jueves, 13 de marzo de 2014
domingo, 9 de marzo de 2014
DESPUÉS DE FUKUSHIMA CERRAMOS LAS NUCLEARES
Occupy ‘atomic’ bridges worldwide
Nos concentraremos mañana, domingo 9 a las 12h en el Puente San Pablo.
Animamos a que lo hagáis también en:
- Puente sobre el río Záncara en la carretera CM-3110 de Las Pedroñeras a La Alberca de Záncara
- Puente sobre la A-3 al lado del CDTE Tarancón
- Viaducto sobre la A-3. Salida a Zafra de Záncara
- Viaducto sobre la A-3. Salida a Belinchón
- Viaducto sobre la A-3. Salida a Atalaya del Cañavate
NO AL CEMENTERIO NUCLEAR NI AQUÍ NI EN NINGÚN SITIO
sábado, 8 de marzo de 2014
#InsumisiónFeminista
Este 8 de marzo, las mujeres continuamos respondiendo en las calles contra la imposición del PP y la conferencia episcopal, de devolvernos a la casa.
Un pueblo sin memoria histórica puede ser víctima de que se repita su pasado. Debemos recordar que tan solo en la II República, el aborto estuvo fuera del código penal, sin embargo desde el régimen franquista el derecho al aborto continua en el código penal, incluso con la ley orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo del PSOE, que despenaliza el aborto hasta las 14 semanas. Las y los comunistas vamos más allá, queremos la despenalización total del aborto, sin limitaciones ni condiciones.
El nacional-catolicismo persiste. De nuevo el PP ataca los derechos de las mujeres con la imposición de la ley de “la protección de los derechos del concebido y la mujer embarazada”, ley que nos retorna a la minoría de edad, a esa concepción patriarcal y franquista que considera que las mujeres somos seres incapaces de tomar decisiones sobre nuestras vidas de forma libre y autónoma.
Todo ello responde al modelo de mujer que tiene la derecha más conservadora y rancia de nuestro país: una mujer que no es dueña de sí misma. Su cuerpo y su vida son de utilidad social, se debe a la procreación y debe estar al servicio del hombre.
Desde el PCE denunciamos al PP por pretender criminalizar y penalizar el derecho de las mujeres a la vida. Por un lado penalizando el derecho a la maternidad libremente elegida y por otro despenalizando la explotación sexual y la ablación eliminándolas del código penal. Agresiones que atentan contra los derechos humanos de las mujeres y que perjudican especialmente a aquéllas en situaciones más vulnerables, mujeres jóvenes e inmigrantes.
Porque lo que está claro es que los abortos se seguirán practicando. Las ricas irán a abortar a países con legislaciones permisibles y las pobres lo harán en la clandestinidad, en condiciones poco seguras arriesgando su vida.
La libertad de las mujeres para decidir sobre sus vidas se verá permanentemente enjuiciada por el mismo gobierno que al mismo tiempo desahucia a seres humanos y protege a los bancos; a los que recortan ayudas a la dependencia para estimular la privatización de servicios públicos convirtiéndolos en inaccesibles para la población más vulnerable; a los que son cómplices del expolio de las arcas públicas por parte de sus cargos políticos para su único beneficio dejando sin nada a miles de seres humanos; a los que dejan fuera del sistema sanitario a inmigrantes y personas que se marchan de España como consecuencia de la crisis –los llamados exiliados y exiliadas económicas-, también seres humanos; a los que recortan las ayudas a libros, comedores y transporte escolar de menores.
Un gobierno del PP que se arrodilla ante los poderes de la Troika, que defiende el interés económico de unos pocos frente a la mayoría, que coarta la libertad de la mujer para decidir si quiere ser madre o no.
Frente a estos retrocesos reivindicamos el aborto como un derecho que debe salir del código penal, la educación sexual durante toda la vida, mayor acceso a los métodos anticonceptivos y mayor desarrollo de los servicios sociales. Es decir desde el PCE creemos que el aborto debe de ser un derecho y que hay que generar mecanismos que eviten los embarazos no deseados.
La organización y la lucha social son la alternativa. Con la desobediencia, podremos defender y conquistar nuestros derechos y libertades.
¡29 años después volvemos a encontrarnos en las calles!
¡29 años después la lucha por un derecho tan fundamental como es el aborto continúa!
Un pueblo sin memoria histórica puede ser víctima de que se repita su pasado. Debemos recordar que tan solo en la II República, el aborto estuvo fuera del código penal, sin embargo desde el régimen franquista el derecho al aborto continua en el código penal, incluso con la ley orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo del PSOE, que despenaliza el aborto hasta las 14 semanas. Las y los comunistas vamos más allá, queremos la despenalización total del aborto, sin limitaciones ni condiciones.
