recortes en Educación. Con eso y los 2.000 millones de fondo Covid daría para contratar a 165.000 profesoras/es necesarios y aumento de personal.

La comunidad   educativa lo lleva exigiendo desde el inicio de la pandemia. Desde hace meses. ¿Tan difícil es conceder credibilidad a quienes están "a pie de obra", a quienes son los profesionales y tienen experiencia en la materia? Porque se trata de conjugar dos derechos fundamentales y no obligar a elegir entre ellos: el derecho a la salud sí, pero también, y no menos importante, el derecho a la educación.

Sabemos que hay cuatro medidas esenciales y concretas para que ambos derechos puedan ser conjugados con el menor riesgo posible para la salud (pues el riesgo 0 no existe), y con el mayor nivel de garantía respecto a la educación para que efectivamente "nadie quede atrás", lema que han repetido reiteradamente los responsables políticos de todas las administraciones (central y autonómicas):

1. Reducir la ratio: máximo de 15 alumnos y alumnas por aula (en infantil 10)

2. Ampliar y estabilizar las plantillas docentes: un 33% más de profesorado.

3. Habilitar y crear espacios amplios: recuperar centros públicos cerrados, habilitar espacios públicos municipales, crear nuevos...

4. Aumento y dotación de personal: Enfermería, limpieza, educación social, Orientación, PTSC, de administración…

Pero estas medidas exigen financiación. Exigen invertir en educación pública.

Por eso se ha estado dilatando el tiempo, mareando la perdiz, esperando hasta última hora para, al final, dedicarse a debatir y llegar a "acuerdos de mínimos" sobre qué medidas tomar ante la catástrofe, sin haber tomado medidas para evitar que no se produzca dicha catástrofe.

Por lo que los acuerdos se han acabado adoptando en las condiciones iniciales de hace seis meses, que se sabe a ciencia cierta que aumentan el riesgo de contagio y, por tanto, la probabilidad de suspensión de la educación: mantener clases saturadas de alumnado, no aumentar el insuficiente número de profesorado para reducir los grupos, continuar sin espacios adecuados para mantener la distancia de seguridad y continuar sin personal de apoyo sanitario. Es decir, en vez de prevenir la catástrofe, los acuerdos del 27 de agosto entre administraciones educativas se han limitado a señalar qué medidas de higiene activar ante ella, pues no se ha querido poner los medios para evitarla, al no modificar sustancialmente esas condiciones preexistentes (habría que exceptuar, en cierta medida, a la Comunidad Valenciana que dio algunos pasos en este sentido).

Es el modelo de capitalismo neoliberal que nos "educa" en asumir lo que ya popularizó Margaret Thatcher en su tiempo: que "no hay alternativa". Que los rescates milmillonarios son para que sigan creciendo los beneficios de los bancos, de la industria del ladrillo reconvertida ahora en turismo, de los fondos buitre y las grandes financieras. Pero que la educación pública no es la prioridad. No ahora. Ahora no toca. Ya, si eso, en otro momento.

Es exactamente igual que cuando se plantean los presupuestos de educación o cualquier reforma educativa. Analicemos, debatamos y consensuemos los aspectos periféricos, lo colateral. Pero los elementos sustanciales (conciertos, religión, inclusión y financiación), esos no se tocan. No es el momento. Porque ahí es donde se afecta al meollo del sistema. Nos tenemos que plantear de una vez a qué decidimos destinar los recursos públicos. Como dice el refrán: "dime donde pones tu dinero y te diré dónde pones tu corazón".

Se destinan recursos de miles de millones ante la pandemia para relanzar la economía. De acuerdo. ¿Pero dónde queda la educación pública?

