Me cuentan: “En un colegio público de la sierra de
Madrid había una directora muy competente y estimada por toda la comunidad
educativa. En el colegio aumentan cada año las matrículas porque las familias
están encantadas con el proyecto educativo. Al presentarse a la renovación de
su cargo, los tres miembros de la administración le han puesto un cero a su
proyecto de Dirección. Y ahora han nombrado a dedo como director a otra persona
de otro centro”.
Esto ha pasado de forma similar en 40 centros
educativos públicos de la Comunidad de Madrid. La mayoría en la zona sur, pero
también en la zona oeste, Vallecas (IES Domínguez Ortiz), Ciudad Lineal,
Bustarviejo, etc. El procedimiento es el mismo: se destituyen –o no se eligen-
a direcciones críticas y se imponen directores dóciles y de la misma cuerda
política que la administración. Es la LOMCE, que le permite al PP estas
cacicadas contra la autonomía y la gestión democrática de los centros.
Olvidando que peor que mentir es tomar por tontos a
los demás, la Consejería lo niega diciendo que se ajustan a la ley.
Efectivamente, la ley establece que al director lo elige una comisión creada a
tal efecto. La trampa está en que, según el artículo 135 de la ley, la comisión está
formada por miembros designados por la Administración que se aseguran la
mayoría (entre el 50% y el 70%) y la comunidad educativa está siempre en
minoría. De cinco miembros, tres los pone la Administración y dos la comunidad
educativa del centro.
Los claustros y consejos escolares califican de
sobresaliente proyectos de Dirección que los representantes de la
Administración suspenden porque desprecian su trabajo en la misma medida que lo
desconocen y porque actúan por criterios políticos y no pedagógicos. El
resultado está cantado: no aprueban los proyectos de direcciones
reivindicativas (contra el cierre de aulas, fusiones, bilingüismo, pruebas
CDI…). De esta manera, la Administración del PP está mandando “paracaidistas”
de su confianza y metiendo así miedo a los equipos directivos de otros centros.
La Comunidad de Madrid se ha convertido en el reino de la arbitrariedad y el
sectarismo, antes con Aguirre y ahora con Cifuentes,
gracias al apoyo de Ciudadanos.
El 4 de julio se reunieron en asamblea 160 personas en
el colegio público Miguel Hernández de Getafe, uno de los afectados junto con
otros tres colegios y un instituto de la localidad. Había madres y padres,
profesorado, directores de centros educativos, sindicatos, AMPAS,
representantes de colectivos educativos, plataformas por la Escuela Pública,
miembros de los Movimientos de Renovación Pedagógica, representantes políticos
y municipales y diputados en la Asamblea de Madrid. Ante el ataque a la más
elemental democracia y a un modelo educativo basado en la participación de toda
la comunidad, se debatieron propuestas para frenar estas actuaciones. Se
planteó centrar inicialmente las movilizaciones en la zona sur, con la idea de
extenderlas al resto de la Comunidad, acordándose las siguientes iniciativas:
- Presentarse
a la DAT Sur (Dirección de Área Territorial) el viernes 8 de julio, a las
10 de la mañana. Se reclamará masivamente que se dé marcha atrás a esta
política dictatorial. El jueves 14 de julio se plantea una nueva
concentración ante la DAT Sur.
- Una recogida masiva de
firmas dirigidas al consejero de Educación Rafael von Grieken:“No a la imposición de
directores de centros públicos de la Comunidad de Madrid” (NOTA
2).
- Se
valoró, también, que el curso no puede empezar con normalidad ante esta
situación. Las familias piensan en boicotear el inicio de curso. Se
estudiará que el profesorado haga una huelga a principio de curso y hay
sindicatos que van a trabajar en esta línea (CCOO y CGT). También se
estudian acciones jurídicas.
Hace falta una reacción, porque en la Comunidad de
Madrid sólo han cambiado las caras, no la política. Y sigue siendo el banco de
pruebas para la aplicación de las medidas más reaccionarias que luego se
extienden a otras comunidades. Y lo hace el PP con la complicidad necesaria de
Ciudadanos. Este curso han seguido desviando más recursos y alumnado a la
concertada, van a cerrar 80 aulas públicas, han suprimido numerosos ciclos
públicos de Formación Profesional y el consejero no ha rectificado a pesar de
haber sido reprobado. Ahora, con su concepción cortijera de los centros
educativos, dirigidos por capataces a su servicio, juegan a deteriorar más la
pública. Quizá eso es lo que buscan: crear un clima crispado en la comunidad
educativa que derivará su fuerza a combatir estas injusticias en vez de
centrarse en sus proyectos educativos.
Designar una dirección desde fuera era siempre el
último recurso cuando ningún miembro del claustro quería asumir la dirección.
No es el caso de los centros referidos. Imponer directores ajenos es despreciar
la implicación de la comunidad educativa, es despilfarrar recursos, esfuerzos y
entusiasmos, es pura ineficiencia. Es extender la arbitrariedad porque estos
directores también podrán elegir a dedo a su profesorado. Es crear problemas donde
no los había, imponiendo directores que tienen que entrar en los centros
escoltados por la guardia civil como ocurrió en el colegio Montelindo, un
centro innovador sin exámenes ni deberes, donde las familias se amotinaron al
grito de “Queremos a nuestra directora”. Uno de estos directores, el asignado
al CEIP Miguel Hernández, ya ha renunciado en menos de 48 horas, tras ir al
centro y conocer la situación provocada.
El objetivo de estas intervenciones autoritarias de la
Administración del PP es la depuración ideológica para domesticar a la
comunidad escolar. Es lo que necesitan para desarrollar la Ley Wert.
Politizando los centros con direcciones que sólo respondan ante quienes les han
designado, intentarán aplicar sus medidas injustas que son contestadas por
todos los sectores. Pero una sociedad no se puede permitir una escuela
antidemocrática y convertir ésta en una pirámide autocrática. La escuela
pública debe contribuir a crear ciudadanos libres que participen en la sociedad
aportando lo mejor de sí mismos. Para ello hay que entrenarse desde niños en un
clima de convivencia en positivo. No se puede dejar algo tan importante como la
educación en manos de quienes no creen en la gestión democrática de los
centros.
AGUSTÍN MORENO
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