Nuevos tiempos, igual lucha de
clases
Si a día de hoy yo tuviese que definir el Pacto del
Toledo, diría que es el órgano que adapta las necesidades del capital
financiero respecto a la Seguridad Social, convenientemente maquillado de
“necesidades”, “reformas” y “sostenibilidad” para que las cúpulas que hablan en
nombre de la clase obrera puedan justificar a ésta sus políticas de recortes.
La Seguridad Social fue la conquista de
la clase trabajadora como elemento equilibrador y garante de los derechos
sociales y democráticos de los trabajadores dentro del no completamente
alcanzado Estado del Bienestar. Esa generación, hoy en forma de pensionistas,
vuelve a la acción para indicarles el camino a la nueva clase trabajadora, para
que nadie que no defienda sus derechos pueda hablar en su nombre.
Estamos en 1995 en un periodo de crisis económica,
donde las empresas optaron por las jubilaciones anticipadas para reestructurar
sus plantillas y aumentaron el número de despidos, existía un paro estructural
agrario consolidado por la entrada en la Unión Europea, fraude en las
cotizaciones sociales empresariales cuya consecuencia fue gran descenso de las
aportaciones y el incremento de los gastos… Todo esto sometía a presión al Sistema
Público de Pensiones cuya estabilidad ponía interesadamente en duda la derecha
política y económica.
Con la hegemonía del discurso neoliberal, la práctica
totalidad del arco parlamentario crea los Pactos de Toledo, como un
elemento estabilizador de dicho Sistema Público de Pensiones, contando con la
aprobación de los agentes sociales “representativos”.
Si a día de hoy yo tuviese que definir el Pacto del
Toledo, diría que es el órgano que adapta las necesidades del capital
financiero respecto a la Seguridad Social, convenientemente maquillado de
“necesidades”, “reformas” y “sostenibilidad” para que las cúpulas que hablan en
nombre de la clase obrera puedan justificar a ésta sus políticas de recortes. O
como dice el Catedrático Juan Torres “es una expresión paradigmática del camino
más tortuoso de privatización atenuada, progresiva o implícita que se ha
seguido en muchos países en donde existe un cierto equilibrio de poder y, al
mismo tiempo, grandes dificultades para afrontar rotundamente los costes sociales
de todo tipo que conlleva la privatización explícita del sistema público de
pensiones”.
Hoy 22 años más tarde aquella clase trabajadora de
1995, se siente engañada y hoy, convertida en pensionista, no formando parte
del ámbito de representación ni actuación sindical, observa la ineptitud
y la incapacidad tanto de los partidos políticos como de los mal llamados
agentes sociales que “pretenden representarlos” sin legitimidad jurídica
alguna.
Por parte de los partidos políticos se encuentran con
que el PSOE en 2011 saca adelante la contrarreforma de las pensiones mediante
la ley 27/2011, de 1 de agosto, con el voto a favor de CIU, y gracias al
acuerdo del 2 de febrero de 2011 con UGT, CCOO, CEOE y CEPYME, pero, en
un mero ardid político y sabiéndolo aprobado, con el voto en contra del PP.
Pero cuando éste llega al poder no solo no la ha
derogado, tal y como prometió en la elecciones, sino que la impulsó. Luego el
PSOE, actuando igual que el PP en 2011, vota en contra de la ley 5/2013 del
Índice de Revalorización y Factor de Sostenibilidad que el Gobierno del PP
aprueba, pasándose de nuevo por alto el Pacto de Toledo. Con aquella ley,
nacida del informe del famoso “Comité de Expertos” de Fátima Báñez, del cual
formaban parte varios ex altos cargos de Zapatero y Miguel Ángel García,
vinculado a CCOO, que avaló el informe con un voto particular, se dejó la
decisión de subir las pensiones, en mayor o menor medida, a los gobiernos de
turno. Siendo cómplices uno de las reformas del otro, ya que el PSOE, aunque
todos los días critica la reforma del PP, solo se limita a presentar
Proposiciones No de Ley al respecto y sigue apoyando el articulo 135CE
–pactando por ambos partidos con nocturnidad y alevosía y piedra angular
del techo de gasto y de la pérdida de soberanía económica de nuestro país-, lo
que todo indica que si nuevamente gobernasen, nada garantiza que deroguen ni el
Índice de Revalorización ni el Factor de Sostenibilidad.
Por otro lado, los pensionistas se
preguntan y cuestionan cual ha sido el papel de los famosos agentes sociales
que tenían que salvaguardar sus intereses. Según CCOO,
“la presencia de sindicatos y empresarios en el Acuerdo de Reforma del 2011 (en
el cual el poder adquisitivo de los pensionistas se vio reducido en un 20%
anual), garantiza la continuidad del método de reformas negociadas asegurando
el papel de los agentes sociales en el seguimiento del sistema y blindando su
capacidad para seguir incidiendo sobre el mismo en el futuro. El Gobierno ha
aceptado que la reforma siga la lógica de equilibrio propuesta por las
organizaciones sindicales, y los sindicatos mayoritarios han aceptado adelantar
reformas que habrían de hacerse en próximos años”.
Las palabras y la nula actuación por parte de los
agentes sociales desde el 2010, donde no dejan claro si lo que garantizan es el
futuro de los trabajadores y trabajadoras, o garantizan el futuro de sus
propias estructuras en el gobierno de las Pensiones convirtiendo el Pacto de
Toledo en, exclusivamente, el acuerdo político-social de consentimiento para
realizar dichas reformas. Miles de jubilados han decidido organizarse y lanzarse
a las calles “contra las pensiones de miseria” y contra un sistema que no los
representa: “el Pacto de Toledo”.
Dichas centrales sindicales, bien es cierto que han
exigido la derogación de la reforma del PP, pero no la del 2011. Para el
colectivo de los pensionistas y jubilados, exigir la derogación de todas las
reformas de pensiones es una obligación democrática de cualquiera que diga
querer representar los intereses de los trabajadores. Y cualquier comisión
político-social en defensa de la viabilidad del sistema público de pensiones
debe tener representación del colectivo afectado, y no de aquellos que se
llaman agentes sociales que no pueden demostrar su representatividad en éste
sector de los pensionistas, y menos aún por organizaciones empresariales que en
el momento de la jubilación ya desaparecen de la vida de éste colectivo.
Aunque tanto el Gobierno como el lobby financiero
intente discutir su papel en el diseño de una reforma integral del sistema que
salvaguarde sus intereses y su futuro de forma digna y suficiente, éste
colectivo de la sociedad –ya organizado en toda España por la Coordinadora
Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones- no se va a resignar, y con
la presión que ejercen en las calles y siendo consciente del poder electoral
que poseen, lucharán para que la clase obrera vuelva a recuperar su sueldo
diferido en las pensiones, que por derecho les corresponden.
La Seguridad Social fue la conquista de la clase
trabajadora como elemento equilibrador y garante de los derechos sociales y
democráticos de los trabajadores dentro del no completamente alcanzado Estado
del Bienestar. Esa generación, hoy en forma de pensionistas, vuelve a la acción
para indicarles el camino a la nueva clase trabajadora, para que nadie que no
defienda sus derechos pueda hablar en su nombre.
Victoria Portas es portavoz de la Coordinadora Estatal en
Defensa del Sistema Público de Pensiones
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