IU denuncia que si se imponen las reformas contra las pensiones con las que amenaza el ministro de la Seguridad Social se provocará una vejez empobrecida y la precariedad de los jóvenes

La Red de Activistas por la Defensa del Sistema Público de Pensiones de Izquierda Unida detalla su “rechazo” a los cambios que baraja el ministro Escrivá y avisa de que si se tratan de imponer los cambios que se filtran “solo conducirían a aumentar la desigualdad entre las personas pensionistas y, dentro de ellas, a que crezca la brecha de pensiones entre mujeres y hombres”

Izquierda Unida, a través de su Red de Activistas por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, ha traslado su “indignación” por lo que considera una “campaña de desinformación” puesta en marcha desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Frente a lo manifestado por este departamento, entre otros por el propio titular de la cartera, José Luis Escrivá, IU señala que “los Fondos Europeos de Reconstrucción no están subordinados a ningún tipo de reforma del sistema de pensiones”.

Desde la red de activistas destacan que “nos oponemos rotundamente a esta burda manipulación de la información, venga de quien venga”, al tiempo que advierten de que “no aceptaremos reformas en el sistema público de pensiones que lesionen nuestros derechos como pensionistas y clase trabajadora”.

Detallan su “rechazo” a los cambios que baraja el ministro Escrivá y que tanto él mismo como su departamento llevan lanzando como ‘globos sonda’ desde hace semanas. De la misma forma, avisan de que si se trata de imponer esas reformas “solo conducirían a aumentar la desigualdad entre las personas pensionistas y, dentro de ellas, a que crezca la brecha de pensiones entre mujeres y hombres”.

Consideran también que “se pretende llevar sin remisión a la clase trabajadora a que alargue su vida laboral, mientras se aumenta el riesgo de sufrir una vejez empobrecida. Además, con las medidas planteadas a corto plazo se condena a nuestra juventud al desempleo y a la precariedad”.

La Red de Activistas por la Defensa del Sistema Público de Pensiones mantiene su defensa, tal y como viene realizando Izquierda Unida desde un primer momento, de la “eliminación del factor de sostenibilidad”, ya que los problemas de déficit “se solucionan por la vía de los ingresos, no manteniendo los recortes”.

Además, rechazan frontalmente “cualquier aumento en los años de cotización o que se planteen posibles sistemas de revalorización de las pensiones que no sea el IPC real por ley”.

 

 La lucha por el derecho a la vivienda: ejemplo estratégico en la construcción de Unidad Popular

Una política de vivienda pública, estatal, que obligue y sitúe el marco de mínimos, y que acabe con el abuso

Los datos económicos y su análisis, sobre el problema de la vivienda, y en concreto del mercado del alquiler, que compartimos en esta edición de Mundo Obrero, son claros y contundentes. Son una herramienta básica para desmontar los recurrentes y falaces argumentos con los que, desde todos los ámbitos, y especialmente el mediático, se intenta frenar, desvirtuar, vilipendiar, una lucha que refleja la coherencia política entre las instituciones como poderes públicos y la fortaleza de los movimientos populares, que se multiplica cuando actúan todas a una, desde el ámbito sindical, obrero, vecinal, feminista y político.

Esa multiplicación ha tenido su inicio público el día 25 de febrero, cuando se presenta ante los grupos parlamentarios del Congreso y la sociedad, el Manifiesto de 8 puntos con las principales reivindicaciones aunadas con las siglas de Sindicatos como CCOO, UGT, CGT, la PAH, el Sindicato de Inquilinas, el Movimiento Nadie sin Hogar, y que sigue consiguiendo adhesiones de más y más organizaciones sociales y políticas.

El 20 de marzo se ha dado un paso más, con movilizaciones acordes a la situación sanitaria en las principales capitales de provincias, extendiendo la información y la concienciación de la importancia de la unidad en la lucha de la clase obrera, y que en esta materia evidencia no sólo unidad de las organizaciones sino unidad para entender cuáles son las cuestiones que sitúan los derechos fundamentales de la clase obrera, dentro y fuera de los centros de trabajo o del entorno de la actividad laboral, productiva o reproductiva que desarrollemos.