El nacional-catolicismo persiste. De nuevo el PP ataca los derechos de las mujeres con la imposición de la ley de “la protección de los derechos del concebido y la mujer embarazada”, ley que nos retorna a la minoría de edad, a esa concepción patriarcal y franquista que considera que las mujeres somos seres incapaces de tomar decisiones sobre nuestras vidas de forma libre y autónoma.
Todo ello responde al modelo de mujer que tiene la derecha más conservadora y rancia de nuestro país: una mujer que no es dueña de sí misma. Su cuerpo y su vida son de utilidad social, se debe a la procreación y debe estar al servicio del hombre.
Desde el PCE denunciamos al PP por pretender criminalizar y penalizar el derecho de las mujeres a la vida. Por un lado penalizando el derecho a la maternidad libremente elegida y por otro despenalizando la explotación sexual y la ablación eliminándolas del código penal. Agresiones que atentan contra los derechos humanos de las mujeres y que perjudican especialmente a aquéllas en situaciones más vulnerables, mujeres jóvenes e inmigrantes.
Porque lo que está claro es que los abortos se seguirán practicando. Las ricas irán a abortar a países con legislaciones permisibles y las pobres lo harán en la clandestinidad, en condiciones poco seguras arriesgando su vida.
La libertad de las mujeres para decidir sobre sus vidas se verá permanentemente enjuiciada por el mismo gobierno que al mismo tiempo desahucia a seres humanos y protege a los bancos; a los que recortan ayudas a la dependencia para estimular la privatización de servicios públicos convirtiéndolos en inaccesibles para la población más vulnerable; a los que son cómplices del expolio de las arcas públicas por parte de sus cargos políticos para su único beneficio dejando sin nada a miles de seres humanos; a los que dejan fuera del sistema sanitario a inmigrantes y personas que se marchan de España como consecuencia de la crisis –los llamados exiliados y exiliadas económicas-, también seres humanos; a los que recortan las ayudas a libros, comedores y transporte escolar de menores.
Un gobierno del PP que se arrodilla ante los poderes de la Troika, que defiende el interés económico de unos pocos frente a la mayoría, que coarta la libertad de la mujer para decidir si quiere ser madre o no.
Frente a estos retrocesos reivindicamos el aborto como un derecho que debe salir del código penal, la educación sexual durante toda la vida, mayor acceso a los métodos anticonceptivos y mayor desarrollo de los servicios sociales. Es decir desde el PCE creemos que el aborto debe de ser un derecho y que hay que generar mecanismos que eviten los embarazos no deseados.
La organización y la lucha social son la alternativa. Con la desobediencia, podremos defender y conquistar nuestros derechos y libertades.
¡29 años después volvemos a encontrarnos en las calles!
¡29 años después la lucha por un derecho tan fundamental como es el aborto continúa!
PCE Cuenca apoya la Asamblea de las Marchas de la dignidad en Cuenca
NO AL PAGO DE LA DEUDA
NI UN RECORTE MÁS
FUERA LOS GOBIERNOS DE LA TROIKA
PAN, TRABAJO Y TECHO PARA TODOS Y TODAS
domingo, 2 de marzo de 2014
El PP tumba las 15 propuestas de
resolución presentadas por IU, ICV-EUiA, CHA sin plantear ninguna enmienda
El Partido Popular tumbó hoy las 15 propuestas de resolución presentadas
por el Grupo de IU, ICV-EiA, CHA en la votación con la que han concluido los
tres días del debate sobre el estado de la Nación. Tras las reiteradas
acusaciones lanzadas estos días por el PP, a través del propio presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, y de otros diputados de su grupo, de la supuesta
‘falta de propuestas concretas’, los ‘populares’ han laminado todas las
iniciativas de este grupo, a las que ni siquiera llegó a plantear enmienda alguna.
Entre las propuestas planteadas por el grupo que preside Cayo Lara se incluía la petición de retirada de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, también la del anteproyecto de la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo, la reforma de la Administración Local o la reforma laboral, además de impedir la implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
En relación a este último tema de la reforma educativa, la resolución registrada reclamaba al Gobierno abrir de forma urgente un proceso de negociación y diálogo con las administraciones y la comunidad educativa, los interlocutores sociales y las fuerzas políticas para abordar las medidas necesarias para mejorar el sistema educativo público.