Nos deben 9.000 millones de euros de recortes en educación de los últimos años de gobiernos, tanto del PP como del PSOE. A esto hay que sumar los 2.000 millones de fondos COVID que el Gobierno central ha destinado a educación; los fondos europeos específicos para Educación, de entre los 750.000 millones de euros acordados en la UE, y los fondos propios de las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas. ¿No daría realmente todo esto para financiar los 7.000 millones de euros que el estudio de CC.OO. establecía que serían necesarios de cara a contratar los 165.000 profesores y profesoras necesarios (un 33% más), como mínimo, para reducir los grupos de clase a 15 alumnos y alumnas en toda España, así como para habilitar o crear los sitios necesarios (como se crearon hospitales de campaña durante la pandemia) para realizar una educación con garantías y seguridad para toda la comunidad educativa y para contratar personal de enfermería en los centros de cara a coordinar los protocolos sanitarios y no responsabilizar al profesorado y a los equipos directivos de ello?

Y si no da, que se habiliten partidas presupuestarias extraordinarias para ello. Que se inviertan cantidades escandalosas para garantizar la educación, la salud y el desarrollo de nuestra ciudadanía, y dejemos de seguir gastando en armamento ( el gasto militar volverá a superar este año los 20.000 millones), reclamemos los rescates financieros (60.000 millones nos deben los bancos), persigamos el fraude fiscal de las grandes fortunas y de las multinacionales tecnológicas o los paraísos fiscales.

Sí que hay financiación, pero lo que no se está dispuesto a tocar es el capitalismo.

 ENRIQUE JAVIER DÍEZ GUTIÉRREZ. Coordinador Área Federal de Educación de Izquierda Unida

 

Potenciar la participación de las mujeres del medio rural

 La igualdad real como vía para el acceso a los puestos de gobernanza.

Estas son las cifras de la España despoblada. De los 8.124 municipios del país, 1.319 cuentan con menos de 101 habitantes, a fecha de 1 de enero de 2017. Otros 3.660 tienen menos de 1.000 personas empadronadas. Eso quiere decir que el 61% del total de las localidades son pequeñas o muy pequeñas (INE).

En conjunto, el medio rural comprende 6.694 municipios, ocupa el 84,5% del territorio pero sólo acoge al 17,6% de la población. Y a diferencia de lo que ocurre en el resto de España, aquí hay más hombres que mujeres: el 51% frente al 49%, según datos del Diagnostico de la igualdad de género en el Medio rural. Esa es una de las cuestiones más llamativas del medio rural, la masculinización del mismo, que haya 108 hombres por cada 100 mujeres según el padrón de 2014. No es que nazcan menos mujeres, sino que éstas emigran en mayor proporción hacia las áreas urbanas.

Las mujeres del medio rural sufren una doble discriminación: por ser mujeres y por vivir en el medio rural. Son ellas las que se ocupan, casi en exclusiva, de las funciones de sostenimiento de la vida, de las labores de cuidados en toda su extensión. La falta de servicios públicos, la pervivencia de estereotipos sobre lo que es propio de hombres y mujeres, y la sobreexposición de las mujeres en el medio rural, conlleva una dificultad añadida para que las mujeres se zafen de ciertos roles sociales. Esta situación, la doble y triple carga de trabajo y la precarización laboral, condicionan su actividad laboral, sus actividades de participación social y su ocio. Las amplias responsabilidades que las mujeres asumen en el mantenimiento del hogar en las zonas rurales no sólo obstaculizan su propia participación en los procesos de decisión, sino que facilitan la participación de los hombres en esos procesos, ya que estos dedican más su tiempo libre a participar en espacios de decisión.

Para alcanzar una verdadera situación de igualdad, es necesaria la participación equilibrada de mujeres y hombres tanto en el ámbito doméstico-familiar como en los ámbitos laboral, político y social.

Pero la realidad nos muestra que hay escaso número de mujeres en puestos directivos de cooperativas (en las cooperativas agrícolas de primer grado alrededor del 30% de sus integrantes son mujeres, pero en los consejos rectores no llegan al 5%). Lo mismo ocurre en los Grupos de acción Local, administraciones de segunda elección como consejos comarcales o diputaciones, (solo el 14% de las diputaciones provinciales están presididas por mujeres) o las Organizaciones Profesionales Agrarias.