Una política de vivienda pública, estatal, que obligue y sitúe el marco de mínimos para el desarrollo por las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos -en función de su realidad concreta, está al mismo nivel de interés para la inmensa mayoría que un sistema público de salud con recursos y de calidad; que un sistema educativo público con recursos y de calidad; que unas condiciones laborales dignas para una vida digna.

Por eso es tan importante que el PCE, como organización política de la clase obrera, contribuya al fortalecimiento y defensa de un derecho fundamental, que también, como la sanidad o la educación o las pensiones, viene sufriendo el acoso carroñero de especuladores y fondos financieros, para seguir haciendo negocio con nuestras necesidades básicas. Son grandes los poderes que en todos estos ámbitos quieren seguir confundiendo nuestros intereses con los suyos y condenar a la exclusión social a cada vez más gente, que incluso nos impida poder pensar en organizarnos, por miedo o por pura necesidad de dedicar las energías a la mera subsistencia física. Por tanto, la lucha y la unidad deben corresponderse en fuerza a tan gran ataque. En el plano institucional, consiguiendo sacar adelante el pacto de coalición suscrito por el Gobierno: una Ley Estatal de Vivienda que impida continuar con el abuso y sitúe el marco mínimo de desarrollo del derecho a una vivienda digna, (artículo 47 de la CE), sobre el que seguir avanzando; y el fortalecimiento de la capacidad de lucha, para obligar a cumplir lo regulado y seguir mejorando y ampliando los derechos de Todas Para Todas.

ANABEL SEGADO. Secretaria de Organización del PCE  

 

 

 Manifiesto por una ley de memoria que ponga fin a la impunidad del franquismo

El actual anteproyecto de ley sobre Memoria Democrática aprobado por el Consejo de Ministros el 15 septiembre de 2020, en breve pasará a debatirse como proyecto de ley en el Congreso. Desde el Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo consideramos que es una gran oportunidad para conseguir, esta vez sí, una ley que ponga fin a la impunidad del franquismo y permita cerrar las heridas que aún permanecen abiertas. Lo necesitamos las víctimas, cientos de miles, y lo necesita la democracia española para cerrar definitivamente aquel proceso de transición con Verdad, Justicia y Reparación.

Si bien es cierto que el actual anteproyecto recoge una parte de las reivindicaciones esenciales de esta larga lucha del movimiento memorialista y de las recomendaciones y demandas del Relator Especial de Naciones Unidas para la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y la Garantía de No Repetición, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzada, varias resoluciones del Consejo de Europa, los Tratados Internacionales al respecto y el Derecho Internacional Humanitario, no es menos cierto que el Estado español sigue sin permitir el acceso a la Tutela Judicial Efectiva para las víctimas, el acceso a la Justicia.

Por ello queremos destacar algunos aspectos concretos:

- Es absolutamente necesaria la declaración de nulidad la Ley de Amnistía de 1977 o, al menos, de aquellos apartados (artículo 2, apartados e y f), para que deje de ser utilizada por la judicatura como ley de punto final, permitiendo investigar judicialmente los crímenes del franquismo y el acceso a la justicia a las víctimas de la dictadura.

- Declarar las resoluciones judiciales o administrativas nulas, y los tribunales u organismos franquistas que las dictaron como ilegítimos, tal y como establece el Anteproyecto, no tiene plena validez jurídica. Es imprescindible, que los Tribunales y Consejos de Guerra franquistas sean considerados ilegales y sus sentencias, así como toda la legislación represiva del franquismo, sean declaradas nulas de pleno derecho, sin necesidad de que por parte de las víctimas de la dictadura o sus familiares se tenga que instar ningún proceso judicial administrativo posterior para llevar a efecto tal declaración de nulidad.

- Pese al avance que representa que el Estado español asuma su responsabilidad directa en la recuperación e identificación de las víctimas, el Anteproyecto no garantiza la Tutela Judicial Efectiva en el proceso de localización, exhumación e identificación de las fosas comunes y, este extremo, es absolutamente necesario para establecer la Verdad Jurídica de lo que pasó, la custodia legal de todas las pruebas documentales, así como para impartir justicia.

