El TTIP o la lucha por la soberanía y la
dignidad
El TTIP (Tratado Trasatlántico de Comercio
e Inversión) que se está negociando con el secretismo habitual con el que se
negocian los acuerdos comerciales, entre EEUU y la Unión Europea (a través de
la Comisión Europea,
su órgano ejecutivo y también legislativo) representa un
ataque frontal contra la democracia, la soberanía y los derechos sociales,
laborales, sindicales y medioambientales, entre otros.
Existen numerosos ejemplos y experiencias
previas. Varios estudios de impacto independientes coinciden en que el NAFTA,
(TLC entre EEUU, Canadá y México)
que lleva 20 años en
vigor, ha tenido consecuencias desastrosas para la población
mexicana: disminución del
salario mínimo
(-17.9%), aumento de la desigualdad y de la pobreza (incremento del 21.46%
antes del NAFTA al 50.97% después del acuerdo comercial), deterioro
ambiental o éxodo de
campesinos a las ciudades (2.7 millones de granjeros mexicanos han abandonado
sus tierras), entre otros. Al otro lado de la frontera, las consecuencias también se
pueden cuantificar: caída de
los salarios como consecuencia de la relocalización de empresas
en México,
donde la mano de obra es más barata y por consiguiente cierre de más de 60
mil empresas manufactureras estadounidenses. Otro ejemplo sangrante lo
representa el acuerdo comercial entre Colombia y la Unión
Europea. Se ha extendido la práctica lamentablemente de acaparamiento de
tierras. Las corporaciones transnacionales se apropian de las tierras de los
campesinos, violando los Derechos Humanos y cortocircuitando los procesos, ya
difíciles,
de dignificación de
los pueblos indígenas.
El TTIP no es un tratado de libre comercio
al uso, que ya de por sí han demostrado no ser beneficiosos para los pueblos y sus gentes.
El TTIP es un acuerdo geoestratégico
que pretende crear un bloque macroeconómico
que, por un lado, frenaría la
expansión, el
crecimiento y el control hegemónico de los países
BRICS (Brasil, India, Rusia, China y Sudáfrica),
y por otro lado, impondría las
reglas de juego comerciales a terceros países,
perjudicando especialmente, como es obvio, a los países en
vías de
desarrollo.
Ambos lados del atlántico
representan el 12% de la población
mundial y el 50% del comercio mundial. ¿Para qué entonces firmar un tratado comercial entre los dos bloques con
mayor comercio? Ambos lados del atlántico
representan el 60% del PIB mundial, distribuido de una manera absolutamente
desigual: el 70% de la población tiene el 2.7% de la riqueza, frente al
8.7% de la población que
ostenta el 87% de la riqueza. El TTIP supondría abrir
un camino de no retorno que ahondaría aún más esta
brecha de desigualdad y de no redistribución de la
riqueza.
Consecuencias
del TTIP
Existen numerosos estudios de impacto que
el TTIP provocaría en
nuestra sociedad en los próximos años. Los
estudios más
optimistas encargados por la propia Comisión
Europea auguran un aumento de la renta per cápita de
50€ anuales. Y esos son los más
optimistas!
Jeronim Capaldo, economista de la
Universidad de Tuffs y actual miembro investigador de la OIT, realizó un estudio de impacto
independientepionero, ya que es el único
que se basa en el modelo de las Naciones Unidas, que tiene en cuenta variables
como la desigualdad, los salarios, los ajustes macroeconómicos y
las tendencias políticas.
Según el
estudio de Capaldo, el TTIP provocaría pérdidas
en los ingresos de los trabajadores de entre 5.500€ y 3.400€ anuales por trabajador, pérdidas
en las exportaciones netas o en el PIB (-0.50% en el norte de Europa o
-0.29% en Alemania). A causa de la relocalización de
las empresas, se calcula que se perderían
600.000 empleos en toda Europa. Además de
una notable reducción de
los ingresos públicos
de los Estados que conllevaría a un incremento de los déficits
públicos.
Por otro lado, la aplicación de la
cláusula
ISDS, supondría la
imposibilidad de remunicipalizar servicios públicos
que han sido previamente privatizados. Las luchas sociales, como las llevadas a
cabo en Irlanda en contra de las tarifas sobre el agua caerían en
saco roto, puesto que instancias supranacionales antidemocráticas,
podrían
actuar como co-legisladores, frente a la legitimidad democrática de
los gobiernos. Como dato a tener en cuenta de esta capacidad co-legisladora que
se le otorgaría a las
corporaciones transnacionales, recordar que en el proceso de negociación la
Comisión
Europea admite que el 92% de las reuniones que ha mantenido ha sido con grandes
multinacionales, frente a un 8% con plataformas de la sociedad civil. El TTIP y
la aplicación de la
cláusula
ISDS supondrían una
oleada de privatizaciones, puesto que se abriría la
puerta a que las empresas entren a hacer negocio con los servicios públicos.
También se
vería
afectada la compra pública
que representa un 15% del PIB europeo, lo que convierte a los gobiernos, sean
estatales, regionales o locales, en un potente consumidor y empleador. Se
cortocircuitaría la
compra pública
responsable, que premia a empresas que respetan el medio ambiente o que aplican
condiciones laborales dignas para sus trabadores. Si bien no son condiciones de
obligado cumplimiento, la inclusión de
este tipo de criterios, favorece al tejido industrial local, particularmente a
las PYMES locales, promoviendo al mismo tiempo otro tipo de economía,
social y solidaria. Por ejemplo, una pequeña
empresa local de mobiliario, no podría
competir con la política de
precios de una gran multinacional, que en muchos casos se podría
permitir tener pérdidas
temporalmente, con el objetivo de "ganar mercado".