También es muy escasa la presencia de mujeres en los ámbitos locales de representación política, (los hombres ostentan el 78,23% de las alcaldías, y las mujeres el 21,77%, tras las elecciones de 2019). Por ejemplo el 53% en las localidades de entre 100 y 1.000 habitantes nunca han tenido una alcaldesa. Los municipios de menos de 3.000 habitantes no tienen obligación de que las listas electorales sean paritarias.

Todo esto implica ausencia de la mujer en los ámbitos de toma de decisiones…

Un mundo rural vivo necesita de la presencia de mujeres en un contexto de igualdad real. Es imprescindible poner en marcha medidas que nos pongan en el camino para revertir esta situación:

-Recuperación e implantación (donde no los hubiera), de servicios públicos básicos, de un sistema público de cuidados, garantizando la educación de 0 a 3 años en las zonas de prioridad demográfica y descentralizando la red de recursos socio sanitarios que acerquen servicios a la población rural.

-Priorizar de manera clara las clausulas sociales relacionadas con la situación de la mujer rural en todos los contratos públicos. Por ejemplo, comedores escolares que utilicen productos cercanos producidos y /o transformados por cooperativas y pequeñas empresas cuyas titulares sean mujeres y aquellas con planes de corresponsabilidad.

- Apoyo económico y de otros recursos (locales, orientación) a las asociaciones de mujeres (como espacios de dinamización y de empoderamiento). Promover espacios culturales, de ocio y servicios de uso colectivo y gestionados por las mujeres de la zona.

-Planes especiales de apoyo a cooperativas de mujeres del medio rural, para la implantación de actividades económicas, con creación de empleo de calidad, digno y con derechos, y que estén relacionadas con los recursos endógenos, la tradición cultural o el entorno económico, que contribuyan al mantenimiento del medio y a mitigar el cambio climático y favorezcan la creación de empleo femenino en los sectores más masculinizados de la economía rural, como los relacionados con el medio ambiente.

-Obligatoriedad de representación paritaria en las cámaras agrarias, OPAS, cooperativas, mancomunidades etc…

-Cambio de la ley electoral, que obligue a todas las listas electorales en todos los procesos a estar al menos compuestas por un 50% de mujeres y que éstas ocupen al menos todos los puestos pares o todos los impares.

-Programas de Formación Profesional específica, dirigida de forma prioritaria a las mujeres para la diversificación de actividades en el medio rural, que fomenten su incorporación en actividades económicas tradicionalmente masculinizadas.

-Imprescindible transmitir una imagen positiva de la potencialidad del mundo rural y de las mujeres rurales y la incorporación de los hombres a las tareas de cuidados y sostenimiento de la vida.

Porque, SIN MUJERES NO HAY FUTURO.

PILAR GONZÁLEZ. Miembro de la Coordinadora Federal de IU y de la Red de Mundo Rural  

 

 Parece que hay prisa: el Pacto de Toledo espera tener listas en septiembre las ‘recomendaciones’ para reducir el derecho a la jubilación y las pensiones públicas

La Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo del Congreso se da de plazo el mes de agosto para que los distintos grupos realicen sus posicionamientos sobre las recomendaciones relativas al sistema de pensiones, con la intención de poder cerrarlas en septiembre, cuando se realizarán nuevas comparecencias.

En concreto, está previsto que acudan de nuevo a comparecer a la comisión parlamentaria el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, según han señalado a Europa Press en fuentes de la comisión. De hecho, ya se ha convocado a la mesa y portavoces de la comisión para el martes día 1, el miércoles día 2 y el jueves día 3 de septiembre. Cabe recordar las posiciones abiertamente neoliberales del gobernador del Banco de España y de la AIReF en este tema, con el mantra repetido hasta la saciedad de la ‘insostenibilidad’ de las pensiones si no se reforman a la baja.