- Es imprescindible el reconocimiento de los crímenes del franquismo como crímenes de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles, por lo que el Estado español debe ratificar la “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad” de 1968. Asimismo, pedimos el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial y civil del Estado, de instituciones, organizaciones, entidades y particulares que se hayan beneficiado del expolio franquista y de los trabajos forzados.

- Exigimos el reconocimiento jurídico de todas las víctimas del franquismo, el fascismo y el nazismo y el derecho a ser consideradas y tratadas como sujetos activos de todos los derechos reconocidos en la Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima del delito. Víctimas como las personas asesinadas y enterradas en fosas comunes, las torturadas y encarceladas, bebés robados, la represión específica contra las mujeres, homosexuales, minorías étnicas, las expoliadas y expropiadas, las que participaron en la guerrilla, las obligadas al exilio, las depuradas y destituidas, las represaliadas por actuaciones de Resistencia fuera de España y al resto de víctimas del nazismo …

- Además, es ineludible la modificación la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, incorporando a nuestro derecho interno el principio de legalidad internacional y el cumplimiento de la legislación internacional en materia de Derechos Humanos.

- En cuanto al período que abarca la Ley, consideramos que debe llegar al menos hasta 1983, pues en esta etapa hubo más de 300 víctimas luchadoras y luchadores por las libertades democráticas a manos de las fuerzas del orden y grupos parapoliciales de extrema derecha. Y en los casos de bebés robados, la fecha debería abarcar, al menos, hasta 1999, año en el que se declara inconstitucional el parto anónimo.

La Recuperación de la Memoria Democrática y el fin de la impunidad del franquismo es responsabilidad de toda la sociedad, y una obligación ineludible para un Estado que se dice de derecho y que respeta los derechos humanos. Porque el franquismo asesinó a hombres y mujeres republicanos y antifascistas por todo el país, provocando un trauma transgeneracional significativo que todavía hoy no ha sido abordado con rigurosidad y, en consecuencia, aún no se ha podido superar. El reconocimiento de la Verdad permite que la Justicia actúe y que el camino de la Reparación se empiece a construir con Garantías de No Repetición.

Es por todo ello por lo que llamamos a la ciudadanía democrática, a las organizaciones de derechos humanos, asociaciones de juristas y a todo tipo de entidades cívicas a apoyar nuestras justas reivindicaciones por una ley que ponga fin al silencio, olvido e impunidad sobre tanto crimen de aquella genocida dictadura. Como así han hecho en otros países de nuestro entorno para cerrar heridas y avanzar en una plena Democracia.

ENCUENTRO ESTATAL DE COLECTIVOS DE MEMORIA HISTÓRICA Y DE VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO  

 

 Hay vacuna contra el fascismo, contra la corrupción, por la igualdad. Se llama República

 

El 14 de abril de 2021 conmemoramos el 90 aniversario de la proclamación de la II República, hecho que constituye una oportunidad de reconocer los avances sociales, económicos y democráticos que significó para las españolas y los españoles aquel proceso.

También es una ocasión obligada de rendir un merecido homenaje a quienes defendieron la democracia frente al golpe de Estado fascista de 1936. Los que la defendieron antes del golpe, durante el mismo y quienes lucharon por la libertades democráticas durante los 40 años de la dictadura fascista. Sin embargo, esto no será posible si miles de personas siguen desaparecidas en cunetas y fosas indignas. Seguimos exigiendo Verdad, Justicia y Reparación.

Llegamos a este 14 de abril tras un año intenso marcado por una pandemia que nos tiene condicionados en todos los sentidos, situación sanitaria agravada por las políticas neoliberales que desarticularon los servicios públicos esenciales y cuyas repercusiones, en el plano económico y social, afectan a la clase trabajadora, a importantes sectores sociales y con especial crudeza a las mujeres y a la juventud. A pesar de los esfuerzos del Gobierno de coalición, la desigualdad sigue creciendo en nuestro país, lo que urge a poner en marcha las medidas más audaces del acuerdo firmado entre el PSOE y Unidas Podemos para evitarlo.

