IU, a través de su diputado Garzón, consigue que por primera vez la Defensora
del Pueblo recurra ante el tribunal constitucional un
decreto-ley del Gobierno de Rajoy
Soledad
Becerril responde ahora por carta “en sentido positivo” a la solicitud que le hizo el
parlamentario de Izquierda Unida el pasado diciembre de llevar al Constitucional
el Real Decreto-ley 14/2013. Los servicios legales del Defensor del Pueblo consideran
que se han podido vulnerar los artículos 1, 23, 137 y 140 de la Carta Magna
Garzón explica que “desde el primer momento
venimos advirtiendo, y esto nos llevó a
dirigirnos al Defensor del Pueblo, de que lo contenido en la disposición adicional tercera del
decreto-ley de Rajoy sienta un precedente político enormemente peligroso, ya que justifica que se
puedan romper las reglas del juego democráticas
en cualquier ayuntamiento del país con la coartada de que se están poniendo las
medidas para hacer frente a la crisis que le gustan al PP”.
La Defensora
del Pueblo, Soledad Becerril, considera “procedente” aceptar la solicitud
realizada
por Izquierda Unida, a través de su diputado y portavoz económico parlamentario, Alberto Garzón, para que esta
institución interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la Disposición
adicional tercera del Real Decreto-ley 14/2013,
de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español
a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades
financieras. Esta decisión le ha sido comunicada ahora a Garzón a través de una
carta firmada por la propia Becerril.
La misiva,
de seis folios, incluye la resolución “en sentido positivo” tomada por la institución
del Defensor del Pueblo tras la reunión mantenida el pasado 24 de febrero por
su Junta de Coordinación y Régimen Interior para tratar este tema. El diputado
de IU había solicitado la interposición de este recurso de inconstitucionalidad
contra la citada norma a través de un escrito que remitió a Soledad Becerril el
pasado 16 de diciembre.
En concreto,
la Defensora del Pueblo detalla en la parte de su misiva que contiene el párrafo de que consta la resolución que oída
la mencionada Junta de Coordinación y Régimen Interior, y en virtud de la
legitimación constitucional y legal de la que dispone, “ha resuelto interponer
recurso de inconstitucionalidad contra los apartados 2º y 3º de la Disposición
adicional tercera” del decreto-ley mencionado, “apartados que se refieren a la atribución a la Junta de Gobierno Local,
o al Alcalde, de la competencia del Pleno de la Corporación para acogerse a
determinadas medidas, aprobar el plan de ajuste o aprobar alguna de las medidas incluidas en
dicho plan de ajuste”.
Alberto
Garzón valora “muy positivamente” esta decisión “sobre todo porque los servicios legales del Defensor del Pueblo
consideran acertada y comparten buena parte de la argumentación de IU que les
trasladamos para interponer este recurso contra una norma emanada del Gobierno
de Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional”.
El diputado
de IU por Málaga destaca que “son precisamente los puntos 2º y 3º contra los
que ahora ha resuelto recurrir el Defensor sobre los que pedíamos que esta institución
se fijara especialmente. Entendemos que su contenido colisiona notoriamente con el funcionamiento democrático
de los ayuntamientos y quitan al Pleno Municipal su competencia para aprobar
los planes de ajuste, con las graves consecuencias que esto tendrá para los
vecinos que votan en unas elecciones a sus representantes municipales”.
En su carta,
Garzón advertía especialmente a la Defensora del Pueblo sobre un párrafo concreto contenido en la memoria del
decreto-ley, que avisaba del fin último que buscaba el Gobierno con esta norma, sin
importarle la legalidad de los medios para lograrlo: “El objetivo de esta
disposición es facilitar la mayor incorporación posible de municipios a las
medidas extraordinarias citadas eliminando obstáculos que no deberían afectar
al logro de la estabilidad y del reequilibrio de aquellas entidades”.
El
parlamentario de IU señala que “el Gobierno del PP hace aquí un raro ejercicio
de sinceridad, y en estos mismo términos se lo trasladamos a la Defensora del
Pueblo, al utilizar el término de ‘obstáculo’ para referirse nada más y nada
menos que a las decisiones que pudiera tomar de forma mayoritaria y democrática
el Pleno de cualquier ayuntamiento integrado por los grupos municipales de
distintos partidos. Inaceptable, peligroso y, por supuesto a nuestro juicio,
inconstitucional”.
Garzón
insiste en que “desde el primer momento venimos advirtiendo, y esto nos llevó a
dar el paso de dirigirnos al Defensor del Pueblo, de que lo contenido en la
disposición adicional tercera del decreto-ley de Rajoy sienta un precedente
político enormemente peligroso, ya que justifica que se puedan romper las
reglas del juego democráticas en cualquier ayuntamiento del país con la
coartada de que se están poniendo las medidas para hacer frente a la crisis que
le gustan al PP”.
En los
‘Fundamentos de Derecho’ contenidos en la carta que la Defensora del Pueblo remite
a Alberto Garzón para razonar su decisión de aceptar la petición de IU de ir al
Constitucional se recoge también esta misma idea. Hace referencia al contenido
del decreto-ley que está en vigor desde
el 1 de diciembre pasado y asegura que ‘se trata ciertamente de una decisión
legislativa opinable, y tampoco puede dudarse del sentido de la Disposición
adicional tercera de librar un “obstáculo”. Pero el Defensor del Pueblo no
puede compartir que el respeto por las reglas procedimentales, más cuando se atienen al principio de las mayorías (que
exige el respeto por las minorías) pueda ser calificado de “obstáculo”. Es simplemente un
ingrediente de la decisión. Si la ley hasta ahora requiere mayoría del Pleno,
no es ello propiamente un obstáculo, sino un requisito, sin el cual la decisión
no existe o es inválida”.
A raíz del
escrito y la petición de recurso de Alberto Garzón, los servicios jurídicos del
Defensor del Pueblo infieren que el decreto-ley del Gobierno impugnado por IU
puede confrontar con los artículos 1, 23, 137 y 140 de la Constitución.
Además, en
los ‘Fundamentos de Derecho’ se especifica que ‘tiene razón el solicitante cuando
dice que “se ignora” al Pleno Municipal’ y desde el Defensor del Pueblo se razona
que ‘parece pues como si la mayoría hubiera de ser alcanzada a toda costa, “no alcanzar
la mayoría para aprobar” no es una decisión válida, esa mayoría alcanzada no sirve
y se traslada a la Junta de Gobierno y al Alcalde la capacidad de decidir
aprobar’.
Por todo
ello, en la carta firmada por Soledad Becerril que dirige a Garzón se resume que
‘la nueva regla podría vulnerar la Constitución porque, en suma, la sustitución
del Pleno por la Junta de Gobierno tras no alcanzarse en una primera votación
plenaria la mayoría necesaria para tomar una decisión vital para la
administración municipal, podría vulnerar los preceptos constitucionales
citados. La presente Resolución, por todo lo dicho, ha de ser estimatoria de la
solicitud’.
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