Estos son los siguientes pasos previstos por el Pacto de Toledo tras la última reunión de la mesa y portavoces de la comisión el pasado martes, en la que concluyeron el repaso de las 20 recomendaciones.

En el último mes se han constatado «más coincidencias» y «ganas de trabajar» en la revisión de las recomendaciones para elaborar un documento final próximamente, tras trabajar en los últimos años desde hace dos legislaturas, según han señalado fuentes parlamentarias.

En este sentido, las mismas fuentes subrayan que hay «voluntad» y creen que el Pacto de Toledo se mantiene al margen de lo sucedido en la Comisión de Reconstrucción, en el que no se ha logró un consenso sobre el documento social. 

Posibles recomendaciones

En un principio, podría lograrse el consenso sobre la recomendación segunda, que incluye como valor de referencia para la revalorización de las pensiones el IPC real, un punto sobre el que hubo discrepancias el ejercicio pasado y que se dejó fijado con acuerdo de todos los partidos, salvo ERC.

Una de las principales recomendaciones que estuvieron cerca del consenso el año pasado es la referida a poner fin al déficit de la Seguridad Social en el ejercicio 2025.

Otras propuestas pasan por elevar la dotación mínima del Fondo de Reserva del 5% al 7% del gasto anual en pensiones contributivas y supeditarlo a una regla de disponibilidad.

A su vez, otra opción es que el Estado pudiese compensar la falta de cotización de colectivos como el de las mujeres que de forma involuntaria hayan dejado de trabajar temporalmente para cuidar a hijos o personas dependientes a través de los Presupuestos.

 Los dos puntos clave en el recorte del derecho a la jubilación, según se deduce de las palabras del propio ministro de Seguridad Social, son el lo que el llamó «aproximar la edad efectiva de jubilación (actualmente por debajo de los 63 años) a la edad legal (67 años) incentivando la demora en la jubilación a través de la reordenación de los incentivos existentes» o lo que es lo mismo, penalizar y dificultar más todavía la jubilación anticipada y favorecer con algunas medidas la continuidad del pensionista activo más allá de los 67 años. Según Escrivá, trabajando sobre estos incentivos positivos para abordar el problema de medio plazo del sistema se pueden conseguir resultados tangibles para que se visualice como «algo reconducible y manejable».

El otro punto fundamental es el relativo a imponer una rebaja generalizada de las pensiones futuras mediante la ampliación del período de cálculo de las pensiones de los 25 años establecidos en la última reforma a los 35 o incluso a toda la vida laboral. 

Junto a ello, otra recomendación de gran trascendencia que subyace en los planteamientos del Pacto de Toledo como su principal razón de ser, será sin duda seguir potenciando las pensiones privadas mediante los planes de pensiones colectivos (ahí encontrarán el apoyo de CCOO y UGT, acostumbrados a obtener importantes ingresos para mantener su abultado aparato burocrático participando de la gestión de esos fondos en grandes empresas y sectores) y los planes individuales.

Eso sí, el ministro, consciente de que el tema de las pensiones es muy sensible socialmente, tanto por el número de personas/votantes a quien afecta como por la capacidad demostrada de movilización del colectivo de pensionistas a través de las plataformas agrupadas en la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), ha insistido en varias ocasiones en que las pensiones están «absolutamente aseguradas».

Kaosenlared

 

 

 Jornaleras de Huelva: “Las mismas empresas que no respetan los derechos de los temporeros migrantes se niegan a contratar a españoles”

“Las mismas empresas que no respetan los derechos de los temporeros migrantes se niegan a contratar a españoles”, asegura a FemeninoRural Ana Pinto, portavoz de Jornaleras de Huelva en Lucha. Este colectivo de trabajadoras esenciales de la fresa onubense que se baten el cobre mano a mano con sus compañeras marroquíes contratadas en origen, apoya la campaña #RegularizaciónYa a los sinpapeles, quienes se han dejado la piel trabajando de sol a sol en el campo durante la pandemia.