Igualmente, está marcado por la vergonzosa corrupción de la Familia Real, denunciada desde hace años por nuestro Partido y que aún no ha sido investigada por la justicia. Los hechos que venimos conociendo revelan el mismo problema: el de la desigualdad. La situación de Juan Carlos Borbón es un símbolo perfecto de la desigualdad estructural entre la clase a la que representa y la mayoría social trabajadora.

En la fase actual el sistema coacciona, con todas sus fuerzas y recursos, para que se apliquen políticas neoliberales contra la mayoría de la población. Lo hace con todo su arsenal político, mediático, judicial y con la amenaza de la involución y la promoción del fascismo. En concreto, la gran burguesía que encabeza la casa Borbón, maniobra para evitar que se pongan en marcha las medidas más favorables a la clase trabajadora recogidas en el acuerdo de Gobierno y que son clave para frenar la desigualdad y combatir la precariedad y la pobreza.

Por ello una tarea prioritaria un objetivo principal vincular, unir y sumar las diferentes luchas y movilizaciones por la sanidad, por la vivienda, por la educación, por la recuperación de derechos laborales, por la defensa de las pensiones públicas que se están dando, en el marco sanitario actual, y que son la base para avanzar en la construcción de la unidad popular, del bloque político y social alternativo, rupturista y republicano.

Siempre, pero especialmente en la situación actual, la República es la mejor salida para la inmensa mayoría de la población y para todos los pueblos del Estado.

Defendemos la República no como una forma política abstracta, sino como una salida real a las necesidades y reivindicaciones básicas del conjunto de la sociedad, con un contenido político y económico antioligárquico y al servicio de la mayoría social trabajadora y el pueblo. La República como garante de los servicios públicos básicos y los derechos sociales y base política de un modelo económico y social sostenible al servicio de la mayoría. La República como garante de la igualdad de derechos y obligaciones.

La III República será justa para la clase trabajadora y garantizará los derechos al pueblo o no será. Será participativa, antifascista, feminista, laica, federal y solidaria o no será. Pan, trabajo, techo, educación, sanidad, igualdad, pensiones y cultura para la mayoría social trabajadora y el pueblo. Dignidad, libertades y derechos democráticos para la ciudadanía, que no quiere ser súbdita, y para los pueblos del Estado.

Para avanzar en la alternativa republicana es fundamental la acción coordinada y la movilización unitaria del conjunto del movimiento republicano. Por esto apoyamos al Encuentro Estatal por la República y el llamamiento general a realizar en el conjunto del Estado acciones unitarias por la República, según la situación sanitaria de cada territorio, en torno a la fecha del 14 de abril.

Hay vacuna contra el fascismo, contra la corrupción, por la igualdad. Se llama República.

 

 

 Llamamiento a la movilización antifascista en el aniversario de la legalización del PCE

 

Hoy se cumplen 44 años de la legalización del PCE tras su prohibición por la dictadura franquista. No ha sido nuestra única ilegalización. El PCE sufrió esa circunstancia en otras dos ocasiones a lo largo de sus 100 años de vida. Aquel sábado de abril de 1977, cientos de miles de hombres y mujeres de nuestro pueblo, pudieron al fin expresar públicamente sus convicciones comunistas, concluida la larga y dura etapa de clandestinidad, cárcel, asesinatos, torturas y exilio. Cientos de militantes y dirigentes pudieron regresar a su patria, miles salieron de las cárceles.

Los sectores más reaccionarios de la sociedad no pudieron impedirlo, muy a su pesar, debido a la fuerza del PCE, a su estrecha vinculación con el pueblo, gracias al ingente trabajo de nuestra militancia en los barrios, en los centros de estudio y de trabajo, impulsando las organizaciones y los movimientos de la clase trabajadora, de las mujeres, del estudiantado, a pesar de jugarse la libertad y la vida, tras cuatro décadas de ardua resistencia y tenaz lucha por la democracia.

Comenzaba otra etapa histórica, en la que la lucha política y social cambiaba en sus formas pero que mantenía el mismo fondo, la aspiración a un cambio revolucionario que diera respuesta a las necesidades básicas del conjunto de la población. Las nuevas condiciones ofrecían un contexto más favorable, fruto de la lucha social, pero todavía se tuvo que afrontar la agresión de los residuos del franquismo y sus herederos, con la permanente amenaza de involución como un mecanismo de control ante la posibilidad de un cambio que se escapara de las manos de quienes mantuvieron el poder económico y social.

