El Gobierno respalda el
expolio de la Mezquita de Córdoba y miles de bienes puestos a nombre de la
Iglesia
El Ejecutivo solicita al Colegio de
Registradores un listado de los inmuebles puestos a su nombre entre 1998 y
2015, pero adelanta que las inmatriculaciones “son plenamente válidas”.
Las inmatriculaciones masivas han hecho
que, por ejemplo, la mezquita de Córdoba, uno de los monumentos más visitados
del mundo, se pusiera a nombre de la Iglesia católica… por 30 euros. Éste,
quizá, sea el caso más escandaloso de los más de 4.000 inmuebles que, en virtud
de la modificación de la Ley Hipotecaria concedida por Aznar pudieron ponerse a
nombre de la Iglesia católica en España en ese periodo. Pero no es el único.
El Ejecutivo solicita al Colegio de
Registradores un listado de los inmuebles puestos a su nombre entre 1998 y
2015, pero adelanta que las inmatriculaciones “son plenamente válidas”.
La Mezquita de Córdoba se puso a nombre
de la Iglesia por 30 euros. Más de la mitad de los cementerios e infinidad de
parcelas siguen siendo católicos.
Las catedrales de Burgos, Málaga, León o
la basílica del Pilar de Zaragoza pudieron haber sido expropiados. Medio
centenar de ayuntamientos reclaman la devolución de estos bienes.
El Gobierno va a hacer un listado de
todas laspropiedades que la Iglesia
inmatriculó a su favor gracias a la reforma legal que impulsó
el Ejecutivo de José María Aznar en 1998 hasta 2015. Y luego pretende guardarlo
sin más en un cajón, según ha explicado en una respuesta parlamentaria.
Las inmatriculaciones masivas han hecho que, por
ejemplo, la mezquita de Córdoba, uno de los monumentos más visitados del mundo,
se pusiera a nombre de la Iglesia católica… por 30 euros. Éste, quizá, sea
el caso más escandaloso de los más de 4.000 inmuebles que, en virtud de la
modificación de la Ley Hipotecaria concedida por Aznar pudieron ponerse a
nombre de la Iglesia católica en España en ese periodo. Pero no es el único.
Más de la mitad de los cementerios españoles son de
titularidad eclesiástica, lo que –además de un uso fraudulento de la gestión
del suelo público, según los expertos– genera pingües beneficios a las arcas de
la Iglesia. El “negocio de la muerte” sigue siendo uno de los más estables, y
el monopolio continúa en manos de la institución.
Sólo en Córdoba, según la asociación Europa Laica, se
inscribieron en este tiempo 180 propiedades. En Pamplona, Asturias o Galicia se
estima una cantidad similar. Casi todas las catedrales católicas, muchas de las
cuales son patrimonio cultural, fueron inmatriculadas en este período. Así
sucedió, por ejemplo, con la catedral de Málaga, “adquirida por
inmatriculación” según el Registro de la Propiedad en febrero de 2011.
Desde hace meses, medio centenar de ayuntamientos de
toda España se han reunido en la Coordinadora Estatal para la Recuperación del
Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia, denunciando la “apropiación masiva” de
bienes de dominio público por la Iglesia, logrando que capitales de provincia
como Oviedo, Segovia, Córdoba, Santa Cruz de Tenerife, Vitoria, Zaragoza,
Salamanca, Almería, Málaga o León hayan planteado peticiones para solicitar la
devolución de algunos de los templos más famosos de nuestro país. Desde la
catedral de Salamanca a la basílica del Pilar de Zaragoza, pasando por las
ermitas de Sangüesa en Navarra, la ermita de Aranda de Duero o las murallas de
Artá en Baleares.
El Colegio de
Registradores
Ahora, y tras las presiones de plataformas por todo el
país, y del acuerdo mayoritario del Congreso, el Gobierno ha solicitado “al
Colegio de Registradores de la Propiedad una relación de todas las
inmatriculaciones llevadas a cabo por vía del artículo 206 de la Ley
Hipotecaria, que fue derogado por la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de
la Ley Hipotecaria, desde 1998 hasta la citada derogación”.
El Ejecutivo respondía así al diputado socialista
Antonio Hurtado, quien desde hace años lleva denunciando la “actitud de rapiña”
de los obispos que “ha mermado los derechos y las propiedades de dominio
público y, por tanto, del Estado.