Pinto explica que la poderosa industria de los frutos rojos presente en Huelva “no quiere españoles. Dice que no queremos trabajar en el campo. Pero si pagas 25 euros y te ahorras dar de alta en la Seguridad Social, viva la Pepa”. Por eso, insiste en que “mientras haya personas sin papeles siempre nos van a explotar”.

 “El campo pide precios dignos. Eso incluye unas condiciones laborales dignas”

Así que, frente a los discursos del odio que apuntan cruel y erróneamente hacia quienes vienen de fuera y se encuentran en una situación de aún mayor vulnerabilidad, estas Jornaleras de Huelva en Lucha defienden que “si estuviéramos todos en las mismas condiciones, repercutiría en la mejora de los derechos humanos y laborales de todos los trabajadores”. Y añaden: “El campo pide precios dignos. Eso incluye unas condiciones laborales dignas”.

De hecho, la situación inhumana en la que las empresas de los frutos rojos onubenses -con el consentimiento de Administraciones Públicas locales, regionales, nacionales y europeas- mantienen a sus trabajadores, algo denunciado ya reiteradamente por la ONU, afecta tanto a locales como a extranjeros. “Aquí vamos a tener que ser emigrantes nosotros. Aquí en el campo cada vez quieren menos mano de obra autóctona. Hay trabajo para 3 ó 4 meses y el resto del año ¿qué hacemos?. No hay alternativas. Las ETTs (empresas de trabajo temporal) nos han precarizado la aceituna y la naranja. No tenemos trabajo ya”, expone Pinto.

 “El contrato en origen deja mucho que desear. Buscan a las más precarias y con más necesidades”

Preguntadas por el contrato en origen al que recurren las empresas freseras que operan en Huelva, las jornaleras valoran: “El contrato en origen deja mucho que desear. Buscan a las más precarias y con más necesidades: Entre 18 y 45 años, con hijos, divorciadas o viudas, para que puedan explotarlas al máximo y que luego no se queden. Ellas no lo denuncian, no porque sean analfabetas, sino porque tienen que darle de comer a sus hijos”.

Al término de la campaña de este año, marcada por la pandemia de COVID19, más de 7.000 recolectoras marroquíes se quedaron varadas en Huelva. Su situación se desbloqueó, según Ana Pinto, gracias a la lucha de las propias afectadas: “El problema se consiguió resolver gracias a ellas. Han sido valientes, han protestado. Se han echado palante y lo han denunciado a cara descubierta. Doscientas temporeras se plantaron a la puerta de una de las empresas y finalmente lo consiguieron. Ahora todo el mundo quiere ponerse la medallita de su regreso”.

Y es que la contratación en origen, trufada de irregularidades según ha denunciado prensa local independiente de investigación como La Mar de Onuba, muestra cómo las empresas de los frutos rojos, ya sean de capital español o extranjero, se lucran al disponer de un ejército de mano de obra sin papeles en condiciones infrahumanas y de otro ejército de jornaleros autóctonos precarizados y debilitados, provocando un sinfín de problemas laborales, económicos y sociales en las zonas donde operan. Muchas son las empresas freseras, españolas o extranjeras, que no solo exprimen la tierra onubense, sino que también explotan los campos de Portugal, Marruecos o Kenia.

 Frente al coronavirus, “ha habido medidas en muy pocos sitios y después de denunciar”

El virus de COVID19, para el que no existen las fronteras, ha campado a sus anchas en la agroindustria de todo el mundo. También entre las freseras. De hecho, en junio, Marruecos sufrió un brote en dos empresas hortofrutícolas españolas, en este caso de Sevilla y Navarra. Volviendo a Huelva, las temporeras en lucha aseguran que, frente al coronavirus, “la seguridad ha brillado por su ausencia y las inspecciones de trabajo ni siguiera se han realizado presencialmente en el tajo. Las han hecho de manera telemática. Ha habido medidas en muy pocos sitios y después de que empezáramos a denunciar”.