Hoy recordamos es 9 de abril en un contexto en el que son más necesarias que nunca la movilización social y la existencia de un partido comunista que contribuya, junto a las fuerzas democráticas y progresistas de nuestro país, a la construcción de una alternativa al capitalismo hegemónico y a la ofensiva neoliberal que se expresa en proyectos y discursos populistas y de extrema derecha, que en algún caso llegan hasta la reivindicación del fascismo.

 Estas mismas fuerzas reaccionarias han llegado a reclamar de nuevo la ilegalización del comunismo. No nos producen ningún miedo. La legalización del PCE hace 44 años no fue un acto otorgado ni un regalo de nadie, fue el resultado de su arraigo social y capacidad de lucha a pesar de la represión sufrida. No pudo con nosotros ni la dictadura franquista, ni la CIA y sus planes para erradicar el comunismo, ni los cantos de sirena de una posmodernidad que, como se ha demostrado, sólo conducían a la desmovilización y la desprotección de la mayoría social trabajadora.

El intento de tergiversar la historia no es inocente, es una fórmula para impedir que el malestar contra la incapacidad del capitalismo de ofrecer respuestas se transforme en una fuerza transformadora que cuestione a quienes se privilegian de su dominio social. Por eso, desde el PCE, hacemos en este 9 de abril un llamamiento a la movilización antifascista, a la lucha por la memoria democrática de la lucha de la clase obrera y los pueblos. Hoy más que nunca: ¡No pasarán!

El Partido Comunista de España continuará su trabajo por la construcción de la unidad popular, el mejor instrumento para construir una salida justa a la actual crisis provocada por la pandemia y décadas de políticas neoliberales que han socavado los servicios públicos y los derechos de nuestro pueblo y de la clase trabajadora, combinando la movilización social y la acción de gobierno.

En este día también expresamos nuestro apoyo a la candidatura de Unidas Podemos en las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid, elecciones con las que tenemos que detener la ofensiva de las fuerzas reaccionarias, las mismas que ilegalizaron el PCE . Son la minoría privilegiada que se aferra al poder y no duda en poner en cuestión las más elementales conquistas democráticas y sociales.

En el año del centenario del PCE, conmemoramos el 44 aniversario de la última legalización del PCE reivindicando su papel en la conquista de los derechos y libertades en nuestro país. Hoy, como hace 44 años, no se entiende la democracia sin la presencia política del PCE, que seguirá luchando por cambios estructurales y una ruptura democrática que garantice los derechos y el poder real de la mayoría social trabajadora. ¡Comunismo es democracia!

 

 Solicitan que los fondos de recuperación europeos apoyen una transición justa y sostenible del sistema agroalimentario

 

Organizaciones sociales y ambientales, entre ellas Ecologistas en Acción, demandan al Gobierno español que no financie, a través de los fondos europeos de recuperación, proyectos impulsados por las grandes empresas de la industria cárnica. Dichas ayudas únicamente servirían para aumentar los graves impactos sociales, medioambientales y climáticos asociados al modelo de ganadería industrial.

 Los fondos europeos, que también incorporan condiciones, reformas y generarán endeudamiento público, no pueden servir para subvencionar falsas soluciones como el biogás a gran escala, ya que no resuelve los problemas ambientales asociados a la ganadería industrial y puede generar graves impactos en el territorio.

 Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Food & Water Action Europe, Justicia Alimentaria y el Observatorio de la Deuda en la Globalización solicitan al Gobierno español que los 10.000 millones de euros de los fondos europeos de recuperación gestionados por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico¹ y amparados en las políticas verde y digital de la UE, vayan destinados a impulsar una transición justa y sostenible del modelo agroganadero.

Asimismo, denuncian que los distintos proyectos liderados por la industria cárnica² pretenden impulsar la creación de plantas de tratamiento de purines de los animales que viven hacinados en las macrofábricas de carne industrial, con el fin de producir biogás. Además tienen entre sus objetivos la mecanización de la cría de animales y del posterior procesado de la carne.

