PCE de Cuenca

Las organizaciones que ejercen la Acusación Popular en el "caso Bárcenas-PP" denuncian que apartar al juez Ruz "es el colofón a los múltiples obstáculos puestos a la instrucción"

Izquierda Unida, Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Federación de Los Verdes y la Asociación Justicia y Sociedad anuncian “movilizaciones y actos de protesta para que trascienda públicamente esta escandalosa situación, que pone en evidencia cómo han trabajado el PP y sus responsables en un buen número de las instituciones que controla para conseguir que los presuntos delitos queden impunes”

Las organizaciones que ejercen conjuntamente la acusación popular en la denominada ‘Querella Bárcenas’ o ‘Caso Bárcenas-PP’ - Izquierda Unida, Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Federación de Los Verdes y la Asociación Justicia y Sociedad- denuncian los “múltiples obstáculos que se vienen desarrollando en este proceso judicial y que ahora culminan apartando al magistrado Pablo Ruz de la instrucción”.

Estas organizaciones anuncian su intención de promover “movilizaciones y actos de protesta para que trascienda públicamente esta escandalosa situación, que pone en evidencia cómo se trabaja desde determinadas instituciones para conseguir que los presuntos delitos queden impunes”.

El 28 de febrero de 2013, hace ya casi dos años, las citadas organizaciones y asociaciones registraron ante la Audiencia Nacional la querella criminal contra varios altos responsables del Partido Popular y presidentes de grandes compañías constructoras por las implicaciones penales que se desprendían de los llamados ‘Papeles de Bárcenas’, publicados un mes antes, acción que dio pie a la apertura de una pieza separa en relación a este caso concreto que se instruye desde entonces.

El ingente trabajo acometido por la acusación popular, así como la instrucción desarrollada por Ruz, han permitido acreditar 59 apuntes de los recogidos en los ‘papeles’ del ex tesorero del PP que se encuentra en prisión preventiva, así como imputar a 31 personas y que se haya podido dar como acreditada la existencia de una ‘contabilidad B’ en el partido que sustenta al Gobierno de Mariano Rajoy. “Pero no es menos cierto que las dificultades impuestas durante toda esta etapa por el propio PP y por sus responsables en un buen número de las instituciones que controla han hecho muy difícil este trabajo”, señalan los querellantes.

Recuerdan que, para empezar, se optó por sumar la ‘Querella Bárcenas’ al ‘Caso Gürtel’, que se instruía desde años antes, “para tratar de evitar así que cayera en manos del juez Gómez Bermúdez, no sin flagrantes irregularidades y saltándose los criterios de reparto de casos de la Audiencia Nacional”. Además, estas asociaciones que ejercen la acusación popular inciden en que “el ministerio fiscal ha venido trabajando más como  defensa de los imputados que en su verdadero papel como garante de los intereses colectivos”.

Los querellantes destacan también que “no puede olvidarse que durante esta accidentada y compleja instrucción se han producido nada menos que tres sustituciones en la cúpula de la UDEF (Unidad Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía), presumiblemente para conseguir un mayor control gubernamental sobre lo que se investigaba”.

“No queremos que pasen desapercibidas otras maniobras del Partido Popular -denuncian-, como las ‘misteriosas’ desapariciones de agendas y los registros de ingresos en la sede madrileña del PP, o el formateado y desaparición de discos duros de ordenadores con contenidos que incidían directamente en esta causa. Tampoco la persistente resistencia a entregar la información solicitada por el magistrado instructor, hecho que llevó a Ruz a ordenar el registro de la sede central del PP en la calle Génova”. A todo ello hay que sumarle las propias amenazas de alguno de los imputados contra determinados representantes de la acusación popular, concretadas en algunos casos en querellas, que finalmente no han tenido ningún éxito, como es el caso del político asturiano en activo y ex alto cargo del PP Francisco Álvarez-Cascos.

“A pesar de todas estas trabas, las cinco organizaciones querellantes hacemos un balance positivo de lo conseguido hasta ahora. Mientras, desde el PP y desde el Gobierno de Rajoy hacen una lectura contraria al comprobar cómo los casos de corrupción que presuntamente muestran los ‘Papeles de Bárcenas’ acorralaban a destacados dirigentes ‘populares’ y responsables de constructoras. Valoramos que ahí está la clave del cese en tres meses del juez Ruz, que es lo que realmente ha decidido en Comisión Permanente el Consejo General del Poder Judicial”, afirman.

Añaden que “Izquierda Unida, Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Justicia y Sociedad y la Federación de Los Verdes, junto a las 27.000 personas que han apoyado públicamente la querella, comprobamos ahora una vez más con estupefacción cómo destacados representantes del poder político y económico maniobran para que la Justicia no les alcance. No vamos a permitirlo. De ahí los actos de denuncia pública que llevaremos a cabo para que trascienda cómo se trabaja desde las instituciones para conseguir que los presuntos delitos queden impunes. La querella ha permitido apuntar con claridad a quiénes son los auténticos responsables de la crisis, a los culpables de la enorme transferencia de dinero público y privado realizada a unos pocos bolsillos a través de actividades ilícitas”.