Según la prensa local onubense, a principios de junio, aún vigente el estado de alarma, una temporera de la fresa murió en el tajo. “Por causas naturales”, según la versión oficial. En esta campaña afectada por la pandemia, por falta de mano de obra, las jornaleras han estado más explotadas que nunca. “Si ha estado trabajando 12 horas sin descansar ni un día a la semana, es normal que se le haya roto el cuerpo”. Las jornaleras saben bien de lo que hablan.

Ahora que la temporada en Huelva ha finalizado, los campos de temporeros migrantes arden en Lepe y Lucena del Puerto, dejando a sus trabajadores esenciales en la calle sin solución habitacional, sin su documentación y sin las pocas pertenencias que se podían resguardar en las chabolas. Algo que incluso ha provocado la reacción de la ONU. Ya son varias las advertencias que las Naciones Unidas han lanzado tras conocer in situ la situación de los trabajadores migrantes estacionales en Huelva. Entre las últimas, que “España mantuvo a trabajadores migrantes completamente desprotegidos durante la pandemia”. Tras los incendios, ha alertado que sus vidas están en peligro y ha urgido una vez más a las autoridades a tomar medidas inmediatas para resolver “un problema humanitario desatendido”.

Las Jornaleras de Huelva en Lucha agradecen estas denuncias por parte de la ONU, pero consideran que “es algo que se debería haber hecho hace mucho tiempo. Aquí, por mucho que denuncien, todo sigue igual. Las chabolas han seguido estando sin luz y sin agua. Hay poca mejora. Esperamos medidas. Parece surrealista que esté ocurriendo esto en un país supuestamente desarrollado. La fresa es el principal motor de la economía de la provincia a costa de la vida de estas personas totalmente indigna y de miseria. Es bastante denigrante. Bastante grave”.

 Kaosenlared

 La democracia no será completa mientras no podamos elegir al Jefe del Estado

 

La huida de España de Juan Carlos de Borbón es el último episodio de una sucesión de actos execrables perpetrados por miembros de la Casa Real en los últimos años, actos faltos de la mas mínima ética, impropios de personas que ostentan responsabilidades o representación pública y en muchos casos, además, actos claramente delictivos que la justicia siempre se ha negado a investigar amparándose en una supuesta inmunidad que en España se ha interpretado de forma tan extensiva que finalmente se convirtió en impunidad.

La Jefatura del Estado ha vuelto a demostrar que no está a la altura. En vez de dar una lección de transparencia y ejemplaridad poniéndose a disposición de la Justicia para aclarar las gravísimas acusaciones que pesan sobre el rey emérito, se despacha con una nota, sin dar más explicaciones a una ciudadanía cada día más perpleja y asqueada mientras que las fuerzas políticas, económicas y mediáticas del régimen intentan construir un“cordón sanitario” para blindar a la monarquía y justificar lo injustificable, más si cabe cuando se produce en el contexto de la gravísima crisis sanitaria y económica que estamos viviendo.


El PCE siempre ha mantenido que la democracia a España la trajo el pueblo español y en especial la clase trabajadora y los sectores sociales que mantuvieron la resistencia antifranquista durante los 40 años de dictadura, y no precisamente una familia o una persona que heredó la jefatura del Estado como legado político y por decisión de un dictador.

Nuestra opción republicana es una cuestión de profundas creencias democráticas y no descansa en una animadversión a una familia o una persona que ostente la jefatura del Estado. Hemos denunciado políticamente y ante los tribunales lo que han sido claras actividades delictivas del ex jefe de Estado, permitidas y facilitadas por un marco constitucional que confundía la inviolabilidad por actos de Estado propios de las funciones constitucionales, con la impunidad más absoluta para la realización de cualquier latrocinio, todo amparado en la absoluta falta de transparencia que ha permitido el enriquecimiento de Juan Carlos de Borbón de forma paralela al empobrecimiento del pueblo español a partir de 2008.