 España lidera el crecimiento de la ganadería industrial en la UE

 España es el cuarto productor mundial de carne de cerdo, después de China, EE UU y Alemania³. El fuerte crecimiento de la cabaña ganadera porcina, con un aumento de casi 20.000 cerdos por semana en los últimos años, está imposibilitando que España cumpla los límites de emisiones de amoniaco marcados por la legislación europea. La ganadería es responsable del 67 % de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector agrícola, que es ya el cuarto principal emisor de España. El porcino es ya responsable del 22 % de las emisiones de la ganadería en España. Además, la producción industrial de carne tiene asociados enormes impactos climáticos, medioambientales y sociales en países del Sur Global derivados de la importación de soja transgénica para consumo animal.

 La ganadería industrial es una grave amenaza para el desarrollo rural en España

 Los proyectos presentados por la industria cárnica a los fondos europeos de recuperación suponen el desarrollo de grandes explotaciones industriales, en un modelo de integración vertical, que está sustituyendo a las pequeñas y medianas explotaciones ganaderas independientes que fijan población en el medio rural⁴.

Este modelo de ganadería industrial tiene además graves impactos en la calidad del agua, con decenas de pueblos sin agua potable y contaminación de acuíferos por nitratos en las zonas con mayor densidad de industria porcina. Los planes hidrológicos vigentes han puesto en evidencia la mala calidad de las masas de agua, en gran medida, debido a la ganadería industrial. Además, la Comisión Europea ya ha advertido a España, a través de un dictamen motivado, de la necesidad de afrontar este problema.

Frente a este modelo depredador del territorio, se ha generado una movilización sin precedentes con la creación de decenas de plataformas vecinales en defensa de un mundo rural vivo, articuladas en torno a la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, de la que forma parte Ecologistas en Acción. Dichas organizaciones solicitan al Gobierno de España una moratoria a la ganadería industrial.

 El Pacto Verde Europeo y el peligro de las falsas soluciones a una transición justa y sostenible

 Los fondos europeos de recuperación son un instrumento temporal que pretende impulsar medidas para «una recuperación sostenible y resiliente, la creación de trabajo y la reparación del daño causado por la COVID-19, a la vez que dará apoyo a las prioridades verdes y digitales»⁶. Estas ayudas forman parte del Pacto Verde Europeo de la Unión Europea (UE), así como otras políticas específicas en materia alimentaria, como las nuevas estrategias «Del Campo a la Mesa» y de Biodiversidad, que guiarán la nueva Política Agraria Común (PAC).

La creación de nuevas plantas de producción de biogás ligadas a explotaciones ganaderas industriales supone una estrategia de lavado verde de las grandes empresas cárnicas y un apoyo con dinero público a la ganadería industrial que debería destinarse a otros fines. La producción de biogás no elimina el principal problema de los purines, la contaminación por nitratos, y su posible inyección a la red de gas en forma de biometano solo sirve como excusa para perpetuar inversiones en infraestructuras de gas fósil que dificultan la transición energética. Resolver el problema de los purines implica una moratoria sobre nuevas explotaciones ganaderas industriales, la reducción de la cabaña ganadera industrial y una transición decidida hacia modelos de ganadería más extensivos y sostenibles.

Las organizaciones sociales y ecologistas afirman que financiar a la ganadería industrial en España únicamente servirá para acrecentar los graves problemas de salud global, emergencia climática, pérdida de biodiversidad y despoblamiento rural. Los fondos europeos de recuperación deben ir destinados a impulsar políticas que fomenten la producción local de alimentos, el impulso a la pequeña producción agroecológica y la necesaria transición justa y sostenible del sector agrario y ganadero.

Elisa Oteros, portavoz de Ecologistas en Acción: «A esta altura del cambio ambiental global, no podemos permitirnos ni medio paso en falso. Estos fondos de recuperación no solo no deben apuntalar el sistema ganadero industrial contaminante e injusto, sino que deben apoyar la transición agroecológica».

ECOLOGISTAS EN ACCION