Proponía impedir el cambio de titularidad, la “enajenación o privatización del patrimonio que integra la red de centros públicos” existente, así como establecer una moratoria a los conciertos educativos, determinar su carácter subsidiario, equiparar su funcionamiento y las condiciones laborales de su personal al de los centros públicos.
Junto a la solicitud de que se garantice una educación laica, plural y culturalmente respetuosa con la diversidad lingüística de las comunidades autónomas, IU, ICV-EUiA, CHA planteaba que se rebajen las tasas universitarias, aumentar las becas o dignificar el trabajo del profesorado y del personal investigador.
La resolución para responder al anteproyecto de ley del aborto buscaba que no se atente contra los derechos fundamentales de las mujeres y conseguir que no se modifique la legislación actual si no es para garantizar y ampliar los derechos ya reconocidos.
En materia de derechos y libertades, junto a poner fin a la Ley de Seguridad Ciudadana, se proponían medidas para garantizar la correcta actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que porten su identificación de forma “clara y visible” para evitar objetivos “intimidatorios” en las identificaciones y cacheos.
También se planteaba acabar con los controles basados en “rasgos étnicos y raciales” y se solicitaba el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), poner freno a las “devoluciones ilegales” de inmigrantes, revisar los acuerdos de cooperación con Marruecos y elaborar una ley integral contra las mafias de ciudadanos para su entrada en nuestro país.
Otra de las resoluciones planteaba la reprobación de Rajoy y de todo su Gobierno “por situar a España en un retroceso económico y social y una involución democrática sin precedentes”.
IU, ICV-EUiA, CHA basó esta propuesta en la gestión que el Ejecutivo del PP hace de la salida de la crisis económica, las reformas en educación, su agenda de “privatizaciones y restricciones de derechos”, la “criminalización y represión de la movilización ciudadana” y los casos de corrupción que afectan a altos dirigentes ‘populares’, con el ‘caso Bárcenas’ a la cabeza.
Las propuestas se completaban con iniciativas para impulsar la Memoria Histórica, la rebaja del IVA cultural o con una serie de apartados específicos de lucha contra la pobreza. Así, se proponía establecer una renta básica de ciudadanía, que se tengan en cuenta las reivindicaciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y se establezca la dación en pago.
En una resolución específica se insiste en la derogación del artículo 135 de la Constitución que prioriza el pago de la deuda frente a los servicios públicos y los derechos sociales. También incrementar de forma gradual el salario mínimo hasta que represente al menos el 60%, llegando hasta los 1.100 euros en octubre de 2015.
También es conocida la propuesta de reforma fiscal para hacerla más progresiva y justa, acabando con la “maraña” de deducciones, bonificaciones y exenciones actuales e implantando una lucha contra el fraude fiscal más afectiva.
RESUMEN DEL CONTENIDO DE LAS 15 PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE IU, ICV-EUiA, CHA QUE HOY HAN SIDO RECHAZADAS
1. Propuesta de resolución para la desaprobación de la gestión del presidente y su Gobierno
2. P. de r. por una reforma que mejore la progresividad y suficiència del sistema tributario
3. P. de r. del impacto negativo sobre el empleo de la reforma laboral
4. P. de r. sobre defensa de los Servicios públicos
5. P. de r. para las políticas de igualdad y el derecho a decidir de las mujeres sobre su salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo
6. P. de r. sobre la lucha contra la probreza y defensa de los derechos sociales
7. P. de r. por la defensa de los Derechos Humanos y la política de cooperación internacional para el desarrollo
8. P. de r. por una reforma del Art. 135 de la Constitución y una auditoría de la deuda pública
9. P. de r. contra las prospecciones petrolíferes y el abandono de técnicas peligrosas y el fomento de los combustibles fósiles
10. P. de r. para combatir la pobreza energètica y por un modelo energético transparente, equitativo y que fomente las energies limpias
11. P. de r. por la puesta en marcha de una política industrial activa y el desarrollo y la potenciación de la I+D+i
12. P. de r. sobre defensa, consolidación y refuerzo de la Administración Local
13. P. de r. por el derecho a una vivienda digna y una segunda oportunidad
14. P. de r. para la autorización de la convocatoria de consultas Populares por vía de referèndum y el respeto del derecho a decidir.
15. P. de r. sobre infraestructures, acuerdos y demandas pendientes de desarrollar en Aragón.
Entre las propuestas planteadas por el grupo que preside Cayo Lara se incluía la petición de retirada de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, también la del anteproyecto de la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo, la reforma de la Administración Local o la reforma laboral, además de impedir la implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
En relación a este último tema de la reforma educativa, la resolución registrada reclamaba al Gobierno abrir de forma urgente un proceso de negociación y diálogo con las administraciones y la comunidad educativa, los interlocutores sociales y las fuerzas políticas para abordar las medidas necesarias para mejorar el sistema educativo público.