La huida de Juan Carlos de Borbón coincide con la primera investigación abierta respecto a él --apenas unas Diligencias Informativas de la Fiscalía del Supremo sin valor de investigación judicial- para investigar los mismos delitos que ya viene investigando la justicia suiza. Se trata de hasta siete delitos relacionados con actuaciones presuntamente corruptas y fraudes a la Hacienda Pública.

La imagen dada por un ex Jefe del Estado que durante sus años de ejercicio institucional ha acumulado una inmensa fortuna es inaceptable para la mayoría de nuestro pueblo. Igualmente, una justicia merecedora de tal nombre debe actuar para evitar que ninguna persona pueda sustraerse a su acción, máxime cuando ello supone un motivo de vergüenza y bochorno para todo un país.

La democracia española no será completa hasta que nuestro pueblo no pueda elegir la totalidad de las instituciones representativas, incluida la jefatura del Estado, como hacen la inmensa mayoría de las democracias contemporáneas más avanzadas. Además, en nuestro caso, la jefatura del Estado no elegida y hereditaria lleva aparejada la jefatura de las Fuerzas Armadas de forma irremovible y sin que exista mecanismo constitucional alguno por el cual se pueda exigir responsabilidad al jefe de las fuerzas armadas. Unos ejércitos que jerárquicamente no se subordinan al poder civil sino al único cargo institucional no elegible ni refrendado desde que fue designado por el dictador, muestran una realidad institucional en España claramente mejorable. Si además, esa monarquía carece de los mínimos valores éticos exigibles, antepone el lucro personal al interés común, traslada una imagen de España a la comunidad internacional vergonzante y es incapaz de cuidar la cohesión territorial del Estado, la conclusión es evidente: no tiene utilidad alguna y más bien es una carga política y económica, un lastre para un país que lleva soportando sucesivas crisis económicas y sociales que han repercutido muy negativamente en las condiciones de vida la mayoría social.

Hace más de ochenta años que los españoles y españolas no eligen la jefatura del Estado. No se puede seguir impidiendo el debate social sobre el modelo de Estado en España con argumentos y justificaciones de otro siglo y de otra época política. Estamos convencidos de que la propuesta de una república federal y solidaria que refleje la pluralidad nacional de España y donde se garanticen todos los derechos sociales, civiles y políticos para todas las personas, es la opción mayoritaria de nuestro pueblo en estos momentos.

 

El PCE considera que enjuiciar a Juan Carlos de Borbón es un deber ético y jurídico

 Pide al Supremo reabrir la causa de la querella criminal para impedir la prescripción de los posibles delitos.

No caben más excusas para no abrir una investigación penal contra Juan Carlos de Borbón. Así, el Partido Comunista de España, junto con IU y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda, firmantes de la querella criminal presentada ante el Tribunal Supremo en diciembre de 2018 contra el anterior jefe del Estado, Juan Carlos de Borbón, por la supuesta comisión de trece delitos, registraron el pasado viernes un escrito dirigido a la Sala Segunda del máximo tribunal donde solicitan reabrir la causa derivada de la presentación de la querella criminal interpuesta en 2018. Junto a otros objetivos, entre los que indudablemente está investigar la conducta del Borbón, el escrito pretende impedir la prescripción de los delitos cometidos ante la desidia de la justicia española para investigar los hechos.

En 2018, la Sala Segunda del Supremo incoó, tras la presentación de la querella, diligencias penales con la apertura de una causa especial para luego archivarlas e inadmitir la querella de forma sumaria, en el verano de 2019, apenas unos pocos meses después de iniciado el proceso. El ponente designado para llevar la causa fue el propio presidente de la Sala, el magistrado Manuel Marchena Gómez, hombre muy ligado a la defensa del estatus quo establecido tras la transición, quién incluso llegó a imponer a los firmantes de la querella una fianza de 12.000 euros, que abonaron gracias el apoyo popular para ejercer así su derecho constitucional a la acusación popular.

