CONSIDERAN INSUFICIENTS LAS 66 MEDIDAS PROPUESTAS POR LA MINISTRA TEJERINA
Las principales
organizaciones ecologistas estatales, Amigos de la Tierra, Ecologistas en
Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, consideran que las prioridades de la
ministra Isabel García Tejerina para la actual legislatura no afrontan de
manera adecuada ni suficientemente ambiciosa los enormes retos ambientales a
los que se enfrenta nuestra sociedad. Aunque muchas medidas podrían resultar
positivas o negativas en función de cómo se concreten en el futuro, las ONG
destacan algunas de las carencias más relevantes.
La ministra de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), Isabel García
Tejerina, ha comparecido recientemente en la Comisión de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados donde ha presentado
las 66 medidas que su Ministerio se compromete a llevar a la práctica en la
presente legislatura. Las cinco organizaciones ecologistas, aún reconociendo
que algunas resultan positivas, muestran su preocupación ante las graves
carencias existentes en las medidas propuestas para los sectores
agroalimentario, pesquero y medioambiental.
En lo referido al
sector agroalimentario, nada da a entender que el MAPAMA deje de apostar por la
actual política de intensificación e industrialización del sector agrario que
es ya una de las principales causas de pérdida de biodiversidad, en lugar de
promocionar un modelo rural vivo, que potencie una producción agraria
respetuosa con el medio ambiente y con el clima, priorizando la
comercialización y consumo local y las pequeñas explotaciones. Lamentan también
que en los planes para discutir la nueva reforma de la Política Agraria Común
(PAC) vuelva a excluirse a las ONG ambientales a pesar del enorme impacto de
esta actividad en la conservación de los recursos naturales.
Al mismo tiempo estas
organizaciones dan la bienvenida a la propuesta de aprobar una Estrategia de
Fomento de la Agricultura Ecológica, pero rechazan que no se incluya ninguna
medida para prohibir los cultivos transgénicos comerciales y experimentales al
aire libre. También queda por definir si la Estrategia Nacional de Regadío se
centrará en algo imposible: seguir incrementando la superficie regada ignorando
la reducción de caudales de los cursos de agua ligada al cambio climático, como
recogen muchos planes de cuenca vigentes.
En materia de pesca la
ministra continúa apostando por la expansión de la actividad pesquera
industrial en terceros países, pese a los graves impactos ambientales y
sociales que origina. Para las organizaciones ambientales la estrategia debe
ser la de recuperar el recurso y una política de protección del medio marino
efectiva, tanto en aguas nacionales como en alta mar, que permita la
recuperación de la biodiversidad. También, el ministerio pretende incrementar
la pesca del atún rojo, algo que debe estar totalmente condicionado a las
recomendaciones científicas. Las ONG valoran positivamente la intención de
reforzar la lucha contra la pesca ilegal mediante seguimiento, inspecciones y
denuncias. Otro elemento positivo es la intención del ministerio de apoyar las
Reservas Marinas de interés pesquero.
En lo que respecta a
las medidas sobre medio ambiente las organizaciones ecologistas muestran su
gran preocupación por la marginalidad de estas políticas y ante la carencia de
medidas concretas para lograr detener la pérdida de biodiversidad para 2020,
tal y como el Gobierno se ha comprometido en el ámbito de la Unión Europea y
mundial. También discrepan de la pretensión de consolidar la nueva normativa de
costas, que tan graves consecuencias está teniendo ya para la conservación de
nuestro litoral y que choca con las previsiones de impacto del cambio climático
en la costa.
Pero la medida que más
ha alarmado a las ONG ambientales ha sido la posibilidad de modificar la Ley de
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad para permitir que se continúen
liberando determinadas especies exóticas e invasoras en contra de una sentencia
del Tribunal Supremo y de lo acordado a escala internacional. Esta importante
ley necesita de medidas decididas para cumplirla, no de modificaciones para
forzar actividades económicas incompatibles con la conservación de la
naturaleza que solo responden a demandas de sectores económicos minoritarios.
Por otro lado, WWF,
SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra
consideran positivos los compromisos de lograr la declaración de 53 reservas
naturales fluviales y el desarrollo de una estrategia de protección y gestión
de las reservas naturales fluviales. También destacan la propuesta de acometer
la elaboración de una Ley de Cambio Climático y transición energética de forma
consensuada, una carencia largamente reivindicada por las organizaciones
ambientales.
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