Proponía impedir el cambio de titularidad, la “enajenación o privatización del patrimonio que integra la red de centros públicos” existente, así como establecer una moratoria a los conciertos educativos, determinar su carácter subsidiario, equiparar su funcionamiento y las condiciones laborales de su personal al de los centros públicos.
Junto a la solicitud de que se garantice una educación laica, plural y culturalmente respetuosa con la diversidad lingüística de las comunidades autónomas, IU, ICV-EUiA, CHA planteaba que se rebajen las tasas universitarias, aumentar las becas o dignificar el trabajo del profesorado y del personal investigador.
La resolución para responder al anteproyecto de ley del aborto buscaba que no se atente contra los derechos fundamentales de las mujeres y conseguir que no se modifique la legislación actual si no es para garantizar y ampliar los derechos ya reconocidos.
En materia de derechos y libertades, junto a poner fin a la Ley de Seguridad Ciudadana, se proponían medidas para garantizar la correcta actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que porten su identificación de forma “clara y visible” para evitar objetivos “intimidatorios” en las identificaciones y cacheos.
También se planteaba acabar con los controles basados en “rasgos étnicos y raciales” y se solicitaba el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), poner freno a las “devoluciones ilegales” de inmigrantes, revisar los acuerdos de cooperación con Marruecos y elaborar una ley integral contra las mafias de ciudadanos para su entrada en nuestro país.
Otra de las resoluciones planteaba la reprobación de Rajoy y de todo su Gobierno “por situar a España en un retroceso económico y social y una involución democrática sin precedentes”.
IU, ICV-EUiA, CHA basó esta propuesta en la gestión que el Ejecutivo del PP hace de la salida de la crisis económica, las reformas en educación, su agenda de “privatizaciones y restricciones de derechos”, la “criminalización y represión de la movilización ciudadana” y los casos de corrupción que afectan a altos dirigentes ‘populares’, con el ‘caso Bárcenas’ a la cabeza.
Las propuestas se completaban con iniciativas para impulsar la Memoria Histórica, la rebaja del IVA cultural o con una serie de apartados específicos de lucha contra la pobreza. Así, se proponía establecer una renta básica de ciudadanía, que se tengan en cuenta las reivindicaciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y se establezca la dación en pago.
En una resolución específica se insiste en la derogación del artículo 135 de la Constitución que prioriza el pago de la deuda frente a los servicios públicos y los derechos sociales. También incrementar de forma gradual el salario mínimo hasta que represente al menos el 60%, llegando hasta los 1.100 euros en octubre de 2015.
También es conocida la propuesta de reforma fiscal para hacerla más progresiva y justa, acabando con la “maraña” de deducciones, bonificaciones y exenciones actuales e implantando una lucha contra el fraude fiscal más afectiva.
RESUMEN DEL CONTENIDO DE LAS 15 PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE IU, ICV-EUiA, CHA QUE HOY HAN SIDO RECHAZADAS
1. Propuesta de resolución para la desaprobación de la gestión del presidente y su Gobierno
2. P. de r. por una reforma que mejore la progresividad y suficiència del sistema tributario
3. P. de r. del impacto negativo sobre el empleo de la reforma laboral
4. P. de r. sobre defensa de los Servicios públicos
5. P. de r. para las políticas de igualdad y el derecho a decidir de las mujeres sobre su salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo
6. P. de r. sobre la lucha contra la probreza y defensa de los derechos sociales
7. P. de r. por la defensa de los Derechos Humanos y la política de cooperación internacional para el desarrollo
8. P. de r. por una reforma del Art. 135 de la Constitución y una auditoría de la deuda pública
9. P. de r. contra las prospecciones petrolíferes y el abandono de técnicas peligrosas y el fomento de los combustibles fósiles
10. P. de r. para combatir la pobreza energètica y por un modelo energético transparente, equitativo y que fomente las energies limpias
11. P. de r. por la puesta en marcha de una política industrial activa y el desarrollo y la potenciación de la I+D+i
12. P. de r. sobre defensa, consolidación y refuerzo de la Administración Local
13. P. de r. por el derecho a una vivienda digna y una segunda oportunidad
14. P. de r. para la autorización de la convocatoria de consultas Populares por vía de referèndum y el respeto del derecho a decidir.
15. P. de r. sobre infraestructures, acuerdos y demandas pendientes de desarrollar en Aragón.
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