Teniendo en cuenta los nuevos elementos probatorios conocidos en los últimos meses, las tres organizaciones argumentan en su escrito que el Tribunal Supremo debe tomar definitivamente cartas en el asunto e investigar al todavía rey emérito, toda vez que la sucesión de nuevos e importantes hechos revelados por la prensa, así como las recientes actuaciones judiciales desde distintos ámbitos, incluida la fiscalía suiza, en relación a los delitos cometidos supuestamente por éste y personas que estaban en su círculo de confianza, hacen impostergable la apertura de una investigación profunda y eficaz sobre el alcance penal de la conducta del Borbón.

De ahí que el PCE traslade a la Sala Segunda que, habiendo cesado la causa que el propio TS alegó para fundamentar el archivo de las actuaciones, en este caso el sobreseimiento provisional de la pieza Carol seguida en el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional que ahora ha sido revertido por el juez, siendo además que existen nuevos elementos probatorios que obran en las diligencias de investigación remitidas por la Fiscalía Anticorrupción a la Fiscalía del Tribunal Supremo ante los indicios de comisión de hechos delictivos por parte del aforado Juan Carlos de Borbón, procede reabrir la presente causa derivada de la presentación de querella criminal por parte de esta representación.

Cabe recordar, como hacen IU y PCE en el escrito registrado, que ya no es válido el argumento que empleó el TS hace un año para cerrar la investigación, que “los hechos denunciados ya fueron objeto de investigación y fueron archivados por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional”.

Como es público y notorio, con fecha 27 de julio de 2020 el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional ha acordado reabrir la pieza Carol después de que este mismo juzgado central acordara en 2018 el sobreseimiento provisional de estas actuaciones. La reapertura de la causa en la Audiencia Nacional, que debe tener repercusiones en el TS, viene motivada por las revelaciones conocidas estos meses, incluidas las propias declaraciones que Corina Larsen, amante y testaferro de Juan Carlos de Borbón, ha realizado a las autoridades británicas o a través de comunicados de prensa, así como las investigaciones llevadas a cabo por la fiscalía suiza.

Del mismo modo, PCE e IU recuerdan al Supremo que él mismo reconocía, en los autos en los que echó por tierra las actuaciones emprendidas, que la querella presentada en su momento por esta representación tenía como base lo investigado en su momento por el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional.

PCE e IU también destacan que debe hacerse notar que en el auto del Juzgado Central de Instrucción nº 6 conocido la semana pasada se precisa que las Diligencias de Investigación incoadas por la Fiscalía Anticorrupción, en base a la documentación remitida por el Juzgado Central de Instrucción de la pieza Carol y posteriores colaboraciones entre Juzgado y Fiscalía Anticorrupción, han sido remitidas a la Fiscalía del Tribunal Supremo.

El Partido Comunista de España e Izquierda Unida detallan también que después de que el Supremo decidiera archivar la causa ha continuado aflorando diversa información incriminatoria en relación a los hechos objeto de la querella. Recuerdan que la Fiscalía Anticorrupción ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo, tras diversos contactos con la Fiscalía suiza, el expediente de las diligencias de investigación incoadas por la Fiscalía Anticorrupción al objeto de que investigue los fondos fraudulentos que Juan Carlos de Borbón habría tenido depositados en Suiza y relacionados con los pagos realizados por Arabia Saudí.

Por último, cabe señalar que, pese a lo avanzado de las investigaciones y al acervo probatorio e indiciario recopilado, aún no se ha interpuesto acción penal alguna por parte de la Fiscalía, por lo que los plazos de prescripción de los posibles delitos cometidos siguen estrechándose por cada día que pasa.

JUAN MORENO REDONDO. Jurista