La polémica cláusula
ISDS - sistema de resolucion de disputas entre inversores y Estados
El ISDS (Investor- State dispute
settlement) es un sistema de arbitraje privado que resolvería las
disputas entre inversores y Estados, en el caso de que los primeros
considerasen que la legislación de un Estado va en contra de sus
beneficios, reales o esperados. Esto de por sí representa una aberración,
puesto que pone en el mismo nivel a una empresa y a un Estado. Las empresas y
los Estados no tienen los mismos objetivos, intereses y ni por supuesto la
misma legitimidad.
Esta cláusula
no es nueva, sino que está incluida en varios tratados comerciales. El CETA (TLC entre Unión Europea
y Canadá),
considerado el hermano pequeño, y proyecto piloto del TTIP, que aún se
tiene que refrendar en la Eurocámara, incluye esta cláusula
abusiva y antidemocrática.
Hay numerosos casos de cómo
funciona el ISDS, que van desde el pago de cuantías
millonarias por parte del Estado a grandes multinacionales. Sin embargo el caso
de Egipto es especialmente ilustrativo. Una empresa francesa, Veolia, amagó con demandar al Estado egipcio, puesto queéste
propuso aumentar el salario mínimo en 50€ anuales. La multinacional que operaba en el país,
consideraba que esta normativa le haría tener
unos beneficios menores de los esperados. Había tres
opciones: a) que el Estado indemnizara a la empresa pagándole
los beneficios que dejaba de ganar; b) acudir a uno de estos tribunales de
arbitraje privado para que resolviera el conflicto, asumiendo con dinero público
las cuantías
millonarias que cuestan estos árbitros
privados; c) que el Estado se retractara y no aprobara ese proyecto de ley.
Egipto eligió la tercera opción. En
cualquiera de las tres, quienes pagan son siempre los mismos: la ciudadanía,
porque o bien ve reducidos sus derechos o bien asumen con dinero público
indemnizaciones millonarias a las empresas o costes millonarios elevadísimos
de los tribunales de arbitraje privados, que son grandes multinacionales
dedicadas a la cosultoría.
La opción que
eligió Egipto es lo que se denomina el "regulatory chill", es
decir, que los Estados dejan de legislar o regular en determinadas materias
laborales, ambientales o sociales, por miedo a ser demandados por empresas que
consideren que sus beneficios van a disminuir. Es importante recalcar
"dejar de ganar", puesto que no es lo mismo que perder. Es una
muestra más de la
perversión y la
avaricia inhumana con la que operan las grandes corporaciones, que no conocen límites,
ni patria, ni dignidad.
El TTIP
en el Parlamento Europeo
Recientemente, en el Parlamento Europeo,
hemos asistido a un espectáculo bochornoso y lamentable de usurpación de la
democracia e instrumentalización de las instituciones en favor de los
intereses de unos pocos. En la sesión
plenaria de junio, tenía que
tener lugar el debate y la votación de un
informe del TTIP, que la propia Comisión de
Comercio Internacional, encargada del seguimiento de las negociaciones. Este
informe no representa más que
unas recomendaciones o una toma de temperatura de la opinión del
Parlamento Europeo, con el objetivo de que la Comisión
Europea, responsable de las negociaciones, continúe su
labor. Las ya mermadas competencias del Parlamento Europeo, se vieron truncadas
cuando se cancelaron las votaciones y el propio debate en el último
momento. La justificación,
meramente técnica y
procedimental apelaba al alto número de enmiendas, no era creíble. En
realidad, el caballo de Troya, el conocido ISDS, fue el motivo real. La gran
Coalición,
formada por populares, liberales y socialdemócratas
no llegó a un acuerdo sobre la polémica cláusula.
La presión de la
sociedad civil y la amplísima
movilización a lo
largo y ancho de toda Europa, provocó que varios socialistas europeos se alinearan con las propuestas de
la izquierda unitaria y de los verdes: rechazo sin ambigüedad
del ISDS. De este modo, la mayoría de la
Eurocámara
votaría en
contra del sistema privado de arbitraje. Se abrió una grieta en la Gran Coalición que
los defensores del TTIP no iban a consentir. Así que suspendieron la votación y el
debate hasta nuevo aviso, porque parece que a algunos solo les gusta la
democracia cuando ganan, y cuando pierden recurren a la política de
despachos y de acuerdos de espaldas a la ciudadanía.
Quedó, por
tanto, de manifiesto que el ISDS no es un atrezo, no es una parte más del
TTIP, sino un pilar fundamental de este tratado. El TTIP sin la perversa cláusula
no tiene sentido.
Clases
populares vs oligarquía: la
lucha continúa
El TTIP no es una lucha entre Estados
Unidos y la Unión
Europea, el TTIP es una lucha entre la ciudadanía y los
poderes económicos.
Las plataformas sociales de los EEUU también se
movilizan para manifestar su rechazo a este acuerdo comercial. Además, más de 30
congresistas han mandado una carta a Obama solicitando la paralización de
las negociaciones del TPP, el hermano gemelo del TTIP pero con países del
Pacífico.
Todo esto que ocurre al otro lado del atlántico,
demuestra que la lucha común es contra los poderes fácticos
y las oligarquías.
Las negociaciones siguen en marcha, pero
hasta finales de 2016 es bastante probable que no terminen. Así pues hay tiempo para seguir luchando en las calles y para pedir a
nuestros representantes en todos los niveles de gobierno que exijan un Referéndum
vinculante, para que sea la ciudadanía la
que decida. Es una cuestión de
democracia y de responsabilidad política,
puesto que este tratado cambiaría por completo nuestra vidas, nuestro
estado de derecho y nuestras democracias (ya débiles
de por sí, con
un sistema representativo cada vez más
desgastado).
