El Gobierno reconoce a Centella que
encuentra problemas para firmar la 'Convención sobre la imprescriptibilidad de
los crímenes de guerra y de lesa humanidad' aprobada por Naciones Unidas
En una respuesta parlamentaria por escrito al portavoz parlamentario de
Izquierda Unida, el Ejecutivo señala que, tras el compromiso de ratificación
realizado la pasada legislatura, ahora “durante dicho proceso de análisis se
suscitó la posibilidad de que ciertas medidas de la Convención pudieran ser
contrarias al principio de irretroactividad de la ley penal”
El Gobierno del Partido Popular ha manifestado a Izquierda Unida que “no ha
firmado ni ratificado la ‘Convención sobre la Imprescriptibilidad de los
Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad’”. Así lo reconoce en
una respuesta parlamentaria por escrito a la pregunta que el portavoz
parlamentario de IU, José Luis Centella, registró el pasado mes de febrero, en
la que se interesó por la firma de una importante medida aprobada por la
Asamblea General de Naciones Unidas en 1968 y que entró en vigor en 1970 y,
también, “por las razones” de no haberlo hecho.
El Ejecutivo reconoce que la firma y ratificación de esta medida “fue un
compromiso de la legislatura anterior que quedó reflejado en la medida 2 del
Plan Nacional de Derechos Humanos. En virtud de ese compromiso, se inició un
análisis jurídico de las implicaciones de ese texto, tras el que debía
decidirse la adhesión de España al mismo”.
“Durante dicho proceso de análisis –advierte el Ejecutivo de Mariano Rajoy a
Centella- se suscitó la posibilidad de que ciertas medidas de la Convención
pudieran ser contrarias al principio de irretroactividad de la ley penal, lo
que retrasó el procedimiento de firma y ratificación”.
El Gobierno señala que, en estos momentos, “el análisis sobre la posible
adhesión de España a este instrumento sigue su curso actualmente”.
Tras esta respuesta, José Luis Centella afirma que “desde Izquierda Unida no
entendemos estos supuestos problemas legales esgrimidos por el Gobierno del PP
hacia una medida aprobada hace décadas por Naciones Unidas y que va en la línea
del respeto a la legalidad internacional que defienden los Estados democráticos
más avanzados, algunos de ellos puestos siempre como referente para otras
cuestiones por la derecha de nuestro país”.
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