Todo ello, sin tener en cuenta que, para las
plataformas anti-inmatriculación, el “expolio de la Iglesia” no arranca en 1998,
sino en 1946, cuando se aprobó la Ley Hipotecaria. En 1998, en realidad, lo que
se hizo fue abrir la posibilidad de inmatricular templos de culto, con lo que
la cifra global de bienes puestos a nombre de la Iglesia en los últimos setenta
años podría alcanzar los 40.000, aunque todas las fuentes consultadas admiten
que sería imposible cuantificarlos.
El anuncio está condenado a ser agua de
borrajas. El propio Gobierno de Rajoy ha dejado claro, en la misma respuesta,
que considera que “las inmatriculaciones practicadas con anterioridad” a la
reforma de la Ley Hipotecaria en 2015 “son plenamente válidas”, con lo que “no
se entiende procedente realizar ninguna acción” para recuperar bienes
inmatriculados por la Iglesia, “por considerarse que no hay ninguna legalidad
conculcada”. Esto es: habrá próximamente un listado completo de bienes
inmatriculados por la Iglesia… pero no servirá para que éstos regresen a ser de
titularidad pública.
Para el diputado socialista, resulta “inadmisible que
el Gobierno dé por válidas todas las inmatriculaciones sin hacer comprobación
alguna sobre los títulos aportados, que deben ser escritura notarial,
resolución judicial o resolución administrativa”. Del mismo modo, el diputado
cordobés incide en que la resolución aprobada en abril instaba al Ejecutivo a
“que comprobase los títulos aportados”. Sin embargo, “transcurridos los seis
meses, nos dicen que la está elaborando, pero no la ha hecho pública y, por
otra parte, da por buenas y no cuestiona ninguna de las inmatriculaciones, sin
comprobar el título aportado”.
Iglesias, terrenos,
museos…
Desde hace años, distintas plataformas en favor de la
devolución de los bienes expropiados por la Iglesia, llevan denunciando el
“negocio inmobiliario” de la institución católica en España que tiene su máxima
expresión en la inscripción a nombre de la Iglesia de todos aquellos terrenos,
locales y edificios que considerara suyos, con la mera firma del Obispo, que
resulta tan válida como la de un notario.
En Córdoba, Pamplona, Asturias, Madrid… han sido
muchos los que han reclamado la devolución no sólo de los templos -cuyo uso
litúrgico, en ningún caso, se pone en cuestión-, sino de los terrenos anexos,
que van desde edificios que hoy se alquilan a terrenos cultivables, bienes de
interés cultural o la gestión de los cementerios.
Cabe resaltar que la reforma de la Ley Hipotecaria en
la que se basan las inmatriculaciones no sirvió para que cualquier otra
institución –o confesión religiosa– reclamara como suyos diversos inmuebles,
sino únicamente la Iglesia católica. Por decirlo de otro modo: la comunidad
islámica jamás tuvo la más mínima posibilidad de intentar inscribir a su nombre
la misma mezquita de Córdoba que hoy, por apenas 30 euros, pertenece a la
Iglesia católica.
Los obispos responden
La Conferencia Episcopal, por su parte, que celebra
este domingo su Día de la Iglesia Diocesana bajo el lema “Somos una gran
familia, contigo”, ha elaborado un especial sobre el particular en su portal
Xtantos, donde critica cómo “las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia
vuelven a estar en boca de todos y eso que durante siglos nadie había puesto en
cuestión la propiedad de muchos edificios, porque era evidente a quién
pertenecía la catedral de Burgos o una pequeña ermita perdida de cualquier
pueblo de España”.
Para los obispos, algo similar ocurrió, en su día, con
los edificios públicos y los ayuntamientos. “También éstos estaban sin
registrar, pero nadie dudaba de quién eran y de quién son. En el caso de los
edificios públicos y de los ayuntamientos, es evidente que del pueblo al que
sirven. En el caso de los edificios religiosos, la evidencia es la misma:
pertenecían y pertenecen al pueblo cristiano en su conjunto, el de ayer y el de
hoy, también pertenecerán a los cristianos del mañana”.
“La Iglesia solo ha inmatriculado aquellos edificios
que en su momento construyó el pueblo cristiano con un fin muy determinado:
rezar, celebrar la eucaristía juntos, reunirse, etc. Ha inmatriculado, por
tanto, también las casas anexas a las parroquias”, concluye Xtantos. Hace unas
semanas, y preguntado sobre el particular, el portavoz de la Conferencia
Episcopal, José María Gil Tamayo, denunciaba el “clima de desamortización
encubierta” que se escondía, en su opinión, detrás de la elaboración de dicho
listado. “Es una manipulación de un bien de dominio público, subrayaba.
Kaosenlared
